México enfrenta serios problemas energéticos, al depender cada vez más de las importaciones para satisfacer la demanda interna, carecer de infraestructura para extraer petróleo, refinarlo, transportarlo y almacenarlo, enfrentar conflictos sociales y acciones del crimen organizado, que continuarán durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, alertan expertos en inteligencia y especialistas en la materia.
En al menos 32 proyectos de energía del país se han registrado conflictos sociales, incluidos siete gasoductos, ocho hidroeléctricas y un pozo petrolero ubicado en Veracruz adjudicado en la Ronda Uno de Pemex, y que representan una inversión de 10 mil 200 millones de dólares en riesgo por problemas sociales, advierte María de las Nieves García-Manzano, de GMI Consulting, empresa consultora en impacto social y ambiental para el sector de energía.
Estos proyectos, dice en entrevista, “están generando incertidumbre social y jurídica en el sector energético, así como un posible impedimento a las inversiones”, ya que pese a que la ley de hidrocarburos preve consultar y evaluar el impacto social para garantizar el derecho de las comunidades a ser escuchadas sobre los planes de afectaciones, en la práctica no se aplica la ley en la materia.
María de las Nieves precisa que tanto la Evaluación de Impacto Social para establecer las medidas de mitigación, prevención o compensación necesarias en acuerdo con las propias comunidades, como la consulta indígena que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados por proyectos de desarrollo que puedan poner en riesgo sus derechos, “son instrumentos aplicados en diversas partes del mundo con excelentes resultados para prevenir conflictos sociales”.
Sin embargo, la especialista apunta que las empresas promoventes ven en muchos casos a la Evaluación de Impacto Social como un mero trámite a presentar en la Secretaría de Energía y no como un instrumento que les permita conocer las necesidades de la población, interactuar con los actores de interés, e identificar los conflictos sociales potenciales para anticiparse a ellos.
Aunado a lo anterior, explica que el hecho de que no exista regulación secundaria para poner en práctica estos instrumentos, genera un caldo de cultivo para la expansión de intereses ajenos tanto a los proyectos como a las comunidades, que ponen en riesgo la ejecución de los proyectos para las empresas y la posibilidad de que los beneficios sociales derivados de ellos puedan llegar a la población.
“La industria de combustibles resulta afectada por el narcotráfico, desincentiva inversiones por no existir un Estado de derecho que las proteja; representa una fuente importante de ingresos para los cárteles; reduce la oferta y provoca desabasto y daños a la infraestructura; provoca accidentes en las tomas clandestinas y debido al transporte y almacenamiento sin condiciones de seguridad industrial”, advierte –en un estudio– Julio García Pérez, máster en Inteligencia por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
“Si bien la reforma energética y la liberalización en los mercados de combustibles no se ve amenazada con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, se prevén cambios en las normas para incentivar la inversión mexicana y para modificar las condiciones de los mercados”, indica el catedrático del Instituto de Estudios Estratégicos de España (IEEE).
En su análisis La seguridad energética en los mercados de gasolina y diésel en México explica que a 4 años de aprobada la reforma energética, Pemex continúa siendo el único proveedor de petróleo crudo y productor de combustibles con seis centros de refinación en la república que el gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) planea rehabilitar.
Sin embargo, García Pérez señala que actualmente el porcentaje de utilización de las refinerías del país es bajo: entre 2010 y 2016 promedió un 69 por ciento. “La baja productividad se debe a paros no programados derivados de problemas operativos, reducciones en el presupuesto de mantenimiento y trabajos de rehabilitación para procesar crudos de distintas calidades”.
Y es que –prosigue el catedrático–, las refinerías en México fueron diseñadas para refinar crudos ligeros de los que el país ha disminuido sus reservas y explica que, con la reforma energética que se inició a finales de 2013, transitar de un modelo de monopolio estatal a uno de competencia en cada uno de los eslabones de la cadena de valor significa que ahora Petróleos Mexicanos (Pemex) ya no tiene la responsabilidad de suministro.
El experto en inteligencia considera que mientas en México se planea rehabilitar seis refinerías y construir una nueva, la industria de la refinación mundial registra una capacidad instalada excedente. “En Europa entre 2008 y 2013 cerraron 15 refinerías, el mundo está buscando fuentes alternativas de combustible renovables”.
Por lo que el analista estima que México seguirá siendo dependiendo de las importaciones de hidrocarburos, “pues no es económicamente viable construir refinerías en un escenario en donde hay sobreoferta y la demanda se está reduciendo”.
Además, considera que los mercados de hirocarbros afectan variables claves del país (económicas, políticas, internacionales y sociales); los precios son afectados por decisiones políticas (regulaciones), relaciones geopolíticas (con Estados Unidos y renegociación del TLC); y fenómenos sociales (narcotráfico, robo de combustibles y problemas ambientales).
De acuerdo con la Secretaría de Energía, desde la entrada en vigor de la reforma energética en 2013, se han asignado 39 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, 22 de gasoductos y 74 de electricidad limpia, es decir, un total de 135 proyectos que representan una inversión de 67 mil 604 millones de dólares. Aunque en secretario de Hacienda y Crtédito Público, José Antonio González Anaya, declaró a fines de agosto pasado ante priístas que el gobierno de Enrique Peña Nieto dejaría inversiones del orden de los 200 mil millones de pesos con motivo de la reforma energética, de los cuales 100 mil millones corresponden al sector de hidrocarburos.
La Secretaría de Energía estima que para el año 2030 la demanda nacional de gasolinas se incremente 34.1 por ciento y la de diésel 77.4 por ciento debido al incremento en el parque vehicular. En este periodo, se espera que el déficit se reduzca en 19.5 por ciento. Durante todo el periodo de estimación, las importaciones de gasolina representarán en promedio el 35.8 por ciento de la demanda interna.
La producción de combustibles se ha reducido un 9.2 por ciento en los últimos 6 años a causa de un menor nivel de procesamiento de crudo, según datos de la empresa productiva del Estado.
“Durante 2016 México importó el 61 por ciento de gasolinas y el 46 por ciento de diésel para satisfacer la demanda. La gasolina es el producto que mayor valor representa en las importaciones; en 2016 se importaron 11 mil millones de dólares, que representa el 4.75 por ciento del total de las importaciones, subraya el analista de Universidad Rey Juan Carlos.
De acuerdo con el experto en inteligencia, la reforma energética permitió a empresas importar combustible y, a partir de 2016, cientos de ellas han solicitado permisos para importar gasolina, pero muy pocos han sido utilizados o lo hacen en cantidades marginales, ya que Pemex ha importado más del 99 por ciento de gasolinas y el 87 por ciento de diésel.
Hasta ahora –sostiene– no es rentable importar combustible desde el extranjero para los particulares a pesar de los bajos precios de combustibles en Houston, Texas, pues no hay infraestructura para que sean transportados y almacenados a costes competitivos.
“Y es que mientras Pemex no asigne su capacidad disponible de infraestructura a los agentes económicos entrantes, los proyectos de inversión no van a iniciar, pues los inversionistas requieren saber las tarifas por uso de infraestructura para conocer el coste de oportunidad de inversión”, enfatiza Julio García Pérez.
Por ello, indica que la política de seguridad energética en México se ha enfocado únicamente en almacenar combustibles, a través del ordenamiento de la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos, que se expidió después de someterla a consulta pública con los comercializadores y distribuidores, obligados a cumplirla.
El objetivo es alcanzar paulatinamente para el año 2025 entre 10 y 15 días de ventas a estaciones de servicio y/o usuarios finales (5 días para el 2020 y entre 8 y 10 días para el 2022), por lo que se prevé que las terminales de combustóleo para la generación de electricidad se conviertan en terminales de almacenamiento de gasolina.
México ha apostado por esta política, pues es la más efectiva ante una emergencia. “Sin embargo, aunque se cumpla con los objetivos para el 2025, el nivel de almacenamiento todavía es bajo en comparación con otros países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE)”, apunta Julio García Pérez.
A pesar de que las importaciones de gasolina en México son cada vez mayores, y de que un porcentaje mayor proviene de Estados Unidos, para este país México representa una participación de mercado menor en el total de sus exportaciones. En 2002 llegó a representar el 84 por ciento de sus exportaciones de gasolina, y en 2016 únicamente un 52 por ciento.
Respecto al petróleo crudo, México también ha representado menor proporción. En 2013 representaba el 13 por ciento de las importaciones de petróleo crudo a Estados Unidos. Este margen ha ido disminuyendo, pues en 2017 representaba aproximadamente el 8 por ciento. Canadá continúa siendo el principal proveedor de petróleo crudo a Estados Unidos.
La reforma energética ayudó a reducir los riesgos de seguridad energética, sin embargo, quedan muchos retos, ya que México no cuenta con infraestructura necesaria para garantizar el suministro de combustibles en caso de una emergencia, ya que sus niveles de almacenamiento son los más bajos entre los miembros de la AIE.
Pemex tiene retos muy complicados por varios frentes. Ahora no tiene obligación de suministrar de combustible, aunque en realidad continúa dependiendo de él, debido a que cuenta con infraestructura está llevando a cabo prácticamente todas las importaciones. Pero en la medida que ponga a disposición de privados su infraestructura, las empresas las utilizarán y/o iniciarán nuevas inversiones en infraestructura.
El experto en inteligencia advierte que es peligroso regular los precios porque pueden distorsionar las señales del mercado para identificar la escasez y las necesidades de inversión que hagan más eficiente el mercado. “Es más peligroso no saber que los precios están distorsionados por decisiones políticas o demagógicas con la finalidad de no asumir el costo político de altos precios en las gasolinas”.
Asesor en Política de Estado relacionado con la Seguridad y Defensa Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina de la Armada de México, Antonioli Ríos señala –en un estudio– que el 70 por ciento del mercado mundial de petróleo lo integran empresas privadas y sólo el 30 por ciento está conformado por empresas estatales.
En consecuencia, dice, los países negociadores no pueden imponer que se reduzcan los niveles de producción, ya que no pueden controlar la producción de hidrocarburos de las empresas privadas.
En su análisis Estados Unidos: la geopolítica del petróleo, publicado por el Instituto de Estudios Estraégicos de la Armada de México, Antonioli Ríos señala que por décadas Estados Unidos ha influido indirectamente en el precio del petróleo, debido a los grandes volúmenes que adquiere y a quién le compra.
Sin embargo, precisa que en los últimos años, se ha posicionado en el mercado mundial del crudo, por lo que sus decisiones en cuanto a su producción y exportación impactan directamente en el precio global del crudo.
En mayo de 2017, el presidente de Estados Unidos Donald Trump presentó un plan para vender las reservas de crudo, ya que en los últimos 5 años ha incrementado en un 49 por ciento su producción, socavando los esfuerzos de la Orgaización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para reajustar los mercados mundiales mediante el recorte de la producción.
Destaca que “la revolución de producción del método llamado ‘esquisto’ en Estados Unidos, ha conseguido que este país pueda producir petróleo a unos costes mucho más bajos que lo que solía suponer extraer petróleo por sistemas tradicionales, lo cual permitiría destronar a Rusia y Arabia Saudita como el principal productor de crudo del planeta”.
En ese sentido, agrega que la Administración de Información sobre Energía (EIA, por si sigla en inglés) proyectó recientemente que la producción de crudo de Estados Unidos aumentaría a un promedio de 10 millones de barriles por día en 2018, lo cual eliminaría el récord anual previo de 9.6 millones de barriles establecido en 1970.
A diferencia de la OPEP y Rusia, que acordaron extender los recortes de la producción petrolera hasta finales de 2018 para controlar los precios, Trump ha prometido marcar el comienzo de una era de “dominio de la energía estadunidense”. Las importaciones de petróleo de Estados Unidos han disminuido en un 25 por ciento en los últimos 9 años, según el EIA, y las exportaciones se triplicaron en 2017 para registrar máximos históricos.
En ese sentido, en 2018, el Congreso y la Casa Blanca aprobaron vender 100 millones de barriles de su reserva de petróleo hasta 2027 con la finalidad de aliviar los problemas fiscales, sin embargo, esta venta tendrá un impacto en el mercado internacional del petróleo ya que contribuirá a mantener los precios bajos del crudo, yendo en contra de los intereses de la OPEP y Rusia.
Así, Estados Unidos se consolida como un actor principal en la comercialización del petróleo. Según la EIA, Estados Unidos representará más del 80 por ciento del crecimiento en la producción mundial de crudo en los próximos 10 años y producirá un 3 por ciento más gas que Rusia para entonces, teniendo implicaciones en los mercados petroleros, en los precios, en los flujos comerciales, en las tendencias de inversión y en la geopolítica de la energía.
José Réyez
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