Luisa María González/Prensa Latina
Las medidas del Consejo Europeo para resolver la crisis migratoria en el Mediterráneo hicieron honor a las consideraciones de altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes antes de la cita calificaron el plan previsto de antemano con una palabra: minimalista.
Poco antes de la reunión de jefes de Estado y gobierno, expertos de la ONU instaron al bloque europeo a priorizar la vida y los derechos humanos de los migrantes, así como a dar una respuesta más profunda que las acciones propuestas, consideradas minimalistas.
Necesitamos un enfoque integral centrado en la protección y los derechos de las personas, mediante el trabajo coordinado con las naciones de origen y el análisis de los factores que llevan a tan desesperados viajes marítimos, resaltaron.
El texto insistió que el combate frontal, por sí solo, no resolverá la crisis, y podría aumentar los riesgos y abusos que suelen sufrir los migrantes.
Sin embargo, las conclusiones de los líderes mantuvieron la misma línea prefijada en la propuesta de la Comisión Europea para combatir el creciente flujo de migrantes en el Mar Mediterráneo.
La reacción del viejo continente llegó luego de un naufragio en el que murieron 800 personas, hecho considerado la mayor tragedia de los últimos años.
Según la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, más de 1 mil 600 seres humanos fallecieron en el Mediterráneo en lo que va del año mientras intentaban llegar a las costas europeas.
Esta cifra contrasta con las de sólo 46 víctimas fatales registradas en igual periodo de 2014.
Como si la situación no fuese ya compleja, se espera que en los próximos meses el panorama se agrave, pues se acerca el verano, cuando las condiciones climatológicas son menos duras y muchas más personas deciden aventurarse al mar.
Para hacer frente a la problemática, la decisión de los líderes reunidos en Bruselas, Bélgica, fue reforzar los equipos de vigilancia fronteriza en las aguas y específicamente triplicar el presupuesto de la operación Tritón, que hasta ahora funcionaba con 2.9 millones de euros mensuales.
La resolución recibió duras críticas en tanto se considera insuficiente elevar el presupuesto sin cambiar la misión fundamental de Tritón, la cual debería dirigirse, principalmente, a rescatar embarcaciones en peligro y salvar vidas.
Grupos defensores de derechos humanos protestaron en las calles de Bruselas para reclamar que si el objetivo se reduce a vigilar las fronteras, los navíos permanecerán en las aguas limítrofes y no en alta mar, lo que reduce la capacidad de respuesta rápida ante cualquier emergencia lejos de las costas.
Sobre el asunto, Tusk justificó que el cambio no fue necesario en tanto “se trata de gestionar la frontera y de que en caso de una catástrofe, están obligados a actuar si es necesario”.
Otro punto que centró la atención de los jefes de Estado y gobierno fue lo relacionado con detener a los traficantes de personas, a los contrabandistas y en general el fenómeno de la inmigración ilegal.
Ante la cuestión, encargaron a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, preparar una misión civil –con un componente militar– encaminada a destruir embarcaciones empleadas por traficantes para trasladar los migrantes.
Al respecto, analistas y activistas alertaron que se trata de una medida de fuerza que, como advirtió la ONU, podría tener consecuencias contraproducentes.
Más allá de evitar tragedias, con ello más bien se busca evitar el arribo de los migrantes a las costas europeas, denunciaron.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estimó que destruir las naves no es la solución, y ello podría afectar al sector pesquero libio, pues son las mismas embarcaciones usadas para esta actividad.
“Acabar con los barcos no es la solución, hay que encontrar otras formas para acabar con los traficantes. La pesca en Libia es un recurso muy importante y si destruimos las barcas podríamos provocar un daño enorme a la economía”, sostuvo recientemente.
El Consejo Europeo decidió además desarrollar un programa de reubicación de los refugiados en Europa, en tanto los que no tienen la protección del asilo serán objeto de una política de retorno.
Todo parece indicar que poca resonancia tuvieron los pronunciamientos del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, que llamó a aumentar la cantidad de refugiados a acoger por el bloque cada año.
Martin Schulz puso el ejemplo del Líbano, que con una población de 5 millones acoge a 1 millón de refugiados sirios.
“Si se miran las cifras de Líbano y se aplican a Francia, serían 12 millones de refugiados sólo en Francia”, comentó.
También abogó por establecer un sistema de cuotas justo para repartir los refugiados en los diferentes Estados miembros y fomentar así la migración legal.
“Necesitamos inmigración legal a Europa. Esto significa que los Estados miembros deben acordar entre ellos un sistema de cuotas justo”, sostuvo.
Al explicar el desequilibrio en la distribución actual, mencionó que cinco países –de los 28 de la UE– reciben al 75 por ciento de los refugiados, en tanto nueve acogen al 95 por ciento.
Esa situación es insostenible, consideró, pese a lo cual los mandatarios callaron sobre la propuesta que podría, en cierta medida, ayudar a las personas a encontrar caminos seguros para la movilidad, sin la necesidad de arrojarse al mar en condiciones de extrema precariedad.
Sólo hubo unos pocos pronunciamientos como los del primer ministro británico, David Cameron, quien ofreció barcos y helicópteros para reforzar las misiones de patrullaje en fronteras, siempre que los rescatados no sean trasladados al Reino Unido.
Otro tema poco tratado –y casi eludido– fue el trabajo coordinado con las naciones de origen para actuar sobre las problemáticas que empujan a las personas a aventurarse al mar, entre ellas, las guerras y las crisis humanitarias registradas allí.
Luisa María González/Prensa Latina
[Sección: Línea Global]
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