Mujeres, botín de guerra en México y América Latina

México y otros países de América Latina viven una “guerra de baja intensidad”, señala estudio del BID. En este conflicto no declarado, las principales bajas son mujeres. La mortandad femenina tiene alcances de “epidemia”.

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“La violencia contra la mujer tiene niveles de epidemia en la región, y sin embargo parecería invisible”, señala el informe Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe. Desafíos e innovación en gestión y políticas públicas en los últimos 10 años, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

“Una de cada tres mujeres en la región ha experimentado algún tipo de violencia física o sexual en algún momento de su vida. Atender esta situación es urgente y requiere una respuesta integral de las autoridades y de la sociedad, que incluya la provisión de mejores servicios de prevención y atención”, agrega el informe fechado en noviembre pasado.

Y es que América Latina se ha convertido en la región del mundo con la mayor tasa de homicidios. Las mujeres constituyen el mayor número de víctimas.

Con el estudio coinciden investigadores: aunque no se señale, el mayor número de bajas de la llamada guerra contra el narcotráfico son mujeres. Es decir, sea delincuencia organizada o común, y sean asuntos de seguridad pública o nacional, la mayoría de las víctimas son del sexo femenino.

Vivimos en una sociedad machista, discriminatoria, donde las mujeres no tienen valor humano. Son consideradas objetos, mercancías. Ésa es la principal explicación del porqué hoy aún no se puede detener la violencia que acaba en feminicidios, señala la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza, en entrevista con Contralínea.

La también socióloga y maestra en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) señala que las mujeres están padeciendo desde la violencia doméstica hasta la eliminación física, pasando por la trata de personas. “Las mujeres son llevadas a otro país, son explotadas sexualmente, obligadas a la venta de drogas… Y nos preocupa porque las mujeres en esta guerra contra el narcotráfico son las que más están sufriendo”.

Y es que las mujeres son parte del botín, explica el sociólogo y politólogo Valeriano Ramírez Medina. El investigador adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM agrega que en una sociedad machista la mujer es parte del patrimonio del hombre.

“Y cuando llegan los ataques [entre delincuentes], no llegan a la calle. La masacre es pareja. Matan mujeres que no tienen vínculo con el crimen organizado salvo ser pareja de alguno de los involucrados. Muchas mujeres han sido violadas, muertas… incluso encarceladas sin juicio y sin pruebas, simplemente por estar en el hogar en el que vive el que tiene la droga o el sicario o el capo, señala el investigador en entrevista con Contralínea.

“El problema es que en la ‘filosofía’ del narco la mujer sigue siendo parte de su patrimonio. Y al considerarla como parte de su patrimonio, también es parte del botín. Cuando se reparten los bienes del narco, se reparten sus joyas, carros, todo… pues también las mujeres porque lo consideran parte de su patrimonio.”

El informe del BID documenta una guerra no declarada que han vivido varios países de la región desde hace un par de décadas. No se trata de conflictos eminentemente políticos, como los que se vivieron en otro tiempo con las guerrillas que buscaban hacer la Revolución, un cambio social o la transformación de los Estados.

“América Latina y el Caribe viene librando una guerra de baja intensidad, pero de alta mortalidad y de exorbitantes costos económicos, sociales y políticos. Pese a que la región no registra conflictos armados activos, ostenta altos niveles de violencia con la tasa de homicidios más alta del mundo”. Se refiere a 22.3 por cada 100 mil habitantes frente a los 5.3 por cada 100 mil habitantes del promedio mundial.

Además de las mujeres, el otro sector más violentado en los países de América Latina y el Caribe es el de los jóvenes.

“La violencia hace especialmente vulnerables a los jóvenes, quienes tienen más probabilidades de ser víctimas de delitos y están más expuestos a caer en redes criminales por su alta participación en delitos violentos.”

La violencia que asola a la región no sólo se traduce en alta mortandad de mujeres y jóvenes. “A la pérdida de vidas humanas se suma el costo económico, que se estima en promedio del 3 por ciento del PIB de la región”, cifra que representa dos veces lo estimado para los países desarrollados.

“Estas condiciones han creado un estado de alarma social al punto que se calcula que el 43 por ciento de la población siente constantemente temor a ser víctima de un delito, y la seguridad pública se ha convertido en una de las preocupaciones que más aqueja a los ciudadanos.”

Ramírez Medina, doctor en estudios políticos y sociales, explica que los saldos mortales entre las mujeres no sólo son responsabilidad de los delincuentes. El especialista señala la responsabilidad de las autoridades: “Por eso la invisibilización es permanente: porque a la mujer no se le ve como sujeto, sino como objeto. Y en tanto se siga viendo a la mujer como objeto, va a seguir pasando esto”.

En este sentido, las mujeres son los “daños colaterales” que, en el caso de México, las administraciones anteriores estuvieron dispuestas a pagar. “Ése es el problema –señala Valeriano Ramírez–, que se les vea como un problema colateral, un daño colateral, no como un daño central. Es lo que tendríamos que empezar a analizar. La sociedad tiene que empezar a ver que las mujeres son parte de esta dinámica en donde se han convertido en víctimas”.

La victimización de las mujeres pasa por hacerlas invisibles incluso en las estadísticas. Generalmente las cuentas que se llevan de los asesinatos que se han cometido se pueden desglosar por lugar, fecha y edades de las víctimas, pero no por sexo. Lo mismo ocurre con otros de los delitos llamados de “alto impacto”, como las violaciones y los secuestros.

“No son visibles. Ya ni siquiera en las estadísticas. Pero la mayor parte de las víctimas hoy son mujeres”, señala Ramírez Medina. A decir del investigador, se han ocultado los datos para no aceptar la responsabilidad de las propias autoridades.

Coincide Estrada Mendoza, quien además de coordinar el OCNF también es coordinadora del área de Violencia de Género de Católicas por el Derecho a Decidir. “Es preocupante seguir minimizando el problema de los asesinatos y decir que las mujeres que asesinaron y quemaron son de la delincuencia organizada, del narcotráfico.

“Cuando revisamos los expedientes, vemos que nunca se investiga. El asunto es vincularlas, incriminarlas, criminalizarlas, cuando nosotros vemos cómo son captadas, son involucradas y obligadas. Tenemos casos en que a niñas y a jóvenes las obligan a la venta de drogas. No tienen opción, de lo contrario las acaban violando y matando. Son escenarios mucho más complejos que la autoridad minimiza.”

Señala que de las 18 declaratorias de alerta de género en el país, al menos en nueve estados la autoridad no está investigando los casos de asesinatos de mujeres como feminicidios. Todo por presiones de los grupos del narcotráfico.

En entrevista con Contralínea Estrada Mendoza, especialista en estudios de la mujer por el Colegio de México, señala que para la autoridad es más fácil minimizar el problema y decir que las mujeres no son discriminadas.

“La autoridad ya tiene identificadas las zonas de riesgo donde se llevan a las mujeres. Muchas autoridades están involucradas en la delincuencia. De otra manera no se entiende que si ya se tiene las zonas ubicadas donde operan los grupos delictivos, incluso se sabe el modus operandi, no actúen y dejen que los delitos se sigan cometiendo y que siga habiendo víctimas de violación, desaparición y feminicidio”.

Dos paradigmas fracasados y uno por aplicarse

El documento del BID, por su parte, analiza los paradigmas con los que los países de la región han enfrentado la inseguridad y la delincuencia. Explica el fracaso de los dos modelos que prevalecieron durante las últimas décadas y las dificultades para instaurar uno nuevo basado en el respeto a los derechos humanos.

“La transformación de la calidad del servicio y la manera como la policía se relaciona con los ciudadanos empiezan por la inversión en capital humano”, sentencia. “Una mejor formación y especialización de la policía dignifica el trabajo de los servidores públicos y moderniza el perfil de estas instituciones para garantizar mejoras a largo plazo”.

Tres paradigmas se han aplicado en América Latina en materia de seguridad. El primero es llamado en el estudio “Sálvese quien pueda”. Tiene como principal característica “una actitud de indiferencia y negación por parte de los organismos públicos frente al problema de la violencia y el delito”. Bajo este paradigma se promovieron soluciones de tipo privado e individual. Crecieron de manera vertiginosa los servicios privados de seguridad y el armamentismo civil.

Bajo esta “política” ocurrió un “cambio acelerado en el perfil urbanístico de muchas ciudades en las que la segregación social de espacios propició la desigualdad en el acceso a servicios de calidad –entre ellos el de la seguridad–, según la capacidad adquisitiva de cada quien”.

El documento no lo dice, pero por las características enlistadas, este paradigma estuvo vigente, en el caso de México, durante los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

El segundo paradigma es identificado como el de la “mano dura”. Se explica que ante la gravedad del problema y la “alarma social” que por ello se generó, este nuevo paradigma se inspiró en el “populismo punitivo”. Privilegió la adopción de medidas punitivas en tres ámbitos: legislativo, administrativo, judicial y comunitario.

En el plano legislativo se promovieron nuevos tipos penales, se amplió la aplicación de penas privativas de libertad e, incluso, en algunos países se disminuyó la edad de responsabilidad penal. En el plano administrativo, se crearon nuevas unidades especiales de policía y se incorporó a las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad pública.

También se instalaron retenes que impidieron la libre circulación de las personas. Mientras, en materia judicial se intensificó el recurso de la prisión preventiva y el criterio de imponer penas más drásticas. Lo anterior derivó en saturación de las cárceles y las consecuentes condiciones de hacinamiento y violación de derechos humanos. Finalmente en el plano comunitario se extendió el vigilantismo, con la aparición de autodefensas y los actos de “justicia por mano propia”.

La descripción de este “paradigma de la mano dura” parecería señalar lo que ha ocurrido en México desde el sexenio del panista Felipe Calderón y que con apenas unas variantes siguió Enrique Peña Nieto.

El documento consigna que este paradigma fracasó no sólo por no haber abatido los índices de criminalidad, sino porque distorsiona los mercados laborales, reduce el bienestar de la infancia y, entre otras consecuencias, socava la participación cívica y política.

“Los beneficios de políticas como Mano Dura son superados por sus costos, ya que después de su implementación las tasas de homicidio experimentaron reducciones y posteriormente se dispararon al alza. Estas políticas socavan la voluntad de los ciudadanos de denunciar el delito, generando impunidad para la actividad delictiva.”

Un tercer paradigma propuesto por el estudio es el de Convivencia Ciudadana y Prevención. Se trata de un enfoque en el que se privilegian los derechos humanos. Asume que la violencia y el delito son resultado de causas múltiples. Por ello, las estrategias para abatir estos índices deben ser integrales y multisectoriales.

El documento explica que, además de privilegiar el respeto irrestricto a los derechos humanos de las víctimas y de los ofensores, este paradigma defiende el respeto a los principios del estado de derecho.

Define a la seguridad ciudadana como “la capacidad de los Estados, en asociación con el sector privado, los particulares, la academia y las asociaciones comunitarias, vecinales y ciudadanas, de proveer y coproducir un marco de protección de la vida y el patrimonio de los individuos, que les permita a los ciudadanos convivir pacíficamente, sin miedo en aras de alcanzar una mejor calidad de vida”.

Para que un país pueda adoptar este último paradigma debe hacer frente a cuatro desafíos, según el documento. Estos son: integralidad, multisectorialidad, rigurosidad y sostenibilidad y escalabilidad.

En el estudio del BID se establece por integralidad las “estrategias articuladas que promuevan una visión compartida del problema y de los principios orientadores, aunque cada actor tenga capacidades e intervenciones diferenciadas”.

Por multisectorialidad: “estructuras organizadas que faciliten la coordinación y cohesión interinstitucional entre autoridades nacionales, estatales y municipales”. También se refiere a la “organización y capacitación de la sociedad civil e integración del sector privado”.

Con respecto de la rigurosidad, el estudio se refiere a la fiabilidad de la información y las estadísticas; la profesionalización del personal, y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Finalmente, al hablar de “sostenibilidad y escalabilidad”, el documento se refiere a tres condiciones: “efectivo liderazgo de la sociedad civil”; “mecanismos de financiamiento permanentes”, y “diseño y planificación, evitando la trampa de la experiencia piloto”.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no rompe totalmente con el modelo de la Mano Dura, explica Ramírez Medina. Sí habla el nuevo gobierno de atender las causas de los fenómenos delictivos y de no utilizar a las Fuerzas Armadas contra la población. Pero, por otro lado, crea una Guardia Nacional con elementos castrenses para hacerse cargo de la seguridad. De nueva cuenta, es insistir en un modelo que ya fracasó, expone el académico.

Considera un acierto combatir la corrupción, pues está documentada la vinculación entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico. “Sí es importante romper estar relación y atacarla de manera seria. Lo primero que se tiene que hacer es limpiar la casa. La Guardia Nacional es una alternativa, pero el problema es que el Ejército no está para poner el orden. El soldado está entrenado para atacar, eliminar. No para para detener ni para prevenir. El Ejército va a una batalla. La policía va a un operativo.”

Por su parte María de la Luz Estrada señala que lo primero que puede hacer la nueva administración federal es procurar la claridad en los datos. “Vemos cómo un delito que se ha venido incrementando es el de la violencia sexual: mujeres que son violadas por la delincuencia. Se salvan de ser asesinadas pero son violadas y nunca detienen a los criminales. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y tengo mis reservas con respecto de cómo manejan los datos, de enero de 2017 a junio de 2018 se registraron 18 mil 295 caso de violación, pero no dicen quiénes son las víctimas. Nosotras estimamos que más del 98 por ciento son mujeres”.

Señala que la nueva estrategia de seguridad debería incorporar una visión de género. Debe construir una Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) eficaz y con mayores facultades.

“El mecanismo de la alerta de género es uno de los importantes en materia de violencia contra las mujeres. La instancia que lo opera es la Conavim, que está en un proceso de restructuración, pero no sabemos de qué tipo. Necesitamos en verdad una rectoría en la que las medidas de seguridad, de justicia y de prevención que emanan de las alertas se evalúen”.

Zósimo Camacho

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