Roberto García Hernández*/Prensa Latina
El Congreso estadunidense tiene ante sí tareas muy difíciles de cumplir en 2016, periodo en que enfrentará complejos asuntos domésticos y de política exterior, en medio de la campaña para las elecciones generales de noviembre próximo.
Republicanos y demócratas en ambas cámaras del Capitolio intentan llevar adelante su abultada agenda y a la vez reforzar sus posibilidades con vista a dichos comicios, en particular aquellos legisladores que les espera una ardua lucha por su reelección.
A esto se suman los esfuerzos que cada agrupación política realiza en función de los respectivos aspirantes a la jefatura de la Casa Blanca.
En ambas direcciones de la contienda también desarrolla una labor significativa el presidente Barack Obama, en apoyo a sus correligionarios en el Capitolio y para cumplir su lógica aspiración de que quien lo releve en el cargo también sea del Partido Demócrata.
Entre los puntos más complejos para los congresistas este año está el plan de Obama para recibir a unos 10 mil refugiados sirios, programa que está bajo fuertes críticas del partido rojo, que ve esta decisión como una supuesta vía para la entrada de terroristas a territorio estadunidense.
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Las principales figuras republicanas en la Cámara alta prometieron someter a votación un proyecto sobre el tema en el primer trimestre de 2016; pero, de acuerdo con el diario The Hill, no está claro el contenido específico de la propuesta, destinada a bloquear los objetivos de la iniciativa de Obama.
Para el sitio digital Roll Call, al parecer el lenguaje de la legislación sería muy similar a la que aprobó en noviembre la Cámara de Representantes y que contiene fuertes restricciones a la entrada de los inmigrantes sirios e iraquíes al país, con el pretexto de que constituyen una amenaza a la seguridad nacional.
Otra temática que el Congreso tiene ante sí es el debate en torno a la autorización del uso de la fuerza militar (AUMF) contra el Estado Islámico (EI) en Siria e Irak, una prioridad para demócratas y republicanos, aunque ambas partes tienen sus propias proyecciones respecto a este proyecto.
Estos documentos los avaló el Legislativo tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, bajo la administración del presidente George W Bush (2001-2009).
Algunos congresistas introdujeron en los últimos meses varias iniciativas para la elaboración de una nueva AUMF, pero los debates se estancaron en medio de desacuerdos sobre lo que debe incluir dicha autorización, cuyo texto original fue presentado por la Casa Blanca en febrero de 2015.
El documento auspiciado por Obama recibió fuertes críticas de los republicanos, quienes lo consideraron demasiado restrictivo, mientras los demócratas dijeron que no contenía los límites necesarios para la realización de operaciones militares en el Oriente Medio.
En agosto de 2014, la coalición militar liderada por Estados Unidos comenzó a realizar ataques aéreos contra dicha agrupación terrorista en territorio de Irak; acciones que se extendieron a suelo sirio en septiembre de ese año, sin la autorización del gobierno de Damasco.
La cárcel de Estados Unidos en la base naval de Guantánamo, en el Este de Cuba, es otro asunto que ocupará el poco tiempo de trabajo que tendrán los congresistas en los próximos meses, recortado por los recesos legislativos previstos y las campañas para los comicios de noviembre.
Desde hace varias semanas, Obama anunció que prepara un conjunto de acciones ejecutivas, destinadas a cerrar la penitenciaría de dicho enclave militar ubicado en territorio cubano contra la voluntad del pueblo y el gobierno de la isla caribeña.
Sin embargo, la oposición republicana hace sus mayores esfuerzos para bloquear la iniciativa presidencial, una promesa que el mandatario hizo desde antes de asumir su primer mandato en 2009, pero que no pudo cumplir.
Hasta la fecha, esa penitenciaría, donde ahora quedan 104 detenidos, costó más de 5 mil 200 millones de dólares a los contribuyentes estadunidenses, y el gasto por cada reo es de unos 2.5 millones de dólares al año.
Sobre el tema del control de armas, la administración y los congresistas demócratas insisten en que el Capitolio apruebe una nueva legislación para detener la creciente ola de violencia en Estados Unidos, pero hasta la fecha no fue posible llegar a un acuerdo concreto en este asunto.
Al respecto, el 5 de enero de 2016, Barack Obama anunció un paquete de órdenes ejecutivas que se instrumentarán en las próximas semanas, para contrarrestar la inacción del Congreso en este acápite.
El plan del jefe del Ejecutivo impone restricciones a la compraventa y tenencia de armamentos por parte de los civiles e incluye una decena de estatutos que no tienen que ser aprobados por el Congreso.
Aunque según los principales líderes republicanos, las relaciones con Cuba no están en las prioridades legislativas, existe un amplio consenso bipartidista sobre la necesidad de levantar el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington mantiene contra la isla desde hace más de 5 décadas.
Desde ese mismo día, el gobernante estadunidense pidió al Congreso que levantara las sanciones unilaterales, que según las autoridades cubanas ocasionaron pérdidas a la mayor de las Antillas por más de 833 mil 755 millones de dólares, además de daños humanos incalculables.
Además, estas medidas punitivas constituyen el principal escollo para el mejoramiento sucesivo de los vínculos entre las dos naciones vecinas. El Capitolio es el único con facultades para revertirlas y aunque Obama tiene amplias prerrogativas para reducir significativamente el efecto de estas sanciones, realmente hizo muy poco en ese sentido.
Con éstos y otros asuntos en su complicada agenda, como la reforma al sistema judicial estadunidense y la confirmación de altos funcionarios por el Senado –pendientes desde hace más de 1 año–, expertos advierten que el Congreso no tendrá tiempo para cumplir una buena parte de estas misiones.
Asimismo, la discusión de cada uno de estos temas estará matizada por un profundo viso electoral, porque en los comicios de noviembre no sólo está en juego la jefatura de la Casa Blanca, sino también los 435 asientos de la Cámara de Representantes y un tercio de las curules del Senado.
Esta situación se desarrolla en momentos en que, según encuestas recientes, poco más de 12 por ciento de los estadunidenses aprueba la labor que realiza el Congreso, y cerca de 80 por ciento estima que los legisladores desconocen los intereses de los votantes.
Con estas cifras en mente, advierten los especialistas, los representantes de los grupos de intereses se mueven desde ahora por los pasillos del Capitolio con sus respectivas promesas de apoyo financiero o amenazas de castigos.
Su objetivo es presionar a los legisladores para que cumplan con las expectativas que tienen las grandes corporaciones, grupos de presión y otras entidades que en definitiva constituyen el verdadero poder tras las instituciones oficiales de gobierno en Estados Unidos.
Roberto García Hernández*/Prensa Latina
*Jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: INTERNACIONAL]
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