La lucha fue herencia, las amenazas y el hostigamiento también. Por las calles empedradas de Chicomuselo –uno de los municipios con alto grado de marginación de Chiapas– caminan libremente los hombres que le dispararon la noche del 27 de noviembre de 2009 a Mariano Abarca. “Los he visto y el estómago se me revuelve”, dice Mirna Montejo Gordillo, viuda del activista antimineras.
“Ya conozco dónde vives, ¡bájale!”, escucha al teléfono uno de sus hijos, José Luis Abarca Montejo. Las mismas amenazas que fueron proferidas a Mariano Abarca en varias ocasiones antes de su asesinato.
El hostigamiento contra el activista se debió a la oposición que manifestaba por los trabajos de explotación de barita a cielo abierto, realizados en el municipio por la minera de origen canadiense Blackfire Exploration.
Albañil de oficio, Mariano Abarca fue asesinado a las afueras de su negocio, “un restaurancito” atendido por su hijo mayor, su esposa y él. Así terminó la vida del padre de dos varones y dos mujeres, sustento económico de su familia, cabeza y proveedor de un albergue para personas con problemas de alcoholismo.
“Yo le decía, ‘mejor deja eso’. Él respondía con un ‘no’ definitivo”, relata Mirna. No le hizo caso porque, dice, “él era muy bueno y no le gustaba que estuvieran matando los árboles ni contaminando el agua de los arroyos”. La petición de la mujer no fue la única, también la hicieron su hermano menor y sus hijos. A ninguno atendió.
“Después de la muerte de mi padre tuve que hacerme cargo de la lucha”, dice José Luis Abarca. El cambio de vida ha sido radical para el joven de 30 años de edad. Mientras Mariano se manifestaba a las afueras de la Embajada de Canadá en 2009, su hijo, abogado –recién egresado de la licenciatura–, presentaba un examen de admisión para incorporarse a la Policía Federal.
Ahora vive bajo amenazas, cambia el número de su teléfono celular cada que le es posible. Evita viajar solo por las carreteras chiapanecas, donde siempre lo detienen.
“En muchos retenes he ido acompañado de mi madre. Nos paran en lugares donde no hay señal de teléfono; nos detienen por horas mientras revisan minuciosamente la camioneta y, sí, hemos temido que las cosas cambien de un momento a otro, pero le he dicho [a la familia] que si algo nos llega a pasar es porque así está destinado, y los culpables serán los de la minera”, acusa a las afueras de la embajada canadiense, donde hace 5 años protestara su padre por la presencia de Blackfire en Chicomuselo.
El hijo menor de la familia Abarca Montejo es abogado, y después del asesinato de su padre encabeza la Fundación Ambientalista Mariano Abarca. También forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), capítulo Chiapas.
Era el 27 de noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas. Pasaban de las 20:30 horas.
—¿Ésta es la casa de don Uriel Abarca? –Dijo en voz alta una mujer que tocaba insistentemente la puerta.
—Sí, quién lo busca… –preguntó el sobrino del activista antimineras.
—Acabamos de recibir un mensaje de[sde] Chicomuselo: agredieron a don Mariano Abarca.
Uriel estaba a punto de descansar. Se incorporó rápidamente de su cama. Sintió escalofrío. A lo lejos escuchó en tono susurrante: “a don Mariano lo mataron…”. Sintió un fuerte dolor en el pecho. Salió de su habitación y ordenó a su esposa alistarse para ir a ver qué pasaba. Al llegar a casa de su hermano, encontró a su cuñada deshecha en llanto. Mariano yacía inerte
Creció en la Sierra Madre, en el Sureste mexicano, en el llamado “triángulo de la miseria”, entre indígenas y rodeado de una gran riqueza natural.
La oposición de Mariano a la mina se debió a que “desde la niñez hemos vivido en el pueblo de Chicomuselo; hemos convivido gran parte de nuestra vida con la naturaleza, ríos, arroyos, con una presencia fuerte de la flora y fauna, una maravilla natural. A él no le gustaba lo que estaba pasando con el trabajo de la mina y se negó a él”, dice en entrevista su hermano Uriel, 2 años menor que el luchador social.
Nacido en el seno de una familia humilde, Mariano perdió a su padre cuando tenía 6 años de edad. Desde los 8 comenzó a trabajar como ayudante de albañil. Apenas concluyó la primaria. Ayudó a la manutención de sus cinco hermanos, de los que sólo queda vivo Uriel.
La gente que se oponía comenzó a organizarse. Mariano participaba con ellos y poco a poco se fue haciendo de la voz líder.
“Fuera la empresa de Chicomuselo”, dice la manta que Mariano acomodaba en una reja de alambre. El hombre de 50 años de edad –tez morena, cabello ondulado, bigote, complexión media– vestía camisa roja y pantalón verde en la última entrevista filmada por el equipo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), poco después de que fuera arraigado por las autoridades chiapanecas.
Y es que lo acusaron de atacar las vías de comunicación, porque el 12 de julio de 2009, bloqueó –junto con otros habitantes de Chicomuselo– una de las arterias principales de la cabecera municipal por la que pasaban los camiones de la canadiense Blackfire. Los vecinos estaban inconformes por el ruido y el peso de los vehículos.
En el video, don Mariano expone: “los beneficios que propone la empresa no los hay, al contrario, ha habido destrucción, muerte de peces, peste de ganado, contaminación de un arroyo y, lo peor, el conflicto entre los que sí quieren y [los que] no. Ya hay, incluso, amenazas de muerte.
“No estoy de acuerdo en que gente extranjera venga a tratarnos mal, con la punta del pie, cuando estamos trabajando. Somos gente campesina. Cuando estuvimos en esa calle llegó un grupo de esa compañía a amenazar al presidente municipal, decían que si no nos sacaban, ellos lo harían.
“Luego, cuando nos entrevistamos con el presidente y gente de la minera, nos dimos cuenta que están detrás de la autoridad y la utilizan. Están a su servicio. Bloqueamos, y en lugar de tener una respuesta pronta se nos reprime con la autoridad municipal”, acusaba.
Tras el bloqueo vial, Mariano fue arraigado por varios días. Sobre él pesaban los cargos de atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, asociación delictuosa y ataques a las vías de comunicación.
Blackfire Exploration llegó a Chicomuselo en 2008. Su proyecto llamado Payback comenzó a explotar barita, mineral no metálico utilizado para la perforación de pozos petroleros. El trabajo extractivo duró 2 años, hasta que el gobierno mexicano clausuró el proyecto por infringir normas ambientales.
El documento Minería canadiense en México: Blackfire Exploration y la embajada de Canadá. Un caso de corrupción y homicidio, elaborado por las organizaciones United Steelworkers, Fronteras Comunes, y MiningWatch Canada, indica que “lejos de alentar el comportamiento responsable de la empresa, el apoyo inequívoco de la Embajada a sus operaciones facilitó de manera importante el surgimiento del conflicto en Chicomuselo.
“Aún después de haber conocido las serias acusaciones contra Blackfire y de haber recibido un volumen considerable de correspondencia acerca de la detención de Mariano Abarca, la Embajada tomó posición por la empresa, contribuyendo a resolver sus problemas a medida que el conflicto se fue profundizando.”
El informe –elaborado por organizaciones canadienses en colaboración con defensores mexicanos– indica que “las acciones llevadas a cabo por la embajada canadiense en México entre 2007 y 2009 no muestran congruencia con el compromiso asumido por Canadá de alentar a las empresas del sector extractivo que cuentan con operaciones en el extranjero a acatar las normas voluntariamente; así también, fueron contrarias a los valores canadienses enunciados en la declaración de misión del DFA IT [Departamento de Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional]; y constituyen un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Canadá destinadas a promover el respeto universal a los derechos humanos.
A lo largo del creciente conflicto que, en última instancia significó la muerte de un hombre, que además de organizador comunitario tenía un negocio local y era padre y hermano, la Embajada desaprovechó oportunidades clave en las que habría influido positivamente en el desempeño de Blackfire Exploration”.
El 7 de diciembre de 2009, la Secretaría de Medio Ambiente local clausuró la mina Payback, en la que operaba Blackfire. Una inspección exigida por la comunidad reveló la existencia de ríos grasientos, exceso de polvo y de caminos empinados.
Entre los impactos que vaticinaba la Secretaría de Medio Ambiente se encuentran: cambio climático atribuible a perturbaciones de la tierra y de la vegetación, que generaría emisión de gases de efecto invernadero; modificaciones en los nacientes de agua superficiales y subterráneos e interrupción de los ciclos hídricos; pérdida de diversidad biológica y mayores riesgos para el área cuesta abajo de la mina, por escurrimientos de lluvia cargados de materiales.
Además, las autoridades documentaron que había peligro por la saturación de la ladera de la montaña y riesgos para los asentamientos humanos en caso de posibles eventos de importancia.
El Sistema Integral sobre Economía Minera, de la Secretaría de Economía, indica que en Chiapas hay el registro de siete concesiones mineras a empresas canadienses.
De éstas, sólo la de Brigus Gold Corp ampara el proceso de exploración de oro. El resto se encuentra suspendido: cuatro que corresponden a Blackfire y dos a las compañías Brigus Gold Corp y Riverside Resources, Inc.
En la entrevista que circula en las redes sociales, se escucha del activista Mariano Abarca Roblero: “Sabemos que es necesario hacer algo; si es posible dar la vida se tiene que dar. Tenemos que demostrar que estamos dispuestos a defender a la madre naturaleza con hechos y vamos a seguir haciéndolo”. Su muerte, sin embargo, sigue impune.
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Fuente: Contralinea 360 / 11 de noviembre 2013
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