La presencia en México de al menos 45 ejércitos privados y grupos paramilitares al servicio de los cárteles del narcotráfico, constituyen la mayor amenaza para la seguridad nacional y la pérdida de soberanía en varias regiones del país.
“Nunca como ahora la violencia asociada a estos grupos ha tenido las repercusiones para la seguridad y el desarrollo del país, donde uno de los efectos perversos de las políticas adoptadas fue haber confundido las agendas de la seguridad pública y de seguridad interior”, asegura el coronel de infantería Diplomado del Estado Mayor, Jesús de Miguel Sebastián, del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (IIEAM).
“El ataque frontal del Estado a los cárteles, unido a la contención del tráfico de drogas del sur hacia el norte, dio lugar a una balcanización de estos grupos criminales, de manera que se estima que actualmente hay 45 grupos armados relacionados con el narcotráfico”, subraya. Y agrega que, si se suman a los grupos guerrilleros y otras manifestaciones como los grupos anarquistas insurrectos, en conjunto representan una clara amenaza a la seguridad nacional.
En su análisis ¿Son los grupos armados una amenaza a la seguridad nacional?, publicado por el IIEAM, advierte que así como las amenazas globales a la seguridad de los Estados, como el terrorismo y el crimen organizado se encuentran profundamente interconectadas, a pesar de las profundas diferencias en su naturaleza, objetivos y procedimientos, en México la confluencia de diversos grupos armados representan un grave riesgo para la seguridad del país.
El especialista explica las diferencias y coincidencias entre los cárteles del narcotráfico y sus ejércitos privados, su relación con los grupos subversivos y autodefensas y alerta de la posible vinculación del crimen organizado con núcleos de anarquistas y terroristas.
Destaca que los cárteles del Pacífico, Los Zetas, Caballeros Templarios, El Golfo, Familia Michoacana, y de Jalisco Nueva Generación adquirieron mayor capacidad, al modificar sus estructuras, su forma de operar, y formar a sus propios ejércitos paramilitares, orientando su lucha al control de territorios, enfrentar a grupos rivales y a las fuerzas de seguridad.
Señala que los enfrentamientos entre grupos paramilitares constituyen el principal generador de violencia en la mayoría de las regiones del país, como pone de manifiesto las disputas entre los cárteles del Pacífico y Beltrán Leyva en Sinaloa; las de El Golfo y los Zetas en Tamaulipas y Nuevo León; Jalisco Nueva Generación y los Templarios en Michoacán; o la confluencia de varios grupos en Guerrero.
Alerta que a esta preocupante afectación de la seguridad interior, que pone en riesgo la seguridad nacional, se ve agravada por la posibilidad que estos grupos adopten comportamientos mucho más violentos, llegando al enfrentamiento directo con las fuerzas policiales y militares, y que podrían en último extremo ataques terroristas a la sociedad civil.
En su análisis, el también maestro en seguridad nacional del Centro de Estudios Estratégicos de la Armada de México enfatiza que “no estamos hablando de meros grupos delincuenciales, sino grupos armados con un elevado grado de organización, inteligencia y capacidades operativas y logísticas, lo que les permite realizar acciones de amplio alcance en espacio y tiempo”.
La consecuencia de este enfrentamiento frontal ha sido la diversificación de sus actividades criminales, con objetivos económicos exclusivamente, en el que la mayoría de esos 45 grupos paramilitares han extendido su ámbito de actuación a delitos como el secuestro, extorsión, robo y venta de minerales e hidrocarburos, tráfico de personas y de armas, lo que justifica el crecimiento de los delitos de alto impacto en los últimos años.
En ese contexto, dice, no se deben olvidar las condiciones de crisis social en localidades en las que las organizaciones del narcotráfico tienen un notable arraigo, y cuya acción se ve favorecida por el lento desarrollo de las políticas de prevención o desvío de recursos para los programas sociales de apoyo a la disminución de la violencia, como consecuencia de la corrupción institucional.
Este incremento de la violencia relacionada con estos grupos armados ha superado el ámbito de la seguridad pública y afectado la seguridad interior.
Al respecto, Xavier Servitja Roca, licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la UAB de Barcelona, considera que la amenaza del crimen organizado a la seguridad nacional, no se podría entender sin analizar la aparición de los ejércitos privados dentro de las estructuras de las organizaciones criminales.
En entrevista, dice que la formación de estos brazos armados al servicio de los cárteles del narcotráfico tiene especial incidencia sobre lo que el experto define como las tres dimensiones de la “Guerra de los cárteles”: la guerra entre las diferentes organizaciones por el dominio de plazas (intercárteles); la guerra por el control de las mismas (intracárteles); y, finalmente, la guerra contra la autoridad pública.
En concreto, dice, la aparición de ejércitos privados tiene su origen en la guerra intercárteles, intracárteles y la guerra contra las instituciones del Estado. La hegemonía que ejercen los cárteles mexicanos sobre las rutas de los tráficos ilícitos aumenta la competición entre ellos para arrebatar las plazas a los grupos rivales.
Este choque deriva en un enfrentamiento abierto intercárteles y la creación de ejércitos privados formados por exmilitares o policías con experiencia en combate y manejo de armas, para defender las plazas y atacar a sus enemigos con mayor efectividad, y está protagonizada por lo que se denomina como el cártel de tercera generación.
En ese sentido, precisa que de la década de 1980 a la actualidad se registran tres fases de evolución de los cárteles de la droga, a saber:
El cartel de primera fase, cuyo modelo es el cartel de Medellín de las décadas de 1980 y 1990, que está jerarquizado, con conexiones transnacionales limitadas y que se especializa en la actividad ilegal de un producto. Se caracteriza por el uso de la violencia indiscriminada y por desafiar directamente a la autoridad del Estado.
Por el contrario, el cartel de segunda fase, representado por el cartel de Cali y la mayoría de los carteles mexicanos de la década de 1990, tiene una estructura de jerarquía de racimo, compuesta por diversas células que se dedican a una gran variedad de actividades ilícitas. En esta categoría, los contactos transnacionales son más amplios y prevalece el uso de la corrupción por encima de la violencia, cuyo ejercicio se va cediendo progresivamente a grupos de mercenarios especializados.
Y el cártel de tercera fase, de grupos con amplias conexiones internacionales e incluso asentados en otros Estados, con una estructura en red formada por pequeñas células flexibles y adaptables a cada situación que se presenta. Operan en una gran variedad de actividades ilícitas y utilizan la corrupción y la violencia discriminada, ejercida por ejércitos privados, que se convierten en organizaciones criminales independientes.
La diferencia más importante entre el cártel de tercera fase y las dos categorías anteriores es que el primero intenta crear un poder paralelo dentro del Estado. Aquí aparecen dos subcategorías dentro del cártel de tercera generación, diferenciados por la forma de lograr dicho objetivo.
El primero de ellos es el cartel “político” que utiliza la corrupción para someter a la autoridad política, en vez de competir directamente con ella por el poder. El modelo para esta subcategoría es el Cártel de Sinaloa, de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
La segunda subcategoría, el cartel “insurgente criminal”, está representada por La Familia Michoacana y Los Zetas. Busca crear “enclaves criminales” bajo su dominio y control en los cuales el poder del Estado desaparezca a través de la violencia y la intimidación.
Precisamente, el mejor caso de estudio sobre los ejércitos privados y el cartel de tercera fase en su subcategoría de cártel “insurgente criminal” es el de Los Zetas, grupo formado a finales de la década de 1990 por exmiembros de la unidad de élite del Ejército Mexicano que desertaron para pasar a ser el brazo armado del Cartel del Golfo.
Así, para el 2007, Los Zetas empiezan a operar de forma independiente y se convierten en el primer grupo del crimen organizado mexicano surgido del ejército privado del Cártel del Golfo.
Sin embargo, la aparición de Los Zetas supone un antes y un después dentro del mundo de los cárteles y su modus operandi por la extrema violencia que utilizan en sus acciones y, al mismo tiempo, por ser los primeros en aplicar las mismas técnicas y tácticas de combate de guerrilla urbana, de guerra de guerrillas y de contrainsurgencia.
Asimismo, supone un salto cualitativo en el uso de la violencia, provocando que otros cárteles empiecen a crear sus propios brazos armados para luchar contra ellos. Así, la contratación de exmilitares y policías para integrar estos ejércitos privados en México es la dirección seguida por los grupos del crimen organizado durante la última década y de la que acaba surgiendo el cartel de tercera fase.
Y es precisamente en el contexto del cártel de tercera generación es donde se desarrolla la actual “Guerra de los cárteles” en sus tres dimensiones: la violencia intercárteles e intracártel y la guerra contra la autoridad pública, agrega el especialista en ejércitos privados Xavier Servitja Roca.
Además, se puede iniciar una guerra intracártel entre diferentes grupos para decidir quién es el sucesor en el liderazgo del cartel y que, en algunos casos, puede terminar en la escisión de alguna facción creando otro cártel, fenómeno denominado como el “efecto de la atomización”.
La aparición del cártel de tercera fase y sus “enclaves criminales” y los altos niveles de violencia y brutalidad que muestran dentro de la “Guerra de los cárteles”, suponen un desafío para las políticas de seguridad de México, donde la situación se agrava porque los cuerpos de seguridad se muestran incapaces de frenarlos, ya sea porque están infiltrados por la corrupción de las propias organizaciones criminales, o porque no están preparados ni entrenados para enfrentarlos.
Una de las razones de la existencia de grupos guerrilleros se fundamenta en los desequilibrios sociales y la desconexión de una parte de la sociedad con las instituciones; mientras que en el caso de los grupos vinculados al crimen organizado una de las causas de su existencia son la corrupción y la impunidad, que llevadas al extremo, pueden llegar a socavar la propia existencia del Estado, indica por su parte el coronel de infantería Jesús de Miguel Sebastián.
Entre los grupos subversivos, dice, destacan el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y sus escisiones: el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y la Tendencia Democrática Revolucionaria Ejército del Pueblo (TDR-EP).
“El EZLN es una organización de carácter político libertaria, que en su origen tuvo una lógica militar. Su inspiración política es el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es la guerrilla. Ha mantenido vínculos con organizaciones terroristas y una intensa actividad internacional. Su actividad se centra en el ámbito político y su influencia se considera escasa” (sic), añade.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) es una organización guerrillera. Su brazo político es el PDPR (Partido Democrático Popular Revolucionario). Desarrolló sus actividades en Guerrero y Oaxaca en la década de 1990. Después de la elección presidencial de 2006 inició operaciones de más amplio alcance y repercusión en la capital del país y en Michoacán, Estado de México y en menor medida en Chiapas y en el norte de Hidalgo.
A pesar de que el EPR conserva capacidad operativa y de que ha anunciado el fin de la tregua “que declaró unilateralmente”, prefiere la vía política para penetrar en los movimientos sociales a fin de radicalizarlos o bien, “generar conflictos comunitarios que pueda escalar, en función de sus intereses” (sic).
Fruto de escisiones del EPR surgirían el ERPI, las FARP y la TDR-EP, “todos con la misma ideología radical de izquierda, con notable presencia en diferentes movimientos sociales e incluso en determinadas acciones armadas y otras actividades delictivas, como secuestros. Han estado vinculados con algunos de los grupos de las autodefensas en algunas regiones del estado de Guerrero, donde concentran principalmente su actividad”, según el documento de la Armada.
La eventual participación de elementos vinculados a algunos de los movimientos revolucionarios en las manifestaciones sociales, o incluso que se lleguen a apoderar de ellas, con la expectativa de generar o escalar conflictos y provocar situaciones de inestabilidad, es uno de los peligros que suponen la presencia de estos grupos.
Este escenario podría tener incluso otra dimensión si consideramos la posible unión de estos grupos revolucionarios con el crimen organizado. “No olvidemos que en las regiones de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, células del ERPI y del crimen organizado comparten sus zonas de influencia y de actuación”.
Para el doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, Emilio Vizarretea Rosales, los grupos subversivos antisistema tienen una dimensión, empiezan como grupos organizados de presión, de interés y de poder. “Hay una graduación importante a considerar, ya que son grupos de poder que enfrentan precisamente a otro poder”.
De tal suerte que se consideran desde antaño como grupos subversivos porque fueron catalogados como organizaciones que pretendían por sus acciones, métodos, fines y medios empleados subvertir el orden establecido.
En entrevista, dice que la situación de amenaza de esta modalidad de grupos armados se modifica a partir de la primera alternancia del 2000 como grupos antisistémicos, la idea es que ya no tendrían que ver en términos estrictos una situación subversiva, puesto que eran acogidos por el propio modelo del nuevo sistema alternativo y la carga de la subversión se aplicaba a los gobiernos priístas en el pasado.
Sin embargo, agrega, se registra el fenómeno de la alternancia con Fox y Calderón, llega la segunda alternancia del PRI y los viejos grupos subversivos entran de nueva cuenta en una relación que ya no solamente es antisistema, si no que vuelven a alterar o afectar el orden jurídico y político.
Se trata de grupos que quieren derrocar, sustituir el orden establecido, normalmente se atribuye a grupos guerrilleros, que afectan las actividades cotidianas de la sociedad y del gobierno vinculados al terrorismo, en especial al ciberterrorismo.
Vizarretea Rosales explica que si bien los grupos subversivos como el ERP y ERPI son los más representativos, existe una línea subterránea por el tipo de tratamiento que a veces se vinculan, por ejemplo, con los grupos de la delincuencia organizada. Por ejemplo en Guerrero, donde –según el académico–, por el control de la zona y estrategia de seguridad y de cautela, la delincuencia organizada ahora es más visible que los propios grupos vinculados a la guerrilla.
“El problema radica en que la Sierra de Guerrero es territorio compartido entre la guerrilla y los grupos del narcotráfico y da la impresión que tuvieran vínculos o alguna asociación, pero en realidad lo que está detrás es una cuestión de resguardo y seguridad que por las propias características territoriales les facilita la cobertura e impide el acceso directo de las fuerzas de seguridad”, subraya.
Explica que los anarquistas mantienen vínculos con los grupos insurgentes y otros movimientos sociales de corte radical. Se estima que en el país existen en torno a ellos unas 20 células anarquistas, las cuales perfilan un lento escalamiento en sus niveles de radicalidad, particularmente algunas podrían llegar a consumar atentados contra objetivos humanos.
“Junto a este peligroso escenario cabría mencionar la radicalización que caracteriza a las acciones de las células anarquistas de acción directa, como atentados contra bancos, instituciones; e incluso se podría contemplar la posibilidad de llevar a cabo atentados directos contra objetivos humanos con tintes terroristas.”
Respecto a los grupos de autodefensa, el coronel de la Armada de México considera que no son sino una forma de grupos armados no gubernamentales, que justifican su existencia como medida de reacción popular frente a los supuestos abusos de los cárteles del narcotráfico en zonas del país en las que la acción del Estado es limitada o inexistente, y donde la ineficiencia y corrupción de las policías municipales y estatales, potencializó la impunidad a un nivel de negación de seguridad pública, creando zonas de ingobernabilidad.
Sin embargo, además de usurpar el uso de la violencia, facultad exclusiva del Estado, el riesgo es todavía mayor al constatar que buena parte de los grupos de autodefensa “no son más que extensiones de los grupos del crimen organizado”, utilizados como punta de lanza contra facciones rivales, dice.
El debate surge, argumenta, al diferenciar las policías comunitarias del resto de los grupos de autodefensa que operan fuera de la ley, muchos de ellos vinculados a los grupos revolucionarios y en no pocas ocasiones operando en beneficio de los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado.
Se trata también aquí de manera similar a las operaciones de contrainsurgencia de “ganar los corazones y las mentes de la población”. Es precisamente esta falta de acción del Estado en algunas zonas del país lo que facilita la expansión de los grupos sociales bajo la cobertura de autodefensas, que son organizados, financiados y apertrechados por la delincuencia organizada.
A pesar que en México no existen organizaciones terroristas con capacidad operativa, el terrorismo es considerado como un riesgo a la seguridad nacional de México. Esto podría ser consecuencia de los vínculos de organizaciones terroristas de otros países, como el grupo vasco ETA, “con elementos o grupos relacionados con el movimiento anarquista o de la izquierda radical” (sic).
En ese sentido, el coronel Jesús de Miguel Sebastián advierte que el mayor riesgo derivado de la presencia y/o relación con los grupos terroristas, al menos en el corto plazo, sería la cooptación de los agentes terroristas por los cárteles de la droga y el crimen organizado.
Se requiere por ello mantener un seguimiento permanente a comunidades, organizaciones y personas con posibles vínculos con el terrorismo, aplicando una inteligencia preventiva, que permita detectar oportunamente grupos y/o elementos en tránsito o implicados en la preparación de atentados tanto en territorio nacional como en Estados Unidos, así como la comisión de actividades relacionadas con la radicalización y reclutamiento.
Así, alerta que la interdependencia de los grupos armados vinculados con el crimen organizado (paramilitares, autodefensas, guerrilleros, y eventualmente terroristas) observan una dinámica de violencia cuyas implicaciones cada vez son más preocupantes para la gobernabilidad y el desarrollo de México y por ende, un riesgo a la seguridad nacional.
José Réyez
[BLOQUE: INVSTIGACIÓN][SECCIÓN: SEGURIDAD]
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