La Reforma Educativa se impone a sangre y fuego, con cortinas de humo mezcladas con gas lacrimógeno. Vivimos una de las confrontaciones más violentas para acallar a la disidencia magisterial, desde las normales rurales hasta la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
No podemos empezar sin repasar lo que ha significado Ayotzinapa y los 43, a quienes “vivos los queremos”: Abel, Abelardo, Adán Abrajan, Alexander, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, César Manuel, Christian Alfonso, Christian Tomás, Cutberto, Doriam, Emiliano, Everardo, Felipe Arnulfo, Giovanni, Israel, Israel Jacinto, Jesús Jovany, Jonas, Jorge, Jorge Aníbal, Jorge Antonio, Jorge Luis, José Ángel, José Ángel Campos, José Eduardo, José Luis, Jhosivani, Julio César, Leonel, Luis Ángel, Luis Ángel Francisco, Magdaleno Rubén, Marcial Pablo, Marco Antonio, Martín Getsemany, Mauricio, Miguel Ángel, Miguel Ángel Mendoza y Saúl.
¿Cuánto nos tardamos en leer la lista de los 43? Ahora imaginemos la de los miles y miles de desaparecidos. Es impresionante imaginar la cantidad de dolor, de tristeza que significa acumular cada día de ausencia de una persona. La desaparición forzada de personas es el delito contra la humanidad más grave, incluso que la ejecución extrajudicial, la tortura o la prisión y tiene efectos que nosotros llamamos de tele-tortura.
Al decir teletortura no me refiero a la mala calidad de los programas televisivos o a su aburrido contenido, sino a los efectos que se trasladan en la distancia y en el tiempo para seguir causando dolor, temor y preocupación en las personas, familiares, amigos… y no sólo en las personas que están vinculadas al desaparecido, sino en la sociedad en su conjunto. La desaparición forzada es someter a las personas en la incertidumbre y torturante cotidianidad que no cesa en ningún momento y que con frecuencia asalta el recuerdo por el ser querido, imaginándolo en su día a día de ausencia.
¿Por qué recurrir a la desaparición forzada de personas? Porque precisamente este tipo de delitos contra la humanidad apuntan al carácter sistemático y generalizado de una violación a los derechos humanos. Desaparecer una persona tiene un alto costo en materia de riesgo. Normalmente se empieza con la amenaza. Y antes de la amenaza, la descalificación. Lo que se busca es aislar el entorno de alguien a quien se le van a cometer violaciones a los derechos humanos. Empieza buscando cómo descalificar, cómo hacer pensar que las acciones que esa persona realiza tienen fines distintos, que son alborotadores, que son personas que actúan simplemente para causar escándalo. Pero lo más grave es algo que vivimos nosotros: el Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida.
El Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida es la primera razón por la que, en las violaciones de derechos humanos, se tipifica al Estado como responsable. Por eso nosotros decimos que fue el Estado. Cuando se habla de Ayotzinapa decimos que fue el Estado. Sí, pero no hablamos de los estados sólido, líquido o gaseoso. Tampoco del Estado de México ni del estado de embarazo. Hablamos del Estado Nación, pero no en la noción jurídica del Estado. Nos divorciamos de la noción jurídica del Estado porque es una ficción y es una forma anestésica también de establecer la responsabilidad de un ente difuso y confuso.
El Estado lo conforma un territorio, una población y una soberanía, pero ese no es el Estado al que nos referimos, Ésa es la noción jurídica del Estado y ahí nos dicen que el Estado busca las relaciones armónicas entre los integrantes de la sociedad para propiciar el desarrollo. Con base en esa noción, nosotros decimos, “¡ah, qué bien!”. Pero las relaciones armónicas que propicia el Estado no se garantizan restringiendo los derechos de las mayorías y protegiendo a la minoría de poderosos. No se garantizan reprimiendo al magisterio e imponiendo su Ley.
¿Eso es una relación armónica? Por ejemplo, las empresas altamente tecnificadas se quedan con el 90 por ciento de la riqueza de la producción elaborada socialmente por las personas, es decir, con tan sólo un 10 por ciento de lo que a nosotros nos pagan. El 10 por ciento de nuestro jornal sirve para pagar toda nuestra jornada de trabajo. El otro 90 por ciento es el excedente del fruto de trabajo. Y eso el Estado lo acepta: promueve y defiende esa desigualdad extrema. Incluso cuando viene la negociación contractual, a los trabajadores sólo ofrecen un incremento del 4 por ciento, o sea, 2 pesos al salario mínimo. Y además nos va obligando a renunciar a nuestras prestaciones sociales.
La primera violación a derechos humanos, la más grave, la más sistemática que hay en nuestro país, la comete un ente que nunca ha recibido una recomendación de ningún órgano público ni de un ámbito internacional ¿Saben cómo se llama ese ente? Comisión Nacional de Salarios Mínimos. En el artículo 123 se establece que el salario mínimo debe ser suficiente para que un jefe de familia provea de vida digna y desarrollo a esa familia. Se entiende que dicho salario contempla también el salario que tienen que ganar los que no tienen un salario propiamente, pero que son parte de esa familia, y que son quienes hacen un trabajo en casa, son hombres, mujeres, esposas, hijos o hermanos.
En fin, sólo un ejemplo de que el Estado no es ese órgano conciliador que armoniza las relaciones entre los que vivimos en la sociedad. No, el Estado, en su noción política y sociológica, es el instrumento de control de una clase poderosa que somete al resto de la población para mantener un estado de cosas que le sea benéfica.
¿Por qué es importante decirlo? Porque entonces los medios masivos de comunicación –que no son el gobierno, pero sí parte del Estado– se ocupan de promover este Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida. Eso es muy importante, porque garantizan que el pueblo vea lo que ellos quieren. Así, nosotros vemos imágenes de cómo están golpeando a los manifestantes de la CNTE o de las normales rurales en una marcha, mientras el reportero dice “vean el enfrentamiento entre los vándalos de los grupos anarquistas que están desestabilizando, que se enfrentan a la policía”. Y así legitiman la represión, el desalojo. Nada dicen de sus justas demandas.
En Ayotzinapa, en todas las movilizaciones de las normales rurales y del magisterio disidente o de cualquier otro, ésa es la tónica constante: las fuerzas policiacas y militares hostigan y amenazan, encapsulan a los manifestantes y los obligan, la mayoría de las veces, a enfrentarse. Incluso hasta vemos a “los pobres policías” “aguantando” con sus escudos y sus garrotes, todos debidamente protegidos, “aguantando” que les arrojaron botellas de plástico, o que algún infiltrado arrojó una piedra o un cohetón.
La policía y las Fuerzas Armadas no son utilizadas para dialogar con los manifestantes. Son utilizadas para impedir el pleno ejercicio de sus derechos legítimos, sus derechos civiles y políticos. Queda fuera la vía de la negociación política y entonces se recurre a la represión. Incluso, de paso, a la modificación del marco jurídico para propiciar que conductas, que antes no podían ser tipificadas como delito, hoy sean parte de las normas jurídicas vigentes y se pueda reprimir.
Por ejemplo, supuestamente el manual sobre el uso de la fuerza se basa en el manual de la Organización de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza. Inclusive ahí se dice que las leyes se aplican respetando los derechos humanos, y hacen legítimo el uso de las armas poco letales, tales como los bastones de electrochoque, los gases pimienta y lacrimógeno y las balas de goma, las cuales ya han causado estragos importantes a manifestantes. Ejemplo de ello: la Ley Eruviel.
Estas armas “poco letales”, le causaron la muerte Alexis Benhumea y Javier Cortés en Atenco, en 2006, así como lesiones a Uriel Sandoval y Kuykendall, quienes participaron en la manifestación del 1 de diciembre del 2012, y la muerte de un joven en Puebla por la Ley bala promulgada el 19 de mayo de 2014. A consecuencia de ella murió el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo el 9 de julio del mismo año. O la Ley del garrote de Chiapas del 4 de junio de 2014.
El Estado mexicano va cambiando su marco jurídico para propiciar un nuevo estado de cosas, en las que reprime y viola los derechos humanos, basado en una legalidad que le da impunidad.
En la actualidad existen dos países en el mundo que pueden aplicar la tortura como método lícito de investigación: Estados Unidos e Israel. Y estos dos países, junto con Colombia, son los que se han encargado de asesorar al Estado mexicano en todo el proceso que viene desde la implantación del neoliberalismo en el sexenio de Miguel de la Madrid hasta el gobierno de el “innombrable” Carlos Salinas de Gortari, en el que se dio el banderazo de salida para la franca militarización y que el Ejército hiciera labores de policía, creando un nuevo modelo de persecución de los delitos.
¿Cómo se pudo imponer este modelo de seguridad nacional, este modelo de aplicación del estatuto antiterrorista en nuestro país? Bueno, recurrimos nuevamente al Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida. Los grandes medios de comunicación empezaron a pasar programas de televisión en los que se exhibía la crueldad con la actuaban los delincuentes, donde exhibían la corrupción que había en los cuerpos policiacos. Seguramente ustedes recordaran aquellos programas sanguinarios tales como: “Así fue”, “Así ocurrió”, “Duro y Directo”, programas en los que se exaltaba cómo los delincuentes entraban a la cárcel para salir en seguida. Los medios repetían al infinito que los habían dejado en libertad debido a que habían llegado los de “desechos humanos”, y esos nada más defienden a delincuentes. Una categórica y total falsedad. Los defensores de derechos humanos nunca hemos pedido eso. Siempre hemos pedido el uso suficiente y racional de la fuerza. Nunca nos hemos opuesto a que un delincuente reciba el castigo que merece. Sin embargo, esta es una posición de diversionismo ideológico que crea deliberadamente confusión y rechazo.
Los opinólogos dicen que la sociedad se ve secuestrada porque hoy los delincuentes tienen más derechos que las víctimas. Ése no es el asunto, eso es sólo diversionismo ideológico, porque la causa es la corrupción la que provocó todo eso. Empero estos programas llevaron a que la gente empezara a sentirse molesta y enojada con policías, con ministerios públicos, con agentes ministeriales, con los de la policía judicial, etcétera.
La génesis estructural es la corrupción y el tráfico de influencias, porque policías y ladrones son dos caras de una misma moneda, donde los ladrones a veces son robados por los policías y los ladrones de poca monta son incorporados a la cadena de corrupción, los ponen a trabajar y entonces el ladrón ocasional empieza a ser obligado a delinquir o se le exhibe como el más peligroso o sanguinario, además de que va siendo inducido a tener otro modelo sociológico de comportamiento.
Ahora bien, los medios de comunicación contribuyen al modelo sociológico de la violencia estructural hasta llegar a la generación de los jóvenes “Final Destiny”, que vienen a provocar un cambio en el comportamiento de los chavitos.
Mientras tanto, con la Reforma punitiva –corrijo: Educativa– se cambia y desecha todo el contenido social y de solidaridad humana, mientras los programas de televisión promueven la agresión, la violencia, incluso la violación como forma de obtener placer.
Muchos programas son tan violentos que incluso se han presentado casos de niños convulsionando, con ataques de epilepsia inducida por la fuerza que tienen este tipo de programas, tan excitantes: para eso fueron muy bien diseñados. También se van presentando con mayor frecuencia casos (por lo menos hay dos casos recientes documentados) de menores en edad preescolar (4 y 5 años) que han abusado sexualmente de compañeritas de su misma edad, porque no hay cuidado que el limite el acceso a los menores.
Una vez que ya se instaló esta generación play station y ya que los delincuentes son cada vez más violentos, se ha impostado en nuestro país un cambio en el patrón criminológico de composición de la delincuencia. Este cambio criminológico fue muy drástico y muy dramático, de manera que se promueve entre los jóvenes la violencia extrema. La guerra está lista.
En la actualidad tenemos estos factores aditivos, adictivos y promovidos por los medios masivos de comunicación. El cambio inducido hacia la aceptación de la guerra que el Estado Mexicano comenzó a organizar y que nos lleva a la preguntar: ¿hay delincuencia organizada?
Sí, ¿quién organizó la delincuencia? Los gobiernos y el lobby de las empresas que influyen a los gobiernos de Estado Unidos y México. Fue a través de los operativos: primero “Receptor Abierto” en la administración de Bush padre y luego los operativos “Rápido y Furioso” (2) de Bush hijo, los que permitieron la introducción de armas a México, es decir, el país se inundó de armas cada vez más poderosas, y a los narcotraficantes que no estaban organizados se les ayudó con el lavado de dinero para que pudieran hacer sus negocios y desarrollarse mientras los encapuchados más peligrosos amasaban las grandes fortunas.
¿Cuáles son los encapuchados más peligrosos? La Policía Federal, la Gendarmería… no, no, estos encapuchados son peligrosos, pero no. Los infiltrados en las manifestaciones embozados, tampoco. Los encapuchados más peligrosos, los que no se dejan ver, los que tienen su propia sociedad, la verdadera delincuencia más organizada, se hacen llamar los SA, los S de RL, y no me refiero a los pequeños y honestos empresarios, sino a los grandes y poderosos. Esos sí son peligrosísimos, los de las sociedades anónimas, los de las sociedades de responsabilidad limitada, los del secreto bancario, los del secreto hacendario, esos son los peligrosos. Porque mientras haya el secreto bancario, el secreto hacendario y las sociedades anónimas, habrá la posibilidad de generar riqueza, inexplicable para ellos, muy explicable para nosotros.
¿Dónde creen que están los paraísos para el lavado de dinero y para traficar los recursos? ¿Dónde? ¿En las islas Caimán, en los paraísos que recientemente han sido señalados en los papeles de Panamá los famosos Panamá papers? Sí, en esos lugares.
No obstante, el lugar donde están el verdadero paraíso se llama Suiza, todos los poderosos del planeta se reúnen ahí. Es el lugar donde no hay violencia, donde no hay Ejército, donde la Guerra Mundial se paraba y decía hasta aquí, allá no nos vamos a meter porque ahí está nuestro dinero, porque ahí está nuestro capital; es un paraíso porque ahí no se usan nombres, se usan números de cuenta y con el puro número de cuenta se tiene y se transfiere una gran cantidad de riqueza sin la necesidad de usar billetes o monedas.
Los verdaderos encapuchados, auspiciados por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por la Organización Mundial de Comercio, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), son tan perversos, que aun cuando unos investigadores podrían encontrar la cura para una enfermedad, y sintetizar una pastilla que cuesta 5 centavos fabricarla, las farmacéuticas deciden venderla en 50 o 500 dólares, gracias a que la OCDE le da los derechos de la patente para explotarla durante 20 años. Esto produce un atraso en el derecho al desarrollo y al disfrute en la ciencia y le tecnología de cualquier persona en cualquier parte del mundo, eso no importa, la salud no importa, ellos no buscan aliviar las enfermedades, buscan siempre la máxima ganancia.
Finalmente, decíamos que se creó un caldo de cultivo para que la violencia aflore con mayor intensidad: policías corruptos, ministerios públicos corruptos… y los exhibimos públicamente, entonces, ese Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida, pide al Ejército que haga labores. Así, de manera gradual, desde el sexenio Carlos Salinas.
La de hoy no es una de las crisis más graves. Es la más grave crisis de toda la historia de México desde el momento de su fundación. No es cuando el Chicharito falló el gol del Mundial. Es un asunto gravísimo de cómo crear un marco sociológico, político, jurídico y económico para producir cerca de 200 mil víctimas desde 2006 hasta la fecha, más de 60 mil personas detenidas y desaparecidas, más de medio millón de desplazados internos, miles y miles de personas torturadas, miles y miles de personas en prisión, la mayoría por delitos prefabricados. Y lo peor de todo eso, no tenemos ni seguridad, ni justicia, los escándalos mediáticos se vinieron en un proceso sucesivo grave y que la mayoría de los mexicanos no conocemos porque vivimos los estragos del Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida.
Ésta es la crisis en la que por fin se imponen a sangre y fuego las reformas estructurales y se pretende aniquilar toda oposición. La noche oscura sigue su camino y no se detiene, se suspenden garantías, se impone el estado de sitio y a los maestros se les secuestra masivamente, se les detiene, encarcela en centros de máxima seguridad y se gastan los recursos del pueblo en la represión y en pagar los trajes finos, los perfumes caros y el pulcro peinado de los que ordenan la represión.
El Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida perpetua el terror, el negocio de la guerra y la Reforma Educativa y su implantación evalúan al Estado mexicano que no pasa ni de panzazo. Reprueba en: formación cívica y ética, por usar los recursos del pueblo en reprimir; en ciencia sociales, porque permite la desigualdad social; en matemáticas, porque el voto no representa a las mayorías, no suma, sólo resta, no multiplica, divide al pueblo; y está reprobado en historia porque no aprende que, a 10 años del movimiento de la asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) el movimiento magisterial continúa a pesar de la brutal represión.
Para revertir el Síndrome de Anestesia Colectiva Inducida, es necesaria la búsqueda de la información y tener garantizado los derechos a la información, a la verdad y a la justicia, por ellos luchamos, conocer nuestros derechos para defenderlos y que el pueblo siga siendo garante de sus derechos.
Notas
Adrián Ramírez López*
*Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: SOCIAL]
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