Tenía 12 años cuando su madre la llevó frente a su padre, arraigado en el hotel San Isidro, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. La armonía familiar se rompió por completo para Aribel. En las habitaciones contiguas al encierro de Daniel García Rodríguez –acusado del asesinato de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés Pérez– se encontraban su abuelo, tíos y hasta primos. Agentes, policías y prensa iban y venían. Iniciaba un proceso de tortura, que no cesa después de 16 años.
Días antes, el 25 de febrero de 2002, Daniel fue sorprendido afuera de su casa. El hombre de, entonces 37 años, fue interceptado por dos sujetos que bajaron de un vehículo tipo Chevy para informarle sobre su requerimiento en la Subprocuraduría de Justicia. No había de por medio orden de presentación ni de aprehensión expedida por la autoridad judicial.
Daniel fue trasladado a la Subprocuraduría, donde un agente del Ministerio Público inició el interrogatorio relacionado con el asesinato de la regidora Tamés Pérez. Mientras, en la prensa ya era juzgado, su nombre aparecía en la nota roja como uno de los involucrados en el crimen.
Tras varias horas de detención e incomunicación, le notificaron que el Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla había ordenado su arraigo por 30 días. El hecho no sólo se resintió en el círculo cercano de Aribel sino en su entorno social.
“La familia de mi papá, la familia García, tiene asentada en Atizapán 150 años. Fue un acontecimiento impactante para la comunidad del municipio, sobre todo por el tema mediático que desencadenó”, dice la, ahora, abogada y defensora de derechos humanos.
Al momento de la detención, su padre ya había acudido en cuatro ocasiones a rendir su testimonio. Tras 10 horas de permanecer privado de su libertad, empezó a recrudecerse la pesadilla. Durante el arraigo, relata la joven, “es torturado sicológicamente por policías de la procuraduría, para que señalara como autor intelectual al entonces presidente de Atizapán, Antonio Domínguez, con el que mi papá había colaborado previamente y con otro expresidente, Carlos Madrazo, que en ese momento era senador”.
Ambos funcionarios eran de extracción panista. Y aunque Daniel García no pertenecía al partido, había trabajado como secretario particular de los dos. “Mi papá se niega a firmar algo que no era verdad y lo amenazan, lo coaccionan, lo torturan sicológicamente y le dicen que si no firma, el que va a ir a parar a la cárcel es él. Amenaza que fue cumplida”.
Después de los días de arraigo, Daniel y el expresidente municipal son llevados al penal de Barrientos, señalados como autores intelectuales del crimen, pese a que nunca se presentaron pruebas contundentes y, desde entonces, permanece en prisión preventiva.
Aribel García acompaña el caso de su padre, uno de los motivos por los cuales estudió la licenciatura en derecho y conformó la organización Pena sin Culpa. Ni un Día Más, donde también lleva el caso de Reyes Alpízar Ortiz, acusado de cometer el asesinato de la regidora.
En la relatoría del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se lee que Reyes Alpízar fue presuntamente detenido por agentes de la policía ministerial el 25 de octubre de 2002 en Tlalnepantla, mientras esperaba el camión que lo llevaría a su casa en Hidalgo. Tampoco había orden de presentación ni de aprehensión.
El señor Alpízar, comenta Aribel, trabajaba en un sindicato y se dedicaba a la artesanía. Su condición de vida es humilde y también fue puesto bajo arraigo y torturado.
En el documento del Grupo de Trabajo de la ONU se lee: “Se informó que en la Subprocuraduría y en el cuarto de hotel donde fue arraigado, fue sujeto a múltiples formas de tortura: golpes, descargas eléctricas, asfixia, quemaduras, inyecciones, entre otras, para obligarlo a firmar documentos sin conocer su contenido, al grado que tuvo que ser solicitada una ambulancia de la Cruz Roja para trasladarlo al hospital especializado en traumatología a fin de atenderlo de sus heridas; el Ministerio Público hizo constar que solo fue llevado para medirle la presión sanguínea…
“Según la información recibida, el Sr. Alpízar se enteraría posteriormente de que los documentos que firmó bajo tortura eran una declaración ministerial prefabricada…”, dice el documento 66/2017.
El Informe detalla que en México, de 242 mil presos, más del 40 por ciento está sin condena; es decir, poco más de 100 mil personas; “las cuales se encuentran en las mismas condiciones y expuestas por igual a los motines, las fugas, la violencia, el consumo de drogas, los homicidios y el autogobierno imperante en las cárceles”.
México, indica, es el tercer país de la región, luego de Estados Unidos y Brasil, en cantidad de personas privadas de libertad. Dado que la capacidad instalada es de 188 mil plazas, México tiene un nivel general de hacinamiento del 26 por ciento.
“Se señala entre las causas de este alto porcentaje de presos sin condena la mora judicial y la amplia persecución de delitos menores, sobre todo patrimoniales en los que el objeto es de poca cuantía”. Además, la CIDH enfatiza su preocupación por exhibir en los medios de comunicación a personas investigadas.
Simón Hernández León, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal, dice que en México hay una problemática multicausal que obedece, entre otras cosas, al uso generalizado de la prisión preventiva oficiosa; esto es: “en tanto se decide un juicio, las personas permanecen en prisión.
“En consecuencia, se ha generado una debilidad institucional, en los órganos de investigación, de acusación y en las procuradurías, porque se privilegia encerrar a una persona y acusarla de un delito grave para obtener prisión preventiva más que la preparación de un caso exitoso ante los tribunales”.
Para el también defensor de derechos humanos, esto supone que los casos llegan con mucha debilidad y que, entonces, se utilizan otro tipo de mecanismos, como las pruebas obtenidas bajo tortura. “Hay un índice considerable de sentencias que mayoritariamente se basan en prueba testimonial, muchas obtenidas bajo tortura”, asegura.
Luego, expone: “viene todo el tema de la protección judicial: hay un sistema de amparo que es todavía muy largo, en términos de los tiempos procesales, no está ajustado al sistema acusatorio y que, entonces, pueden haber revisiones de casos que tardan meses e incluso años”.
Ante la situación que prevalece en México, y tras la revisión de casos en el país, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria visitó México, del 21 al 25 de agosto de 2017, y emitió recomendaciones para que el Estado mexicano adopte las medidas necesarias para “remediar” la situación de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz “sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Bajo el folio 66/2017, del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos y en consideración de todas las circunstancias del caso, “el remedio adecuado sería la liberación inmediata de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, así como la satisfacción del derecho a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
Para emitir esta opinión, el grupo de expertos tomó en consideración la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias, que señala que “todo individuo goza de las garantías que en materia penal se consagran, y en consecuencia, ninguna persona podrá ser ilegalmente detenida o presa. Sin embargo, si por falsedad en la denuncia o querella, cualquier individuo sufre un menoscabo en este derecho tiene entre otras cosas, según lo disponen las propias leyes, la facultad de obtener una reparación efectiva y justa”.
La vida para Daniel García se ha mantenido entre libros y ajedrez. Desde prisión, ha llevado su caso él mismo; ahora, con la ayuda de su hija y organizaciones defensoras de derechos humanos, que han llevado el caso a instancias internacionales.
El hombre que perdió la libertad hace 16 años permanece recluido en uno de los penales con más bajos índices de seguridad, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El documento indica que los centros que se encuentran en el Estado de México están en un estado de alerta, con una calificación por entidad federativa de 6.31 puntos, cuando Guanajuato es la entidad con mejores condiciones en sus reclusorios, al alcanzar 8.19 puntos de calificación; por el contrario, Nayarit es la peor de los estados con 4.15 puntos.
Pero el Centro Preventivo y de Readaptación Social Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla de Baz, popularmente conocido como “el penal de Barrientos”, tiene 5.05 puntos de la calificación que otorga la CNDH, que también muestra indicadores a la baja.
Las cifras muestran que en Barrientos hay una capacidad poblacional para 915 hombres y 123 mujeres; no obstante, ahí se encuentran recluidos 3 mil 482 hombres y 128 mujeres.
La población de este penal vive en hacinamiento y la sobrepoblación. En la visita que realizó personal de la CNDH para verificar las condiciones de los presos, documentó que hay una “deficiente separación entre hombres y mujeres, deficiencias en los servicios de salud y alimentación, falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección”. Así como “insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos”.
La carencia en los servicios de salud los sufre más Daniel, quien padece un problema en la próstata e indicios de diabetes. “Ha sido muy delicado darle tratamiento, porque es muy limitada la atención médica”, dice su hija Aribel.
Además, se genera un ambiente de peligrosidad. Al carecer del personal de seguridad y custodia, hay personas privadas de la libertad que ejercen un papel de “autoridad”; prevalecen las actividades ilícitas y los internos son sometidos a extorsión y sobornos.
En este penal, los internos se han amotinado y provocado destrozos al interior. El más reciente ocurrió en junio de 2016: columnas de humo se veían desde fuera; el caos y la incertidumbre reinaban. “Este tipo de situaciones han sido muy difíciles, por la incertidumbre que hay. A nosotros nos ‘desconectan’ y no podemos entrar ni llamar en las casetas telefónicas; se descontrola todo el sistema”, relata la abogada.
Érika Ramírez
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