Iniciar la temporada grande, previa venta del derecho de apartado, sin haber organizado 12 novilladas, mínimo legalmente exigido; programar carteles con mayoría de alternantes extranjeros; interrumpir el serial mayor antes de la docena de festejos; reseñar encierros a destiempo; presentar astados de ganaderías generalmente repudiadas… transgresión de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, del Reglamento Taurino local y de las normas taurómacas, con el visto bueno de las autoridades, han marcado la regencia de Alberto Baillères y Javier Sordo Madaleno ante la Plaza México.
Después de semanas, meses de silencio oficial y rumores sobre el destino inmediato de la plaza de toros más grande del mundo tras el retiro forzado de Rafael Herrerías, subalterno de Miguel Alemán, la noticia se esparció en el planeta de los toros, como llamara Antonio Díaz Cañabate a los países taurinos, y el revuelo se desató: el mandamás de los cosos de Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey, entre otros, dueño de múltiples ganaderías en América y Europa además, el multimillonario Alberto Baillères, se haría cargo de la Monumental acompañado del socio inmobiliario de Alemán Magnani y heredero del hierro de Xajay.
“Grupo Integral de Desarrollo Inmobiliario, SAPI de CV, es la firma en la que los apellidos Sordo Madaleno y Alemán se asocian. También son compañeros de mesa en el Consejo Directivo de la asociación ecologista Hombre Naturaleza”, publicó Contralínea en mayo de 2016 (“Plaza México: cambio de administración, nuevo fraude”).
La primera promesa fue que la plaza no se derruiría en los próximos 5 años. Hasta se remozó parte de la misma. Se anunció un ciclo de novilladas “con un nuevo formato”: con la suerte de varas suprimida.
A partir de septiembre, la temporada chica inició con encierros con trapío similar, superior inclusive, a los presentados en los últimos años en corridas encabezadas por las llamadas figuras del toreo. La ilusión de un cambio en cuanto a la seriedad de los festejos se despertó en un sector de la afición, mientras los cronistas y periodistas fieles a las empresas renovaron sus votos redoblando sus tareas publicitarias.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]La supuesta renovación en la administración de la Monumental Plaza de Toros México quedó en un cambio de nombres, logotipo y razón social”[/blockquote]
Posteriormente, Tauro Plaza México, SA de CV, la razón social que sustituyó a Productora Global EMT –a la que a su vez le precedieron diversos nombres fiscales, pero siempre del mismo dueño–, presentó un elenco de toreros y ganaderías con el fin de ofertar el derecho de apartado. Dehesas conocidas por los señalamientos en su contra por enviar novillos, y aun becerros por toros, y matadores acusados de pedirlos, componían el listado anunciado por la empresa.
El evento de la presentación de los primeros diez carteles vino después, con la temporada de novilladas sin llegar al mínimo requerido, ante el silencio de las autoridades, que desde entonces conocieron los planes de confeccionar carteles con mayoría de espadas extranjeros.
“La programación de los encierros son la repetición del ayer, que por trillado, manso y descastado, no alientan ningún tipo de esperanza. Quiere decir que una mano de gato, un cambio en la decoración y la irreverencia en la forma taurina sólo hacen cambiar lo desechable, dejando intacto lo realmente esencial”, analizó Eduardo Maya. “La nueva cara de la Plaza México sólo cambia de piel, pasa a cirugía estética sin hacer el cambio de sangre, la renovación en toros, principalmente, tan necesaria” (“Plaza México: temporada grande 2016-2017. Carteles entre prisas y carreras”, De sol y sombra, 4 de noviembre de 2016).
Entre los cambios, estuvo la desaparición del logotipo utilizado durante décadas; el encarecimiento de los boletos (el rango quedó entre 100 y 1 mil 390 pesos); la programación de fines de semana con hasta cuatro festejos; la relegación, aún más, de los nombres de los hierros en los carteles, los cuales aparecen en letras chiquitas.
La temporada grande inició con la plaza semivacía el sábado 12 de noviembre de 2016; con dos extranjeros y un mexicano, y un encierro de Bernaldo de Quirós.
Entradas contadas por cientos de personas en una plaza con capacidad superior a 40 mil; mansedumbre generalizada de los astados, y sobre todo en la línea de escasa presencia de las últimas décadas –aunque la estrategia publicitaria subraye el trapío de una corrida y algunos toros sueltos–; presunción de fraude permanente en la edad de los moros, no obstante lo asentado por los propios ganaderos y un veterinario a su servicio; triunfos por “cuidar al toro” más que por poderle, por la capacidad artística de diestros como José Antonio Morante, Fermín Rivera, Octavio García y Juan Pablo Sánchez y no por la bravura del animal, ha sido el sino por el que sigue pasando la afición del coso de Insurgentes.
La supuesta renovación en la administración de la Monumental Plaza de Toros México quedó en un cambio de nombres, logotipo y razón social, mas no de prácticas contrarias al derecho y a las normas taurinas; en gatopardismo, definido como el arte de simular una transformación para dejar las cosas igual.
Tauro Plaza México habría debutado violando diversas disposiciones de la ley y el reglamento locales. El repertorio de supuestos quebrantos a las normas sería mayor a la variedad de suertes que normalmente se ven en los ruedos.
La primera infracción se habría dado al artículo 43 de la ley para la celebración de espectáculos públicos, que indica lo necesario para poder vender el derecho de apartado (abono). La fracción primera, habría sido violada dos veces: “Previamente al inicio de la temporada se deberán dar por lo menos 12 novilladas”, y organizar un mínimo de 12 corridas ininterrumpidas.
Al inicio de la temporada grande, la empresa de Baillères y Sordo Madaleno había organizado nueve festejos menores, varios sin caballos, y tras las dos primeras corridas cortó una semana para cumplir con las últimas tres novilladas.
Desde hace mucho tiempo tampoco se sigue la fracción cuarta del mismo artículo 43, que marca la obligación de “anunciar completo el elenco de matadores de toros, con especificación del número de corridas en que actuarán y las ganaderías contratadas, con detalle del número de encierros que a cada una corresponda”. Sólo se enlistan nombres que después pueden o no tomar parte del espectáculo.
Del 18 de octubre al 1 de noviembre se hizo el canje y venta de los derechos de apartado, a pesar de no cumplir con los requisitos.
El artículo 47 exige que “todos los carteles” deben “estar integrados por el cincuenta por ciento de participantes mexicanos como mínimo”. Pero desde la inauguración de la temporada grande 2016-2017, se contravino lo anterior con la actuación de Eulalio López, Zotoluco, matador mexicano próximo al retiro, y los peninsulares José María Dols Samper, Manzanares, y Alejandro Talavante.
Con la anuencia del gobierno de la ciudad, por medio del juez de plaza, represente de Miguel Ángel Mancera, y ante quien piden permiso los toreros para matar al toro; de la delegación Benito Juárez, entidad que conoce con anticipación los programas y da el permiso para llevarlos a cabo.
“Que no se habían dado cuenta [de la mayoría extranjera]”, aseguró el encardado de los asuntos taurinos de la delegación Benito Juárez, relata a Contralínea Miguel Ortas, presidente de la Unión Mexicana de Toreros, Asociación Civil.
Paradójicamente, a diferencia de la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares, sindicato registrado que no respingó, la llamada Unión, afín a Miguel Alemán, se quejó públicamente por dicha disparidad.
Por medio de un comunicado, declaró que se reunió con las autoridades delegacionales para “exponerles la violación de los artículos 45, 46, 47 y 48” de la ley. “El director jurídico de la delegación –contó la organización– atendió nuestra petición de multar a la empresa en la primera corrida, y no otorgar el permiso para los carteles en que se incluyan a dos extranjeros y un nacional”.
Sin embargo, no sólo no se multó a la empresa. Sino que el 11 de diciembre se repitió la falta.
“Lo curioso es que esa agrupación, ahora dirigida por el matador Miguel Ortas, Miguelete, fue creada por Rafael Herrerías para diversos fines, precisamente uno de ellos para que en la Plaza México pudieran actuar dos extranjeros y un mexicano”, apuntó el periodista Jaime Oaxaca ante el silencio de la Asociación de Matadores (“España para los españoles, México… también”, Opinión y toros, 16 de noviembre de 2016).
Por su parte, los cronistas y reporteros plegados a los empresarios justificaron repitiendo frases que por igual se escucharon en programas que se leyeron en comentarios individuales: “el arte no tiene nacionalidad…”, “si es lo que el público quiere ver…”
“Independientemente del lio de la multa y de la carta, la situación es que se les da oportunidad a los diestros españoles sin ton ni son –continuó Jaime Oaxaca–. Al menos los dos extranjeros que torearon el sábado [12 de noviembre] en el coso capitalino son importantes en España; pero traen a ruedos mexicanos algunos que no aportan nada y no meten ni un alma a la plaza.”
Asimismo, la fracción primera del artículo 43 exige “un mínimo de 12 corridas ininterrumpidas”. Pero pasada la segunda, la temporada se detuvo, y la empresa anunció que cortaría el serial antes de fin de año.
Dehesas frecuentes durante la era Herrerías, como Bernaldo de Quirós, Xajay, El Vergel, San Isidro, Julián Hamdan y Teófilo Gómez se presentaron con la “nueva empresa”. Todas ellas con su propio historial de mansedumbre, animales engordados y señalamientos de presuntamente hacer pasar novillos por toros.
Contralínea documentó el presunto fraude de dichos hierros a partir de informes veterinarios y testimonios especializados. Como consecuencia de las publicaciones, el binomio empresa-delegación tomó el control de la revisión post mórtem para asegurar la imposibilidad de que quede registro oficial de las irregularidades en cuanto a edad y manipulación de las astas. En el relevo, Tauro Plaza México siguió como la administración anterior: sin modificar nada en favor de la transparencia del espectáculo, sin importar la duda o los reclamos de la afición.
De acuerdo con el artículo 46 de la misma ley de espectáculos, para que se dé la venta de boletos para un festejo, la empresa debe contar con la aprobación de la delegación Benito Juárez. La demarcación conoce previamente los contratos suscritos con los alternantes y el ganadero, el registro de las reses; atestigua la reseña de los encierros; aunque no es su función, programa a los jueces; podrían detener la organización de una tarde.
Aunque el reglamento taurino, en su artículo 4, señala a la delegación como la encargada de sancionar a la empresa –lo cual no ocurre–, así como de expedirle los permisos,.
En la víspera del segundo festejo con mayoría de espadas extranjeros, Miguel Ortas relata en entrevista que se volvió a reunir con los funcionarios de la administración panista. La promesa de sancionar por el primer cartel no rebasó el departamento jurídico, no así las autorizaciones, que siguen fluyendo.
Las autoridades podrían ejercer como tal, y hacer lo conducente ante las transgresiones, o evitarlas. Pero no. Los hechos así lo comprueban: el 11 de diciembre, Morante de la Puebla (Andalucía), bordó el toreo ante José María, Manzanares (Andalucía), y Gerardo Rivera (Tlaxcala), en un festejo con el visto bueno de los funcionarios. Otro cartel similar estaba programado para el 9 de diciembre, pero la propia empresa lo eliminó sin dar explicaciones; habrían partido plaza Sebastián Castella (Francia), Alejadro Talavante (España) y Diego Sánchez (México).
Diego Vergara Ordoñez, coordinador taurino de la delegación, primero denegó contestar pregunta alguna por teléfono, mejor ofreció una cita para realizar una entrevista en persona… Después, a la hora acordada, mandó a decir que se comunicaría. Hasta el cierre de edición se le siguió esperando. Tampoco se obtuvo respuesta por parte de la empresa de la Plaza México.
Por ejemplo, la violación del artículo 43, fracción cuarta, referido al anuncio detallado del elenco de la temporada grande, debería sancionarse con una multa de 50 a 100 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, que para 2016 es de 71.68 pesos, es decir: entre 3 mil 584 y 7 mil 168 pesos; para las faltas a los 44, 45 y 47, que entre otras cosas marcan la obligación de entregar la reseña de los moros cuando menos 4 días antes del festejo y el acartelamiento de mayoría extranjera, la multa podría ser entre los 7 mil 168 y 14 mil 336 pesos; el lidiar un sólo novillo por toro podría ser castigado con montos de hasta 28 mil 672 pesos. Ni siquiera eso se ha dado.
“Esto no es cosa de pagar una multa, sino que la delegación puede actuar tal como lo hizo en 2007 cuando clausuró la Plaza, defendiendo y ganando el famoso amparo 1594/2007 del Juzgado Duodécimo del Primer Distrito en Materia Administrativa, concluyendo que aquel artículo 47, en aquel entonces no [era] restrictivo, [sino que] era constitucional”, rememora Eduardo Maya.
Entonces, sellos de clausura fueron colocados en las puertas del recinto por el espectáculo en el que actuaron el portugués Rui Fernandes (rejoneador), el andaluz Antonio Barrera (casualmente, actual coapoderado de Morante de la Puebla) y el texcocano Leopoldo Casasola.
Además, de acuerdo con la ley vigente, artículo 84, y no sólo por las corridas con más foráneos, la empresa de Baillères podría perder el permiso: “En caso de reincidir en alguna de las infracciones sancionadas económicamente por la ley, se aplicará el doble de la multa impuesta originalmente, y en caso de que el infractor incurriera por tercera ocasión en la misma falta, procederá además la clausura de las instalaciones y revocación de oficio del permiso.”
Mauricio Romero
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