Luis Beatón/Prensa Latina
La violencia policial en Estados Unidos amenaza con convertirse en un mal endémico, y a las más de 500 muertes de personas, cifra que se llegó en los primeros días de junio, pudieran sumarse muchas otras.
Esto si no hay una acción judicial que frene las prácticas fuera de control de los agentes, estiman activistas y analistas del problema.
Recientemente el sitio digital Global Research abordó este asunto y lo calificó de epidemia a nivel nacional, al constatar que sólo en los primeros 7 días de junio los uniformados estadunidenses ultimaron a 20 personas.
La víctima mortal 500 de este año, de acuerdo con una base de datos de homicidios policiales, se produjo a inicios de la segunda semana de junio, cuando los miembros del equipo Armas y Tácticas Especiales (SWAT por su sigla en inglés) del condado de Maricopa acribillaron a Richard Warolf, de 69 años.
La noche siguiente, un oficial en Des Moines, Iowa, disparó y mató a Ryan Bollinger, un joven de 28 años, desarmado, luego de dispararle desde un auto patrulla después de una persecución de 2 minutos, agrega la información de la publicación canadiense.
Según la denuncia, el sistema judicial estadunidense protege a policías asesinos en la persecución, y cita el caso del fiscal del condado de Cuyahoga, Tim McGinty, quien desestimó un fallo de un juez local que encontró que los policías involucrados en el tiroteo de Tamir Rice, en Cleveland, Ohio, el año pasado, podrían ser acusado de un delito.
Ese rotativo reveló que la policía estadunidense mató a más personas en los primeros 24 días de 2015 que las fuerzas policiales de Inglaterra e Irlanda juntas en los últimos 24 años, y que esa agencia estadunidense mata a más personas cada semana que la de Alemania en 1 año entero.
En otra ilustración del accionar de los agentes estadunidenses, el diario encontró que la policía en Pasco, Washington (con una población 67 mil 599 personas) disparó más proyectiles a un sospechoso desarmado, Antonio Zambrano-Montes, que los que sus similares de Finlandia (con una población de 5.4 millones) utilizaron en todo 2013.
Pese a los miles de homicidios de la policía durante la última década, sólo 54 funcionarios fueron acusados, según un estudio realizado en abril por The Washington Post y la Universidad Estatal de Bowling Green.
Al abordar la impunidad con la que actúan los policías estadunidenses, Global Research asegura que la excepción es el caso del exoficial de policía de Carolina del Sur Michael Slager, quien fue acusado este mes por el asesinato de Walter Scott.
Señala que el Departamento de Policía inicialmente trató de encubrir el hecho, pero se vio obligado a cambiar su historia después que el video de un transeúnte mostrara a Slager disparando contra Scott, desarmado, y por la espalda cuando trataba de huir, y luego plantó un arma cerca de su cuerpo.
La muerte de personas a manos de los uniformados es un goteo de una pila, que si no se repara pudiera ampliar el récord de asesinatos en el país.
Así, el afroestadunidense Richard Gregory Davis murió a manos de agentes de la policía de Rochester, estado de Nueva York, a causa de disparos con una pistola eléctrica taser, según informes de las autoridades.
Gregory, de 50 años y padre de seis hijos, sufría de problemas respiratorios, y según testigos, los uniformados utilizaron la fuerza innecesaria, algo que ya es recurrente y que acapara las críticas de sectores políticos y comunitarios en el país.
La versión oficial señala que el sujeto chocó su vehículo contra un automóvil, minutos después contra una iglesia y finalmente huyó a pie.
Horas después, agrega, volvió a su vehículo y chocó de nuevo contra un cartel de una carretera local, donde fue interceptado por agentes que le solicitaron salir del vehículo, a lo cual Gregory se negó.
El jefe de la policía de Rochester, Michael Ciminelli, indicó que Davis abandonó el vehículo de manera agresiva, por lo que un agente utilizó la taser para detenerlo, lo que provocó que el afroestadunidense sufriera una descomposición y fuera trasladado a un hospital, donde murió minutos más tarde.
Problemas como éste hacen que cada día sean más los que ponen en duda que la policía se vea obligada a usar la fuerza y dudan sobre la honestidad de los agentes.
Un informe publicado por el diario The New York Times aseguró que en esa urbe las muertes a causa de la utilización de las armas de fuego aumentaron por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde la década de 1990.
Por esa causa, hasta mayo de 2015, se registraba un total de 98 fallecidos, en contraste con 69 en 2013 y 2014.
Sin embargo, el problema no se circunscribe a Nueva York, un vistazo por el país ilustra que en toda la geografía estadunidense la violencia desplegada por los uniformados, muchas veces injustificada, cobra más víctimas, en especial entre negros y latinos.
La pistola taser fue diseñada para incapacitar a una persona o animal mediante descargas eléctricas que imitan las señales nerviosas y confunde a los músculos motores del cuerpo, principalmente brazos y piernas, inmovilizando al objetivo de manera temporal.
La taser moderna dispara dos dardos que contienen los electrodos que se conectan con el arma mediante unos alambres de metal, y su uso está autorizado generalmente en niveles de amenaza muy inferiores al que requiere el empleo de armas de fuego.
Al margen de su letalidad, según admitió la compañía Taser International, su impacto produce un fuerte dolor en la persona atacada sin dejar grandes marcas, por lo que los cuerpos de policía pueden emplearla como mecanismo de tortura encubierta.
Las agencias policiales en Estados Unidos y de otras partes del mundo defienden el uso de las armas taser alegando que salvan vidas y se pueden usar para someter a sospechosos peligrosos o que se niegan a cooperar.
El problema racial y el uso de la fuerza policial en el territorio estadunidense es un tema caliente desde que el adolescente afroestadunidense Michael Brown resultara ultimado a balazos en agosto de 2014 en Jefferson, Misuri.
Lo cierto es que la ley protege a los agentes facultados para disparar si éstos consideran que en una detención o enfrentamiento está en peligro su vida o la de otros ciudadanos, pero llama la atención que casi siempre son negros o latinos los perjudicados.
Esta situación provoca que en muchas comunidades donde hay una gran presencia de negros y latinos, los pobladores prefieran escapar cuando por algún incidente acuden los uniformados para evitar servir de blanco a los agentes.
Ahora hay un incipiente debate que pudiera poner freno a los uniformados.
Existen más partidarios de que lleven cámaras en su equipamiento, lo que permitiría grabar sus acciones y desalentarlos en el uso excesivo de la fuerza.
Mientras tanto, la epidemia amenaza con extenderse y agregar nuevas víctimas mortales, en la mayoría de los casos personas inocentes.
Luis Beatón/Prensa Latina
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