La presencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en paraísos fiscales –como Islas Caimán, Luxemburgo, Antillas Holandesas e Irlanda– le “ofrece un manejo discrecional de ingentes sumas de dinero, regularmente para operaciones no constitucionales”, señala Jorge Retana Yarto, maestro en finanzas y especialista en economía internacional e inteligencia para la seguridad nacional.
Desde la década de 1990, Pemex ha estructurado una red de 33 empresas que radican en México y en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales, con la característica común de ser consideradas privadas no paraestatales. Sus actividades van desde exportar el crudo que la petrolera produce e importar productos petrolíferos, hasta la contratación de deuda en los mercados de capital. Cada año, por sus cuentas bancarias se maneja, al menos, 1 billón 200 mil millones de pesos.
Esto es “inadmisible”, indica Retana Yarto. El integrante de la Red México-China de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México advierte que se trata de recursos públicos sujetos a fiscalización, en cuanto a su uso y destino, por parte de la autoridad competente: la Auditoría Superior de la Federación.
Para el autor de los libros El imperio de las mafias transnacionales y Mafia transnacional y economía criminal: México en la órbita de un poder paraestatal, esta práctica debe sancionarse severamente porque es ilegal. Pemex “no sólo sustrae los ingresos al fisco, sino al conocimiento de la sociedad”.
El abogado Luis Ortiz, responsable del área anticorrupción y prevención del fraude corporativo en la firma Ortiz de la Concha Abogados, SC, señala que la supervisión de las operaciones de Petróleos Mexicanos en el extranjero debe ser integral: fiscalizar cómo mueven el dinero sus empresas privadas, los esquemas de deuda que contratan, además de ver que ese dinero pague impuestos en cada una de las jurisdicciones y lograr un mecanismo de verificación de operaciones realizadas por terceros.
El maestro en derecho tributario internacional por la Universidad de Florida observa que es sabido que Pemex cuenta con varias empresas privadas, algunas de las cuales están en territorios de baja imposición, por lo que –indica– habría que estudiar cada caso, cada empresa y cada operación.
“Es un tema complejo, y si no se conocen los motivos por los que se crea cada empresa y su ‘razón de negocio’ o ‘business purpose’ y se audita cada paso, todo puede pasar. Mientras no sepamos sobre algún incidente o escándalo [de corrupción], habrá que depender de la transparencia y rendición de cuentas.”
Para el también coordinador del Comité Anticorrupción del Colegio de Abogados de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas es de gran importancia verificar quién ordenó qué y a quién, y verificar igualmente que los servidores públicos involucrados tengan facultades para ello. “Deberán ser alta y reiteradamente cuestionados por la autoridad competente”.
Los paraísos fiscales son lugares ideales para el desarrollo del blanqueo de capitales y son un caldo de cultivo para la corrupción. Desde ahí, los corruptos pueden operar cuentas bancarias y gastar el dinero en otros países mediante tarjetas prepagadas o de crédito internacionales. También se pueden pagar sobornos de y para fideicomisos de prestanombres del destinatario, explica el maestro Luis Ortiz.
El presidente del Comité de Ética y Responsabilidad Social Corporativa del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, AC, explica que, sin importar el tamaño de las empresas, se puede acceder fácilmente a esquemas de lavado de dinero y migrar el dinero a bancos ubicados en diversos paraísos. La combinación fideicomiso-paraíso fiscal-soborno puede ser materialmente indetectable, a menos que alguien denuncie la irregularidad o el ilícito, señala.
Al respecto, el maestro Retana Yarto refiere que los paraísos fiscales fueron concebidos inicialmente para evadir la regulación bancaria y el manejo de fondos en las plazas financieras nacionales: de allí que los grandes bancos colocaran sucursales bancarias en las plazas financieras desreguladas (off shore banking centers). Por ello, dice, su rol de importancia ha sido ofrecer un mercado paralelo de fondos libres para operaciones diversas.
El lavado de dinero y la evasión de impuestos surgen y se desarrollan exponencialmente a partir de su condición de plazas sin regulación o supervisión oficial, explica.
El abogado Luis Ortiz refiere que hay que distinguir entre el tradicional paraíso fiscal y las jurisdicciones que han firmado convenios para intercambiar información y aquellas que están dentro de un tratado para evitar la doble imposición fiscal.
“Las reglas antiabuso, reaty shopping o cherry-picking, son claras y desde luego aplican para quienes sí pagan impuestos y trabajan a la luz de la Ley del Impuesto sobre la Renta [ISR] o realizan operaciones que pueden ser fiscalizadas normalmente.
“Después, hay que identificar aquellos que envían su dinero a paraísos (regímenes fiscales preferentes) en los que se da aviso a las autoridades, pero cuya base para el pago del ISR es mejor a la de México; y, finalmente, aquellos regímenes fiscales en los que se puede ocultar el dinero, se tiene un elevado nivel de secrecía bancaria y/o no se cuenta con algún convenio de intercambio de información fiscal. El tema es complejo para las administraciones tributarias.”
Hasta ahora, los controles para evitar el blanqueo de capitales han sido insuficientes. Ello, porque se mantiene lo fundamental: un modelo de finanzas internacionales, de mercados financieros libres de regulaciones en donde los actores económicos, haciendo uso de la tecnología actual, pueden transferir grandes sumas de dinero las 24 horas del día y de una plaza financiera a otra en cuestión de minutos, expone Retana Yarto.
Agrega que quienes mejor han aprovechado esta situación son las mafias trasnacionales: “Hoy los fondos ilegales y los legales se entremezclan mediante el sistema bancario y bursátil, en donde predominan los incentivos para el blanqueo de capitales: alta rentabilidad, presta nombres, seguridad y relajamiento de normas bancarias, sin tasas impositivas a las operaciones bursátiles”.
Para corregir esta situación, el integrante del Colegio Nacional de Economistas y de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado, Capítulo México, considera necesario eliminar los paraísos fiscales o, en su defecto, llevar la regulación de organismos internacionales para que determinen en qué forma pueden operar.
“El tema es la desregulación versus regulación y supervisión de mercados o, por lo menos, en las operaciones de más alto riesgo: inversiones de corto plazo en instrumentos de renta variable y en el mercado de futuros (valor de las divisas, tasas de interés) que facilitan la especulación a gran escala.”
Sobre este tema, el abogado Luis Ortiz considera que además de seguir los principios dictados por el Grupo de Acción Financiera, cada país debe ser realista y atender a su propia necesidad. “Por ejemplo, los bancos ya están saturados de regulación y reporteo, sin embargo el fraude tributario y el lavado van en crecimiento. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores hizo una gran labor con las entidades financieras y transmisoras de dinero con la revalidación del registro de éstas”.
Pero incluso si todas las entidades financieras llegaran a un nivel de cumplimiento óptimo, aún queda la facturación falsa, el uso de fideicomisos de aparente administración, la simulación fiscal en facturas, el uso de sindicatos, el pago excesivo de bonos a ejecutivos, el uso de operadores y prestanombres para políticos, los avalúos y los pagos de sobornos en el extranjero, señala.
Advierte que en México es difícil de identificar la empresa que evade impuestos o está simulado pagarlos. Añade que “la auditoría fiscal, aunque haga su mejor esfuerzo, está rebasada por el tema de lavado”.
Sobre lo que hace falta para evitar la comisión de delitos, el maestro en derecho tributario internacional Luis Ortiz indica que, desde el punto de vista de ley aplicable, se necesita mejorar el uso de los precios de transferencia y uniformidad en sus metodologías, limitando su abuso, y aplicar mejor los métodos existentes comparativos; fortalecer las reglas antiabuso; centralizar un registro internacional de empresas, fideicomisos y entidades para mostrar al verdadero beneficiario; restringir la deducibilidad de intereses, y aplicar con fuerza y claridad las restricciones de retención de impuestos sobre ingresos por propiedad intelectual.
Indica que también “falta una más amplia forma de coordinación internacional (que al día de hoy no existe sino en casos muy específicos que interese a varias jurisdicciones) en la que se conozcan los beneficiarios finales con mayor prontitud y cada país haga valer su ley criminal y tributaria local de inmediato (antes de que prescriba el delito o el potencial crédito fiscal). Esto va de la mano con la delincuencia organizada internacional que facilita el lavado sin flujo de capitales entre países”.
Nancy Flores, @nancy_contra
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