Oscar Toledo/Prensa Latina
Víctimas de las guerras, el terror o las calamidades naturales, cada minuto ocho personas demandan refugio, pero con demasiada frecuencia el drama sólo cambia de escenario.
A más de 50 millones asciende el número de desplazados y refugiados en todo el mundo, según las últimas cifras divulgadas por organismos internacionales.
Miles padecen y mueren cada día como consecuencia de las terribles condiciones que enfrentan en los cada vez más numerosos y poblados campamentos.
En los últimos años, unos 4 millones de sirios tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de la guerra desatada contra ese país, y el 95 por ciento vive actualmente en improvisados asentamientos, principalmente en Turquía y El Líbano.
Más de 1 mil 800 personas murieron en los primeros 5 meses de 2015, cuando trataban de llegar desde el Norte de África a Europa cruzando el Mar Mediterráneo en precarias embarcaciones. En 2014 fueron rescatados en esas aguas 166 mil desplazados, indicó el ACNUR en un reciente reporte.
Hace 15 años la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el 20 de junio como Día Mundial del Refugiado, una fecha en la cual la comunidad internacional debe reflexionar sobre las causas que llevan al agravamiento del problema y los escasos recursos destinados para enfrentarlo.
El ACNUR opera como principal encargado de garantizar la protección de los refugiados y desplazados, pero dada la gravedad, magnitud y diversidad del problema, la ONU creó un Comité Permanente entre Organismos (IASC, por su sigla en inglés) para coordinar la actuación conjunta.
La Organización Internacional para las Migraciones se encarga de la gestión de los campamentos y, en materia de refugios de emergencia, participa la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
También se vinculan con esa gestión grupos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, así como el Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se prevé además la participación de otras instancias como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud.
Pero la acción de esas y otras muchas entidades resulta aún insuficiente, como muestra en los últimos días el dilema que enfrentan los habitantes del mayor campamento de refugiados del mundo, ubicado en Dadaab, en Kenia.
En ese inhóspito paraje al Oeste de Kenia, casi 400 mil refugiados somalíes sufren las calamidades del exilio forzoso, y enfrentan la amenaza de ser desalojados por sus recelosos anfitriones.
Ruto presentó esa demanda entre las medidas acordadas por su gobierno en interés de fortalecer la seguridad interna, y amenazó con que si la ONU no acataba tal emplazamiento, “los recolocaremos nosotros mismos”. Las autoridades de Kenia justificaron tal posición con el argumento de una supuesta relación entre la existencia de ese campamento y la sangrienta masacre ocurrida en una universidad de la cercana ciudad de Garissa, donde un comando del grupo islámico somalí Al-Shabab fue responsable del asesinato de 148 personas.
Sin embargo, investigaciones hechas al respecto mostraron que ninguno de los asaltantes eran somalíes ni procedían de campos de refugiados. Se trataba de kenianos y entre los mismos estaba incluso el hijo de un alto funcionario de la zona.
La demanda de Kenia no era nueva. Desde diciembre de 2014 el ACNUR opera un plan piloto para la repatriación gradual hacia Somalia de los refugiados de Dadaab.
Se calcula que poco más de 2 mil personas se acogieron a ese esquema hasta la fecha, al 73 por ciento lo reubicaron en Kismayo, el 25 por ciento en Baidoa y el 2 por ciento en Luuq. Pero son muchos más los que arribaron en los últimos meses y, de acuerdo con recientes sondeos, el 97.4 por ciento de los refugiados no tiene intención de regresar a su país en los próximos 2 años.
La decisión del gobierno de Kenia fue muy criticada por la comunidad internacional, debido a que violaba todas las obligaciones internacionales de asilo y refugio.
El pasado 5 de mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, António Guterres, anunció, tras una reunión con el presidente Uhuru Kenyatta que no se pondría fecha al cierre del campamento de Dadaab. Pocos días después, el 11 de junio, el gobierno de Kenia anunció finalmente que se acordó repatriar de manera voluntaria a 100 mil refugiados somalíes en 2015.
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, indicó en 2014 –al conmemorarse el Día Mundial del Refugiado– que en la actualidad el 86 por ciento de las víctimas recibe amparo en países en vías de desarrollo. Esos Estados, expresó, mantienen sus puertas abiertas “mostrando una generosidad que supera sus posibilidades”, e hizo un llamamiento a todos para que hagan “lo posible por apoyar a las naciones y comunidades que han acogido en su seno a las personas desplazadas por la fuerza”.
El problema, como evidencia el caso Dadaab, sigue siendo grave y complejo tanto para los refugiados como para aquellas naciones que los acogen, por lo que ese llamado de Ban Ki-moon mantiene plena vigencia.
Oscar Toledo/Prensa Latina
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