Emilio Godoy/IPS
El gobierno mexicano ha pasado a recurrir en forma creciente a las asociaciones público-privadas (APP) para emprender proyectos energéticos, un esquema rodeado de opacidad y discrecionalidad, según especialistas y sectores críticos.
En la medida en que avanza la ejecución de la reforma energética de 2013, que abrió el sector al capital privado, local e internacional, la previsión es que ese modelo se utilice con mayor frecuencia.
En el caso del consorcio estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), “las alianzas que hace no son con cualquiera, son con los gigantes corporativos. No habla mucho sobre esos tratos. Es muy difícil rastrearlos”, dice Omar Escamilla, investigador en hidrocarburos del no gubernamental Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por su sigla en inglés).
El analista señala a Inter Press Service (IPS) que las sociedades “son constituidas con empresas inscritas en paraísos fiscales; eso limita a la justicia mexicana para que rindan cuentas o para solicitar informes sobre el uso de los recursos.
“Lo preocupante es con quién se asocia, de dónde viene el capital, cuál es la historia de esas empresas”, sentencia.
La Ley de Asociaciones Público-Privadas, vigente desde 2012 y reformada en 2014, regula aquellos proyectos que se realicen con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público, para la prestación de servicios que utilicen infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.
La norma fija la obligatoriedad de licitarlos, le da la facultad al Estado de declarar las obras de utilidad pública, de expropiar tierras y un plazo mínimo de 40 años para los contratos.
México ocupa el séptimo lugar entre los países del Sur en desarrollo en utilizar las APP, sólo precedido por Brasil, dentro de América Latina. El mayor número se ha concretado en la vialidad del país, aunque también se han aplicado en la construcción de hospitales especializados, prisiones, aeropuertos, ferrocarriles y el área energética.
Según define el Banco Mundial, la APP se refiere a un acuerdo entre el sector público y el privado, en que parte de los servicios o tareas responsabilidad del Estado lo suministran privados bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para suministrar el servicio público o la infraestructura pública.
Sus apologistas dicen que las APP mejoran la ecuación entre calidad y precio de los servicios, transfieren los riesgos al sector privado, mejoran incentivos para producir eficientemente, reducen el gasto público y traspasan ese endeudamiento a los privados.
Pero sus críticos destacan que obligan a los gobiernos a pagos prolongados por la larga duración de los contratos. Además, alegan, los compromisos pueden deteriorar el gasto en servicios públicos, disfrazan el endeudamiento público y la privatización de tareas del Estado, y encarecen los costos.
A nivel federal, México cuenta con 29 APP, mientras que los diferentes estados suman 20 proyectos bajo este marco legal.
La reforma energética sancionada en diciembre de 2013, la mayor transformación del sector en las últimas 8 décadas, abre al sector privado local e internacional la explotación, refinación y distribución de hidrocarburos y la generación y distribución de electricidad a los particulares.
En los últimos 20 años, Pemex ha recurrido a las APP para construir infraestructura petrolera, como una forma de soltarse las riendas legales y económicas de todo monopolio estatal, resume el estudio Análisis de la estructura de negocios en la industria de hidrocarburos de México, publicado por PODER en junio.
Por ejemplo, en 1996, Pemex y la estadunidense Sempra Energy se asociaron para crear Gasoductos de Chihuahua, que se transformó en el mayor actor de la industria mexicana de gas natural, al controlar nueve empresas mediante dos convenios conjuntos y siete compañías asociadas. Todas ellas pertenecen al organigrama de negocios de Pemex.
Con el fin de explotar tres campos maduros en el estado de Tabasco, en 2011, PMI Campos Maduros SANMA, filial de Pemex, se asoció con las subsidiarias en México de las trasnacionales privadas Petrofac Limited (Gran Bretaña) y Schlumberger Limited (Estados Unidos).
En 2013, Pemex traspasó a la firma local Mexichem el complejo petroquímico Planta Clorados III, uno de los activos más importantes en la industria petroquímica, y con la cual instituyeron la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo. En la asociación, Mexichem controla 55.1 por ciento de las acciones, y el resto, la petrolera estatal.
Otro caso es el de la empresa Gasoductos de Chihuahua, que será responsable de la operación y mantenimiento del gasoducto Los Ramones, la mayor inversión en infraestructura para transportar gas durante medio siglo, con la capacidad de transportar diariamente 3 millones 500 mil pies cúbicos de gas natural a través de 900 kilómetros.
“Los gasoductos que el gobierno mexicano construye para dotar de infraestructura gasífera en realidad constituyen el mayor esquema de negocios para que la iniciativa privada se vincule con Pemex en la industria del gas natural”, cita el reporte de PODER.
La también estatal Comisión Federal de Electricidad ha seguido parecida estrategia con la construcción y operación de campos eólicos en los sureños estados de Oaxaca y Chiapas.
“La supervisión, rendición de cuentas y transparencia son asignaturas pendientes, para hacer una revisión integral de estos mecanismos”, dice a IPS el académico Arturo Oropeza, del Instituto de Investigaciones Económicas de la pública Universidad Nacional Autónoma de México.
“Han faltado instrumentos para hacerlo, y por ello falta una visión integral para saber qué pasó. Habrá que hacer una evaluación sectorial”, sostiene.
El índice Evaluando el entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el Caribe, publicado en abril pasado, situó a México entre los países con mejores condiciones para desarrollar APP.
Ese listado, que evaluó a 19 países de la región a través de 19 indicadores sobre infraestructura de electricidad, transporte y agua, catalogó a México como el mejor situado en clima de inversión y el peor en el contexto interno.
El documento fue elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, su brazo de financiamiento privado Fondo Multilateral de Inversiones y la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist.
En él se subraya que asuntos como la transparencia representan un desafío para un desarrollo mayor de las APP.
El informe menciona la ausencia de supervisión independiente significativa sobre el cumplimiento de los contratos y que los proyectos más grandes han sido concedidos mediante negociaciones directas en casos en que sólo hay un postor, aunque la ley obliga a que se organicen licitaciones.
Chile encabezó el listado, con casi 77 puntos sobre 100, seguido de Brasil, con 75; Perú, 70.5, y México casi 68. Nicaragua, Argentina y Venezuela fueron los últimos en la clasificación.
Para los próximos 3 años, México ha comprometido unos 300 mil millones de dólares para este tipo de acuerdos.
Para Escamilla, el panorama en México con el recurso creciente de las APP es poco prometedor.
“Es importante generar marcos de vigilancia y operatividad. Las APP deberían rendir informes sobre cómo se eligió al socio, su perfil, historia en sobornos, pagos fraudulentos y con esos criterios ir descartando. Si no se cumplen esos criterios, la opción es buscar a otros socios”, afirma.
Oropeza anticipa una desaceleración del esquema en energía. “Ante los nuevos instrumentos financieros y de asociación, más bien veremos un crecimiento de estos y una disminución de las APP. No van a proliferar, posiblemente sí en infraestructura de otro tipo”, prevé.
Emilio Godoy/IPS
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN] [SECCIÓN: CAPITALES]
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