El pasado 12 de junio de 2015, la Oficina del Consejo General del Ejército de Estados Unidos publicó la más reciente versión del Manual de Guerra (Department of Defense, Law of War Manual), que por su contenido podría ser considerado una importante regresión para el derecho a la información, para los derechos de los periodistas, y también para la Convención de Ginebra de 1949.
Este reporte de 1 mil 704 páginas contiene un capítulo relacionado con los periodistas, para quienes emplea el ambiguo término de “beligerante no privilegiado” (“unprivileged belligerents”, UB): “en general son civiles, sin embargo […] puede[n] ser miembros de las Fuerzas Armadas, personas autorizadas a acompañar a las Fuerzas Armadas, o combatientes no privilegiados” (4.24, Law of War Manual).
Según el investigador y director de las Investigaciones de Campo de la organización Foreign Policy Research Institute (FPRI), David Danelo “la política [aplicada] tal y como está escrita no especifica las condiciones según las cuales alguien es considerado y declarado un UB, o quién tiene el derecho de determinarlo”.
Este razonamiento se podría convertir en la nueva directriz del Pentágono, el que crea el precedente donde el Ejército de Estados Unidos asume estas reglas, en claro contraste de la Convención de Ginebra de 1949 y de sus protocolos, los cuales no firmó ni ratificó.
El documento expedido por el Pentágono reforma y adiciona el Manual de Prácticas Militares preexistente que, para el periodista ecuatoriano Oscar León, “es como una recopilación que se ajusta a los tiempos que vivimos, es una nueva realidad, que vivimos post 11 de septiembre de 2001 en todo el mundo”. Con la guerra contra el terrorismo y la inseguridad internacional, nuevas políticas tienen que imperar a nivel de las Fuerzas Armadas estadunidenses, que en palabras de David Danelo “no ofrecen ninguna protección del estado de derecho a cualquiera que no esté de acuerdo con una línea oficial de la información del Pentágono”.
El riesgo de los trabajadores de la prensa se ha acentuado desde que las Fuerzas Armadas estadunidenses han optado por categorizarlos como beligerantes no privilegiados. Según el director de Investigaciones de Campo del FPRI, David Danelo, “al usar el término UB implica que estás denegando el privilegio a alguien de no ser asesinado en un entorno de combate, porque parece haber tomado partido, por algo que han escrito o dicho, que podría asistir al enemigo”. Según Danelo, “el término unprivileged belligerent, como definición para periodistas, es muy preocupante, porque no hay identificadores o quién decide quién es un UB. Legalmente podría ser cualquiera quien tome tal decisión; con ello, estarían justificando que cualquier soldado pueda determinar si alguien ha probado ser un UB, y esto justificaría matarlo, en particular a los periodistas”.
El Manual establece, en el párrafo 4.24.2.1, que “periodistas autorizados a acompañar a las Fuerzas Armadas pueden ser detenidos por Fuerzas Armadas opositoras”. Cuando un corresponsal de guerra se encuentra junto a un ejército enemigo, éste pasa a ser considerado parte de esas Fuerzas Armadas y, en consecuencia, será tratado de igual forma como a cualquier combatiente enemigo armado. Por lo tanto, se le está denegando toda protección de civil, asumiendo ipso facto la calidad de combatiente. Según este Manual, se puede hablar de diferentes tipos de periodistas, el periodista militar y el periodista en general.
Pero todo periodista que en ciertos casos acompañara en sus actividades a un ejército, caería al igual que los efectivos capturados en el grupo de prisioneros de guerra (POW, por su sigla en inglés). Éstos serían ante todo los corresponsales de guerra, como los corresponsales independientes operando por su cuenta en la región en guerra. Su situación se torna altamente vulnerable por su exposición en caso de convertirse en POW. En entrevista con Contralínea, el antiguo periodista del canal Telesur Óscar León afirma que “para otros periodistas, incluyendo los independientes, [el Ejército de Estados Unidos] es bastante severo con los que estén viajando con una unidad militar; pero si te puedes mantener independiente y visiblemente para ellos, no estás protegido de un ataque de su parte”.
El Manual indica que, en su situación de corresponsales, “asumen un riesgo considerable de ser heridos o muertos […]. Para minimizar el riesgo de ser objeto de un ataque, los periodistas deberían velar por distinguirse de las Fuerzas Armadas […]” (Law of War Manual, 4.21.3.1). En efecto, el uso de información estratégica militar en el marco de un enfrentamiento armado constituye un verdadero problema de seguridad. También sirve como justificante para censurar la información que sale a los medios de primera mano.
Estados Unidos es uno de los escasos países que no han firmado ni ratificado la Convención de Ginebra de 1949 en ninguna de sus partes. El analista geopolítico Mahdi Nazemroaya comenta en entrevista que, aunque ese Manual está hecho bajo la ley de Estados Unidos, debe tomar en cuenta la Convención de Ginebra, como ley consuetudinaria internacional. “Esto quiere decir que Estados Unidos puede no ser parte de un tratado, puede no haber firmado el tratado, [pero] los periodistas están protegidos por el artículo 9 del Protocolo Adicional I de la Convención de Ginebra. Sin embargo, Estados Unidos ahora va por su propia definición de un beligerante”.
En este sentido, el Coronel Joseph R Sowers dijo al Washington Times que “nosotros no creemos que tenga un significado legal el Manual al mencionar como beligerantes no privilegiados referente a los periodistas, pues el manual en sí no crea nuevas leyes. El hecho de que una persona sea periodista no le impide convertirse en un beligerante no privilegiado”.
Al respecto, el artículo 79 del Protocolo Adicional I de la Convención de Ginebra de 1977, establece en su segundo párrafo:
“Serán protegidos como tales de conformidad con los convenios y el presente protocolo, a condición de que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de persona civil y sin perjuicio del derecho que asiste a los corresponsales de guerra acreditados ante las Fuerzas Armadas a gozar del estatuto que les reconoce el artículo 4, A.4 del Tercer Convenio.”
En este sentido, el analista de geopolítica Mahdi Nazemroaya comenta que “lo que este Manual hace es introducir una nueva categoría al cuadro del periodismo, que es el de beligerante no privilegiado, lo que implica que [el periodista] está sujeto a los dos estatus: civil y combatiente, lo que conlleva a que puede ser un prisionero de guerra, pero también puede ser juzgado por un tribunal militar y castigado”.
En la introducción de este tomo nuevo de las reglas de guerra, el consejero general Stephen W Preston menciona cómo “la ley de guerra es parte de nuestro legado militar […]. Naciones han desarrollado leyes de guerra para ser fundamentalmente consistentes con las doctrinas militares, que son la base de una operación de combate efectiva. […] Refleja la experiencia de este departamento en la aplicación de la ley de guerra en operaciones militares actuales”.
El Ejército estadunidense se arroga la censura por razones de seguridad y guerra propagandística. Cuando se trata de derrotar al enemigo, la información se ha convertido en un nuevo frente donde no sólo se emplean los denominados “periodistas militares”, sino que además son de facto parte de las mismas Fuerzas Armadas en plena operación. La censura practicada en este nivel equivale a que Estados requieran censurar trabajos periodísticos o tomar medidas de seguridad para que los periodistas no revelen información sensible al enemigo.
Al respecto, el analista y sociólogo Nazemroaya dice en entrevista con Contralínea que “si vemos la definición de hostilidad, esto podría ser cualquier información que va en contra de una operación militar; así que hay una flexibilidad que el Ejército de Estados Unidos se está otorgando para arrestar a periodistas básicamente reportando en contra de operaciones de Estados Unidos. [Esto] básicamente significa que controlar el flujo de la información y su censura por el éxito de la operación militar ha sido oficialmente sancionado, algo que el Pentágono ha puesto en práctica en varias guerras”.
El Manual cita que “bajo la Ley de Guerra no existen derechos especiales para los periodistas para entrar en el territorio de un Estado sin su previo consentimiento o de acceder a áreas de operaciones militares sin el consentimiento del Estado conduciendo las operaciones”. En ese sentido, la razón militar se sobrepone a la periodística, y de hecho se convierten en personal auxiliar a la tropa sin tener libre acceso a la información.
Al respecto, el director de Investigaciones de Campo del FPRI, David Danelo, comenta que se trata “del Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmando que quiere controlar la narrativa, que quiere controlar las ideas que están siendo puestas en la mesa, la información presente […]. [No acatar] esto sería declarado como desleal, uno sería un beligerante no privilegiado”. En este sentido, el Manual comenta en el apartado sobre los periodistas en zonas de operaciones militares que “en algunos casos, la retransmisión de información (así como el proporcionar información de uso inmediato en operaciones de combate) podría constituir tomar parte en las hostilidades” (LOW, 4.24.3.1).
En la era de la guerra informativa (information warfare), según Nazemroaya, en el marco de la guerra de Libia, “Estados Unidos en efecto bombardeó medios de telecomunicación y medios libios, así que tuvieron como objetivo a periodistas y justificaron esto diciendo que la información que estos periodistas estaban difundiendo les costaba vidas. La vida de uno o varios estadunidenses estaría por encima de la objetividad periodística, como de los mismos periodistas que no escriben en la narrativa que propugna el Departamento de Defensa, sean estos estadunidenses o extranjeros. David Danelo expresa, por su lado, que “esto significa una traba a la libertad de expresión de los periodistas y escritores que pretenden reportar sobre actividades del Ejército estadunidense”.
La figura del periodista en esta nueva nomenclatura se define como un elemento que si no está incorporado en las propias Fuerzas Armadas (periodista militar, embedded journalist), es decir, como independiente o acompañando a las fuerzas enemigas, es igual a un combatiente enemigo, armado en este caso de un micrófono, una cámara y un bloc de notas.
“Hay que diferenciar bien claro: un periodista o corresponsal de guerra que viaja con las Fuerzas Armadas de otro país, es diferente que un periodista que viaja y trabaja como corresponsal de una guerra”, explica el periodista ecuatoriano Óscar León.
No obstante que su calidad de civil esté estipulada en el Protocolo Adicional Tercero de la Convención de Ginebra, para el analista del FPRI, “parece que [el Manual] escribe su propia ley y le otorga al Departamento de Defensa la autoridad de decir y determinar quién es civil y quién no”.
Para la nomenclatura del Manual en cuestión existen periodistas adjuntos a un cuerpo militar, ergo, militares y civiles, sean estos independientes o parte de un medio de comunicación (LOW, 4.24.1, 4.24.2, páginas 173-743). De aquellos que figurarían como civiles no pueden por ello contar con la imparcialidad de las Fuerzas Armadas, puesto que sin considerar lados, “periodistas autorizados a acompañar a Fuerzas Armadas tienen el mismo estatus que esas personas” (LOW, 4.24.2.1). Además de que los periodistas que “entren en áreas de operaciones militares asumen un considerable riesgo de ser heridos o matados” (LOW, 4.24.3.1).
Finalmente, la figura del periodista-espía se plantea como capítulo aparte de este apartado, donde se evidencia cómo “reportar sobre operaciones militares puede ser similar a recolectar información de inteligencia o incluso espiar. Al periodista que actúe de espía podría ser sujeto a medidas de seguridad y castigo en caso de ser capturado. Para evitar ser confundido con un espía, los periodistas deberían de actuar de forma abierta y con el permiso de las autoridades pertinentes. El presentar documentos de identidad, como documentos emitidos a corresponsales de guerra autorizados […] puede ayudar a evitar ser tomado como espía” (Law of War Manual, 4.24.4).
Mahdi Nazemroaya –quien estuvo presente en Libia cuando se estaban produciendo los bombardeos sobre ese país– comenta que “varios periodistas que estaban, aunque no todos, viniendo de los grandes medios estaban de hecho observando para el Pentágono o alguna agencia de inteligencia, pasándoles información, por ejemplo de retenes militares, fábricas o lugares que se pudieran bombardear. Me acuerdo que los libios agarraron a un periodista británico que estaba mandando información sobre infraestructura que bombardear”. Es evidente que, lejos de ser una hipótesis, lo que al enemigo se le recrimina se usa en las filas de las Fuerzas de Estados Unidos y sus aliados, lo cual para Nazemroaya constituye un “doble estándar”.
Por años, la información de Estados Unidos estuvo dominando el mundo desde las cadenas de CNN, NBC, etcétera, que daban la versión “políticamente correcta” de los acontecimientos. Hoy día, este monopolio es tan vigente con la presencia de una “guerra que ha integrado la información”. Y Estados Unidos está poniendo todo su peso en controlar este ámbito.
“Si ves a los rusos, a los chinos, han estado revelando información sobre Siria que contradice la versión de Estados Unidos. En efecto, Estados Unidos negó la presencia de Al Qaeda en Siria, pues todos eran demócratas, moderados, pero con la llegada de otras redes de información tuvieron que admitir que Al Qaeda estaba presente en Siria también”, comenta el sociólogo y analista geopolítico canadiense Nazemroaya.
La guerra ahora es intangible y pasa por la información y contrainformación que el mundo multipolar emite. La CNN tiene nueva competencia, como Russian Television, Xinhua, (la agencia informativa china), la Agencia Árabe Siria de Noticias, y que por internet y los medios existentes hoy pueden replicarles en la inmediatez.
Para Nazemroaya, “los sistemas de difusión están sirviendo como un arma en una guerra de la información; entonces la primera víctima de esta guerra de información es la verdad; la segunda, el periodista, tratando de llegar a la verdad”.
El artículo “Pentagon declares journalists are ‘unprivileged belligerents’ who can be shot or killed on sight”, escrito por J D Heyes (www.naturalnews.com), señala que los “beligerantes no privilegiados están normalmente clasificados como terroristas; [por ello] si son capturados, no se les otorgarán todos los derechos de un prisionero de guerra de la Convención de Ginebra”.
Intentar cubrir eventos bélicos donde se encuentren involucradas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos será una misión condenada al fracaso, cuando “de acuerdo con la política [actual] las únicas líneas de reportaje que serían aceptables son aquellas donde no se cuestione la política oficial, al grado que podría proporcionar ayuda al enemigo”, aclara el investigador del FPRI, David Danelo. Agrega que “el Manual de Guerra del Departamento de Defensa actualmente publicado no es acorde a la ética de la Constitución de Estados Unidos, debería ser reexaminado, reescrito y cambiado”.
Axel Plasa, @axel_contra
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN]
[SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
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