Desde el inicio de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, México se ha puesto en la mira de organismos internacionales y defensores de derechos humanos que exhiben el incremento de violaciones, abuso de poder, desapariciones, tortura y tratos crueles; así como el desplazamiento de miles por la violencia, que parece imparable, por parte del mismo Estado.
Uno de los personajes más visibles en la defensoría de los derechos humanos, que ha evidenciado el maltrato y el abuso a los migrantes que intentan llegar a la Frontera Norte del país, y de la desaparición forzada, es el clérigo Alejandro Solalinde. En entrevista con Contralínea, comenta que “México está en una crisis todavía sin solución; con los rasgos principales de la corrupción, la impunidad, la desigualdad, el empobrecimiento y la violencia imparable”.
Las observaciones que del sacerdote y fundador del albergue de migrantes Hermanos en el Camino, en 2007, coinciden con el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Situación de los derechos humanos en México 2015.
El documento del organismo internacional indica que desde que fue declarada la llamada “guerra contra el narcotráfico”, las “graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de 100 mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país”.
La CIDH indica que el incremento de elementos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales “ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales”. Alejandro Solalinde critica que, ante este panorama, “hay una falta de reconocimiento por parte del gobierno”.
Solalinde Guerra observa las diversas aristas por las que México está en crisis y vulnerable, pero hay dos en las que ha participado activa e intensamente; la primera, relacionada con el maltrato a los migrantes, el abuso y hasta su desaparición. La segunda, la desaparición forzada.
En diciembre de 2006, después del sexto secuestro masivo de migrantes que se llevaba a cabo en la ruta migratoria, y del que Solalinde fue enterado, el clérigo decidió convocar a una conferencia de prensa para hacer una denuncia pública. “No tuve opción… nos dimos cuenta de que había un proyecto muy fuerte para hacer un gran negocio con migrantes, a través de secuestros masivos”.
Ese mismo año, las amenazas llegaron hasta él y sus compañeros religiosos. Un integrante del grupo criminal de Los Zetas persiguió a un grupo de sacerdotes jesuitas que lo habían ido a visitar al albergue de Ixtepec, Oaxaca, “los persiguió, apuntó con el arma y dijo que si no se largaban y seguían investigando y tomando fotos los iba a matar. No los mató, pero ellos se fueron”.
El clérigo entró en contacto con integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, para comenzar la denuncia. Llamó a los corresponsales de los medios de comunicación en Oaxaca, el 6 de enero de 2007 y “desde entonces, aprendí que visibilizar la problemática tiene resultados”.
La Situación de los derechos humanos en México que reporta la CIDH indica que la migración transnacional irregular es una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado en México y en la región.
En torno a esta situación, para Alejandro Solalinde, se ha registrado un retroceso en la atención a los migrantes. Además, asevera que los funcionarios al frente del Instituto Nacional de Migración, encabezado por el exdirector de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado, son cómplices del “secuestro virtual” que se lleva a cabo en esa institución.
—¿Cuáles han sido los cambios de la política de Felipe Calderón, en torno al tema de la migración y con el actual Enrique Peña Nieto?
?La peor parte fue en tiempo de Felipe Calderón pero no por panistas sino por priístas. Fox [Vicente Fox Quesada] y Calderón nuca lograron librarse de los malos políticos, de los priístas. Donde yo estoy es un lugar predominantemente priísta y fue ahí donde me di cuenta del negociazo que querían hacer con ellos, a gran escala. Un presidente municipal priísta me manda golpear y meter a la cárcel; otro, al año siguiente, pretende quemar el albergue, conmigo dentro.
“En el tiempo de Felipe Calderón logramos tener la Ley Migratoria, pero luego vino el retroceso con la ley secundaria y el reglamento, porque prácticamente se hace imposible el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes por ese reglamento.
“Después, con Enrique Peña Nieto vino la represión brutal con los migrantes, se consolidó el Instituto Nacional de Migración como una instancia criminal en todos sentidos, criminales que violaban y torturaban a hombres y mujeres, que secuestraban virtualmente allá adentro, engañaban a los menores de edad, sacaban dinero, y era gente de migración de alto nivel. El responsable, dice es el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, cómplice de que se hayan cometido todos estos atracos.
Solalinde ha sido amenazado de muerte, intentaron quemar el albergue que encabeza, con él dentro, ha tenido que salir del país en resguardo de su integridad. Sin embargo, otros 50 clérigos no han corrido con la suerte de la sobrevivencia.
—¿A qué más se enfrenta un clérigo que asume la defensoría de los derechos humanos?
—A la muerte. No me han matado porque los medios me han blindado, cada día que me dejan vivir el costo político es más alto. Actualmente, hay más de 50 sacerdotes asesinados, ha habido personas de iglesia que han sido perseguidas, catequistas asesinados, defensores y defensoras. No me han matado porque lo piensan dos veces, pero llegará el momento en que ya no les importe el costo político.
“En este país, ser sacerdote o gente de iglesia, defensor de derechos humanos, activista, tiene un costo, como también el ser periodista. Es un país muy peligroso para los periodistas también, Anabel Flores Salazar es la última asesinada, pero siguen los crímenes.”
En este contexto, el informe de la CIDH indica que el organismo internacional ha recibido información sobre desapariciones y ataques contra la vida e integridad personal tanto de agentes estatales como no estatales, prácticas de
hostigamiento y amenazas, vigilancia, interceptación de las comunicaciones, así como desafíos en la aplicación del mecanismo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Ante el tema de la desaparición forzada, Alejandro Solalinde es contundente: “no hay voluntad política para esclarecer los hechos” relacionados con la desaparición en y los casos de desaparición forzada.
Integrante de la Comisión de la verdad en Oaxaca, da seguimiento a los casos de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos en mayo de 2007, presuntamente por integrantes de las Fuerzas Armadas, por lo que una resolución judicial en 2014 ha solicitado investigar los cuarteles militares.
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez son sólo una muestra de toda la gente que desaparece, dice Solalinde Guerra; es una desaparición de Estado, comprobadísima. Como también lo son los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya, comenta a Contralínea que la militancia de su padre y de Gabriel en el Ejército Popular Revolucionario ha complicado su búsqueda y, debido a la participación en la guerrilla, han padecido estigmatización; sin embargo, ellos son personas, seres humanos que no debieron ser desaparecidos sino juzgados ante las instancias correspondientes.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Leonel Rivero Rodríguez, representante legal de los familiares de los desaparecidos, comenta a Contralínea que en los casos de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz hay toda una investigación de la Procuraduría General de la República como un delito de desaparición forzada. El abogado comenta: ¿Hasta dónde el acceso a la justicia, en un Estado de leyes, puede ser un medio en el que las víctimas puedan acceder a una verdad histórica y a una verdad legal de una desaparición forzada? Los 8 años que llevan desaparecidos, han puesto a prueba todo el sistema de investigación y de administración de justicia.
El clérigo Solalinde asegura: “No hay voluntad política para esclarecer los hechos. Hay una complicidad entre el gobierno y el Ejército. ¿Por qué se niegan a que los militares sean interrogados? ¡Los cuidan muchísimo, porque muchas de las desapariciones forzadas y tortura las cometen el Ejército, la Marina!”
Las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas llegan a las 26 mil 798 personas desaparecidas. Entre ellas se puede mencionar el caso de los estudiantes normalistas que no ha sido esclarecido.
El informe que pone en duda la “verdad” de las investigaciones de la Procuraduría General de la República, sobre el paradero de los estudiantes normalistas, es el elaborado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que concluyó que desde el punto de vista de evidencia física recolectada y analizada proveniente del Basurero “NO es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en ese lugar a los 43 jóvenes, pues NO hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial” (sic).
El dictamen del EAAF “destaca lo relativo al análisis sobre las dimensiones e intensidad que debería haber alcanzado un incendio para reducir a cenizas los cuerpos de 43 personas. Al respecto, las y los expertos analizaron integralmente la evidencia disponible. Así, al examinar los insectos recolectados, el EAAF concluyó que estos no podrían utilizarse para afirmar exclusivamente la existencia de restos humanos, dado que por su tipo surgen también de restos no humanos y otro material orgánico como el encontrado en el sitio. En igual sentido, al examinar la vegetación circundante al basurero, el EAAF concluyó que no se encontraron señales de fuego abundantes en dichas plantas, como tendría que haber sido el caso de ocurrir un fuego de grandes magnitudes; de hecho, el peritaje muestra que la mayor parte del follaje circundante no mostró señales de haber sufrido los efectos del calor, ni signos de haberse decolorado o marchitado. Igualmente, la pericia en botánica concluyó que en la zona del basurero donde se afirma ocurrió la quema se encontraron plantas que empezaron a crecer entre junio y agosto del mismo año –es decir, meses antes del 26 de septiembre–, las cuales en su mayoría no muestran señales de haber sido expuestas al fuego, siendo el caso que de haber existido un incendio necesariamente habrían resultado incineradas”.
Santiago Aguirre Espinosa, sudirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, cometa a Contralínea, que desde las organizaciones que acompañan el caso Ayotzinapa consideran que esto es resultado de problemas estructurales que van más allá. La deficiencia del trabajo pericial de las autoridades no sólo afecta a los padres de los 43 sino a todas las familias que atraviesan por situaciones similares.
“Es importante reiterar que las familias de desaparecidos enfrentan a una tragedia, pues al ser el Estado el que desaparece a sus seres queridos, es también a quien tienen que recurrir para que los busque. La confianza se encuentra destruida”, comenta Aguirre Espinosa.
Intentan tapar todo, dice el sacerdote Alejandro Solalinde; “si por ellos fuera, impondrían la verdad histórica de que en [el basurero de] Cocula quemaron a los estudiantes. No hay voluntad política, no hay el menor indicio de ética para buscar la verdad y justicia”, reprocha el clérigo y defensor de derechos humanos.
Érika Ramírez
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SOCIEDAD]
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