Más de 6 mil 300 niños y niñas han desaparecido en México. El 73.9 por ciento del total de las desapariciones ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El desdén de la administración federal que recién concluyó, ante los menores de edad del país, se resume en un dato: nunca se le asignó presupuesto a un sistema de protección integral de la niñez que se creó en 2014.
Por tercera ocasión, el Estado mexicano reprueba el Examen Periódico Universal (EPU) en materia de protección a la infancia y las juventudes. Las cifras evidencian el abandono gubernamental para este sector de la población: más de 6 mil 300 menores se encuentran desaparecidos; más de 20 millones en la pobreza, y se realizaron 281 mil detenciones de niños migrantes no acompañados.
Organizaciones de la Sociedad Civil (OCS) se han encargado de documentar y exponer ante la Organización de las Naciones Unidas la grave crisis de violación a los derechos humanos que afecta a esta población en el país, una población mayor a los 39 millones, a través del Informe Colaborativo Examen Periódico Universal, México 2018.
Mónica Yerena, de enlace institucional de la organización Educando en los Derechos y la Solidaridad (Educadys), en entrevista con Contralínea comenta que las recomendaciones van enfocadas a la exigencia de que el Estado garantice un efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) –creado en 2014 con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes–, sistema al que no se le ha asignado presupuesto público desde ese año.
Entre las recomendaciones hechas por las organizaciones se encuentra la de “diseñar una política pública en materia de protección que incorpore la perspectiva de derechos de la niñez. Además, “a lo largo de los siguientes 4 años, incorporar la perspectiva de derechos de las juventudes en el diseño e implementación de las políticas públicas, particularmente, en materia laboral y de acceso a la justicia en violaciones graves a los derechos humanos”.
Esta situación, también ha provocado que países miembros de la ONU emitan 34 recomendaciones a la administración saliente de Enrique Peña Nieto, como el Reino Unido que solicitó: “Tomar medidas para garantizar que los niños estén completamente protegidos contra los castigos corporales y otras formas de violencia o explotación”. Argelia: “Asegurar una mejor protección de los niños y adolescentes contra la violencia relacionada con el crimen organizado”. Filipinas: “Reforzar las medidas para proteger y brindar asistencia a las víctimas de la trata de personas”.
Carlos Ventura Callejas, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en entrevista con Contralínea explica que en el EPU los Estados parte tienen la posibilidad de hacer recomendaciones al Estado revisado sobre situaciones “preocupantes” y emitir recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos. “Es un mecanismo de la sociedad civil organizada pero, en general, es para que toda la población pueda usarlo como un mecanismo internacional de exigibilidad de los derechos, y dar a conocer a la comunidad internacional los retos que tenemos como país”.
En tanto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2018, indica que la pobreza es uno de los problemas sociales más preocupantes. “Una de las razones por las cuales la atención a la pobreza infantil es prioritaria es porque existe un mayor número de probabilidad de que se vuelva permanente y sus consecuencias negativas e irreversibles en la niñez”. Según el organismo, más de 20.7 millones de menores viven en hogares que experimentan algún nivel de pobreza.
La defensora de derechos Humanos Mónica Yerena agrega que en México, ocho de cada 10 hogares indígenas se encuentran en pobreza. “¿Cómo se posibilita que un país pueda garantizar una vida y un desarrollo adecuado para la población?”, cuestiona.
Yerena indica que entre los puntos más preocupantes expuestos es el vivido en los últimos 2 sexenios y que ha incrementado las cifras en desapariciones: “esta lógica de enfrentar un conflicto a través de la llamada guerra contra el narcotráfico”.
En el contexto de las recomendaciones a México, en el marco del EPU, Argelia solicita al gobierno mexicano: “garantizar el acceso efectivo de todos los niños a la educación, en particular los niños migrantes e indígenas, y tomar medidas eficaces para combatir su exclusión del sistema educativo”.
Natalia lleva más de 2 semanas desaparecida. Se ha emitido la Alerta Amber a nivel nacional. Ella es una niña de 11 años que desapareció en la alcaldía de Gustavo A Madero, en la Ciudad de México. Fue vista por última vez el 7 de noviembre de 2018, “sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero. Se considera que la integridad de la menor se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito”, dice el reporte AAMX1070, del mecanismo de búsqueda.
Al respecto, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas registra 6 mil 330 menores de edad desaparecidos en el país, de las cuales 3 mil 675 son niñas y adolescentes. El informe colaborativo de las organizaciones, presentado para el EPU indica que el 73.9 por ciento de las desapariciones de infancia y adolescencia han ocurrido durante el mandato de Enrique Peña Nieto, “pues desde el 1 de diciembre de 2012 han desaparecido 4 mil 677 menores de edad”.
En tanto, en materia de homicidios, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) documenta que a la violencia en México ha provocado que diariamente desaparezcan cuatro niños y/o adolescentes mexicanos. En su Balance Anual 2017, silencios, vacíos y retrocesos en los derechos de la infancia en México, agrega que, otros tres son asesinatos ocurren diariamente.
“La epidemia de niñez desaparecida, el crimen organizado y el escaso cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se traducen en cifras desalentadoras que se transforman en retos a superar para el siguiente gobierno”, menciona el documento (Contralínea 578).
Tenemos que remover obstáculos para acceder a la justicia, la reparación, la atención de las víctimas y combatir la impunidad, dice Ventura Callejas, quien añade que “el cómo” es una de las grandes interrogantes que tienen las organizaciones, “dado que está en ciernes imaginar o concretizar un mecanismo efectivo para revertir la situación de crisis de derechos humanos. Se ha hablado de iniciar un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo cual nos está colocando en un escenario de mucho trabajo directo con las víctimas.
“No hay una persona en México que alcance a entender la dimensión de la crisis con solamente pensar en las cifras que nos arrojan los registros, subregistros; se debe pensar en todas las personas que no denuncian por miedo”, dice el defensor del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
En el contexto del EPU, Suiza recomendó a México: “Tomar medidas para garantizar que los niños estén totalmente protegidos contra el castigo corporal y otras formas de violencia o explotación”.
Luis Alberto Muñoz, de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI), agrega que en México se está pasando una situación grave de vulneración a derechos humanos en general, “tendríamos que partir de ese escenario. Sin embargo, el Estado tiene una obligación de protección especial para los niños, niñas y adolescentes, lo que hace que cuando se vulnera esta población sea todavía más grave. Este tipo de violaciones las vemos en todos los escenarios: desapariciones; homicidios y migrantes”.
El informe colaborativo también emite una serie de recomendaciones al Estado, respecto de la Ley creada para la protección de los menores, y para que se lleve a cabo el fortalecimiento Sipinna, a modo de que sean respetado este sector de la población:
“Asignar presupuesto progresivo a las diferentes estancias que conforman el Sipinna, niños y adolescentes, a nivel estatal y federal…
“Cumplir con la distribución de competencias asignadas en la Ley al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a nivel municipal y estatal, referidas a proteger los derechos de la niñez, cuando estos son restringidos o vulnerados…
“Aumentar el conocimiento sobre la perspectiva de derechos de la niñez entre los actores sociales y los servidores públicos que conforman el Sipinna, en el nivel municipal, estatal y federal…
“Incentivar la participación de la sociedad civil y del Sipinna, a nivel federal, estatal y municipal, en la definición, instrumentación y evaluación de las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de la niñez, mediante la asignación de presupuesto y la creación de mecanismos trasversales y permanentes”.
Mónica Yerena comenta que ante la llegada de una nueva administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, en materia de derechos humanos uno de los primeros pasos que se tienen que dar es reconocer el estado en el que nos encontramos. Aceptar: “Nos encontramos en un contexto estructural de crisis profunda y necesitamos pasos profundos. Reconocer el lugar en el que han estado las personas que han enfrentado estas situaciones graves”.
Un segundo elemento que han compartido entre organizaciones, en el marco de lo que ha sido el EPU, “es esta falta de voluntad política, a pesar de tener un marco normativo, no tenemos una realidad que sea acorde con él.
“Cada cambio de gobierno es una oportunidad para repensar las estrategias, el enfoque, la forma en cómo la política pública se instrumenta, pero si se reconoce que el problema es un problema estructural de fondo, donde hay causas que no han sido atendidas, es ahí donde podría estar la clave entre tener un cambio real y no simplemente de nombres [de partidos políticos], colores y/o, nomenclaturas”, añade la defensora de los derechos de la infancia.
Érika Ramírez
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