Segunda parte
La migración a gran escala; los desastres naturales, ambientales, sanitarios y antropogénicos; la situación geoestratégica; la ausencia de alianzas en aspectos de defensa; la pérdida de gobernabilidad y gobernanza; la vulnerabilidad en las fronteras, y los conflictos regionales son los riesgos a la supervivencia del Estado Mexicano que observan las Fuerzas Armadas en el vigente Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto.
El documento –del cual Contralínea posee copia– define a los riesgos como condiciones externas o internas generadas por “situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales, de origen humano o epidemias, que sin tener el carácter de amenaza pudieran poner en entredicho el desarrollo nacional”.
Los siete riesgos se suman a las seis amenazas (Contralínea 614) [Intervención militar extranjera, la mayor vulnerabilidad de México] que de manera precaria las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Estado en su conjunto le hacen frente. En el documento, clasificado por los militares con el mayor nivel de reserva, se describen los riesgos y se señalan las estrategias para atenderlos que emplearán las milicias del país: el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto está firmado por el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda (Sedena) y el almirante Francisco Vidal Soberón Sáenz (Semar). Sin proponérselo, es un diagnóstico del México que entrega el presidente Enrique Peña Nieto, de extracción priísta, al electo Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Expertos en cada uno de los riesgos señalados por las Fuerzas Armadas consultados por Contralínea señalan la magnitud de los problemas, pero también advierten de deficiencias en el análisis castrense y apuntan que la militarización de esos fenómenos sólo los ha agravado.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto prevé en el futuro inmediato mexicano una “migración a gran escala” de dos tipos. La primera, constituida por “movimientos migratorios hacia Estados Unidos de América”. La segunda, de carácter interior, de población “que abandone el campo hacia las grandes urbes en busca de mejores condiciones de vida”.
En realidad, ambos fenómenos migratorios ya ocurren y prácticamente no se atienden. Se reacciona según necesidades coyunturales y se reduce a criminalizar a quienes se desplazan.
La movilidad y la migración no son un “problema de seguridad” sino un asunto de justicia social, ataja la doctora en geografía por la Universidad de Londres Ailsa Margaret Anne Winton. La especialista en estudios de migración y procesos transfronterizos lamenta que el enfoque que predomine sea el de la securitización de las fronteras ante la movilidad de personas señaladas como “no deseadas”.
Investigadora adscrita al Departamento de Sociedad y Cultura de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), explica que cuando se considera que la migración es un asunto de seguridad nacional, la política pública resulta bastante simple: “No queremos que la persona se mueva; y si se mueve, pues que regrese. Detenemos a la persona y criminalizamos que se mueva. Todo esto, cuando el problema va mucho más allá”.
Ailsa Winton –con líneas de investigación en geografías de desigualdad y marginación, y desplazamiento por violencia– expone que la migración como la que en estos momentos atraviesa México rumbo a Estados Unidos es producto “de un sistema que genera desprotección, precarización”.
En entrevista con Contralínea, explica que a los contextos de vulnerabilidad se suma otro elemento que provoca que las personas migren con urgencia: la desprotección de la población ante la violencia criminal, como la del narcotráfico, las pandillas o, incluso, la originada por actores estatales. Este fenómeno no es privativo de los países de América Central: poblaciones enteras de México se tienen que desplazar por esta situación.
Por ello, Ailsa Winton –cuyo artículo científico más reciente se titula Precarious Mobility in Central America and Southern Mexico: Crises and the Struggle to Survive (Movilidad precaria en Centroamérica y el sur de México: las crisis y la lucha por sobrevivir, publicado por la Universidad de Oxford)– señala como una condición ineludible repensar el fenómeno de la migración.
Es complicado, advierte. Cuando las personas que están en situación irregular en México están, al mismo tiempo, en una situación de huida, lo que tenemos enfrente es una migración forzada. “Las personas vienen de por sí en condiciones muy precarias. Nos son migraciones tradicionales, planeadas. Son movimientos realmente para salvar la vida”.
Y México no está entendiendo qué es lo que está sucediendo, considera. Sus autoridades no muestran interés alguno en atender la seguridad humana de las personas migrantes. “La realidad de cómo se maneja la situación en la frontera sigue siendo de detención, de contención”.
Lamenta que México no cumpla sus propias leyes ni los acuerdos internacionales que ha signado. “Sobre el derecho de las personas que llegan a México para solicitar refugio, la realidad es que la gran mayoría está siendo deportada”.
Observa que entre más represión ejercen las autoridades mexicanas contra la migración, más riesgo corren los migrantes de caer en las manos de grupos del crimen organizado.
La investigadora descarta que el número de migrantes que ingresan a México con rumbo a Estados Unidos se haya incrementado durante los últimos años. Observa que es difícil obtener una cifra porque se trata de movimientos clandestinos.
Pero esta migración “no es algo nuevo, algo que de ayer a hoy empezara a ocurrir; las cifras no se han disparado”. Lo que ha cambiado es la política mexicana: se ha incrementado la persecución, la detención y la deportación.
Ailsa Winton propone dejar de ver el asunto como un tema de seguridad nacional y asumirlo como un asunto de seguridad humana. “Lo primero es cumplir con nuestros deberes internacionales de protección a las personas; cumplir la ley. Así que no se debe devolver a las personas que requieren protección. Después debe hacerse un esfuerzo en programas que son integrales, regionales y locales para generar protección y bienestar” para todos: originarios y migrantes.
Los riesgos fronterizos que observa el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto están determinados por “la porosidad de la Frontera Sur y la falta de control en la Frontera Norte”. A ello se suma “la deficiente capacidad de vigilancia de las fronteras marítimas, lo cual es aprovechada por la migración ilegal, la delincuencia organizada y las organizaciones terroristas, entre otras actividades delictivas”.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas señalan puntualmente un vacío ante los desastres naturales: “Aunque existe un Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), se carece de un Sistema de Defensa Civil que involucre a la población en su autoayuda”.
En dicho Plan Milita destacan que, por su situación geográfica, el país “se ve afectado por diversos desastres naturales tanto en el área occidental como en la oriental”. Se refiere a los “fenómenos hidrometeorológicos como: huracanes, inundaciones, deslaves, erupciones volcánicas, que de un momento a otro podrían manifestarse y causar gran afectación a la población”.
El documento agrega que precisamente estos fenómenos “son atendidos fundamentalmente con las capacidades de las Fuerzas Armadas”. Advierte que esta atención no será suficiente. Se requiere de la creación del Sistema de Defensa Civil mencionado, pues “si estos desastres naturales se combinan con desastres sanitarios y otros factores como el descontento social o la falta de capacidad del Estado para dar respuesta expedita a la emergencia, grupos de presión pueden aprovechar esta situación para desestabilizar el país”.
Agrega que una situación como la descrita tendría como consecuencia inmediata “minar la voluntad de actuar de la ciudadanía y comprometer excesivos recursos del Estado, los cual debilitaría aún más la capacidad de defensa”.
El doctor en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Daniel Rodríguez Velázquez señala que lo primero que se tiene que aclarar es que no debe hablarse de “desastres naturales” ni sanitarios ni antropogénicos. El especialista en políticas públicas para la prevención de desastres y en cambio climático señala que se debe hablar de “desastres sociales”.
Lo que esconde el término “desastres naturales” es la responsabilidad de las autoridades y otros actores sociales. Se dice “desastres naturales” para “conferirle a la naturaleza la responsabilidad misma de generar daños”.
Este yerro de origen, de tratar el asunto bajo la óptica de la seguridad nacional, dio como resultado que se creara el Sistema Nacional de Protección Civil con una doctrina militar.
Señala que la óptica militar con que se han abordado los fenómenos ha propiciado que se les vea como si fueran una “amenaza externa”. Y así, se piensa que este tipo de desastres “no tienen que ver con decisiones políticas, procesos económicos, deterioro ambiental y problemas sociales”.
Rodríguez Velázquez, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y miembro del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil, señala que haber involucrado a las Fuerzas Armadas “en la atención de este tipo de situaciones bajo la justificación de la seguridad nacional” sólo tiene un significado: “control y contención social”.
Coordinador del libro Políticas públicas y desastres (México, 2008, Instituto Mora/Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres), el también maestro en urbanismo cuestiona que se haya considerado que lo concerniente a la protección civil sea parte de la seguridad nacional. “Se inserta esta ideología de control”, señala.
En entrevista con Contralínea, detalla que, en realidad, todos estos desastres son sociales. Hay fenómenos potenciadores o que incrementan los daños y que pueden ser de origen natural o antropogénico. Pero, insiste, los desastres son sociales. Y generalmente tienen responsables, que se ocultan bajo estas ópticas militares y de seguridad nacional. “Así resulta que no hay responsables, pues fue ‘la naturaleza’ la que hizo los daños”. Ejemplifica con los terremotos de septiembre de 2017.
“El desastre no fue el sismo. Fue la corrupción inmobiliaria; la falta de regulación y planeación urbana; la negligencia institucional, que a la fecha sigue. Naturaliza los problemas para que nos vayamos con la finta del ‘desastre natural’. Hay que tener mucho cuidado. Decir ‘desastre natural’ forma parte de una ideología que permite que haya evasión de responsabilidades.”
Abunda en que bajo esta óptica se les adjudican los daños a los huracanes, cuando estos fenómenos hidrometeorológicos solamente van a evidenciar las condiciones de vulnerabilidad que existen.
El Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto señala que para atender el riesgo de los “desastres naturales, sanitarios y antropogénicos”, las Fuerzas Armadas seguirán coadyuvando con el Sinaproc mediante “acciones conjuntas”. Lo anterior, con el “objeto de mitigar los daños y efectos ocasionados por desastres que repercuten en la población, por los fenómenos de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo”.
En el documento estratégico militar se señala que, ante este tipo de riesgo, las Fuerzas Armadas deben “llevar a cabo el equipamiento y adiestramiento conjunto de [sus] unidades, dependencias e instalaciones”. Sólo así podrán “consolidar una reacción inmediata y eficiente”.
Además, los militares mexicanos promoverán la creación de un “Sistema de Defensa Civil para involucrar a la sociedad como un elemento activo en su autoayuda en casos de desastre y emergencias”.
En esta materia, el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto no limita la acción de las Fuerzas Armadas Mexicanas al interior de las fronteras del país:
“En caso de que otro país amigo sufra daños por desastres naturales, por orden del Ejecutivo federal y previa autorización del Senado de la República, las Fuerzas Armadas participarán en operaciones de ayuda humanitaria, siempre y cuando [los países “amigos”] soliciten auxilio a la comunidad internacional y al Estado mexicano, estableciendo puentes aéreos y marítimos, así como realizar actividades de apoyo y labor social.”
El doctor Daniel Rodríguez Velázquez señala que es momento de considerar a la seguridad nacional en un sentido más amplio. Reprueba que se lleve a la protección civil a términos militaristas pero no se asuma que la seguridad nacional estaría estrechamente relacionada con el desarrollo de la población, las condiciones de vida digna, la participación de la sociedad en la toma de decisiones democráticas. “Ni siquiera la alimentación es considerada un asunto de seguridad nacional en México”.
La situación geopolítica del país es de dos tipos. Señala el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto que, por un lado, incluso podría considerarse “una de las ventajas comparativas de la nación”. Explica: en un mundo globalizado y de intensos intercambios comercialices, la posición geográfica de México le posibilita generar recursos financieros “con movilidad” en una de las regiones más dinámicas del mundo.
Esta misma ventaja se traduce en “la posibilidad” de que otro país pretenda emplear el territorio mexicano para afectar o atacar a Estados Unidos. A esta condición se le llama en el documento “avenida de aproximación”.
Para hacer frente a la compleja situación geoestratégica de México, en principio el Plan Militar se propone “inhibir la posibilidad de emplear a México como plataforma para afectar a un tercer país”. Tal propósito se logrará “mediante el desarrollo de un Sistema de Inteligencia Militar, la potenciación de las capacidades de las Fuerzas Armadas y un despliegue disuasivo en el territorio nacional”.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), señala que México tiene atado su destino al de Estados Unidos.
Posgraduado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Francia), el Institute on National Security de la Universidad de Delaware (Estados Unidos) y el Konrad Adenauer Stiftung (Alemania), explica que es un asunto de geografía: de manera natural “estamos atando lazos en las compras militares, adquisición de tecnología estratégica y telecomunicaciones al mercado de Estados Unidos. México no puede salirse de su vecindad ni mudar su domicilio a otro continente”.
Profesor de terrorismo y seguridad nacional en cursos de posgrado en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, y, entre otras instituciones, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en entrevista con Contralínea considera que tales lazos se reforzarán ante la disputa de Estados Unidos con China. Por ello, es importante que la diplomacia mexicana tenga la habilidad de “no importar las amenazas y conflictos de ese país”. Además, también es del interés de Estados Unidos que México mantenga buenas relaciones con otros países para no ser vulnerable.
De esta manera, muchos de los principales conflictos que padece México son de carácter trasnacional y son compartidos con los países de América del Norte y de América Central.
José Francisco Gallardo Rodríguez, doctor en administración púbica por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y general brigadier del Ejército Mexicano, enlista algunos de estos conflictos regionales: el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la debilidad de los Estados.
El Plan Militar abunda en que, para atender este riesgo, es necesario “modernizar los sistemas de armamento de las Fuerzas Armadas, adquiriendo tecnología que permita contar con una fuerza disuasiva que inhiba cualquier tipo de intención de otros Estados para utilizar el territorio nacional como plataforma hacia un tercer país, con la intención de dañarlo y que, como consecuencia, afecte la infraestructura estratégica nacional”.
Además, es imperioso “modernizar y complementar el sistema de vigilancia y control aéreo, transformándolo en un sistema conjunto con radares de vigilancia aérea, marítima y terrestre, que permita la identificación de cualquier tipo de antagonismo en el territorio nacional y en las áreas en las cuales se ejerce jurisdicción y derechos de soberanía conforme al derecho internacional, contra la infraestructura de producción estratégica, que ponga en peligro la estabilidad y el desarrollo del país”.
Posdoctorado en estudios latinoamericanos por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y preso político entre 1993 y 2002, Gallardo Rodríguez señala que el fracaso de los Estados ante estas amenazas y riesgos asimétricos se explica porque se están combatiendo “con los mismos criterios que se utilizaron en la Guerra Fría, con los mismos sistemas de inteligencia, formas y maniobras tácticas de entonces”.
Las nuevas amenazas asimétricas, señala en entrevista con Contralínea, deben atacarse desde el punto de vista del contexto. Ejemplifica con la corrupción: “No se acabará atacando a la policía corrupta, sino a las fuentes y el origen de la corrupción, es decir, a las estructuras de poder de la administración pública, de seguridad y de gobierno”.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas destacan que “es clara la ausencia de alianzas [de México] en aspectos de defensa”. Explican que esta situación es resultado de “la vocación pacifista de la política exterior mexicana”. Consideran que esta situación “provoca aislacionismo en aspectos de defensa y limita la capacidad de ser disuasivos”.
En el documento clasificado como “secreto”, se establece que ante el riesgo identificado como “ausencia de alianzas en aspectos de defensa”, las Fuerzas Armadas promoverán “una política exterior que incluya una agenda activa en asuntos de seguridad y defensa a nivel regional”.
A este respecto, agregan que buscarán participar “en foros internacionales, ejercicios combinados, intercambios en materia de capacitación y reorientando las actividades de los agregados militares en el extranjero” (sic).
El especialista en Fuerzas Armadas y en seguridad nacional Guillermo Garduño Valero explica que la doctrina de la Defensa Nacional se estructura poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente en 1937 se pasa de Secretaría de Guerra y Marina a Secretaría de la Defensa Nacional.
El doctor en Sociología por la UNAM y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) apunta que se trata de un cambio ideológico importante: la directriz es la defensa de la nación.
“Esta idea va a acompañada de una ideología de corte nacionalista. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de alianzas se define a partir de lo que sería la lucha Este-Oeste. Este conflicto durará hasta 1991. Se desecha la ‘amenaza comunista’ y se cancela la posibilidad de que el socialismo predominara en el mundo y comienza a restructurarse el orden internacional.”
Lo que a continuación ocurrió no fue lo que deseaban los estadunidenses: una paz octaviana donde Estados Unidos regiría al mundo. Lo que vino fue la alianza que constituyó la Unión Europea, y la emergencia de China como potencia comercial y militar. Hoy el mundo es multipolar.
Conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional y en el Centro de Estudios Superiores Navales, Garduño Valero señala que México quedó dentro del Comando Norte de Estados Unidos. La potencia vecina coloca al territorio mexicano como parte de su proyección internacional más inmediata.
“Visto así, la idea de los nacionalismos ya no se justifica y la exigencia misma está dada por la necesidad de alianzas de carácter militar. Estas alianzas surgen en cuatro terrenos de primera importancia: de carácter tecnológico-militar, pues la tecnología militar ha evolucionado como nunca antes la historia humana; de restructura organizativa, pues los ejércitos actuales se reducen en tamaño pero aumentan eficacia; de estrategia, pues los acuerdos comerciales van a la par y de la mano de las alianzas militares; y de factores de energía, ya que han entrado en declive el uso hidrocarburos y en menos de 10 años tendremos todas las energías alternas y serán éstas las que movilicen a las tropas.”
Guillermo Garduño Valero advierte en entrevista con Contralínea que “cualquier planteamiento donde México se quede rezagado en esta materia de alianzas, automáticamente estará corriendo el riesgo de la desintegración, porque otras fuerzas en el escenario internacional comenzarían a disputarse nuestro territorio.”
Las Fuerzas Armadas observan en el Plan Militar de Defensa Nacional Conjunto que la falta de servicios elementales, o la precariedad de éstos, posibilitan que grupos de la delincuencia organizada trasnacional y “grupos con intereses desafectos al estado de derecho” coopten a poblaciones.
El resultado de esta situación es una pérdida de gobernabilidad y gobernanza. Explica este riesgo como consecuencia de “la complejidad multicultural propia de las distintas regiones del país” y de la “insuficiencia del Estado para atender cada elemento cultural en toda su dimensión social”. La combinación de estos dos elementos provoca que “la dinámica intercultural se aleje de los intereses propios de la sociedad mexicana”.
El politólogo y sociólogo Valeriano Ramírez Medina señala que Enrique Peña Nieto deja un México en una situación de ingobernabilidad y con déficit de gobernanza.
Doctor en estudios políticos y sociales con orientación en ciencia política por la UNAM, Ramírez Medina explica que la gobernabilidad está vinculada al concepto de legitimidad, estabilidad, control de los conflictos y la negociación interna. La gobernanza, a la administración interna que busca eficiencia: lograr objetivos independientemente de la aceptación o no de la población; busca establecer un orden que permita hacer más con menos.
En este sexenio, considera, lo que se buscó solamente fue la gobernanza, sin éxito. De la gobernabilidad, ni el intento se hizo. El sexenio que finaliza estuvo marcada en esta materia por el llamado Pacto por México: la realización de tres reformas “estructurales” (la laboral, la energética y la educativa).
“Se buscaban determinados resultados y alcanzar ciertos objetivos medibles, sin entender la circunstancia en que se encontraban esos ámbitos. Con respecto de la reforma educativa, se pensaba que se trataba solamente de un asunto de ‘capacitación’ de los maestros sin considerar el entorno y el medio. Lo mismo con el sector energético: se piensa que sólo es petróleo, cuando es energía estratégica en todas sus variantes y su generación. Y en la reforma laboral, ahora se pretende que el trabajador se jubile a sí mismo y que el sindicato sea el capataz o el jefe de obra porque es el que va marcando los tiempos, los ritmos y las cargas laborales.”
Profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en entrevista con Contralínea enlista los problemas de gobernabilidad que hoy padece el país: “Déficit de confianza: dejamos de confiar en los poderes legalmente establecidos, tanto nivel local, estatal o federal; crisis de confianza en las instituciones; falta de credibilidad: las personas no vislumbran que se corregirán los desaciertos y que se mejorará su calidad de vida, y la falta de justicia: más allá de inseguridad es la impunidad la que ha enseñoreado al crimen organizado durante los últimos 15 años.
Valeriano Ramírez destaca que “de no revertirse esta falta de gobernabilidad estaremos ante un colapso de la nación, una ruptura interna”. Si el nuevo gobierno no logra revertir la inmovilidad social, seguirán creciendo las fuerzas alternas; y puede ocurrir que de manera generalizada ya no sea el gobierno o el Estado el que controle las cuestiones internas sino que sean los grupos alternos: el crimen organizado, los grupos de presión; o, incluso, a los grupos de tensión: los armados, la guerrilla.
Zósimo Camacho/José Réyez
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