En su más reciente Informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela irregularidades en el ejercicio de dinero público federal por 338 millones 851 mil 232 pesos en el estado de Puebla. Los recursos fueron entregados por la Federación al gobierno estatal, a cargo del panista Rafael Moreno Valle Rosas, para emplearse en la educación básica y para adultos en la entidad.
Se trata de subejercicios por más de 267 millones 300 mil pesos; recursos cuyo destino falta por aclarar por 484 mil 600 pesos; y recursos recuperados luego de la intervención de la ASF por más de 71 millones de pesos. A éstos últimos habría que sumar los intereses que su falta de aplicación implicó. Lo anterior se revela en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.
El estado de Puebla es una de las 12 entidades del país que se encuentran en proceso electoral. Según la senadora priísta Lucero Saldaña Pérez, esta elección es “muy sui generis” porque sólo Veracruz y Puebla tendrán elecciones para gobernador de un periodo de 1 año y 8 meses y es una elección que no viene acompañada de cambios de presidentes municipales ni diputados locales.
Los aspirantes al gobierno de la entidad son el expresidente municipal de Puebla José Antonio Gali Fayad, de la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN) y Nueva Alianza (Panal); la senadora Blanca Alcalá Ruiz, de la coalición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM); la diputada Roxana Luna Porquillo, postulada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD); el académico Abraham Quiroz Palacios, propuesto por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y la candidata independiente Ana Teresa Aranda Orozco.
“Hay mucho interés en esta elección. El interés no es el tiempo, sino lo que pueda representar una conquista en unos meses más: el cambio de gobierno a nivel federal. La Presidencia de la República es un interés, es un objetivo que es obvio que están ventilando y no está ajeno”, señala la senadora Saldaña.
Puebla es una de las entidades de la República con mayor número de electores. El padrón electoral en ese estado asciende a 4 millones 303 mil 484 posibles votantes.
Con respecto de las irregularidades en el ejercicio de recursos públicos detectadas por la ASF, la senadora Saldaña dice que los resultados de la auditoría “se tienen que resolver para todos; no solamente para la elección sino para la rendición de cuentas y la propia transparencia”.
La fiscalización se realizó a los recursos asignados por la Federación al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb), al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y a los programas de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) y Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (PEEARE).
El informe de la ASF muestra que sólo en el rubro de educación básica y para adultos faltan por justificarse o devolver 189 millones 761 mil 485 pesos que no fueron ejercidos.
El estado de Puebla no ejerció un monto por 109 millones 806 mil pesos de los recursos asignados al PETC en 2014. Al cierre del ejercicio fiscal tampoco fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe) como lo establecen las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Esto representa un posible daño a la Hacienda Pública Federal ya que, según este reglamento, “las instancias ejecutoras que al cierre del ejercicio fiscal, es decir al 31 de diciembre, conserven recursos deberán reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio”.
Con motivo de la intervención de la auditoría, fueron devueltos 563 mil 200 pesos, es decir, sigue sin reintegrarse un monto por 109 millones 242 mil 800 pesos. Con esto, la entidad registró violaciones a la normativa como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su reglamento y el acuerdo 704 en el cual se establecen las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo.
Otro ejemplo es el uso de los recursos asignados al FAM, ya que para el 31 de diciembre de 2014 faltaba por ejercerse el 23 por ciento de los recursos asignados, es decir, 250 millones 986 mil 200 pesos. Para el 31 de julio del 2015, seguían sin ejercerse el 7.7 por ciento de los recursos, es decir, 83 millones 441 mil 900 pesos.
Después de la intervención de la ASF, la entidad proporcionó los documentos que justifican el gasto por 2 millones 923 mil 200 pesos. No obstante, a la fecha siguen sin comprobar 80 millones 518 mil 685 pesos que no fueron ejercidos de acuerdo con los objetivos del fondo.
Por otro lado, de los recursos recuperados gracias a la verificación de la auditoría –que suman más de 71 millones de pesos–, 62 millones 283 mil 100 pesos fueron reintegrados del Faeb. El estado proporcionó documentación con el fin de justificar y modificar los resultados obtenidos por la auditoría. Las “justificaciones, aclaraciones y demás información” se entregaron mediante el oficio SC/SAGC-299/2015 fechado el 3 de agosto de 2015.
Estos recursos se asignaron de forma irregular a personas adscritas a centros de trabajo no localizados o no financiables, a personas con licencia o baja sin goce de sueldo y a personas consideradas como “personal no idóneo”, pero que están contratados por la Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla (SEPP).
Entre los más destacados está la realización de 13 mil 305 pagos por un monto de 45 millones 114 mil 900 pesos sin que la entidad presentara la documentación que autorizara el pago a 6 mil 733 administrativos por los conceptos de “Compensación Servicios Especiales y Día del Personal de Apoyo”; también realizó 1 mil 731 pagos por un monto de 9 millones 809 mil 600 pesos a 88 personas con un cargo de elección popular.
La auditoría también detectó gastos que no identificaron si son afines a los objetivos del fondo por 14 millones 539 mil 500 pesos del total de un importe de 246 millones 829 mil 500 pesos.
De todas las irregularidades, el estado hizo un reintegro por el monto en cuestión más los intereses y su aplicación. Asimismo, la delegación de la Secretaría de la Contraloría en el Sector Educativo inició un procedimiento administrativo para determinar las posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.
También en el ejercicio de fiscalización del Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica (Conalep) y el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA), la ASF encontró irregularidades por 8 millones 723 mil 800 pesos de los recursos asignados del FAETA que fueron recuperados.
Entre otras cosas, el Conalep no abrió una cuenta bancaria específica para los recursos del FAETA y no estableció controles para realizar el entero de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y las aportaciones de seguridad social en tiempo. Al no contar con una cuenta específica, la auditoria encontró recursos de ejercicios anteriores por 1 millón 638 mil 700 pesos que no fueron ejercidos del FAETA 2011.
Según la auditoria, el Conalep realizó pagos por concepto de aportaciones de seguridad social por 5 millones 601 mil 500 pesos correspondientes al FAETA 2013 pero con los recursos del FAETA 2014.
La ASF también encontró, y especificó, desvíos de recursos por 542 mil 600 pesos que resultaron un posible daño a la Hacienda Pública Federal, ya que el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) destinó 484 mil 600 pesos a estudios de mecánica de suelos y demolición, y los recursos del FAM no tienen como finalidad financiar estos estudios. El uso de estos recursos no fue acreditado ni justificado ante la Auditoría.
En cambio, hubo otros casos de desvío de recursos que sí fueron reintegrados después de la intervención de la ASF: el Instituto Estatal de Educación para Adultos del Estado de Puebla (IEEA) desvió 58 mil pesos al pago de energía eléctrica y renta de un predio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA), sección 21. Este gasto no cumple con los objetivos del FAETA y fueron regresados gracias a la intervención de la ASF. También fueron reintegrados 2 millones 703 mil 200 pesos que fueron utilizados para el pago de seguridad social por el Conalep.
En todas las áreas fiscalizadas se presentaron subejercicios. El PEEARE no ejerció el 19 por ciento de los recursos que la Federación le asignó. Esto representa un monto de 71 millones 829 mil 747 pesos. Otro caso es el IEEA, que también presentó un subejercicio de 1 millón 57 mil 300 pesos de los recursos otorgados por el FAETA.
En cuanto a la transparencia del ejercicio, destino y resultados de los recursos, el gobierno del estado de Puebla no publicó todos los informes del avance físico y financiero de los programas o, como en el caso de los informes del FAM, encontró incongruencias. El Instituto no tuvo mecanismos de control que impidieran la realización de subejercicios de los recursos del fondo, además no tuvo acciones que controlaran el pago de gastos de operación.
Una de las observaciones que hizo la ASF a la SEPP fue por no contar con algún tipo de control en la nómina, lo cual impide prevenir pagos no financiables con recursos del fondo. También por carecer de control en el proceso de gastos de operación, pues ejerció recursos que no corresponden con los objetivos del fondo.
La auditoría detectó pagos a centros no financiables y no localizados, lo cual implica que la SEPP no lleva un control actualizado de los centros de trabajo. La ASF reporta que no existen mecanismos de control para transparentar algunas actividades, de tal forma que no es suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos de los fondos.
Contralínea solicitó entrevista con la secretaria de Educación del gobierno de Puebla, Patricia Gabriela Vázquez. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Karen Carrillo
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS]
Contralínea 490 / del 30 de Mayo al 04 de Junio 2016
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