Como parte del compromiso de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Prado, para combatir la corrupción en la administración pública, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General inhabilitó por 1 año a Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno capitalino, para desempeñar cargos públicos; sin embargo, podrá seguir como senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La pena mínima administrativa se aplicó en cumplimiento a la petición realizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en resolución a una queja que presentó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), debido a que el exjefe de gobierno transgredió las normas electorales en 2018, al difundir promocionales que favorecían al excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.
Por lo anterior, el Pleno de la Sala Regional del TEPJF acreditó “que su participación durante la campaña presidencial de 2018, puso en riesgo la equidad de la contienda, vulnerando el principio de imparcialidad y neutralidad a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, informó la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México en una nota informativa.
También señaló que la resolución se impuso el pasado 5 de octubre y concluirá en octubre de 2021. Pese al delito [no considerado grave en materia electoral], Mancera podrá proseguir sus labores como senador.
Así, el exjefe de gobierno se suma a los 2 mil 52 servidores públicos que han sido sancionados entre 2019 y 2020 por uso indebido de atribuciones y recursos, conflicto de intereses, el cohecho, así como el tráfico de influencias. Y en específico, Mancera forma parte de las 1 mil 613 personas servidoras públicas de administraciones pasadas a las que se les fincaron responsabilidades y de las 197 a las que se les ha impuesto una sanción de entre 1 a 20 años de inhabilitación.
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