Roma, Italia. El enfrentamiento entre policías y refugiados expulsados de una céntrica plaza romana donde se congregaron tras ser desalojados de un edificio vecino, evidenció falencias en el proceso de su integración a la sociedad italiana.
Los uniformados utilizaron chorros de agua y porrazos para dispersar a un centenar de migrantes, en su mayoría refugiados procedentes de Etiopía, Eritrea y Somalia, quienes resistieron la desocupación de la Plaza Independencia con el lanzamiento de piedras y botellas, según la versión oficial.
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Al menos cuatro personas fueron detenidas por la policía y otras 13 resultaron lesionadas, atendidas por operadores de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras.
La violencia empleada para controlar la situación el 24 de agosto quedó reflejada en lo expresado por uno de los policías a otro colega cuando dijo: “Estos deben desaparecer, peor para ellos. Si sacan cualquier cosa arráncales un brazo”, lo cual está siendo investigado por la fiscalía.
El autor de la frase resultó ser un dirigente quien, según el diario La Repubblica, explicó que tras concluir su turno de trabajo escuchó a través de la radio que sus hombres estaban en dificultad y decidió intervenir.
Aunque reconoció que “aquella fue una frase infeliz”, trató al mismo tiempo de justificarla al manifestar que “aislada tiene un sabor siniestro, pero es necesario contextualizarla” y agregó que respondía a un agente quien le contaba que él y otros colegas estaban siendo agredidos con piedras.
Una de las migrantes calificó de absurda la situación, porque son refugiados políticos, con documentos en regla, quienes lo único que piden es una casa donde vivir.
Por su parte, el portavoz de la representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Italia, Andrea Iacomini, protestó por el impacto sicológico negativo de la intervención sobre los niños.
“Hablamos de 800 personas con estatus de refugiados, sobrevivientes de guerras, persecuciones o torturas quienes, en algunos casos, obtuvieron la ciudadanía italiana, lanzadas a la calle en condiciones inhumanas, sin una alternativa sostenible real de parte del gobierno de Roma”, indicó según el diario La Repubblica.
Contra la violencia se pronunció el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolín, quien expresó que las imágenes del hecho “no pueden provocar otra cosa que desconcierto y dolor”, al tiempo que pidió no olvidar que esas mujeres, hombres y niños “son en estos instantes nuestros hermanos”.
En un sentido similar lo hizo el presidente del Centro Astalli, Camillo Ripamonti, quien señaló que el desalojo, sin ningún trabajo social previo ni soluciones para las necesidades de las personas, no puede ser la respuesta a un problema viejo y complejo como la falta de integración de tantos refugiados.
Como era fácilmente previsible –indicó– después de días de tensión la situación degeneró y se llegó al uso de la fuerza contra personas desarmadas y desesperadas, lo cual es una derrota para todos.
Añadió que la integración de los refugiados, en momentos en que el sistema de acogida de la capital se contrae fuertemente es un desafío difícil y costoso que no puede ser evadido con soluciones ilusorias rápidas y de emergencia.
El edificio desalojado estaba ocupado, a la vista de todos, desde 2013 en lo que el Centro Astalli describe como “uno de los asentamientos informales en los cuales grupos numerosos de titulares de protección internacional viven en la ciudad, en condiciones de grave marginalidad social y malestar”.
El choque causó polémica en el ámbito político con posiciones encontradas entre organizaciones rivales y al interior de ellas mismas.
Para el presidente del gobernante Partido Democrático, Matteo Orfini, no se puede seguir pensando en que “un drama social se pueda reducir a una cuestión de orden público”.
En un mensaje difundido a través de su cuenta en Facebook, Orfini expresó que eso no significa que se justifique todo y no se respete la legalidad, pero “para hacerlo es necesario seriedad, buen sentido y soluciones”, en una crítica evidente a la manera en que el gobierno municipal gestiona el fenómeno de la acogida de migrantes.
En defensa de la alcaldesa, Virginia Raggi, salió el vicepresidente de la Cámara de Representantes y candidato de hecho al cargo de primer ministro por el Movimiento 5 Estrellas, Luigi Di Maio, quien subrayó que “si un inmueble es ocupado ilegalmente tiene que ser desalojado” y agregó que el Estado tiene que hacerse respetar.
En declaraciones a un programa de televisión, Di Maio acusó al gobierno de gastar cinco mil millones de euros en la acogida a inmigrantes y sin embargo “no es capaz de hallar un alojamiento digno para los refugiados con derecho a permanecer en Italia”.
En sentido contrario se pronunció su compañero de partido y también diputado Roberto Fico, quien manifestó su desacuerdo con la intervención policial, al enfatizar que no se siente representado por un Estado que desaloja así un edificio habitado por niños, mujeres y hombres con el estatus constitucional de refugiados.
El drama en que viven esos inmigrantes en la capital italiana lo describió una de ellas al diario Corriere della Sera cuando afirmó que “nos dan documentos como refugiados, pero después no hacen nada para ayudarnos, nos echan como animales, pero nosotros queremos vivir como todos los demás, como personas normales”.
Hacemos esto –dijo– porque no tenemos otra alternativa, “en otros países te enseñan la lengua, un trabajo, te echan una mano, (pero) en Italia no hay nada de eso”.
Por su parte, el jefe de la policía italiana, Franco Gabrielli, expresó que el enfrentamiento se pudo evitar con la implementación a tiempo de alternativas a la ocupación ilegal de inmuebles.
En entrevista publicada por La Repubblica, el funcionario advirtió que “la gravedad de lo sucedido en la plaza no puede devenir un pretexto para encubrir otras responsabilidades igualmente graves” de quienes consintieron que personas como esas vivieran en condiciones infrahumanas en el centro de la capital.
Gabrielli recordó que hace 2 años, cuando era todavía jefe de la policía de Roma, diseñó con el entonces comisario extraordinario, un mapa de ruta para encontrar opciones a las ocupaciones ilegales de inmuebles, porque ese asunto “no se resuelve con desalojos, sino encontrando soluciones alternativas”.
El sistema italiano de acogida de inmigrantes está diseñado para garantizar, al menos teóricamente, la inserción social de los migrantes con derecho a permanecer en el país, mediante los mecanismos establecidos y financiados por el gobierno, pero gestionados por la administración de cada territorio.
Las estructuras donde se supone se produzca ese proceso de acompañamiento durante un período de seis meses, prorrogable por otro igual, son los Sistemas de Protección para Solicitantes de Asilo y Refugiados (Sprar).
En esos centros, los migrantes deben recibir la asesoría y acompañamiento para aprender el idioma, calificarse y orientarse con vistas a lograr la integración plena a la vida económica y social del país.
Sin embargo, no siempre resulta así por falta de capacidad de esas instalaciones o negligencia en su gestión y en muchas ocasiones, los inmigrantes terminan deambulando por las calles, viviendo a la intemperie, sin empleo ni proyecto de vida y mucho menos una vivienda digna a partir de la cual mirar hacia el futuro.
En 2016 arribaron a costas italianas un total de 181 mil 436 inmigrantes, tras ser rescatados en el Mediterráneo central, de los cuales 123 mil solicitaron protección internacional.
Al cierre de ese mismo año el número de inmigrantes presentes en el país ya sea en condición de refugiados o solicitantes de asilo ascendió a 176 mil 554, de los cuales 137 mil 218 se encontraban en alguna de las facilidades temporales de alojamiento, incluyendo sólo 23 mil 882 en los Sprar.
El resto de los refugiados y solicitantes de asilo fueron enviados a los Centros de Acogida Extraordinaria donde, como señala la Asociación Centro Astalli, no siempre cuentan con el mismo nivel de servicios enfocados hacia la integración, ni prevén una involucración directa con las comunidades en las cuales se encuentran.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, en Italia existían 50 mil 724 personas sin techo en 2015, unas 3 mil más que en 2011, el 58 por ciento de los cuales eran extranjeras. El 38.9 por ciento del total se concentraban en Milán y Roma, con 12 mil 4 y 7 mil 700, respectivamente.
Los datos oficiales más recientes indican que en Roma existen alrededor de 3 mil inmigrantes en 110 edificios ocupados ilegalmente que deben ser desalojados, además de otros 8 mil 600 residentes en diferentes estructuras del sistema nacional de acogida, incluyendo 3 mil 28 en los Sprar del territorio.
Los criterios manejados por las autoridades para sacar a los inmigrantes de los edificios son tres según la prefecta capitalina, Paola Basilone: a) riesgos para la integridad de sus ocupantes por problemas estructurales; b) disposiciones de decomiso preventivo; y c) reclamos de sus propietarios por razones económicas.
En cualquier caso, tras varios días de tensión, el Ministerio del Interior decidió detener los desalojos hasta tanto se garantice de antemano una alternativa de alojamiento para los inmigrantes, en cada caso. De esta manera, si bien no se resuelve el problema, por lo menos se evitan nuevos enfrentamientos.
Frank González/Prensa Latina
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
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