En México, cerca del 88 por ciento de los centros de educación básica es de carácter público. En Venezuela la cifra llega al 96 por ciento. En Chile, en cambio, la educación privada predomina: acapara el 67 por ciento del total de las escuelas de nivel básico.
En entrevista con Contralínea, José Pérez Pérez, del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum) de Venezuela, y Michael Humaña Concha, del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación (SUTE), de Valparaíso, Chile, hablan de la realidad educativa de sus países. Los trazos distan entre sí. El contraste pasa también por el sistema educativo mexicano.
México, Chile y Venezuela comparten el mismo Continente, la misma región y el mismo idioma. Países con presencia de población indígena; con bastos recursos naturales; producto de la misma historia de colonización. Sus constituciones políticas son espejo de las victorias y derrotas de sus pueblos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 –texto vigente aunque trastocado por alrededor de 600 reformas (Contralínea 374)– recoge el legado de la Revolución Mexicana, levantamiento armado que inició en 1910. Su Artículo 3 consagra el derecho de todo individuo a recibir educación gratuita y laica y, en consecuencia, la obligación del Estado de impartirla en los niveles preescolar, primaria, secundaria y medio superior, y de promoverla y atenderla en las modalidades inicial y superior.
La Constitución Política de la República de Chile, que data de 1980, es, en tanto, producto de un régimen dictatorial, el mismo que imperó en el país sudamericano por casi 17 años. Su Artículo 19 establece que aunque el Estado es el encargado de proteger el ejercicio del derecho a la educación, en los padres de familia recae el “derecho preferente y el deber de educar a los hijos”. Ya que la educación básica y media son consideradas obligatorias, la responsabilidad del Estado consiste en la promoción de la educación parvularia, para lo cual deberá financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso de toda la población.
Líneas más abajo, el texto constitucional chileno alude a la “libertad de enseñanza”, entendida como el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, lo que, a decir de Michael Humaña, constituye “el elemento ideológico que pone la derecha fascista para permitir el lucro y el negocio de la educación”.
Actualmente en Venezuela la educación es concebida como un derecho humano, un servicio público, un deber social fundamental. Es, además, democrática, gratuita y obligatoria. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que emanó del proceso revolucionario basado en el ideario del libertador Simón Bolívar, así lo mandata. Por tanto, refiere el Artículo 102 de la misma que “el Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento de conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”.
José Pérez, del Sinafum, enfatiza en el conjunto de valores impregnados en la Carta Magna y en la Ley Orgánica de Educación de Venezuela, mismos que configuran un particular concepto de educación. Acorde con la visión integracionista de Simón Bolívar, ésta debe estar consustanciada con los valores de identidad nacional y con la visión latinoamericana y universal. Debe, asimismo, formar para la independencia, la libertad, la emancipación y la paz; valorar y defender la soberanía y la justicia social; y fortalecer la identidad nacional, la lealtad a la patria, y la integración latinoamericana y caribeña.
La ley suprema mexicana evoca también una serie de valores, ausentes en cambio en la Constitución chilena. Establece que la educación deberá fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la justicia; además de luchar contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios.
Con el fin de garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación, el artículo 103 de la Constitución de Venezuela mandata al Estado a realizar una “inversión prioritaria” en la materia de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. Es por ello que, de acuerdo con los indicadores de la Comisión Económica para América Latina, el gasto público de este país en educación es del 6.9 por ciento de su producto interno bruto. México destina, en tanto, el 5.3 por ciento y Chile tan sólo el 4.2 por ciento.
La cifra internacional para el caso de Chile no es la real, advierte Michael Humaña. Esto porque, según refiere el sindicalista, más del 50 por ciento de este dinero lo aportan los padres de familia y no el Estado.
El Sinafum es el sindicato más joven y mayoritario de Venezuela: data de 2002 y cuenta con más de 70 mil afiliados en todo el territorio nacional venezolano, profesores del subsistema de educación básica (inicial, primaria y secundaria).
Da cuenta de ello José Pérez Pérez, presidente de la seccional Guárico de esta organización.
Amparados en la Constitución venezolana que obliga al Estado a garantizar la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente en un régimen de trabajo y nivel de vida “acorde con su elevada misión”, el Sinafum ha conseguido diversas conquistas para los trabajadores de la educación, las cuales superan por mucho las alcanzadas por las nueve federaciones magisteriales de oposición que existen en el país y que, no obstante haberse constituido hace casi 8 décadas, no llegan a los 15 mil afiliados.
José Pérez refiere que en toda la historia del magisterio venezolano estas nueve federaciones, “cómplices de los gobiernos de derecha” en turno, han firmado dos contrataciones colectivas, mientras que, en sus 12 años de vida, el Sinafum ha logrado cinco, además de reivindicaciones salariales y sociales.
Es así, por ejemplo, que los educadores venezolanos se jubilan a los 25 años de servicio, conservando el ciento por ciento de su salario más el pago de sus prestaciones sociales. Para el caso de quienes laboran en la zona rural, los años de jubilación se reducen a 21, como una forma de compensar el esfuerzo que implica ejercer en estas regiones. Al cumplir los 55 años de edad, las mujeres educadoras, quienes representan el 95 de la planta docente en Venezuela, reciben además una pensión equivalente a un salario mínimo.
Acceso a vivienda digna y a adquirir vehículos, bono de fin de año equivalente a tres meses de salario, bono navideño por tres millones de bolívares, compensación de transporte por tiempo de servicio, 78 días de bono vacacional en Semana Santa, compensación de 28 días de ajuste salarial, destacan entre las conquistas del magisterio venezolano.
Los profesores que laboran en las 7 mil escuelas bolivarianas del subsistema de educación básica que existen en el país, mismas que responden al proyecto originario de la revolución, cuentan con una prerrogativa más: reciben un 60 por ciento de ingreso extra respecto de los docentes de las escuelas tradicionales.
A la luz de la realidad venezolana, los profesores mexicanos quienes frecuentemente reciben el calificativo de “privilegiados” puesto que aún conservan algunos de los derechos que por precepto constitucional les asisten, ya no parecen tan “favorecidos”.
Ni siquiera antes de la reforma de 2007 a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que significó graves retrocesos en el tema de pensiones, los docentes mexicanos igualaban las condiciones de sus colegas venezolanos. En aquél momento, los varones podían jubilarse a los 30 años de servicio y las mujeres a los 28.
Las movilizaciones de diversos sectores sociales mexicanos, entre ellos los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) –fracción disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sindicato oficialista– no lograron contener esta reforma.
Por su parte, en Chile desde hace más de 30 años no existe una organización magisterial con rostro de trabajador. Está, en cambio, el Colegio de Profesores que agrupa a alrededor del 20 por ciento de los maestros de educación básica y media. Michael Humaña lo define como una “organización creada por los poderes fácticos del país que ha consensado con los gobiernos en turno el empeoramiento de las condiciones laborales del magisterio”.
Frente a esta realidad, en 2008, un grupo de cerca de 30 docentes que se conocieron en el movimiento estudiantil mientras cursaban su carrera profesional, decidieron constituirse como Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación, en honor al sindicato magisterial que existió entre 1970 y 1973, y que fue disuelto por la dictadura militar de Augusto Pinochet.
El SUTE cuenta en la actualidad con unos 200 agremiados. Su particularidad recae en que sus filas están nutridas primordialmente de maestros, a diferencia de otros sindicatos del sector educativo que agrupan, sobre todo, a asistentes de la educación y a funcionarios.
A 6 años de vida, el SUTE es ya un sindicato consolidado en Valparaíso, asegura Michael Humaña. Por ello, los esfuerzos se encaminan ahora hacia la construcción de un instrumento de carácter nacional, en conjunto con otros sindicatos de instituciones privadas –ya que “en el mundo público prácticamente no existe sindicalismo”–, capaz de representar a la mayoría de los trabajadores de la educación y de combatir las reformas neoliberales que cercenan la educación.
De acuerdo con Michael Humaña, presidente de este Sindicato, una de las problemáticas más graves que enfrentan los docentes chilenos, en particular los más jóvenes, es que alrededor de 30 mil de ellos se desempeñan bajo contratos anuales, hecho que, además de mantenerlos en la inestabilidad laboral, obstaculiza la organización sindical.
Una segunda problemática tiene que ver con el número de horas lectivas y no lectivas contempladas en los contratos docentes: 75 por ciento para el trabajo en aula y apenas un 25 por ciento para el que se desempeña fuera de ella. Así las cosas, el SUTE logró levantar un movimiento a nivel nacional, el “50/50”, que busca el equilibrio entre las horas lectivas y las no lectivas.
Entre los temas de mayor preocupación para los profesores chilenos destaca también el de la evaluación docente que desde 2006 tiene carácter de obligatorio. Michael Humaña comenta que se trata de un mecanismo punitivo, igual que en el caso mexicano, que puede implicar para el docente la cesantía definitiva del sistema de educación pública.
En Venezuela los maestros también son objeto de evaluación, reconoce José Pérez. La diferencia, explica, es que a ellos no se les evalúa para sacarlos del sistema educativo, sino “para garantizarles mayor estabilidad en el ejercicio de la profesión docente”.
La llegada del proceso revolucionario que se propuso la transición hacia el socialismo del siglo XXI viró radicalmente el modelo educativo adoptado por el gobierno venezolano. En 1999, Hugo Chávez –quien falleció en 2013–, llegó a la Presidencia de ese país; entonces la Revolución Bolivariana dio inicio. Ésta alude al cambio ideológico y social basado en el ideario de Simón Bolívar y en las tesis de Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora y José Carlos Mariátegui.
Neoliberal, burgués, privatizador, excluyente, autoritario, memorístico, con planes y programas de estudio importados, acorde con intereses trasnacionales, así se refiere José Pérez al modelo educativo que antaño imperó en Venezuela. “Un modelo francés producto de un proyecto político que se denominó el Pacto de Punto Fijo, que inició a partir de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y que se extendió por más de 40 años”.
No obstante, relata el dirigente sindical, el proceso revolucionario de 1999 –que conllevó incluso a la aprobación, mediante referéndum popular, de una nueva Constitución Política– trajo consigo un movimiento pedagógico nacional denominado Educadores Bolivarianos, que convocó a debate nacional. De ahí emanó una nueva Ley Orgánica de Educación (cimentada en más de 3 millones de propuestas) que, en principio, redefinió el concepto de educación entendido tradicionalmente como un proceso o sistema.
Entre los logros tangibles del modelo educativo posrevolucionario destaca, a decir de José Pérez, el decremento de la mortalidad infantil en un 75 por ciento, aproximadamente, pues, bajo la premisa de que la educación inicia desde la concepción, los módulos de salud prenatal brindan servicio de alimentación balanceada a las mujeres embarazadas, además de que es en el vientre de la madre que el infante recibe sus primeras nociones pedagógicas relacionadas con el mundo exterior.
Para revertir la condición de exclusión que caracterizó al viejo modelo educativo, se ideó un sistema de enseñanza alternativo. A través de las misiones Robinson, Riva y Sucre, miles de personas aprendieron a leer y escribir y, no sólo eso, lograron concluir los estudios universitarios. Es así que en 2005 Venezuela recibió el nombramiento de país “libre de analfabetismo” que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por otro lado, la misión Sucre ha logrado rebasar el número de 150 mil egresados de la Universidad Bolivariana, algunos de ellos mayores de 70 años de edad.
La gratuidad de la educación con todo lo que ello implica (brindar a los educandos de primaria desayuno, almuerzo y merienda, y dotarlos de computadoras, útiles y textos escolares), la mejora de la infraestructura educativa, la reorganización del sistema educativo, la creación de universidades en los municipios y la ampliación de la oferta educativa, son para el presidente de la seccional Guárico del Sinafum otras de las consecuencias positivas del proceso revolucionario.
Respecto de los principales opositores a los nuevos contenidos académicos que en todos los casos deben ceñirse al proyecto nacional, José Pérez refiere que se trata de la Asociación Venezolana de Educación Católica, cuyos integrantes se han inconformado, por ejemplo, por la eliminación de la educación religiosa de las aulas.
Aunque en las Universidades también hay resistencia al nuevo modelo educativo y, en general, a todo lo que implicó el proceso revolucionario, el sindicalista aclara que, contrario a lo que se destaca en la prensa internacional, sólo las cuatro universidades más grandes y antiguas de Venezuela –que juntas representan el 15 por ciento de la educación universitaria en el país–, están “en manos de la derecha”.
En julio pasado, José Pérez viajó a México para participar del VI Congreso Nacional de Educación Alternativa de la CNTE. Entonces pudo convivir con el magisterio mexicano al que considera “combativo”, de “mucha resistencia”, similar al venezolano, en tanto sus raíces de pueblos originarios e indígenas. El educador conmina a los docentes mexicanos a resistirse al proyecto educativo neoliberal impuesto así como a la reciente “mal llamada” reforma educativa que afecta a la nación. En el ejemplo de su patria, dice, está la certeza de transformación.
Michael Humaña busca develar el mito de que Chile es un país en tranquilidad, democrático y con un gobierno de rol social. Mentira. Chile es el “laboratorio del neoliberalismo”; el lugar en el que, en plena dictadura, se aplicaron muchas de las políticas que apenas están llegando a México y a otros países, asegura.
En Chile existe, por ejemplo, una figura inédita para resto del mundo. Se trata de la escuela particular subvencionada, “empresa educacional que cobra a los padres de familia el derecho a la educación”, pero que además es financiada por el Estado. Así, el empresario nunca pierde: “No gasta ningún dinero y, por el contrario, gana y gana recursos a través de la educación”.
Otro tema peculiar del caso chileno aterriza en los costos de la educación universitaria, considerados los más altos de América Latina. Éstos son asumidos por los educandos a través de sistemas de crédito. Cursar la enseñanza universitaria en Chile significa necesariamente endeudarse por el valor de una casa, como mínimo. Antaño la deuda se adquiría con el Estado, pero recientemente ésta fue traspasada a la banca.
Según refiere el presidente del SUTE, en agosto pasado el gobierno de Michelle Bachelet Jeria, presidenta de Chile, anunció el advenimiento de un paquete de reformas educativas en aras de la supuesta gratuidad, que lo más que ofrecen es bajar la tasa de interés de los créditos y establecer un sistema de becas universitarias. Respecto de la educación primaria y secundaria, el planteamiento es que el Estado dé un doble subsidio a las escuelas privadas subvencionadas, de tal manera que se elimine el copago a cargo de los padres de familia.
Michael Humaña, maestro de primaria, envía un mensaje a sus colegas mexicanos. Les pide no cesar en su lucha –“ejemplo para los pueblos menos organizados”–, pues, pese a que enfrentan una reforma educacional bastante violenta, están en mejor condición que ellos: “Nosotros, en Chile, no tuvimos la posibilidad ni la capacidad de reaccionar y enfrentar las reformas neoliberales porque fueron ejecutadas principalmente en dictadura, en donde no teníamos organización y nuestros dirigentes habían sido asesinados o expulsados del país. Hoy día, aquí en México, ustedes sí tienen posibilidad, porque tienen la organización y la dignidad para hacerlo”.
A decir del dirigente sindical, otra ventaja de los profesores mexicanos es su fuerte identidad con la Constitución de 1917 y con los triunfos de la Revolución. El caso chileno es distinto, pues “no hay referentes de modelos propios ni de procesos de triunfo de trabajadores, lo que dificulta plantear el qué defender. Si prácticamente nunca ha habido una educación pública real en el país, si siempre lo más fuerte ha sido la educación privada, entonces partimos siempre de cero”.
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