El gobierno de Morelos que encabeza el perredista Graco Ramírez subejerció 84 millones 407 mil pesos y desfalcó 34 millones 474 mil del dinero que le fue transferido, en 2014, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, por 176 millones 327 mil, revela la Auditoría Superior de la Federación.
Al cierre de 2014, el monto subejercido –que ascendió al 47.9 por ciento del total de las transferencias– afectó los 14 programas con prioridad nacional en materia de seguridad pública a los que les fueron etiquetados recursos del Fondo. En total, son 17 programas con prioridad, pero a tres no se les asignó dinero federal.
El millonario subejercicio se dio en medio de la crisis de seguridad que enfrenta la entidad y se extendió hasta 2015. Según la auditoría financiera con enfoque de desempeño 14-A-17000-14-1589, al 31 de agosto del año pasado el gobierno morelense aún no ejercía 58 millones 715 mil pesos del presupuesto anterior.
Esos recursos habrían servido para enfrentar el contexto de violencia que padece la entidad: en 2014 se denunciaron 48 mil 540 delitos en Morelos, indica el mapa de incidencia delictiva nacional elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La incidencia delictiva se refiere al número y tipo de presuntos delitos cometidos en una entidad o municipio según consta en una averiguación previa o carpeta de investigación, explica la información del Secretariado.
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Alma Esqueda García, responsable de la oficina en Morelos de la asociación civil Cauce Ciudadano, opina que el problema de la inseguridad se visibilizó a partir del asesinato de la alcaldesa de Temixco Gisela Mota, ocurrido el pasado 2 de enero.
“El asesinato de Gisela Mota evidentemente lo puso en el foco de la atención, sobre todo por las fechas y porque era una persona que recientemente había ingresado a ese espacio, pero el clima de inseguridad ya venía manejándose de esa manera en Morelos en general y especialmente en municipios como Cuernavaca, Cuautla, y todos los conurbados a Cuernavaca.”
Las estadísticas para los delitos de alto impacto social generadas por esa institución detallan que en 2014 la entidad registró 416 homicidios dolosos, 115 secuestros, 357 extorsiones, 1 mil 127 robos de vehículo con violencia y 2 mil 412 robos de vehículo sin violencia.
En lo que va del gobierno de Graco Ramírez –de enero de 2013 a enero de 2016–, las autoridades de Morelos han registrado 550 homicidios dolosos, 299 secuestros, 939 extorsiones, 4 mil 110 robos de vehículo con violencia y 7 mil 917 robos de vehículo sin violencia, indica la información del Secretariado. Aunado a lo anterior, se han registrado 92 desapariciones del fuero común y 15 del fuero federal.
Para Alma Esqueda, “lo que se ha venido dando es el tema de secuestros de mujeres jóvenes, que es en lo que se ha visto un aumento. De hecho ha habido casos de jóvenes en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Morelos quienes han sido víctimas de estas situaciones. Eso ha venido pasando y se ha venido incrementando en estos últimos meses; en el último año”.
Los 176 millones 327 mil pesos que el gobierno de Morelos recibió del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en 2014 se etiquetaron a favor de 14 programas con prioridad nacional en esa materia. Todos registraron subejercicios.
El caso más dramático fue el programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres: aunque éste tenía asignados 15 millones 34 mil 800 pesos, no recibió un solo centavo. Ni siquiera al cierre de la auditoría, el 31 de agosto de 2015, se le había transferido el recurso.
Por monto subejercido, le sigue el programa Fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia. Su presupuesto etiquetado en 2014 ascendía a 21 millones 932 mil 500 pesos, pero al cierre de 2014 sólo recibió 7 millones 584 mil 900. El faltante ascendió a 14 millones 347 mil 600 pesos.
En tercer lugar se localizó el programa Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, que a pesar de tener etiquetado un presupuesto de 14 millones 576 mil 200 pesos sólo recibió 999 mil 300. Al 31 de agosto del año pasado aún no recibía más recursos, por lo que el subejercicio fue de 13 millones 576 mil 900.
Le siguió el Nuevo Sistema de Justicia Penal: tenía asignados 14 millones 500 mil pero se le transfirieron únicamente 6 millones 680 mil 200 pesos. Luego, el programa Implementación de los Centros de Operación Estratégica, cuyo presupuesto era de 8 millones 934 mil 100 pesos pero al cierre de 2014 sólo ejerció 3 millones 433 mil 500 pesos.
La Red Nacional de Comunicaciones tampoco gastó el monto total que le fue etiquetado, por 32 millones 340 mil pesos: al 31 de diciembre de 2014 había erogado 27 millones 182 mil pesos.
Las negligencias en el ejercicio del gasto también alcanzaron el programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, cuyo presupuesto etiquetado era de 10 millones 804 mil pesos de los cuales sólo recibió 5 millones 795 mil.
Los otros programas afectados por los subejercicios fueron: Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089, con un presupuesto de 17 millones 405 mil 500 pesos y un subejercicio de 4 millones 857 mil 400; Genética Forense, con un presupuesto que en todo 2014 no ejerció, por 3 millones 949 mil 300 pesos; Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional, con recursos etiquetados por 6 millones 469 mil 600 pesos y subejercicio por 3 millones 243 mil pesos.
Además, la Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro con un presupuesto etiquetado de 6 millones 755 mil 400 pesos y un subejercicio de 3 millones 96 mil 400; el Sistema Nacional de Información (bases de datos), con presupuesto de 20 millones 305 mil 700 pesos y subejercicio de 1 millón 606 mil 400 pesos; la Evaluación de los Distintos Programas o Acciones, que en todo el año no recibió su presupuesto etiquetado por 1 millón 200 mil pesos; y el Registro Público Vehicular, con un presupuesto de 2 millones 120 mil pesos y un subejercicio de 80 mil 600 pesos.
Los tres programas a los que definitivamente no se les asignaron recursos federales, a pesar de ser considerados en la lista de los que tienen prioridad nacional, fueron Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Huella Balística y Rastreo Computarizado de Armamento y Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
El doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México Óscar Enrique Díaz Santos opina: “El problema de los subejercicios es que muchas veces la gente que hizo el presupuesto lo hizo mal, ésa puede ser una razón. Y a la hora de gastarlo no saben cómo. La otra es que no estén comprando lo que debieran comprar: armamento, toletes, chalecos, patrullas”.
Agrega que: “Si se hizo bien el presupuesto y se da el subejercicio, entonces hay un problema en la seguridad [pública]”. Para el especialista en el ejercicio del gasto público, esto es lo que pasa casi en todo el país: “Los cuerpos policiacos se quejan de que no tienen suficiente equipo, que la delincuencia organizada tiene más equipo que ellos”.
Por ese dinero que no se está ejerciendo, indica, no se está dando una seguridad a tope.
Los subejercicios no fueron las únicas irregularidades en las que incurrió el gobierno de Graco Ramírez respecto de los recursos federales para seguridad pública.
De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2014, la entidad habría dañado patrimonialmente a la hacienda pública por 34 millones 474 mil pesos. El monto representa el 29.3 por ciento de los 117 millones 611 mil pesos que ejerció del Fondo entre enero de 2014 y agosto de 2015.
De ese total que habría constituido perjuicios contra el erario, 18 millones 580 mil pesos correspondieron a las partidas “Ampliación de canales para repetidor digital troncalizado (a 8,12,16)”, “Repetidor de radiocomunicación”, “Terminal digital móvil” y “Terminal digital portátil” (sic). Según los auditores, el contrato se adjudicó de manera directa sin contar con un dictamen que fundara y motivara la excepción a licitación pública.
Por si eso no fuera poco, la entidad no acreditó haber recibido los bienes y servicios, ya que no contó con el acta entrega recepción, bitácoras ni reportes de los servicios pagados.
Un segundo daño patrimonial se registró en la Secretaría de Hacienda del estado. Ésta abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de la cual hizo traspasos a otras cuentas del estado por 5 millones 689 mil 500 pesos, de los cuales no proporcionó evidencia de la documentación comprobatoria, aclaratoria y justificativa.
De acuerdo con los auditores, la Secretaría de Hacienda estatal también es responsable de no transferir el presupuesto que le correspondía a cada ejecutor del gasto, una vez recibida la ministración correspondiente del Fondo.
Otro desfalco ascendió a 4 millones 306 mil 848 pesos y consistió en el pago de servicios de mantenimiento, los cuales no ha podido acreditar la entidad, pues entre otras cosas no cuenta con las bitácoras correspondientes.
La supuesta compra de un vehículo blindado por adjudicación directa también figura en los presuntos daños patrimoniales cometidos por el gobierno de Morelos. En este caso, los auditores indican que aunque el gasto –que ascendió a 3 millones 659 mil pesos– sí se realizó, la entidad federativa no acreditó la entrega del bien mediante el acta de entrega recepción ni la existencia del mismo.
La compra de armas también fue cuestionada por el máximo órgano de fiscalización. Según la Auditoría, al 31 de agosto de 2015 se pagaron 3 millones 6 mil pesos en la partida “Materiales de Seguridad para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal”.
Sin embargo, en las actas de entrega y recepción de material sólo se comprobó la existencia del armamento por 1 millón 804 mil 200 pesos: la entidad no contó con evidencia documental ni física por 1 millón 201 mil 800 pesos.
Finalmente se registró un sexto daño patrimonial por 1 millón 37 mil 100 pesos, correspondiente a un pago para la construcción de un centro de capacitación dentro de las instalaciones del cuartel de Alpuyeca. De este gasto, la entidad no contó con la documentación comprobatoria.
Además, indica la ASF, la obra se realizó mediante adjudicación directa sin contar con el dictamen que justificara y motivara la excepción a la invitación a cuando menos tres personas.
Por su condición de vulnerabilidad, los jóvenes pagan la factura de la inseguridad que se vive en Morelos.
Al respecto, Alma Esqueda opina: “Por un lado, el quedarse encerrados en sus casas es algo que ha pasado: disminuir la convivencia, disminuir la sociabilidad que puedan tener en espacios reducidos por estas situaciones. Por otra parte, ellos o sus familias están siendo partícipes de algún tipo de delito y por consiguiente también están en contacto directo con estas situaciones, normalizándolas o participando de ellas”.
Para la realización de este trabajo se solicitó entrevista con el comisionado de seguridad pública de Morelos, Jesús Alberto Capella –a través de Tania Mendoza, funcionaria del área de Comunicación Social–, sin contar aún con respuesta.
Nancy Flores
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS]
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