Mediante la Declaratoria de libertad de terreno número 01/2019, cualquier persona física o moral “podrá solicitar la expedición de un título de concesión minera”, con base en el artículo 1 del mismo documento publicado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación.
Desde febrero pasado, dicha institución federal –que encabeza la doctora Graciela Márquez– tiene el deber de otorgar las hectáreas liberadas siempre y cuando cumplan con “el requisito básico” de ser una empresa dedicada a actividades mineras, explica a Contralínea el investigador Francisco López Bárcenas, autor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México.
Tales terrenos fueron previamente cancelados por ley como consecuencia del desistimiento de los particulares a su derecho de exploración, indica la propia Declaración de liberación de terrenos.
Un factor para considerar la cancelación de concesiones es el hecho de que los empresarios violaron el reglamento “mínimo” para operar, asegura Francisco Cravioto Lagos, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
En los 9 meses de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha variado su discurso en torno a la minería: en marzo pasado puso sobre la mesa la posibilidad de cancelar 5 mil concesiones. No obstante, el 12 de agosto dijo que “no se cancelarán más concesiones” además de advertir que no se otorgarán nuevas.
Sin embargo, “las concesiones siguen abiertas”, afirma Esperanza Salazar Zenil, integrante de la Red Nacional de Afectados por la Minería (Rema). Para la activista, el discurso del presidente es contradictorio, pues “no sé si en algunos lugares él dice ‘acá sí… acá no’”, cuestiona, con molestia.
En opinión de Salazar Zenil, el gobierno federal no enfrenta de forma real la situación de las concesiones, ni mucho menos la problemática de las afectaciones a la salud y al medioambiente, ambas traídas por proyectos mineros a cielo abierto, los cuales han afectado a comunidades.
Datos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, indican que entre 2013 y 2018 los proyectos referentes a tal actividad extractiva aumentaron un 77 por ciento. Además, el 75 por ciento de las nuevas minas en construcción serán a cielo abierto (técnica altamente contaminante).
No hay correspondencia con lo prometido por López Obrador en campaña de acabar con el neoliberalismo, advierte Grecia Rodríguez Navarro, integrante del Observatorio de Conflictos Mineros en Zacatecas (OCMZ). La ambientalista considera que es imposible creer que en la actual administración se presente un cambio si no se ataca el problema de raíz en materia extractiva. Al contrario, “vemos que el número de concesiones va en aumento”.
En 10 años, la cantidad de proyectos mineros se duplicó, pasando de 667 en 2010, a 1 mil 531 en 2018, refiere el informe Las Actividades Extractivas en México. Desafíos para la 4T, elaborado por Fundar.
Según el Registro Público hay un total de 25 mil 221 concesiones. No obstante, el número está desactualizado, porque faltan las de 2018, observa Julieta Lamberti, coordinadora de investigación en la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).
Por su parte, Esperanza Salazar –activista en contra de proyectos mineros en Colima– asegura que hay solicitudes en espera de que la Secretaría de Economía les otorgue la concesión.
Aunque es incierto si la actual administración otorgó nuevas concesiones o no, ese dato podrá conocerse hasta finales del año; “antes no”, refiere en entrevista la investigadora Lamberti.
El presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene la facultad de decidir nada sobre lo que puede hacer respecto de la legislación minera y a todo lo que tiene que ver con el régimen minero, porque la propia ley le pone “una camisa de fuerza al Ejecutivo para actuar”, señala Cravioto Lagos.
Agrega que el Ejecutivo no tiene facultad para cancelar concesiones por motivos de derechos humanos, por violar derechos laborales o por crímenes ambientales. El Estado tiene la facultad de administrar, señala el investigador del CCMSS. Lo único que puede hacerse es perseguir a las empresas mediante la Ley de Responsabilidad Ambiental, misma que no “tiene consecuencias sobre la Ley Minera”.
El marco jurídico que regula el extractivismo de minerales en el país es “inconstitucional” y garantiza el saqueo, el despojo cometido por empresas trasnacionales. Por ello el “problema” no son las concesiones sino la Ley Minera, la Ley Nacional de Aguas, pues permiten la entrega de los recursos naturales en “bandeja de plata”, además de que el territorio, el medio ambiente y el agua quedan devastados, opina Felipe Pinedo, miembro de la Coordinadora Plan de Ayala.
Para la investigadora Julieta Lamberti, la regulación ha permitido que en los últimos 30 años, las empresas (en su mayoría canadienses), hagan negocios y ganen dinero con una mínima vigilancia.
Y es que la Ley Minera es inconstitucional, coinciden los entrevistados. Los artículos 6 y 19 son contrarios a legislaciones internacionales de los derechos humanos y al derecho de los pueblos indígenas, indica Lamberti.
Además, en lo referente a cancelaciones, la Ley señala pocas causales que sólo refieren a temas administrativos: si una minera no paga los derechos impuestos por el Estado, si omite la entrega entrega de los informes productivos (reportar al Estado qué y cuánto extrae) o no los hace; si una minera no realiza obras de seguridad básica para sus trabajadores; si no permite una visita de inspección de la Secretaría de Economía pueden cancelar la concesión, refiere el investigador Cravioto Lagos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que en 2017 hubo un total de 2 mil 273 de titulares de concesión minera que no contaban con su Registro Federal de Contribuyentes en el padrón de títulos en 2017.
La Ley tampoco obliga a los empresarios a reparar los daños provocados al medio ambiente. Y aunque el jefe delEejecutivo diga en repetidas ocasiones que existe la extracción minera sin dañar el ambiente, la Rema opina lo contrario: siempre afecta.
Para la Red, el modelo de extracción minero no es sustentable por tener sus bases en la explotación de recursos no renovables. Asimismo, señaló que científicamente no hay pruebas de “una minería verde amigable con el medioambiente”.
Dentro de las afectaciones se encuentra la destrucción de bosques, selvas, suelos, así como del tejido social, ya que provoca el desplazamiento forzado de comunidades así como de los empleos que eran propios de éstas por lo que la generación de empleos es un “mito”, refiere el mismo comunicado.
Un tema adicional a esta actividad extractiva es el de las consultas indígenas a modo. La probable introducción de la consulta a las comunidades indígenas en la reforma a la Ley Minera es un punto de suma importancia y preocupación, ya que representaría “un trámite más” para las empresas. Lo anterior sin importar el resultado que traiga la consulta, opina Cravioto Lagos, maestro en ciencia política por el Colegio de México.
La consulta debería levantar una voz de alarma para todo el mundo, pues está abanderada por la Cámara de Minería (quien agrupa a las empresas) en consenso con el gobierno de López Obrador. “¿Qué tipo de consulta quieren ellos?”, una que simule lo ratificado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, advierte.
El politólogo Cravioto Lagos señala que en el momento en que las empresas logran la disposición de territorio sólo palomean una serie de 30 permisos administrativos para operar. Esto pasaría con la consulta a los pueblos indígenas: se convertiría en algo más que palomear.
Por ello lasoOrganizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas por la minería se encuentran en la espera de ser convocadas para participar en el proceso de modificaciones a la Ley, puntualiza la investigadora Julieta Lamberti.
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Esperanza Salazar Zenil, integrante de la Red Nacional de Afectados por la Minería, considera que los ataques a los defensores de la tierra y el territorio podrían recrudecerse por la ambición de los imnpulsores de megaproyectos.
Y es que el sector minero es el más letal a nivel global: en 2018 hubo un total de 43 asesinatos de opositores al sector extractivo y minero, de acuerdo con el informe ¿Enemigos del Estado?, publicado por la organización Global Witness.
Con base en el mismo informe, México figura en el sexto eslabón mundial y el cuarto en América Latina en asesinatos a defensores de la tierra y el medio ambiente, con un total de 14 pérdidas por conflictos medioambientales, ocasionados tanto por la industria minera como por la agroindustria, el agua, entre otras.
Jordana González
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