Adrián Ramírez López*
El gobierno mexicano ha promovido o tolerado en mayor o menor grado, ya sea por acción u omisión, de manera directa o a través de terceros, que en nuestro territorio nacional se cometan delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violaciones sexuales, feminicidios, trata de personas, explotación sexual y laboral infantil, ataques a los migrantes, detenciones arbitrarias e ilegales, retenciones arbitrarias, fabricación de delitos e inducción-coacción de testigos, delitos que prevalecen por la total impunidad.
Todo esto se debe en gran medida a que la Ley contra la Delincuencia Organizada, su sistema de jurisprudencias especiales y los montajes mediáticos ejercen un poderoso efecto corruptor de la justicia, que impacta a otras leyes y procedimientos e incluso permea a los organismos públicos de derechos humanos y a la sociedad misma, generando un prejuicio que se convierte en sentencias condenatorias para las personas quienes aun antes de que hayan sido detenidas ya son consideradas culpables.
El Estado mexicano es culpable de este estado de cosas que nos tiene en la más grave crisis de derechos humanos en la historia de nuestro país.
México vive una economía de guerra impuesta, se nos despoja de nuestros derechos y se fortalece un esquema represivo, una economía que no permite ni seguridad ni justicia y sólo deja las grandes ganancias de la guerra para los poderosos. Miles y miles de víctimas, millones y millones de pesos tirados a la basura en el combate a una delincuencia que el propio Estado organizó.
En este mundo globalizado donde se ve inmerso nuestro país, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales han dejado de ser derechos y se convierten en mercancías. El gobierno vende a empresas privadas el territorio, agua, electricidad y demás recursos energéticos, recursos naturales, los patrimonios artísticos y culturales, y sobre todo la fuerza laboral, devaluando las conquistas de las prestaciones sociales, las pensiones y jubilaciones (mismas que están en franco deterioro).
La fabricación de delitos en contra de los líderes y luchadores sociales se ha centrado en los opositores a las políticas de ajuste estructural; y de ellos, sobre todo, al magisterio disidente a “la reforma educativa”. Decenas de sus líderes han sido detenidos y varios de ellos llevados a cárceles de las llamadas de alta seguridad (Centros Federales de Readaptación Social). También los defensores del medio ambiente opositores a los megaproyectos han sido víctimas.
Los cambios en las normas para el control de las manifestaciones al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto han generado detenciones masivas en manifestaciones pacíficas, las que son violentadas por las acciones de “encapsulamiento” y uso de armas poco letales.
No tenemos certeza plena de cuántos presos de opinión existen, puesto que constantemente entran y salen de prisión cientos de personas, la mayoría de ellos manifestantes, quienes pasan algunas horas o días en detención, teniendo que pagar multas y fianzas que están muy por encima de su poder adquisitivo. Las cifras de presos de opinión, presos políticos y de conciencia que permanecieron durante el 2015 varían entre 250 y 1 mil en el país. Tan sólo en Oaxaca existe una lista de 65 presos políticos dentro de la información que ha podido recabar el Comité Nacional Por la Libertad de los Presos Políticos.
En todos los casos se ha denunciado constantemente el tortuguismo en los procesos jurídicos, las violaciones constantes a los derechos humanos y, sobre todo, la tortura, como es el caso de 13 personas detenidas el 17 de mayo de 2013 en Oaxaca por presunto vínculo con la delincuencia organizada y por el secuestro de menores, entre los que se destacan: cinco detenidos del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO) y de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE): Sara Altamirano, una de las acusadas, candidata a presidenta municipal de Jalapa del Marqués; Lauro Atilano, profesor que cuenta con un historial intachable, así como Mario Olivera Osorio; el indígena Damián Gallardo Martínez y Leonel Manzano Sosa; además, David Vargas Araujo, asesor de una diputada del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Guerrero Aviña, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luchador social, quien daba clases de alfabetización, primaria y secundaria para adultos, y apoyó a la conformación de pequeñas cooperativas; así como cinco indígenas (Alejandra Chávez Chávez, Faustino Diego, José Ambrosio Martínez, Alejandro Sandoval Martínez y Alberto Sandoval Rodríguez).
El 7 de junio de 2015, en Oaxaca fueron detenidos 25 manifestantes contra la falsa democracia que se vive en México, por mejores condiciones de vida, estudio y trabajo.
También en Oaxaca entre las 23:30 horas del 28 de octubre de 2015 y la 1:30 del 29, se dio la detención de los cuatro profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE): Efraín Picazo Pérez, Othón Nazariega Segura, Juan Carlos Orozco Matus y Roberto Abel Jiménez García, por personas que hasta el día de hoy no se tiene certeza si fueron del Estado o personas civiles que actuaron con la autorización o la aquiescencia de este. Los detenidos no fueron puestos a disposición de autoridad alguna, manteniéndolos privados de su libertad y negando información sobre su paradero. Fue aproximadamente 11 horas después que se tuvo conocimiento de ellos, cuando la Procuraduría General de la República los exhibió en televisión nacional. Se observaba que los detenidos-desaparecidos eran custodiados por elementos de la policía federal. Con estos hechos se acreditó la desaparición forzada transitoria de persona, violentándose el derecho a la integridad personal, el principio de inmediatez como derecho humano (Habeas Corpus) y el derecho a la verdad.
Destacamos el caso del líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA, 28 de Octubre), Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, nacido el 22 de agosto de 1956, quien fue nuevamente detenido el 19 de diciembre 2014 cuando salía de una reunión con Guillermo Aréchiga, secretario de gobernación municipal en Puebla. El motivo de la detención fue porque Simitrio no había acudido a firmar en los juzgados, obligación que tiene por su libertad condicionada. Podría estar encarcelado hasta que tenga más de 90 años. El líder social ha sido notificado que tiene que cumplir en la cárcel una sentencia total de 51 años y medio, tras “violar” el acuerdo de preliberación al que estaba sujeto desde 2001. En Puebla enfrenta un proceso penal por 25 años y 6 meses, al que se suman 8 años que el Juzgado Primero de lo Penal también le ha dictaminado, 11 años más por el Juzgado Segundo y 7 años por el Juzgado Séptimo. Sin embargo, Andrés Moreno, vocero de la UPVA, señaló en conferencia de prensa que la sentencia es de 61 años, debido a que no se le han reconocido los 10 años que estuvo preso de 1989 a 1999. Además, reportó que la salud de Simitrio se ha deteriorado puesto que tiene una afectación hepática grave y disminución muy importante de plaquetas.
Han ocurrido más ataques contra la UPVA 28 de Octubre: el 22 de diciembre de 2014 fue detenido de manera arbitraria Atl Rubén Sarabia Reyna, dirigente e hijo de Rubén Sarabia Sánchez; el 25 de junio de 2015 fue detenido Fernando Alonso, dirigente de la UPVA 28; el 9 de diciembre de 2015, fue detenido de manera arbitraria Xihuel Sarabia Reyna, dirigente e hijo de Rubén Sarabia, y el 18 de febrero de 2016, Rita Amador López, pareja de Simitrio fue amenazada de muerte vía telefónica; el 28 de marzo nuevamente fue amenazada de muerte vía telefónica.
Nueve policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de Guerrero, permanecen encarcelados en penales de Ayutla y Chilpancingo: Gonzalo Molina, Arturo Campos Herrera, Abad Francisco Ambrosio, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Benito Morales Justo, Florentino García Castro, Samuel Ramírez Gálvez y Eleuterio García Carmen.
El defensor de derechos humanos José Humbertus Pérez Espinoza, fue detenido el 4 noviembre de 2015, acusado de tres delitos de robo a casa habitación, siendo víctima de la fabricación de delitos como represalia por su lucha en defensa del derecho humano a una vivienda digna y decorosa. Además de que su esposa y su hijo enfrentan la persecución y existe riesgo de detención. De la misma manera otros integrantes de la organización han sido víctimas de amenazas. José Humbertus ha ganado juicios en favor de personas que se vieron afectadas por la empresa constructora Urbi y otras empresas involucradas en fraudes inmobiliarios en México. Además puso de manifiesto actos de corrupción de funcionarios del gobierno del Estado de México y de la Presidencia Municipal de Tecámac, Estado de México.
Recordamos el caso de Antonio Barragán Carrasco, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y sobreviviente de la Masacre de Aguas Blancas (28 de junio de 1995 en Guerrero), detenido el 22 de septiembre 2001 en San Quintín, Baja California Sur, y sentenciado el 13 de enero 2015 a 33 años de prisión, acusado de homicidio calificado, con declaraciones falsas arrancadas bajo tortura a él mismo y sus coacusados, a quienes les negaron la realización del protocolo de Estambul para acreditar la tortura. Está pendiente de amparo directo. Lugar de reclusión: Centro de Readaptación Social Atlacholoaya, Cuernavaca Morelos, en el municipio de Xochitepec.
Es importante subrayar que la práctica de fabricar culpables constituye una trágica y dolorosa constante dentro del accionar de los agentes policiacos y ministerios públicos y es innegable la existencia de esta inadmisible patología jurídico-penal, que impacta y colapsa el sistema penitenciario, que se encuentra sobrepoblado y con fuertes tensiones en la convivencia entre los internos.
Los ataques no son sólo contra los manifestantes, también se presentan ataques sistemáticos contra los reporteros.
“El año anterior es el más violento para la prensa en México, cuando se registró en promedio una agresión cada 22 horas. En total se documentaron 397 agresiones, incluyendo siete asesinatos de periodistas. Esto representa un crecimiento de 21.8 por ciento con respecto de 2014, cuando se contabilizaron 326. Además, la suma de ataques contra la prensa durante los 3 primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto (del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2015) ascendió a 1 mil 73 hechos documentados y representa el 58.5 por ciento, es decir, más de la mitad del total acumulado de agresiones de 2009 a 2015, periodo en el cual se registraron 1 mil 832. La documentación histórica de Artículo 19 permite identificar que el 46.9 por ciento de las agresiones, en los últimos 7 años, provienen de algún servidor público.
“La violencia contra la prensa no es ajena a un contexto nacional que se destaca por casos de violaciones graves, como son las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, uso de tortura y abuso de autoridad. La impunidad, alimentada por la participación, omisión e inacción del Estado, sufraga la repetición de estos hechos.
“El periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo, principalmente en 2015 donde las entidades que más agresiones registraron a nivel nacional fueron Ciudad de México y Veracruz, con 67 cada una, Guerrero con 56 y Puebla con 38. Del total de agresiones en 2015, 69 fueron contra medios de comunicación. Entre 2014 y 2015 los ataques a medios de comunicación aumentaron en 80 por ciento.
“En los años recientes ha sido evidente el aumento de agresiones contra medios en el ámbito digital. De 2009 a 2015 se registraron 59 ataques cibernéticos; 30 ocurrieron el año pasado.
“Por otro lado, 2015 es el año con mayor número de agresiones contra mujeres comunicadoras; Artículo 19 documentó 84 agresiones. Esto pone en evidencia que la violencia contra la prensa incluye características que de manera muy particular tienen efectos diferentes en la vida personal, sicosocial y profesional de las mujeres periodistas, que inhiben el libre ejercicio de sus actividades.
“A pesar de las deplorables condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en México, la respuesta de las autoridades no se ha reflejado en un efecto positivo. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas son instancias ineficaces, que por inacción, omisión, y falta de voluntad abonan a la impunidad y la consecuente repetición de violaciones a derechos humanos.” (Informe de Artículo 19, MIEDO: Medios, Impunidad, Estado, Democracia, Opacidad)
En México no se dispone de cifras confiables en relación con las violaciones a los derechos humanos en general y mucho menos en relación con los delitos de lesa humanidad. Cálculos no oficiales reportan que la tortura tiene un incremento a partir de 2006 y hasta la fecha de alrededor de un 700 por ciento, como ya hemos mencionado, resultado de la “guerra contra las drogas” del Estado mexicano.
Amnistía Internacional menciona que “…los recientes informes de la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] la tortura y los malos tratos siguen siendo generalizados: en 2013 hubo un 600 por ciento más de denuncias respecto de 2003.
El gobierno de México ha reconocido un aumento del 700 por ciento en las denuncias por tortura en el último año, aunque éste le atribuye que tal incremento se ha debido a que hay instrucciones para iniciar las investigaciones cuando los detenidos aluden a que han sido torturados y argumenta que con frecuencia son argucias de los delincuentes.
Según el subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, “el Ejército y la Fuerza Aérea en nuestro país, de acuerdo con distintos estudios de opinión, cuentan con una calificación de confianza de 8 sobre 10 y el 67 por ciento de la población considera que practican el respeto a los derechos humanos”. Para lograr estas cifras se han invertido grandes recursos del erario en campañas mediáticas de propaganda. Además, el subsecretario Campa omite decir que a pesar de estas campañas, según estudios de opinión citados por Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales, un 78 por ciento de la población teme ser víctima de tortura.
Montajes mediáticos. Tomemos un ejemplo ampliamente mediatizado y realmente poco conocido, el caso de Florance Cassez e Israel Vallarta Cisneros, quienes fueron detenidos el 8 de diciembre de 2005 y presentados en un montaje mediático el 9 de diciembre como líderes de una banda de secuestradores que nunca existió. Todos fuimos víctimas del engaño y convencidos por los medios y las autoridades de que ellos dos eran culpables. Unas horas de difusión televisiva bastaron para producir 1 década de daños en las vidas de la familia Vallarta y de Florance Cassez, condenados culpables antes de ser juzgados.
Fue hasta el 2013 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre el efecto corruptor del montaje mediático, y concedió la libertad para Florance Cassez. No así para Israel Vallarta (aún sin sentencia a10 años del montaje mediático), ni para otros cinco de sus familiares, tres de ellos detenidos en 2009 y dos más en 2012, víctimas también de tortura y fabricación de delitos, quienes fueron inculpados por David Orozco Hernández que, a su vez, fue obligado a hacerlo. David Orozco murió en prisión el 5 de enero de 2015 por afecciones agravadas debido a la tortura de que fue objeto. Nos sumamos al reclamo de sus familiares para que se reconozca su inocencia post-mortem, se castigue a los responsables y se reparen los daños.
No se puede dar justicia a las víctimas, torturando, fabricando pruebas, acusando a inocentes, induciendo o coaccionando víctimas y testigos y haciendo montajes mediáticos; eso es corrupción e impunidad.
La tortura es generalizada y sistemática en México, favorecida por la corrupción y de manera colateral por la mal llamada “guerra contra la delincuencia organizada”. Las denuncias se han incrementado de manera exponencial y no sólo se debe a que hay malos servidores públicos que recurren a la tortura como método. Es en realidad un ajuste de la política en materia de “investigación” que está propiciada por la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Este marco jurídico permite un estado de excepción en el que la tortura repunta gracias a la figura del arraigo, la protección de testigos, la atenuación de la pena para quienes se declaren culpables. El estado argumenta que así se avanza en las investigaciones y en el combate a la delincuencia, no le importa que señalen a inocentes y se les fabriquen testimonios inducidos como presuntos culpables los que al aplicarles esta ley se ven inmiscuidos en un fraude procesal que les ocasionará la pérdida de su libertad.
El núcleo duro de esta ley se funda en la visión pragmática de dar resultados, recurriendo al binomio perfecto en la fabricación de delitos: tortura para crear presuntos culpables más inducción y/o coacción de víctimas y testigos.
Las Fuerzas Armadas actúan en funciones de policía con base en las tesis jurisprudenciales emitidas en la Novena Época Judicial, época en la que aún no se había establecido el principio pro persona en la Constitución, por ello su actuar carece de una fundamentación legal, con todo respeto para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se delimite ese actuar, se genere una certeza jurídica y garantice a los mexicanos que en caso de violaciones a los derechos humanos y en específico a la tortura por parte de los militares estos sean enjuiciados y castigados.
La participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Sus integrantes no están capacitados ni formados para eso, su misión es abatir al enemigo, como lo hemos visto en múltiples casos alarmantes. Ellos hablan de abatir, hablan de neutralizar y el abatir significa matar, y la investigación que realizan es con suma frecuencia a través de la tortura; ésa es la forma, los militares no tienen un adiestramiento idóneo, su génesis es otro, su ideología es otra, por ello carecen de mecanismos para hacer las labores de una policía científica la cual debería estar preparada para este tipo de acciones.
Dilación inexplicable en la puesta a disposición de los detenidos. A pesar de que el Artículo 16 constitucional indica que la puesta a disposición de una persona ante la autoridad competente, sea sin demora, esto no se cumple. Tampoco se cumplen los acuerdos de las procuradurías para notificar de inmediato, por los medios a su alcance y sobre todo a la base informática de plataforma México, cuando una persona es asegurada. Esta medida sería de suma utilidad para prevenir detenciones y retenciones arbitrarias, sin embargo no se aplica en la práctica. Incluso no se tiene certeza de que esta costosísima plataforma informática se encuentre en uso.
La utilización de estas notificaciones electrónicas permitirían que cualquier persona pudiera solicitar informes de la persona asegurada en tiempo casi real y con ello se evitaría que las autoridades fabriquen pruebas, escenifiquen cosas que no sucedieron, ejemplo de ello es Tlatlaya.
Los mexicanos demandamos certeza jurídica inmediata sobre la detención de personas, no obstante las autoridades tardan horas, incluso días en notificar, originando en las víctimas y familiares un estado de incertidumbre y de indefensión que es aprovechado por las autoridades, para aplicar la tortura y obtener testimonios que serán usados posteriormente para coaccionar a la víctima, a familiares y testigos. Este actuar de las autoridades es altamente lesivo para la verdad y la justicia y, junto con las campañas mediáticas, se contribuye a un clima de terror. Mientras a los inocentes se les persigue y lincha mediáticamente, afuera los secuestradores violentísimos mutilan y ejecutan sanguinariamente a sus víctimas porque gozan de la impunidad y corrupción alarmantes en nuestro país. El Estado se ha ocupado en la creación de un imaginario político de alarma que permite militarizar al país, a pesar de un alto costo de nuestros recursos destinados a la seguridad que ni nos da seguridad, ni nos da justicia, tan sólo la fabricación en serie de presuntos culpables, falsos delincuentes, con el que se enmascara el perverso vínculo de policías-ladrones.
Esta situación permitió generar ese imaginario de un enemigo muy peligroso que habría que neutralizarlo y abatirlo y los sobrevivientes castigarlos con penas más graves. Y es así como se ha creado un cuerpo de tesis jurisprudenciales en materia de delincuencia organizada que violan el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las leyes, jurisprudencias y penas sobre delincuencia organizada son la expresión mexicanizada del estatuto antiterrorista derivado del 11 de septiembre de 2001, impuesto por Estados Unidos a nivel mundial que ha causado muy graves violaciones a los derechos humanos en México y en el mundo.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO, antes SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), es una gran cárcel clandestina que además cuenta con sus vehículos adaptados, casas de seguridad y estacionamientos de las propias instalaciones y puntos ciegos, que evaden los controles de video vigilancia en los que se aplica la tortura.
Se puede llegar a la SEIDO y saber que ahí adentro hay una persona detenida, pero muy difícilmente se le podrá ver, incluso un abogado defensor particular solicita entrar para atender al detenido y, sin embargo, le niegan el acceso a la defensa efectiva de su cliente. Mientras, adentro el defensor de oficio firma estar presente en las actuaciones y en la mayoría de las veces no da una asistencia efectiva a los detenidos. No obstante, se pueda apreciar que el expediente jurídico refleja una realidad aparente de respeto a los derechos del detenido, en realidad sólo se convalida la violación grave de los derechos humanos, insistimos, dando apariencia del cuidado de la legalidad.
¿Por qué, con todos estos mecanismos jurídicos que aparentemente servirían para abatir la delincuencia, el fenómeno no se ha logrado acabar? Padecemos una corrupción sistémica profundamente enraizada, hay tráfico de influencias e impunidad. A pesar de la reforma constitucional de junio de 2011que incorpora los derechos humanos de manera explícita, se establece el principio pro persona, y se han incorporado todos estos instrumentos para la protección de los derechos humanos. Además de la ratificación de instrumentos internacionales, no se ha podido erradicar la tortura, por el contrario esta se ha incrementado de manera exponencial.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta ley le dio funciones y competencias a las Fuerzas Armadas, a pesar de que no están preparadas ni capacitadas, ni tienen la intención de hacer un trabajo de investigación acorde a lo que establecen los marcos policiales. Además, los acuerdos de capacitación y formación de intercambio internacional entre ejércitos y policías, principalmente con Estados Unidos, para capacitar y entrenar en materia de tortura, son factores que hoy nos tienen en la más profunda crisis de derechos humanos en la historia de México. Es fundamental vigilar de qué manera se está formando a las fuerzas armadas y policiacas, porque por un lado les dan cursos de derechos humanos y por otro les dan cursos en técnicas de investigación y de interrogatorios “inteligentes” que no dejan huella de los tormentos que infligen.
La situación de los centros penitenciarios. Tenemos que erradicar la “bienvenida”, práctica invariable en la recepción de los detenidos con una andanada tumultuaria de insultos, vejaciones, golpes y amenazas con perros, con la finalidad de hacer sentir al recién llegado el régimen de rigor y poder del personal penitenciario. Es una sesión de tortura generalizada, agravada a la que son sometidas todas las personas que ingresan a penales federales.
También es frecuente la reclusión de las personas en lugares alejados a su origen y con ello se producen afectaciones sicoemocionales y económicas que colocan con frecuencia en la cuasi indefensión jurídica a las personas.
Se recuerda que a partir de la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Cefereso 1, El Altiplano, en el Estado de México el 11 de julio de 2015, se han intensificado las medidas disciplinarias en todos los centros penitenciarios, al grado tal que se están violentando los derechos humanos de los internos y se han incrementado de manera importante los traslados de una multiplicidad de presos, alejándolos aún más de sus lugares de origen y de los juzgados donde llevan sus procesos.
No obstante que sea facultad de las autoridades penitenciarias la realización de los traslados, esto no les da facultades discrecionales y que hacen que la pena sea trascendental porque se rompen los vínculos familiares y se favorece la indefensión jurídica. A pesar de que hoy existen las audiencias por videoconferencia en las diligencias judiciales, esto incrementa los gastos de defensa y traslado de familiares. No se disponen de cifras confiables, pero son muchos los presos que son atendidos por la defensoría de oficio y una gran mayoría va perdiendo el vínculo con familiares, algunos de ellos llevan años sin ser visitados.
El Comisionado James Cavallaro, en calidad relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y relator de país, realizó una visita de trabajo a México entre el 22 y el 24 de septiembre de 2015. La visita tuvo como objetivo monitorear la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en este país, y en boletín de prensa se destaca: según la información recabada por esta Relatoría, los reclusorios federales presentarían mejores condiciones físicas y más control, pero también un ambiente de extrema represión. En este sentido, se caracterizan por la utilización de prolongados regímenes de aislamiento, hasta por 23 horas al día, restricción de comunicación entre internos y graves dificultades para tener contacto con el exterior. En particular, la Relatoría recibió testimonios sobre los hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2015 en el Cefereso, cuando fuerzas federales de seguridad habrían ingresado y sacado de forma violenta a los internos de sus celdas, a fin de quitarles sus mini televisores y relojes personales. Esta situación, junto con otras inconformidades relacionadas con sus condiciones de detención como el prolongado encierro por 22 o 23 horas diarias en celdas que miden 2 por 3 metros en las que se encuentran dos o tres personas, habría dado pie a una huelga de hambre iniciada ese mismo día. La Comisión observa con preocupación lo manifestado por organizaciones de la sociedad civil, respecto de la falta de disponibilidad de información sobre esta cuestión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que en reclusorios federales y estatales en México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la custodia de las personas privadas de libertad, e imposibilidad de éstas para presentar quejas ante un órgano independiente que cumpla con los estándares de independencia e imparcialidad reconocidos. Asimismo, la Comisión observa que se presenta en gran medida un uso excesivo de la prisión preventiva y la inaplicación de medidas sustantivas. En particular, en la visita a los centros realizada por esta Relatoría se recibieron numerosos testimonios de personas cuyos casos habrían excedido ampliamente el límite constitucional de dos años para la aplicación de la prisión preventiva. La Relatoría también observó que las personas procesadas y sentenciadas compartirían las mismas celdas y se encontrarían en las mismas áreas comunes.
Adrián Ramírez López*
*Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, en este escrito a nombre de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la prisión Política: Actuar Familiares Contra la Tortura, Red de Alerta Temprana, Limeddh, Fundación Diego Lucero, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Observatorio Nacional de Prisiones México, Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos Cholollan, Artillería Visual. Movimiento Nacional Aquí Estamos, Derechos en el Mundo del trabajo, Bloque de Organizaciones Sociales Emiliano Zapata, UPVA 28 de octubre, Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto, Nuestra Voz Radio y Emisión Alterna, Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, y Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: SOCIAL]
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