El Gobierno del Distrito Federal posibilita centenas de negocios privados exentos del pago del impuesto al valor agregado (IVA), pero con una alta rentabilidad, como el de Operadora de Centros de Espectáculos, SA de CV (Ocesa) con la explotación del Palacio de los Deportes, el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Foro Sol. Ello, a través de 1 mil 627 permisos administrativos temporales revocables otorgados por la Oficialía Mayor a particulares para el uso, aprovechamiento y explotación del espacio público capitalino.
A título gratuito o a cambio de una mínima contraprestación, que la propia Oficialía Mayor determina, los privados, a solicitud propia y hasta por un plazo de 30 años, cuentan con la venia gubernamental para colocar parquímetros, publicidad, unidades sanitarias, cajeros automáticos, casetas telefónicas; construir puentes peatonales, túneles; generan energía con caídas de agua; montar locales comerciales, estacionamientos; parques acuáticos; operar restaurantes, deportivos y centros de espectáculos.
Al tratarse de bienes del dominio público, la dependencia exenta a los particulares del pago de impuestos: “sin que deba pagar IVA, en atención a que los espacios se encuentran en la esfera del dominio público”, se lee en los “contratos” que obran en el archivo de la Oficialía Mayor.
En la amplia lista de permisionarios destaca Ocesa, que en 2011 obtuvo un permiso para el uso, aprovechamiento y explotación por 1 década del Palacio de los Deportes, el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Foro Sol por una contraprestación mensual de 2 millones 500 mil 434.58 pesos. Reservándose el Gobierno del Distrito Federal únicamente “el derecho a escoger 20 días al año sin costo alguno para su aprovechamiento”, refiere el documento oficial al que Contralínea tuvo acceso.
En esa misma lista se encuentra MYT Restaurantes, que en 2011 obtuvo un permiso administrativo para la operación de los espacios comerciales en el recientemente remodelado Monumento a la Revolución. Por 51 mil 400 pesos mensuales, la empresa operará durante 10 años una tienda de artesanías, un módulo de expendio de productos alusivos al mirador, un establecimiento de alimentos y bebidas, el elevador con tiendas y módulos, además de un quiosco de alimentos y bebidas en la planta baja.
Otra empresa beneficiada es Convimar, que obtuvo un permiso para el uso, goce y aprovechamiento de la tercera sección de Chapultepec por 6 años, con el fin de instalar un Atlantis en el que se exhibieran delfines, se ofrecieran terapias, espectáculos de aves, y un delfinario.
Dentro de la lista también se encuentra Enerxiza Renovables, SA de CV, quien obtuvo un permiso por 10 años para el uso y aprovechamiento de tres caídas de agua del Acueducto Lerma para generar energía eléctrica, instalando una central hidroeléctrica por el pago en especie de 8 millones 73 mil 350 pesos anuales.
También las empresas Nueva Generación de Estacionamientos, SA de CV; Operadora de Estacionamientos Bicentenario, SA de CV; Proyectos Estratégicos en Estacionamientos y Parquímetros, SA de CV; Movilidad y Parqueo, SA de CV; Copemsa Metropolitana, SA de CV; Mojo Real Estate, SAPI de CV, y Urbipark, SAPI de CV, que operan parquímetros en toda la ciudad.
Otros beneficiarios de estos permisos son las organizaciones de comerciantes que a título gratuito explotan espacios comerciales en el centro de la ciudad como El Comercio Informal es Digno, AC, en Allende 35; Organización Nacional de Invidentes y Débiles Visuales de la República Mexicana, AC, en la calle de Florida número 10; Comerciantes Independientes de la Calle Torres Quintero Semifijos, AC; Alianza Federal de Comerciantes Unidos y Varios, AC; Acumiju, AC, o la Unión Carmen, AC, en Plaza del Estudiante número 20.
Asimismo, la institución financiera de origen español BBVA Bancomer, que solicitó permiso para construir dos túneles subterráneos en la lateral de la Calle Lieja, colonia Juárez en la delegación Cuauhtémoc, a cambio de 371 mil 956 pesos mensuales.
Otro permisionario del espacio público es ISA Corporativo, a quien en 2010 se le autorizó el uso, aprovechamiento y explotación de 78 mil 203 espacios publicitarios ubicados en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, por una contraprestación mensual de 22 millones 713 mil pesos de los cuales sólo el 20 por ciento se paga en efectivo.
El permiso correspondiente apunta que el pago del 80 por ciento en especie, es decir de 18 millones 170 mil 400 pesos, “se cubrirá con la prestación de servicios de publicidad a favor del STC o cualquier otra entidad o dependencia del GDF incluido el diseño, arte, coordinación de campañas publicitarias, suministro y todo tipo de materiales publicitarios necesarios, que sean requeridos por el SCT, departamentos u organismos del GDF”.
Otra empresa que figura también en los más de 1 mil permisos es The American British Cowdray Medical Center, IAP, quien solicitó un permiso para construir un puente peatonal que conecte el Centro Médico ABC y el Centro de Cáncer ABC en Sur 136, 116, colonia Las Américas, delegación Álvaro Obregón, por 6 mil 769 pesos mensuales.
Otra beneficiaria es Desarrolladora de Estacionamientos Privados, SA de CV, que obtuvo un permiso para operar por 10 años el estacionamiento subterráneo de la Plaza Garibaldi, por 67 mil 402 pesos mensuales.
Se encuentra también Ipkon, SA de CV, que en 2011 obtuvo un permiso por 10 años para usar, aprovechar y explotar 102 túneles en diferentes vialidades del Distrito Federal para colocar publicidad, por un pago en especie mensual de 7 millones 963 mil 374 pesos.
En 2012, esa misma empresa fue autorizada para instalar módulos comerciales con publicidad integrada en 12 remanentes en la vía pública de las delegaciones Miguel Hidalgo (3); Álvaro Obregón (4); Tlalpan (2); Benito Juárez (2), y Cuauhtémoc (1), a cambio de 260 mil 42 pesos mensuales. También, en ese año, se adjudicó un permiso para usar comercialmente 100 puentes peatonales ubicados en la vía pública del Distrito Federal.
Entre los 1 mil 627 permisos administrativos temporales revocables desfilan decenas de benefiarias. Una de éstas es Pm Onstreet, SA de CV, que –por 10 años y a cambio de 49 mil 216 pesos mensuales– podrá sustituir e instalar casetas telefónicas en 42 espacios de la vía pública.
Otra compañía es Cardtronics México, SA de CV, que desde 2012 y hasta 2022 cuenta con Permiso para instalar 36 cajeros automáticos dentro de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro por 75 mil 315 pesos mensuales.
Entre los beneficiarios también está Sanimetro, SA de CV, que en 2016 vence su permiso para instalar y operar por 5 años una unidad sanitaria ubicada en el pasillo de correspondencia entre la Línea 2 y Línea 8 de la estación Bellas Artes al interior del Metro, por una contraprestación mensual de 19 mil 354 pesos mensuales.
Una más es Escato Urbano, SA de CV, que obtuvo, a solicitud propia, un permiso para usar y aprovechar 219 espacios ubicados en la vía pública para vender periódicos y colocar publicidad durante 10 años, con superficie de 7.25 metros cuadrados cada uno, por una contraprestación anual de 3 millones 679 mil 200 pesos anuales.
Accesorios Constructivos, SA de CV, con un permiso dministrativo para, administrar, usufructuar y promover por 1 década 651 locales y 873 espacios comerciales ubicados en diversas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, “y aquellas susceptibles a incorporarse”, por 5 millones 301 mil 185 pesos y 492 mil 571 pesos.
Otro beneficiario del negocio sin IVA es Pabellón Cuauhtémoc, SA de CV, que este año solicitó un permiso para construir, dentro del Jardín Ramón López Velarde, una rampa de acceso vehicular al Centro Comercial Pabellón Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc, por 18 mil 381 pesos mensuales.
Península Santa Fe, SA de CV, también figura, con un permiso de 2014 para construir y operar, hasta 2024, 6 niveles de estacionamiento subterráneo y áreas verdes a nivel de banqueta en avenida Santa Fe a la altura del número 546, colonia Santa Fe, en Cuajimalpa de Morelos, por 63 mil 160 pesos mensuales.
Una más es Equity Offices, SAPI de CV, con un permiso para construir 12 niveles subterráneos, 11 destinados a estacionamiento y un nivel para área comercial, en avenida Insurgentes Sur, números 929 y 931, y avenida San Antonio, número 8, en la colonia Ciudad Deportiva, delegación Benito Juárez, por 155 mil 446 pesos mensuales durante 10 años.
Y la empresa 5m2 Andenes, SAPI de CV, que obtuvo permiso para la explotación, comercialización, instalación y exhibición de espacios públicos y espacios multifuncionales en 16 estaciones y dos terminales de la Línea 5 del Metrobús, por cuatro pagos trimestrales anuales, durante 1 década, de 543 mil 847 pesos con 50 centavos cada uno.
Y cuatro pagos trimestrales cada año de 130 mil 625 pesos cada uno, por 32 plataformas y tres terminales para explotación, comercialización, instalación y exhibición de 171 espacios publicitarios y 38 espacios multifuncionales de la Línea 4 del Metrobús.
De los más de 1 mil permisos otorgados por la Oficialía Mayor, desde 1968, 32 se han revocado, informa la dependencia en respuesta a una solicitud ingresada por Contralínea en el Sistema de Solicitudes de Información del Distrito Federal.
Según la respuesta, siete de ellos le fueron revocados al Partido Revolucionario Institucional, quien obtuvo para supuestas actividades sociales y culturales 6 mil 942.44 metros cuadrados. El terreno fue cedido para su uso, aprovechamiento y explotación desde el 1 de mayo de 1997 y hasta 2001, año en el cual se inició el proceso de revocación.
En enero de 2014, también se inició un proceso de revocación contra Enerxiza Renovables por “incumplimiento a las bases del permiso”, apunta la información de la Oficialía Mayor.
Además, la dependencia informó que son 16 los permisos administrativos temporales en trámite de revocación. Entre ellos, nueve pertenecientes a Restauración Inmobiliaria IQ, SAPI de CV. La empresa, obtuvo en 2011 los permisos para operar estacionamientos públicos en igual número de bajo puentes del Distrito Federal.
Destaca el caso del Centro Documental Flores Magón, AC, a quien se le tramitó un permiso en septiembre de 2013 y se le inició la revocación 1 año después, en octubre de 2014, por supuestamente incumplir las bases del convenio, documento en el que se establece el préstamo, a título gratuito, del inmueble ubicado en República de Colombia número 42, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, para desarrollar un centro cultural en el que se podría consultar de manera libre y abierta el archivo de los hermanos Flores Magón.
Para el doctor Daniel Márquez Gómez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de los permisos administrativos temporales revocables, el Gobierno del Distrito Federal elude a la concesión: “son una forma de no llegar a la licitación. La concesión implica en términos legales emitir una convocatoria a [una] licitación pública en la que se valora el costo-beneficio”.
El especialista en derecho administrativo explica que es cuestionable que no se haya acudido a la concesión atendiendo a que en realidad se trata de permitir a un particular el uso de bienes del dominio público; que no se buscaran las mejores condiciones de precio, oportunidad, servicio y otros en términos del Artículo 134 constitucional, y que al no haber otros postores no se sabe qué beneficios superiores pudo haber obtenido el Gobierno del Distrito Federal.
“Habría que preguntarles por qué a una empresa en particular. Por qué no se publicitó previamente que había una empresa solicitando esta clase de permiso, para que otras empresas interesadas pudieran hacer una oferta y a partir de ahí seleccionar a la que le generara mayores ventajas al gobierno.”
De acuerdo con el doctor Márquez Gómez, no se trata de un problema de discrecionalidad: “es un problema de que se está usando de manera irregular una figura del derecho administrativo para violar, posiblemente, las disposiciones constitucionales y legales que obligan a que los servicios públicos y los bienes del dominio público se otorguen a los particulares en uso o aprovechamiento a través de una concesión””.
—¿La Oficialía Mayor tiene facultades para hacer esto?
—Aquí hay un debate en el derecho administrativo. Si la ley dice que se puede hacer, se debe acatar, y como la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público le permite a la Oficialía Mayor emitirlos, algunos administrativistas dirían que se tiene que cumplir; otros, como es mi caso, consideramos que previamente se tiene que analizar la constitucionalidad, porque no todo lo que el legislador realiza es acorde con la Constitución.
Respecto de la abstención del pago de IVA, el también experto en derecho fiscal apunta que el gobierno capitalino no cuenta con facultades para condonar ningún impuesto federal. “Me parece que es una violación de leyes fiscales. No pagar IVA sería un problema de evasión de impuestos, son actos asociados al lucro”.
Esta figura jurídica “de dudosa legalidad”, concluye el doctor Márquez Gómez, compromete el espacio público capitalino. Además de que “el espacio deja de ser público”, el investigador observa que se posibilita la evasión de la ley, el beneficio de algunos, la competencia desleal y la probable corrupción.
“¿Cuáles son los criterios para otorgarlos?, cuestiona. Por ello, advierte, “estamos ante posibles actos de inconstitucionalidad”.
Para la realización de este trabajo se solicitó, la primer semana de julio, una entrevista con el Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal, Jorge Silva Morales, a través de Beatriz Gómez, funcionaria de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno capitalino. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
Elva Mendoza, @elva_contra
[DISTRITO FEDERAL]
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