Pemex: el negocio de los 3 billones de dólares

Alrededor de 3 billones de dólares estarán en juego en los próximos años en el sector petrolero mexicano. Durante mucho tiempo al acecho, las trasnacionales tienen ahora las puertas abiertas de los hidrocarburos de México. Los casos de corrupción, saqueo e impunidad –como el que ha protagonizado Oceanografía– se multiplicarán con la “apertura”

Nuestro horizonte plomizo y nuestro triste destino: la privatización del mundo, el fetichismo capitalista y su fuga mortífera en la frenética aceleración de la búsqueda de ganancias, la insaciable conquista de los mercados, el cinismo de los vencedores

Daniel Bensaïd, Marx intempestivo

 

Para los tardíos doctrinarios del neoliberalismo que se placean por los circos financieros internacionales –por el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, por ejemplo– repitiendo los manidos argumentos antiestatistas y exaltando las ventajas del inexistente “mercado libre” y las supuestas virtudes schumpeterianas y éticas del empresariado, y anunciando un nuevo ciclo de las fracasadas y desacreditadas reprivatizaciones, el cual ahora incluye a los energéticos que se venderán a precios de liquidación, siempre resulta perturbadora la inoportuna irrupción de los escándalos de corrupción en el escenario.

Sobre todo cuando el tufo de la podredumbre que envuelve a la empresa Oceanografía devela, una vez más, hasta la indignación social, el verdadero rostro de los fundamentos neoliberales reprivatizadores. Cuando se descubre de nueva cuenta, hasta el tedio y la náusea, que estamos ante el enésimo caso de lo que el Premio Nóbel de Economía Joseph E Stiglitz calificó, en 2002, como “el capitalismo de amiguetes”, el cual “sugiere que la ideología del mercado libre no es más que un ligero disfraz del anticuado bienestar corporativo: hay que dar a quien tenga las conexiones apropiadas”; en el que “los mercados, el exceso de desregulación, de los mercados sin grilletes, ofrecen incentivos para esa clase de trucos sucios”, en donde “hay conflictos de intereses inherentes [entre] los dueños y los administradores” y “las democracias se minan cuando los intereses corporativos pueden, de hecho, comprar las elecciones” (“El capitalismo de amiguetes al estilo americano”).

En palabras llanas, como dice Edgardo Buscaglia: es el “capitalismo mafioso”, donde la corrupción no es más que un pacto de impunidad entre las elites política y económica.

La era de los contratos turbios y el “diezmo” parasitarios que desangran los dineros del Estado se enseñorea impúdicamente.

El miasma del escándalo de la empresa Oceanografía devela la falaz “autorregulación” del “mercado” y el fango en que chapotea la inescrupulosa impunidad delictuosa empresarial, amparada por la complicidad gubernamental. Por la tolerante supervisión y la deliberada falta de control y transparencia con que operan los reguladores del “dejar hacer, dejar pasar” (“¿quién vigila a los guardianes? ¿Quién hace auditorías a los auditores?”, se pregunta Stiglitz), los Chicago Boys de Hacienda: Francisco Gil Díaz, Ernesto Cordero, José Antonio Meade, Luis Videgaray; del Banco de México: Guillermo Ortiz, Agustín Carstens; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Guillermo Babatz, Jaime González; de la Bolsa Mexicana de Valores: Luis Téllez; de la Auditoría Superior de la Federación: Juan Manuel Portal; y los responsables del ramo energético que avalaron los turbios contratos concedidos a la empresa de referencia: los secretarios de Energía: Felipe Calderón, Fernando Canales, Ernesto Martens, Fernando Elizondo, Georgina Kessel, José A Meade, Jordy Herrera, Pedro Joaquín Coldwell; y los directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex): Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Jesús Reyes-Heroles, Juan José Suárez Coppel, Emilio Lozoya Austin. También embarran a los gobiernos felices de la “alternancia democrática a la mexicana” (Vicente Fox y Felipe Calderón) y al del retorno al indeleble pasado que nunca se fue (Enrique Peña Nieto), además del conjunto del sistema político mexicano (los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Sin duda, el estercolero de Oceanografía-Banamex-Pemex ha dejado en una postura incómoda a Enrique Peña, en virtud de la red compleja y mafiosa tejida, y de los delitos económicos que se extienden hasta las familias presidenciales y a personajes como Pedro Aspe o Ernesto Zedillo, entre otros. Pero no porque éste se vea o se sienta forzado a romper con una de las viejas reglas no escritas del sistema político autoritario, en aras de cumplir con uno de los deberes constitucionales de un gobernante que se precie de republicano y se ciña al imperio de las leyes: restaurar el violentado estado de derecho y aplicar la justicia hasta sus últimas consecuencias, lo que implicaría someter a juicio a los dos responsables que solaparon la corrupción, el tráfico de influencias, el quebranto del erario, la impunidad de la famiglia Bribiesca Sahagún: los bosses Fox y Calderón. Sin embargo es impensable que Peña Nieto se apegue al canon: a los enemigos, la ley a secas; a los amigos, justicia y gracia cuando quepa esta última. En el México posrevolucionario nacionalista-neoliberal nunca se ha tocado a un extitular del Ejecutivo que haya quebrantado la ley. En esas circunstancias, elípticamente suele afectarse a algún funcionario cercano al grupo de poder del príncipe saliente, como forma de advertencia, o excepcionalmente a un familiar, como fue el caso de Raúl Salinas de Gortari, en sustitución del hermano Carlos. Pero no por razones justicieras, sino para avasallar la pretenciosa omnipresencia callista de este último, quien había quebrantado la norma no escrita de la omertà del presidencialismo autóctono: el eclipsamiento silencioso del déspota agonizante para facilitar el encumbramiento y la consolidación política del sustituto. Enrique Peña Nieto no se puede dar el lujo de desenvainar la espada de Damocles porque ella gravitaría sobre su propia cabeza una vez perdida la impunidad del poder presidencial. Al respecto, escribió el poeta Horacio en sus Odas: “Para aquel que ve una espada desenvainada sobre su impía cabeza, los festines de Sicilia, con su refinamiento, no tendrán dulce sabor, y el canto de los pájaros, y los acordes de la cítara, no le devolverán el sueño”. Enrique Peña tiene un rabo demasiado largo. Recuérdese, a modo de ejemplo, su descarada violación a la ley financiera electoral, emulando la tropelía de Calderón. Legalmente le correspondía ejercer un gasto por 336 millones de pesos. No obstante, utilizó 4.6 mil millones, 12.7 veces más, sin que quede claro hasta el momento el origen de los recursos, cuyo movimiento se asemeja al lavado de dinero. La compra de votos y de la Presidencia (o el asalto, si se prefiere) volvió a salirle onerosa a los contribuyentes.

Al “salvador de México”, Peña Nieto, y al “secretario de finanzas del año”, Luis Videgaray, no les inquieta que la rampante corrupción institucionalizada alrededor de Pemex –y de los contratos públicos en general– afecte al estado de ánimo de los inversionistas esperados. El “capitalismo de amiguetes” es una práctica común en la acumulación de capital a escala mundial. Los costos por el pago de comisiones, sobornos, tráfico de influencias, apoyos desinteresados a partidos y políticos, entre otros similares, son blanqueados en las hojas de balance de las empresas de la burguesía generosa, gracias a la “creatividad contable”. El problema radica, en todo caso, en que, por alguna razón, las operaciones fraudulentas no puedan ser ocultadas por las firmas y los reguladores, y aparecen públicamente. Los fraudes de Enron, por ejemplo, fueron cubiertos, mientras se pudo, por el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Robert Rubin. Cosas del conflicto de intereses y la llamada “puerta giratoria” (funcionarios que pasan de las empresas al gobierno y luego regresan). George Bush hijo bloqueó todo intento por develar la relación entre sus intereses corporativos y la definición de la política de energía estadunidense. Enron, como otras tantas empresas beneficiadas, había financiado campañas presidenciales y de congresistas de su país. En 2009 estalló lo que entonces se conoció como el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia española: gracias a su relación con el neofranquista Partido Popular, al menos 23 empresas obtuvieron corruptamente jugosos contratos en negocios inmobiliarios y de servicios públicos por millones de euros entre 2004 y 2008. Sólo las empresas del grupo Gurtel pagaron sobornos por 10 millones de euros a los funcionarios madrileños.

La menemista privatización petrolera argentina de 1992 quedó enturbiada por la sospecha de sobornos millonarios a los legisladores de entonces.

Aquí, lo que sí es motivo de nerviosismo para Peña y Videgaray es, primero, que el escándalo emergiera en Estados Unidos, dado que en México las autoridades son mudas, ciegas y sordas, lo que dificulta una política de control de daños, con el consecuente riesgo de que, eventualmente, alcance proporciones inmanejables y la inmundicia enlode aún más al sistema, merced al creciente y voraz enjambre de contratistas que han sentado sus reales en Pemex, en connivencia con la elite política. Después, porque los panistas condicionaron el término de las leyes secundarias en materia energética a la conclusión de las investigaciones relativas al fraude de la naviera Oceanografía. Tres de los panistas que abandonaron la Comisión de Energía del Senado donde se “negociaban” dichas leyes son peculiares: Francisco J García Cabeza de Vaca, que era amigo del difunto Juan Camilo Mouriño, manchado por las aguas residuales de Pemex, y no precisamente petroleras; Jorge L Lavalle –cuya suplente es la mamá de Mouriño–, que fue coordinador de la campaña de Mario Ávila, frustrado suspirante panista a la gubernatura de Campeche, espléndido exfuncionario de Pemex cuando la paraestatal otorgaba expeditos contratos de dudosa reputación a Oceanografía y que, por eso mismo, es actualmente candidato al presidio por tanta generosidad; y Salvador Vega, quien fuera secretario de la Función Pública y que nunca vio nada anormal justo cuando las anomalías se volvían escandalosamente normales… Es cierto que el Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México puede sacar adelante la ley secundaria añorada por los amigotes, si no hay defecciones y alinean a cuatro versátiles votos opositores para alcanzar la mayoría simple. Pero no es lo mismo una aprobación ajustada que una holgada con la santa alianza cómplice panista, por aquello de la fantasmagórica legitimidad “democrática”.

¿Qué ofrecerá Peña a cambio a los panistas?

El asunto no es fácil cuando se tienen encima los reflectores de un jurado federal y de la Corporación Federal de Seguros de Depósito estadunidenses sobre el Citigroup-Banamex-Oceanografía y, por añadidura, sobre el gobierno mexicano.

A los peñistas, empero, les urge aprobar la ley secundaria que definirá los términos del suculento banquete petrolero. Es decir, de regresar a este sector estratégico y emblemático de la soberanía nacional a la voracidad de las corporaciones, como en la dorada época porfirista. Quizá esto aplaque al gobierno estadunidense.

Puede que lo serene si se considera que la contrarreforma subordina finalmente los hidrocarburos mexicanos a los intereses geopolíticos y energéticos estratégicos estadunidenses, y los entrega a las corporaciones.

El negocio es más que apetecible.

A finales de 2013, el analista José Luis Apodaca señaló que las empresas privadas nacionales y extranjeras tendrán acceso a una riqueza en reservas de hidrocarburos equivalente a una renta potencial de unos 3 billones de dólares. Los ingresos excedentes (los adicionales a lo presupuestado) sumaron 1.2 mil millones de pesos (las cursivas son mías). De ellos, poco más del 50 por ciento corresponden a los derivados de los derechos petroleros. Los ingresos de la paraestatal antes de intereses, impuestos y amortizaciones pasaron de 71 mil millones de dólares en 2008 a 88 mil millones en 2012. La inversión promedio ha sido de 22 mil millones de dólares, mientras que empresas como Exxon o BP?(antes British Petroleum) realizan inversiones globales por 36 mil millones de dólares. El pago de su deuda ocupa el 6.4 por ciento en proporción de su capital de operación, por lo que resulta muy discutible la afirmación de que carece de recursos para afrontar nuevos retos.

Tan apetitosa es la industria petrolera, agrega Apodaca, que en los últimos 2 sexenios las empresas trasnacionales, en nombre de Pemex, ejecutaron contratos por 200 mil millones de dólares en proyectos para extraer crudo. Con la reforma energética multiplicarán sus ganancias por un factor de cinco. Es decir, a 1 billón de dólares.

La distribución del gas ya está virtualmente controlada por unas cuantas empresas voraces que esquilman a los consumidores con la complacencia oficial. Quince de ellas acaparan alrededor del 85 por ciento del mercado nacional: Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas, Nieto y Zaragoza. Dichas empresas gaseras tienen un nombre comercial matriz en todo el país, pero cada una de ellas llega a tener de 25 a 30 filiales con similares o distintos nombres o forma nuevas compañías con el uso de prestanombres. Lo mismo ocurre con la distribución de gasolinas.

La estimación cuantitativa de Apodaca del negocio que departirán las corporaciones es consistente. Veamos algunos detalles:

Según la Presentación a inversionista. Enero de 2014, de Pemex, la apertura reprivatizadora va en serio. El sector privado participará en toda la cadena productiva: la exploración de reservas, la explotación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos; en los procesos industriales: refinación, proceso de gas, petroquímicos y petrolíferos; por medio de una diversidad de contratos: de compensación, de servicios (dinero en efectivo), de utilidad y producción compartidas (porcentajes de utilidad y de producción), de licencias (transferencia onerosa de propiedad).

Por principio, les dará acceso a explotación de las reservas de hidrocarburos que, en el caso de las probadas, el total asciende a 13.9 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente y a 10 mil millones de barriles de petróleo crudo, y 1.4 mil millones de pies cúbicos, y cuyo periodo de vida, al ritmo de explotación de 2013, es del orden de 10 años. El total de reservas, que incluye además a las probables y posibles, suma 44.5 mil millones y el crudo a 31 mil millones, cuyo horizonte es de alrededor de 33 años (Pemex, Anuario estadístico 2013).

La lógica de la apertura petrolera es aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios actualmente a 3 millones en 2018, y a 3.5 millones en 2025. La de gas natural de 5.7 mil millones de pies cúbicos diarios a 8 mil millones en 2018, y 10.4 mil millones en 2025.

Es obvio que en esos años las ventas, ingresos y utilidades esperados por los participantes en la industria variarán de acuerdo con la demanda, los precios, los costos, etcétera.

Sin embargo, datos de Pemex permiten hacer un ejercicio para aproximarse a la magnitud del negocio que compartirán el gobierno, Pemex y las empresas privadas.

En 2013, la paraestatal y sus organismos subsidiarios obtuvieron ingresos corrientes por las ventas de 1.9 billones de pesos corrientes, equivalente a 143 mil millones de dólares. De esa cantidad 619 mil millones de pesos correspondieron a las ventas externas y 1.1 billón a las internas, 47 mil millones de dólares y 82 mil millones en cada caso. Si a los ingresos se agrega la inversión física (329 mil millones de pesos o 26 mil millones de dólares) y los intereses pagados por la deuda de Pemex (41 mil millones de pesos o 3.3 mil millones de dólares), entonces el espacio donde podrá participar el sector privado (de hecho ya lo hace) se amplía hasta 2.2 billones de pesos o 171 mil millones de dólares.

Si sólo se ajustan las cifras anteriores con la inflación y la paridad esperadas en lo que resta del peñismo (tasa anual de 4 por ciento y alrededor de 13.1 pesos por dólar), hacia 2018 los ingresos corrientes podrían ubicarse en 2.3 billones de pesos (171 millones de dólares), las ventas por exportación en 753 mil millones de pesos (58 mil millones de dólares) y las internas en 1.3 billones (10 mil millones de dólares). Agregándose la inversión y los intereses, el gran total llegaría a 2.7 billones de pesos o a alrededor de 209 mil millones de dólares. De manera acumulada, los ingresos entre 2014 y 2018 ascenderían a 10.6 billones de pesos o 956 mil millones de dólares. Si se considera el lapso de vida de las reservas probadas, entonces las cantidades pasarían a 23 billones de pesos y 1.8 billones de dólares.

Descontando los gastos y antes del pago de impuestos, Pemex y sus subsidiarias obtuvieron un rendimiento por 1 billón de pesos o 77.5 mil millones de dólares en 2013. Una vez realizado el saqueo fiscal (1.18 billones de pesos o 77.7 mil millones de dólares), el resultado final es un déficit por 3.1 mil millones de pesos. Era natural que el esquema tributario tuviera que modificarse, ya que ninguna empresa privada aceptaría trabajar sólo para la hacienda pública.

Los consumidores tendrán que pagar impuestos y precios de los hidrocarburos debido a la menor carga fiscal que se les aplicará a las corporaciones.

Inicialmente, alrededor del billón de pesos de la renta petrolera girará la redistribución pública y privada.

En el Informe citado se señala que Pemex ocupa el lugar 13 entre las compañías más grandes de América, medida por sus ingresos (126 mil millones de dólares). El primero corresponde a Exxon Mobil (453 mil millones de dólares), el tercero a Chevron (246 mil millones), el siguiente a ConocoPhillips (237 mil millones) y el sexto a Petrobras (146 mil millones). La diferencia es que éstas –salvo Petrobras– sólo comparten las ganancias netas (después del pago de impuestos) con sus accionistas; el gobierno compartirá la renta con los “socios” privados, la cual será restada a los mexicanos porque ellos tendrán que pagar mayores precios.

Es obvio que las cifras citadas previamente son un pálido reflejo de las ganancias privadas que se aspiran obtener en la industria. Por ejemplo, se espera una inversión 149 mil millones de dólares (30 mil millones anuales) en 2014-2018. Al menos 10 mil millones serán de responsabilidad empresarial. Se estima que se construirán 10 mil kilómetros de gasoductos, con una inversión calculada en 50 mil millones de dólares, de los cuales unos 23 mil millones serán realizados por el capital privado.

Si antes de aprobarse la reprivatización ya se habían entregado zonas como Chicontepec, Burgos y campos maduros al sector privado, las concesiones se ampliarán significativamente.

Por sí misma, la extracción del crudo es más que rentable. El costo de exploración y desarrollo es de 13.72 dólares por barril. El de producción del crudo en 6.84 dólares. El precio medio de la mezcla de exportación fue de 98.46 dólares por barril.

Las crecientes importaciones de hidrocarburos resultan ser otra área atractiva debido a su explosivo crecimiento. En 2002, el total sumó 3.3 mil millones de dólares. El gas natural seco, 775 millones; los petrolíferos, 2.5 mil millones, y los petroquímicos, 46 millones. En 2013, las compras totales llegaron a 28.3 mil millones de dólares; el gas natural seco, a 2.5 mil millones; los petrolíferos, a 25.7 mil millones; y los petroquímicos, a 129 millones. En el caso de los petrolíferos, el valor de las importaciones de las gasolinas pasó de 1.2 mil millones de dólares a 19 mil millones entre 2002 y 2012.

Cada área de los hidrocarburos que se abra al sector privado representará un nuevo espacio de ganancias.

Poco importa que la relación Pemex-sector privado supure corrupción actualmente.

Ello, pese a que Emilio Lozoya considere el de Oceanografía como “un caso aislado”.

*Economista

 

 

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