Durante el último año de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, sólo fue atendido el 7.3 por ciento de la población objetivo del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, operado por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) – órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)–, revela el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En tanto que en septiembre de ese mismo año, Contralínea documentó que las trasnacionales Cargill, Gamesa, Bimbo, Bunge, Sukarne, Maizoro, Bachoco, entre otras, figuraron entre los beneficiarios del programa auditado y presentado por la ASF este 2014.
“Bachoco obtuvo 120 millones 803 mil 870; Cargill, 111 millones 665 mil 351; Gamesa, 102 millones 526 mil; Minsa, 42 millones 765 mil 525, y Sabritas, 9 millones 124 mil 80 pesos en subsidios al maíz y trigo” (Contralínea 303).
Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC) comenta en entrevista que el programa es de muy alta concentración en muy pocos estados de la República y productores agropecuarios. Está concentrado en “agricultores de gran tamaño”, así como en empresas privadas medianas y grandes, incluso trasnacionales.
Además, “no ha resuelto los problemas que realmente tiene como objetivo, que es asegurar un precio remunerativo a los productores y dar certidumbre en la comercialización de cosechas; además, tampoco ha asegurado un abasto a los consumidores a precios apropiados”, dice el director ejecutivo de ANEC.
La observación hecha por la ASF y documentada por Contralínea podría trascender en los siguientes años fiscales, ya en la administración de Enrique Peña Nieto, al frente del Ejecutivo federal; de Enrique Martínez y Martínez, como titular la Sagarpa y del tamaulipeco Baltazar Hinojosa Ochoa, director en jefe de Aserca.
El padrón de beneficiarios 2013 indica que ese año fueron otorgados del erario 4 mil 490 millones 576 mil 266 pesos, a través de 6 mil 289 operaciones, mismas que cubrieron las cosechas de ese año. El cultivo con menores recursos asignados fue la cebada, con 296 mil 557 pesos. Los más beneficiados fueron el trigo, con 1 mil 74 millones 856 mil 126 pesos; el sorgo, con 1 mil 128 millones 814 mil 254 pesos y, finalmente, el maíz, con 1 mil 836 millones 924 mil 932 pesos.
La misma lista revela que los recursos se concentraron, principalmente, en los estados del Norte del país. El documento de Aserca muestra a Sinaloa con la mayor asignación de beneficios: 1 mil 102 millones 181 mil 409 pesos. Le siguen Tamaulipas, con 996 millones 759 mil 604 pesos y Sonora, con 758 millones 453 mil 503 pesos.
Cargill de México, SA de CV, fue una de las beneficiadas, por producto maíz, con apoyos de Aserca por 123 millones 603 mil 125 pesos; Bachoco, SA de CV, recibió 110 millones 285 mil 130 pesos; la Compañía Nacional Almacenadora, SA de CV, 105 millones 645 mil 873 pesos; Sukarne Agroindustrial, SA de CV, 22 millones 602 mil 149 pesos, y Tablex Miller, S de RL de CV, recibió 30 millones 805 mil 634 pesos. Éstas son algunas, de entre otras grandes compañías, que fueron beneficiadas.
No obstante, en su descripción el Programa debería estar dirigido al sector agropecuario con menos recursos. Así lo indica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el Informe de la evaluación específica de desempeño 2012-2013, el cual indica que el Programa debe beneficiar a “personas físicas o morales; productores de bajos ingresos y que se dediquen a actividades de producción o transformación; productores en localidades de media a muy alta marginación, y productores que sean susceptibles de ser afectados por plagas reglamentadas y/o, enfermedades fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras”.
Suárez Carrera, director de ANEC, opina que ninguno de los objetivos del Programa se ha alcanzado porque desde hace 20 años, después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, “los precios pagados al productor mexicano han sido no remunerativos, es decir, que no pagan costos de producción y no genera utilidades satisfactorias. Este mecanismo ha favorecido el control de los precios a la baja para los productores, precios castigados”.
Hasta marzo de este año fiscal, Aserca documentó la entrega de 1 mil 497 millones 896 mil 849.52 pesos, mediante 1 mil 745 operaciones del mismo Programa. El nombre de la trasnacional Cargill continúa en la entrega de recursos públicos, con un monto de 4 millones 976 mil 257 pesos.
También vuelven a aparecer Bachoco, con 9 millones 835 mil 836 pesos; la Compañía Almacenadora Nacional, con 5 millones 780 mil 466 pesos, y Sukarne, con 10 millones 790 mil 555 pesos.
Sabritas, SA de CV, es otra de las grandes compañías beneficiadas con 3 millones 175 mil 924 pesos al primer trimestre de este año; así como la empresa de origen estadunidense Bunge Comercial, SA de CV, que ha recibido hasta el momento 2 millones 916 mil 418 pesos.
El padrón que registra más de 1 mil 700 operaciones fue distribuido entre el Distrito Federal, con 804 millones 537 mil 543 pesos; Sonora, con 271 millones 726 mil 326; Tamaulipas, con 137 millones 413 mil 833 y Sinaloa, con 127 millones 483 mil 708 pesos.
El trigo es el cultivo que mayores recursos ha captado, al destinarle 470 millones 850 mil 160 pesos; le sigue el maíz, con 424 millones 875 mil 691 pesos, y el café, con 353 millones 535 mil 840 pesos.
Entre los programas de la Sagarpa hay un sesgo a favor de los grandes y medianos productores. “Grandes apoyos destinados a la comercialización van directamente a grandes empresas procesadoras y comercializadoras, incluyendo corporaciones trasnacionales, como Cargill y Maseca… Así que la aguda concentración de los subsidios agrícolas, excepción hecha de Procampo [Programa de Apoyos Directos al Campo], en unas cuantas manos ya privilegiadas, está agudizando la desigualdad”, dice el libro Subsidios para la desigualdad –coordinado por los investigadores Jonathan Fox y Libby Haight, del Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos.
En entrevista con Contralínea, Max Correa Hernández, dirigente de la Central Campesina Cardenista, dice que es necesario modificar radicalmente el desempeño de Aserca para llevar un buen control de precios en el sector.
El líder agrario comenta que el presupuesto millonario que se otorga anualmente a través de esta institución va a parar a las compañías que, prácticamente, “operan como prestanombres de las grandes empresas de granos en el país. Para el resto de los productores, cumplir con las Reglas de Operación es bastante complicado: exigen acreditar la facturación de la compra-venta, la pignoración del producto, se piden estados financieros auditados, entre otras cosas. Éstas son complicaciones para el verdadero productor que no puede solventar cabalmente los trámites”.
De acuerdo con la Auditoría de Desempeño 12-0-08F00-07-0111, contenida en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2012, Aserca informó el 19 de septiembre de 2013 que la población potencial es de 2 millones 227 mil 98 personas, “datos que no se acreditaron con la información y documentación que evidenciara que los productores y comercializadores cuantificados tuviesen problemas de mercado”.
Por su parte, Jonathan Fox expone en el capítulo “El contexto de la política sobre desarrollo rural y agrícola” –contenido en el libro Subsidios para la desigualdad– que el “desplazamiento de los productores campesinos dista mucho de ser algo nuevo. Durante mucho tiempo, el gasto público en la agricultura ha favorecido a los productores medianos y grandes y las reformas a las políticas de los noventa [años de la década de 1990] parecen haber acentuado esta tendencia subyacente. El periodo más consistente de una política económica rural a favor del campesino en México tuvo lugar durante la presidencia de [Lázaro] Cárdenas, en la década de 1930, cuando la reforma agraria redistribuyó una porción considerable de tierras agrícolas comerciales e invirtió en la capacidad productiva del nuevo sector social. Sin embargo, después de que cambió el balance de poder dentro del partido gobernante, la reforma agraria quedó relegada a un segundo plano”.
No es de extrañar que la Auditoría haya obtenido estos resultados porque los beneficios de los programas de Aserca están concentrados en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua y Jalisco, principalmente. Con esto, el 5 o 6 por ciento de los productores se lleva más del 70 por ciento de los recursos. El Programa no da certeza de comercialización al resto de los productores, dice el profesor del posgrado en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, Héctor Robles Berlanga.
Los hallazgos del Coneval en la evaluación del Programa Prevención y Manejo de Riesgos, que al primer trimestre de este año ha entregado más de 1 mil 400 millones de pesos, tampoco son favorables. El organismo público descentralizado de la administración pública federal muestra que en planeación y orientación hace falta un plan estratégico y anual en conjunto.
En materia de cobertura y focalización, no cuenta con estrategias de definición y cuantificación de “población potencial y objetivo”. Y su operación carece de mecanismos documentados para los procedimientos de recibir, registrar y seleccionar beneficiarios, según el Informe de la evaluación específica de desempeño 2012- 2013, elaborado por el Coneval.
Según la información oficial, el Programa debería apoyar el ingreso objetivo y la comercialización; atender desastres naturales y de sanidades en el sector; promover el financiamiento rural y los esquemas de administración de riesgos e inducir el financiamiento para la inversión en equipamiento e infraestructura. También está creado, supuestamente, para otorgar apoyos para la prevención, manejo y administración de riesgos, para sanidad e inocuidad y ante ocurrencia de desastres naturales.
El fracasado desempeño de este programa es consecuencia de que Aserca es “un representante de empresas”, una institución que ha sido capturada por las compañías que tienen el control del acopio y la comercialización de los productos. Los apoyos a coberturas y seguros tienen ese sesgo a favor de las grandes compañías, dice Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicios El Barzón.
La única forma de romper con esta desigualdad en la entrega de subsidios y con el control de estas empresas es que el Estado constituya una empresa que participe en el acopio y comercialización de la cosecha de maíz, frijol, trigo, arroz, café y leche, considera Ramírez Cuéllar.
Se solicitó entrevista con Baltazar Hinojosa Ochoa, director en jefe de Aserca, a través de su coordinadora de agenda, Alexandra González. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Érika Ramírez, @erika_contra
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