Al menos la mitad de los 450 mil centroamericanos indocumentados que pasan por México cada año con destino a Estados Unidos huye de situaciones de alto riesgo para su vida o su libertad; es decir, unos 200 mil o más migrantes encajarían en la condición de refugiados, protegida por el derecho internacional.
“Estamos hablando de una crisis oculta de refugiados, en la cual se estima que más de 400 mil personas cruzan la frontera Sur [de México] cada año y la mitad de esas personas, por lo menos, podría ser considerada como refugiada”, señala en entrevista con Contralínea Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional.
Agrega que en las entrevistas hechas por la organización –como parte del trabajo de campo del informe Enfrentando muros: Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México, presentado el pasado 15 de junio– observaron que, “de más de 100 personas, el 86 por ciento habló de amenazas directas en contra de su vida hechas por las maras de Centroamérica”.
Para Penman, “las personas que salen de sus países no tienen la opción de quedarse ahí, y desafortunadamente el Instituto Nacional de Migración [mexicano] está haciendo caso omiso de las necesidades de protección de muchas de estas personas”.
—¿Estarían estimando que son 200 mil las personas con esta condición de refugiados?
—Doscientas mil podría ser. No descartamos la posibilidad de que así sea, aunque el número de personas que pide asilo es mucho menor. A principios de este año se estimaba que en 2017 se presentarían 20 mil solicitudes de asilo en México ante la Comar [Comisión Mexicana de Refugiados], pero no se sabe.
Peinman dice que, aunque se tiene que reconocer que el gobierno mexicano ha aumentado su tasa de reconocimiento de personas refugiadas en los últimos años, “lo alarmante es que de un flujo de 400 mil o 450 mil personas solamente un poco más de 8 mil personas solicitaron asilo el año pasado; entonces estamos hablando de un porcentaje mucho menor de personas, porque la gran mayoría no sabe de sus derechos, no está informada bien y simplemente es devuelta a una situación de peligro”.
La devolución o deportación de migrantes indocumentados que huyen de sus países por situaciones críticas –amenazas de muerte, violencia o pobreza extrema– es un claro atropello al derecho internacional, basado en el Protocolo de 1967 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que obliga a los Estados parte a refugiar a las personas en riesgo inminente.
Por ello, tanto México como Estados Unidos violan este principio humanitario, considera Amnistía Internacional. Y es que las políticas migratorias de ambos países alientan la ilegal devolución forzada de solicitantes de asilo, refiere en su informe Enfrentando muros: Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México.
La devolución forzada de solicitantes de asilo es ilegal, señala el informe de la organización. Agrega que esta práctica, cada vez más recurrente en la frontera Norte de México, “viola directamente el principio de no devolución (non-refoulement), de obligado cumplimiento para Estados Unidos en tanto que es Estado parte en el Protocolo de 1967 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, y como principio del derecho internacional consuetudinario.
Contenido en el artículo 33 de la Convención, ese principio establece que los Estados no deben devolver a personas a territorios donde su vida o su libertad corran peligro. “Este principio es la piedra angular de todo el derecho internacional de los refugiados, y se considera absolutamente no derogable por parte de los Estados”.
En la frontera entre México y Estados Unidos, Amnistía Internacional ha documentado casos de inadmisión de solicitantes de asilo: “los agentes del Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) actúan según directrices administrativas que a menudo les permiten un amplio poder discrecional, con frecuencia toman decisiones arbitrarias que violan tanto la legislación estadounidense como el derecho internacional”.
Para Madeleine Penman, el Tratado Internacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre Refugiados obliga a los gobiernos de Estados Unidos y de México a no devolver personas a situaciones donde su vida corre riesgo. “Ése es el convenio de 1951 sobre el estatus de refugiados y México es parte de él, mientras que Estados Unidos ha firmado el Protocolo de 1967, que básicamente le obliga a los mismos estándares”.
En entrevista, agrega que “cuando las personas solicitantes de asilo son rechazadas en la frontera y regresadas sin darles la opción de acceder al asilo eso se considera una violación del derecho internacional, y eso observamos que esta pasando tanto en Estados Unidos, en su frontera con México, y como en la frontera Sur de México”.
Respecto de si ambos Estados podrían ser juzgados internacionalmente por esta violación, explica que se podría empezar por juzgarlos en sus propios países y con sus propias leyes.
“Más que ser juzgados internacionalmente, al estar violando sus propias leyes domésticas, en sus propias cortes pueden ser juzgados. El litigio internacional sobre el tema de refugiados no tiene un comité especial, así que se tendrían que señalar de otra manera estas prácticas para que pudieran ser juzgadas internacionalmente porque el tratado de refugiados no contempla órganos jurisdiccionales. Pero estos estándares ya son leyes estadunidenses y mexicanas y esto daría pie para tener litigios domésticos en ambos países.”
La investigadora de Amnistía Internacional destaca que en el caso estadunidense hay otras violaciones del derecho internacional: “la detención obligatoria de personas migrantes y solicitantes de asilo rompe directamente el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ese caso sí implica la posibilidad de litigio internacional ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La violación que se está cometiendo es que tenemos una prolongada detención que se puede considerar arbitraria para personas que no tienen papeles en Estados Unidos. Es decir, las personas no pasan por un juez antes de ser detenidas y no tienen un diagnóstico individualizado antes de ser detenidos por varios meses”.
Son decenas de miles de personas refugiadas las que se enfrentan a esta crisis sin precedentes en materia de derechos humanos, derivada de las políticas públicas de Estados Unidos y México en materia migratoria, advierte la organización Amnistía Internacional.
En su análisis Enfrentando muros: Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México señala que el tránsito, ya de por sí peligroso, de miles de indocumentados “se ha vuelto aún más mortal, gracias a la orden ejecutiva sobre control fronterizo e inmigración dictada por el presidente [estadunidense Donald] Trump, así como por las arraigadas e imprudentes prácticas de México.
El informe –basado en investigaciones intensivas en ambos lados de la frontera– señala que el impacto de las nuevas políticas y prácticas es “catastrófico”, pues ha dado lugar a “la devolución forzada ilegal de solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, y amenaza con encerrar ilegalmente a miles de familias más, incluidos bebés, niños y niñas, en centros de detención para inmigrantes de Estados Unidos”.
Madeleine Penman dice a Contralínea que durante la investigación observaron que El Salvador y Honduras tienen como principal factor de expulsión la violencia. “Son países con cifras de homicidios parecidas a naciones en guerra y desde luego estas personas ya no salen de sus países para buscar el sueño americano: en su mayoría están buscando protección porque ya no pueden vivir ahí, corren riesgo de muerte si se quedan en sus países”.
Respecto de la pobreza, indica que aunque ésta sigue siendo un factor, “ya no es el motivo económico el que en su mayoría provoca a la gente salir. Es un motivo de seguridad”.
La investigación de Amnistía Internacional determina que las políticas del presidente Trump para hacer frente a la inmigración violan el derecho internacional. Entre esas medidas, cita la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017 sobre Mejoras a la Seguridad Fronteriza y el Control de la Inmigración. Ésta permite “la devolución forzosa de personas a situaciones que amenazan su vida, así como un incremento de la detención obligatoria ilegal, durante meses, de solicitantes de asilo y familias”.
Solicitantes de asilo entrevistados por la organización internacional en la frontera Norte de México relataron que “esas políticas los obligaban a correr el riesgo de sufrir extorsión o violencia, al tener que pagar a traficantes de personas para entrar en Estados Unidos. En algunas zonas del desierto de Arizona se han duplicado las muertes de personas migrantes desde que Trump fue elegido”.
La investigadora Madeleine Penman explica que desde la organización internacional están pidiendo al Congreso de Estados Unidos que anule la orden ejecutiva de Trump sobre seguridad fronteriza, pues con ello mejorarían las condiciones de los refugiados.
En el informe recién presentado se da cuenta del caso de una familia que huyó de Honduras, luego de que el padre fuera atacado a balazos por una pandilla. No obstante el riesgo tanto para el hombre, como para su esposa y su hija, éstos fueron rechazados por la CBP en seis ocasiones, durante 3 días, en el paso fronterizo de McCallen, Texas.
Aunado a los testimonios de indocumentados que solicitan asilo, Amnistía Internacional consultó a abogados, organizaciones no gubernamentales, migrantes y defensores de derechos humanos, quienes manifestaron que “los funcionarios de la CBP estadunidense han negado ilegalmente la entrada a solicitantes de asilo en puntos fronterizos de aduana a lo largo de la frontera”.
La abogada estadunidense Nicole Ramos –que entre diciembre de 2015 y abril de 2017 ha asistido legalmente a 71 solicitantes de asilo en el paso fronterizo de San Diego-Tijuana– narró a los representantes de Amnistía Internacional que, “en casi todas las ocasiones, los funcionarios de la CBP intentaron negar la entrada a las personas solicitantes de asilo o les dieron instrucciones incorrectas, como remitirlas al Consulado de Estados Unidos en México”.
El sistema estadunidense de detención de personas por motivos de inmigración es ya el más grande del mundo, alerta Amnistía Internacional. En su informe Enfrentando muros: Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México, destaca que la orden ejecutiva de seguridad fronteriza del presidente Trump faculta al Ejecutivo a aumentar la capacidad de los centros de detención de personas migrantes y solicitantes de asilo que ya existen.
“Según el Departamento de Seguridad Nacional, existen planes para asignar hasta 33 mil 500 plazas más en los centros de detención para inmigrantes, lo que podría multiplicar por dos la capacidad diaria de detención del país. Esta cifra es muy superior a las 34 mil plazas diarias impuestas por el Congreso, y refuerza la crueldad que subyace tras lo que ya es el sistema de detención por motivos de inmigración más grande del mundo.”
La organización de defensa de los derechos humanos ha documentado casos de familias con bebés y niños que han permanecido privadas de su libertad y sin haber cometido delito alguno más de 600 días en esos lugares.
“En los próximos meses, el Congreso estadunidense debatirá si financia semejante crueldad en el presupuesto de 2018. Se calcula que mantener a una persona en un centro de detención cuesta al gobierno estadunidense entre 126 y 161 dólares al día, mientras que las medidas alternativas a la detención cuestan tan sólo 6 dólares diarios por persona.”
Uno de los testimonios recabados por Amnistía corresponde al de un joven hondureño de 23 años, que ha sido deportado más de 24 veces por las autoridades mexicanas. El migrante huyó de su país desde hace 5 años por amenazas contra su vida.
De acuerdo con el informe, su situación de orfandad lo orilló a participar en una pandilla en su adolescencia. Fue reclutado a la fuerza por una mara cuando apenas tenía 13 años de edad y, tras desertar a ésta, esa pandilla quiere matarlo.
“Yo he sido deportado 27 veces. A los agentes del Instituto Nacional de Migración no les importa por qué sales de tu país. Se burlan de ti”, dijo el joven a los representantes de Amnistía.
Sobre este caso, la organización abogó por el muchacho ante un funcionario del Instituto Nacional de Migración en Chiapas. Lejos de atender la problemática, éste dijo: “Tratamos que el retorno a sus países sea lo más rápido posible”.
Por ello, para Amnistía Internacional, en el tema migratorio México está incumpliendo su responsabilidad de proteger al creciente número de personas centroamericanas que buscan protección en el país.
La investigadora Penman considera que el gobierno mexicano tiene una doble moral, “porque a la vez que se indigna por el trato de sus connacionales en Estados Unidos también aplica un trato bastante semejante a las personas que entran por su frontera Sur desde Honduras, Salvador y Guatemala. Eso implica que el gobierno mexicano está jugando el rol del portero de Estados Unidos y por eso en 2016 el 97 por ciento de las personas que deportó México venían de Centroamérica”.
El informe de la organización da cuenta de que las cifras oficiales de 2016 indican que ese año se presentó en México una cifra récord de 8 mil 788 solicitudes de asilo, en comparación con las 1 mil 296 de 2013. El 35 por ciento de los solicitantes recibieron el reconocimiento de la condición de refugiado.
La organización refiere que el 91 por ciento de las solicitudes procedían de ciudadanos y ciudadanas del “Triángulo Norte” de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), “una zona asolada por la violencia”. Añade que la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los refugiados prevé que el número de solicitudes pueda llegar hasta 20 mil en 2017.
No obstante, indica que México, en lugar de brindar protección, está deportando a las personas a pesar de que éstas enfrentan situaciones extremadamente peligrosas.
“En 2016, el Instituto Nacional de Migración mexicano detuvo a 188 mil 595 personas migrantes en situación irregular, de las que el 81 por ciento procedían de Centroamérica, y deportó a 147 mil 370 a sus países de origen. El 97 por ciento de las personas deportadas procedían de El Salvador, Honduras y Guatemala.”
De acuerdo con Amnistía, muchos migrantes ni siquiera fueron informados de su derecho a pedir protección mediante una solicitud de asilo.
Para Penman, México sí tiene la posibilidad de proteger a estas personas: el país “tiene una larga trayectoria e historia de que en el pasado ha recibido a decenas de miles de personas provenientes de Guatemala, en la década de 1980, y del exilio español. Del siglo pasado hay muchos ejemplos de cómo México, con los recursos que tiene, ha podido ser solidario y hacemos un llamado para que otra vez no replique las políticas inhumanas del gobierno estadunidense”.
La investigadora dice que desde Amnistía Internacional “estamos muy atentos a que las promesas que el presidente Enrique Peña Nieto hizo el año pasado en la ONU sobre refugiados se pongan en marcha”.
Nancy Flores
Contralínea 544 / del 19 al 25 de Junio de 2017
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