El sistema público de pensiones está quebrado. Ésta es la conclusión lógica del documento Política pública de pensiones y jubilaciones, de 193 páginas, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que evalúa el periodo 1995-2013 y proyecta su sustentabilidad actuarial hacia 2050, e incluso ofrece estimaciones para 100 años, de suyo cuestionables, debido la ausencia de los supuestos metodológicos que las sustentan.
La revisión de la cuenta pública de 2013 evidencia que el sistema de pensiones y jubilaciones de México, integrado por un régimen público, federal y estatal, híbrido –el viejo sistema solidario, de reparto, complementado con esquemas que compensan las bajas subvenciones, y una parte en proceso de desestatización, otro para viejos mayores de 65 años de edad que carecen de esa prestación social, conocido con el eufemismo asistencialista de “pensión para adultos mayores”, financiado por el Estado, y uno privatizado, para los trabajadores del sector empresarial, usufructuado por los fondos de los grupos financieros nacionales y trasnacionales–, está en una grave crisis.
De acuerdo con la ASF, los dos primeros regímenes se encuentran en serios problemas financieros que, de no resolverse adecuadamente, pueden colapsarse. Esto debido, entre otros factores, al creciente número de trabajadores gubernamentales que concluirán su ciclo laboral activo que aumentará vertiginosamente los pasivos laborales públicos, los cuales se convertirán en una verdadera montaña entre 2014 y 2050.
Los fríos cálculos actuariales señalan que, a valor presente, entre 2009 y 2013, los regímenes de pensiones y jubilaciones administrados por instituciones y entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos constitucionalmente autónomos, aumentan su déficit –la diferencia entre los ingresos y las obligaciones de pago– en 184 por ciento, al pasar de -1.3 billones de pesos a -3.8 billones de pesos (ver gráfica 1).
Ello, debido al mayor crecimiento de las obligaciones de pago (40.4 por ciento) con relación a los ingresos (3.6 por ciento), los cuales son aportados por el Estado y los empleados. Las primeras pasan de 6.5 billones de pesos a 9.2 billones de pesos. Los otros se incrementan de 5.2 billones de pesos a 5.4 billones de pesos.
Los pasivos laborales, según la ASF, equivalen a 69 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2013 y a 218 por ciento del gasto neto presupuestario pagado (4.2 billones de pesos). Es 14.6 veces mayor al endeudamiento neto del sector público presupuestario (589 mil millones de pesos).
No obstante, los datos previos deben de observarse con cautela. Son testimoniales, un simple ejercicio numérico de la ASF. Como reconoce dicho organismo, que proyecta los valores actuariales para un periodo de 100 años –cuando ni siquiera se sabe cómo terminará fiscal, económica y políticamente el sexenio peñista, aunque los pronósticos no son optimistas–, las variables utilizadas para determinar el comportamiento de la población pensionada o los gastos esperados en el largo plazo no son homogéneas, “por lo cual no existe una seguridad razonable sobre el monto determinado para el pago de pensiones y jubilaciones”.
El grado de certidumbre en los cálculos de la ASF es similar a las cuentas alegres del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, relativas a su gobierno.
Sin embargo, es innegable que los pasivos laborales gravitarán onerosamente en el tiempo sobre la estabilidad de las finanzas públicas. Sobre todo cuando la financiera del Estado ha sido bruscamente cuestionada por la pérdida en los ingresos petroleros en 2015, que muestran la petrodependencia fiscal petrolera y el fracaso de las diversas y supuestas reformas. Esa contingencia, como ha sucedido reiteradamente, obligó al gobierno peñista a recortar el gasto público no financiero y a amenazar con convertir a la austeridad en la norma en lo que resta del sexenio.
¿Cómo afectará esa medida a los pagos de las pensiones y jubilaciones?
En épocas críticas, el ajuste fiscal conservador normalmente descansa en el gasto programable. Durante la crisis de 2009, por ejemplo, el presupuesto real ejercido en pensiones y jubilaciones se desplomó 40 por ciento, y en 2011, con el retorno a la disciplina presupuestaria calderonista, 4.7 por ciento. El principal organismo afectado en 2009 fue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyos recursos decrecieron 74 por ciento. Con menor y diferente intensidad, empero, esa situación se reproduce en otras instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, entre otras (ver gráfica 2).
Otros factores que restringirán financieramente al Estado, según la ASF, son:
a) Los gastos médicos de los próximos pensionados, cuyo valor presente es tasado en 2.2 billones de pesos, el 15.5 por ciento del PIB de 2013.
b) La mayor y cambiante demanda de la seguridad social de una población en proceso de envejecimiento, que exigirá más recursos, cambios administrativos y nuevos tipos de servicios médicos.
c) El incremento de viejos que carecerán de una subvención de retiro, ya sea porque no cotizaron el tiempo suficiente para tener derecho a ella, debido la pérdida de la estabilidad en el empleo formal, por ejemplo, o porque simplemente se vieron obligados a sobrevivir en la robusta marginalidad del mercado laboral informal, o entre las filas de la degradante población económicamente no activa, que obligará al Estado a destinar mayores fondos a la “pensión para adultos mayores”, en caso que se les quiera ofrecer un ingreso mínimo que les garantice una senectud miserable en lo que les resta de vida, y en caso que subsista ese programa en los años subsecuentes.
El desafío no es desdeñable. De acuerdo con la ASF, “la población de adultos mayores se ha duplicado en los últimos 20 años, y para 2050 alcanzará más de 24 millones de personas, poco más de 20 por ciento de la población total”.
d) La obligación legal reconocida por el Estado para garantizar una pensión mínima a los cotizantes de los fondos privatizados ?como necesidad para forzar el fin del sistema solidario? cuyos ahorros acumulados les proporcionarán un ingreso inferior al mismo: los trabajadores de más de 45 años de edad, aunque la Auditoría no ofrece elementos convincentes para asegurar que los demás superarán dicha retribución. Por desgracia, la tendencia declinante de largo plazo de los salarios reales, mínimos y contractuales, entre 1976 y 2015, permite suponer que el problema se generalizará hacia los demás ocupados.
Al margen de esto último, la Auditoría considera que el sector público tendrá que erogar 5.1 billones de pesos para cubrir el diferencial entre la pensión alcanzada y la garantizada.
Complementariamente, los fondos públicos de pensión y jubilación se caracterizan por otros vicios que limitaron la evaluación de su desempeño en el periodo 1995-2013: su extraordinario desorden, si se considera que en el país se registraron 105 regímenes, de los cuales 74 fueron de beneficio definido (de reparto) y 31 de contribución definida, privatizados; la defectuosa y opaca regulación, y la ineficiente supervisión que les caracteriza, los cuales impiden tener la certeza sobre la magnitud de los pasivos laborales, las cuantías pensionarias mínima, promedio y máxima pagadas, los diferenciales existentes entre las pensiones pagadas respecto de las garantizadas, entre otros aspectos.
El Poder Judicial debería ser el ejemplo de la pulcra honorabilidad. No obstante, dice la ASF, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Consejo de la Judicatura Federal revelaron sus obligaciones laborales.
A menudo la realidad es incómoda.
Lo que sí queda claro es que la revisión contable arroja una gran disparidad en las pensiones pagadas entre unas y otras instituciones y entre los empleados y los funcionarios de las mismas. Social y políticamente, recrea hasta el final la estructura clasista que priva en la administración pública. De un lado, las bajas pensiones pagadas a las mayorías de los empleados. Del otro, una privilegiada casta divina.
Las pensiones mínimas pagadas en 2013 oscilan entre 0.1 mil pesos mensuales y 40.8 miles de pesos mensuales. A las universidades de Sonora, Guanajuato y Guadalajara, y las autónomas de Baja California y Aguascalientes les corresponden menos de 1 mil pesos mensuales. La mínima mejor pagada es para el Consejo de la Judicatura Federal, con 4.8 mil pesos, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) con 11.4 mil pesos y Petróleos Mexicanos con 9.4 mil pesos (ver gráfica 3).
El 69 por ciento (45) de 65 instituciones otorgó una pensión mínima inferior a la garantizada por el IMSS (2 mil 252.60 pesos). El 83 por ciento (54 instituciones) hizo lo mismo respecto a la mínima fijada por la Ley del ISSSTE (3 mil 951.35 pesos).
Las pensiones medias varían entre 1.8 mil pesos mensuales y 63.3 mil pesos. Aquella es para el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) y ésta para la Judicatura. El grueso de ellas se ubican en 10 mil pesos y menos de 15 mil pesos (23 instituciones, 35 por ciento del total), y en 15 mil pesos y menos de 20 mil pesos (14 instituciones, 21.5 por ciento del total). Cuatro organismos son los privilegiados además de la Judicatura: Luz y Fuerza del Centro (LFC) con 56 mil pesos; Bansefi, con 53.9 mil pesos y PMI, con 53.8 mil pesos (ver gráfica 4).
Los montos máximos varían entre 1.8 mil pesos y 285.5 mil pesos. Nueve superan los 200 mil pesos: LFC, 285.5 mil pesos; la Comisión Federal de Electricidad, 254 mil pesos; FINA, 252.3 mil pesos; el Banco Nacional de Comercio Exterior, 247.9 mil pesos; Pemex, 242.2 mil pesos; Banco de México, 232 mil pesos, entre otros (ver gráfica 5).
Las pensiones mínimas de las máximas son para la Universidad de Sonora con 13.9 mil pesos; BNCI, con 11.4 mil pesos, e Infonacot, con 1.8 mil pesos. El 39.4 por ciento del total (26 instituciones) otorgó pensiones máximas que no superaron los 50 mil pesos. En 15 organismos oscilan entre 50 mil pesos y menos de 100 mil pesos. En otra cantidad similar varían de 100 mil pesos y menos de 20 mil. Cada uno equivale al 23 por ciento del total.
No deja de llamar la atención que mientras la mayoría de los empleados públicos dejan su vida activa a cambio de pensiones pobres y miserables, los jefes del Ejecutivo, por 6 años de actividad, perciban pensiones vitalicias insultantes y otros beneficios a costa del presupuesto.
Como se sabe, Carlos Salinas de Gortari (tiene 67 años actualmente) rechaza su pensión. Sin embargo, en 2013, recibió un presupuesto de 249 mil pesos mensuales para su personal de apoyo. Ernesto Zedillo (64 años) hizo lo mismo. En apoyos administrativos y de seguridad personal se le conceden 77.3 mil pesos, 927.6 mil pesos al año.
Astuto, empero, Zedillo guardó silencio con relación a los 131.8 mil pesos mensuales que le otorga el Banxico, además de 750 mil pesos por concepto de bonos, aguinaldos, compensaciones y pago de servicios por el sólo hecho de haber sido director del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios y subdirector del banco central entre 1978 y 1987. Nueve años de trabajo le redituaron un ingreso mensual por 881.8 mil pesos, 10.6 millones de pesos en 2013.
Ese mismo año Felipe Calderón (53 años) obtuvo mensualmente 812.5 mil pesos; poco más de 9 millones de pesos anuales. Vicente Fox (73 años) percibió 471.7 mil pesos.
Al menos Fox podría ser el exejecutivo menos oneroso para los impuestos pagados por la población (ya lo es por otras razones y, en todo caso, una pensión es peccata minuta).
La esperanza media de vida de los hombres mexicanos es de 74 años.
Enrique Peña Nieto terminará su sexenio con 52 años y podría pensionarse con un ingreso mensual de medio millón de pesos al mes.
¿No sería una decisión republicana cambiar esas pensiones vitalicias por alguna compensación, con un monto también republicano, pagada una sola vez?
Como expresidente de Uruguay (2005-2010), Tabaré Vázquez obtenía una pensión del orden de 1 mil 900 euros, alrededor de 33 mil pesos mexicanos. José Mujica llegó a proponer su eliminación y que cada próximo expresidente viva con su propio pecunio.
A la ASF le preocupa el cúmulo de pasivos laborales del Estado, sus efectos sobre las finanzas públicas y sus implicaciones sobre su futura capacidad para cumplir con sus compromisos en el pago de pensiones y jubilaciones.
Por esa razón, no ve con malos ojos el traspaso de los nuevos empleados públicos a las administradoras privadas de pensión ?valga la expresión por su realismo?, pues aligeraría las hojas de balance públicas. Los auditores deben sentirse satisfechos con la próxima privatización de las pensiones de los trabajadores electricistas y petroleros.
No ven mal que esa opción equivale a quitarse a los trabajadores estatales como molestos parásitos.
Como impávidos contadores, sólo les importa que cuadren las cuentas, sin importarles las consecuencias que representará para la mayoría de los empleados públicos una vez que concluyan su vida laboral activa. Sus costos no son inciertos. Como comedia repetirán la tragedia de los reprivatizados por el zedillismo y cuyo destino es la miseria, como si nunca hubieran sido trabajadores explotados por casi 3 décadas consecutivas.
El desastroso balance hecho por la propia Auditoría Superior de la Federación de los fondos privados de pensión se presentarán en la siguiente entrega.
Preocupaciones similares se escuchaban en la década de 1980 con la crisis fiscal del Estado que nada tenía que ver con las pensiones. Sin embargo, Zedillo –a Salinas le faltó tiempo para utilizarlas en el mismo sentido– las aprovechó para justificar la privatización de las pensiones de los trabajadores del sector privado, con la reforma a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1995, la cual enterró el carácter intergeneracional solidario –unos financian a los otros– de uno de los componentes del difuso estado de bienestar mexicano emanado de la Revolución Mexicana.
Ernesto Zedillo obligó a cada trabajador a enfrentar su vejez hasta su muerte con su propio dinero, en condiciones adversas y soportando la sangría de las vampiresas administradoras.
Sin embargo, autóctonamente, esa medida es una variante del paquete de reformas estructurales impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los sicarios de Estados Unidos y su Consenso de Washington, a cambio de recibir su respaldo financiero y político sus directrices pueden verse en el informe del Banco Mundial de 1994, conocido como Envejecimiento sin crisis: políticas para la protección de los ancianos y la promoción del crecimiento (Washington, Distrito de Columbia, Oxford University Press, 1994, 458 páginas).
Los economistas ortodoxos David de Ferranti, Danny Leipziger y PS Srinivas señalan que, “aunque las reformas variaron de un país a otro, en la mayoría de los casos prescindieron en la totalidad o en parte de sus sistemas públicos de seguridad social, sustituyéndolos por planes administrados por el sector privado, basados en cuentas individuales y aportaciones definidas ?similares a los planes de tipo 401 (k) vigentes en Estados Unidos, con la variante adicional de que son obligatorios?, siguiendo en gran medida las directrices del estudio Averting the old age crisis, publicado en 1994 por el Banco Mundial” (Finanzas y desarrollo, “La reforma de las pensiones en América Latina”, septiembre de 2002. Ese Boletín es editado por el FMI).
Marcos Chávez M*, @marcos_contra
[Sección: Capitales]
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