Amantha Perera*/IPS
Bali, Indonesia. Las estadísticas cuentan la historia: en algunas partes del mundo mueren cuatro veces más mujeres que hombres cuando hay inundaciones. Y algunas veces, tienen 14 veces más probabilidades de perder la vida en desastres naturales.
Un estudio realizado por la organización humanitaria Oxfam en 2006 concluyó que murieron cuatro veces más mujeres por el tsunami que sacudió a Asia en 2004. Y en Sri Lanka, de hecho, ellas representaron dos tercios de las 33 mil personas que fallecieron o desaparecieron.
Según una evaluación del Banco Mundial, dos tercios de las casi 150 mil personas que murieron en Birmania en 2008, durante el ciclón Nargis, eran mujeres.
Además, para la población femenina también es particularmente duro el periodo posterior a un desastre ambiental, cuando debe hacer frente a las malas condiciones sanitarias, a las varias privaciones y dedicarse al cuidado de los niños.
Las mujeres desplazadas por eventos climáticos también son las más vulnerables a la violencia y a los abusos, como quedó documentado en el Plan Internacional para la sequía que aquejó Etiopía en 2010, cuando mujeres y niñas debían caminar largas distancias en busca de agua y sufrían agresiones sexuales.
En los contextos posteriores a un desastre, la alimentación de la familia suele recaer en las mujeres, y muchas se ven obligadas a ocuparse del sustento del hogar cuando los hombres emigran en busca de trabajo.
El esquema se repite en cada crisis ambiental que haya en el mundo.
Un informe publicado en marzo por el Fondo Global Greengrants (GGF, por su sigla en inglés), la Red Internacional de Fondos de Mujeres y la Alianza de Fondos concluyó que “las mujeres en todo el mundo son particularmente vulnerables a las amenazas del cambio climático”, pero tienen menos probabilidades de recibir recursos para recuperarse, adaptarse o protegerse de los peligros de desastres ambientales.
Elaborado tras la Cumbre sobre Mujeres y Cambio Climático, realizada en agosto de 2014 en la isla indonesia de Bali, donde se reunieron unos 100 activistas y especialistas, el documento revela “que sólo 0.01 por ciento de los fondos destinados a proyectos de apoyo se vuelcan a iniciativas que cubran los derechos de las mujeres y el cambio climático”.
Hay un gran déficit de fondos, aseguran especialistas, justo cuando la comunidad internacional redobla sus esfuerzos para lidiar con el cambio climático, que cada año cobra mayor urgencia.
La investigación de la organización Germanwatch concluyó que entre 1994 y 2013, “más de 530 mil personas murieron como resultado directo de unos 15 mil eventos climáticos extremos, y las pérdidas [en el mismo lapso] ascendieron a casi 2.2 billones de dólares”.
“La mayoría de los financiadores carecen de programas o de sistemas adecuados para ayudar a las mujeres con soluciones climáticas. Los hombres reciben muchos más fondos para iniciativas climáticas porque [los donantes] tienden apuntar a esfuerzos públicos y de mayor escala, mientras los proyectos para mujeres suelen ser más locales y menos visibles”, concluye el informe de GGF.
“El nuevo informe es una guía para los contribuyentes sobre cómo identificar y priorizar proyectos para que las mujeres puedan salir de situaciones peligrosas”, explica a Inter Press Service (IPS) el director ejecutivo de GGF, Terry Odendahl.
En un intento por conectar a los donantes con las mujeres que trabajan en su propia comunidad, la cumbre de Bali reunió a activistas y organizaciones que entregan unos 3 mil subsidios al año en 125 países por unos 45 millones de dólares.
La idea de la cumbre fue que las experiencias y las ideas de las mujeres de base marcaran la agenda de los donantes.
Entre las muchas prioridades se destaca la necesidad de aumentar la participación femenina en la toma de decisiones a escala local, nacional e internacional, atender las amenazas climáticas más urgentes que afectan a las mujeres rurales y reconocer su capacidad inherente, en especial de las indígenas y campesinas, para frenar las emisiones de gases invernadero y proteger ambientes sensibles.
“Las mujeres ahora prácticamente tienen que gritar para que las escuchen”, dice a IPS la activista Aleta Baun, de la isla indonesia de Timor occidental, quien ganó en 2013 el Premio Ambiental Goldman por organizar la protesta de una comunidad en un sitio de extracción de mármol en bosques protegidos en el monte Mutis.
Su incansable trabajo de décadas le valió un gran reconocimiento, pero también la expuso a varios peligros. Ella recuerda que hace 10 años, cuando recibió amenazas de muerte, no tenía una red de apoyo, ni local ni internacional, a la cual recurrir en busca de ayuda.
Instrumentos como el informe de GGF pueden servir para acortar la brecha y conectar actores y organizaciones que funcionan por separado.
Un ejemplo es el posible proyecto entre el Fondo de Acción Urgente y el Instituto Samadhana de Indonesia, para mapear el impacto de las amenazas contra defensoras del ambiente, las que registraron un perturbador aumento en la última década.
Un estudio de Global Witness, Ambiente mortal, que analiza los ataques contra defensores de los derechos a la tierra y activistas ambientales, concluyó que entre 2002 y 2013, por lo menos, 903 personas dedicadas a esas actividades fueron asesinadas, un número comparable a los periodistas fallecidos en el mismo lapso.
Como las defensoras del ambiente suelen concentrarse en asuntos locales y trabajar a escala comunitaria, los peligros a los que están expuestas no están bien documentados.
Para alguien como Baun, quien sufrió múltiples amenazas de muerte y por lo menos una de violación en grupo, tanto la generación de conciencia como la distribución de fondos llegan con lentitud.
“Sufro esto desde hace 15 años, y recién ahora la gente comenzó a darse cuenta. Pero por lo menos se dan cuenta, es mucho mejor que el silencio”, reconoce.
Amantha Perera*/IPS
*Traducción de Verónica Firme
[Sección: Línea Global]
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