Rohinyás: desamparados en pleno exterminio

La comunidad internacional se vuelve hacia otro lado e ignora la masacre que entre dos Estados, Birmania y Bangladés, se ejecuta contra la etnia rohinyá. Su “pecado” ser minoría musulmana entre budistas

Mahfuzur Rahman/IPS

Daca, Bangladés. La creciente persecución del Ejército de Myanmar (Birmania) contra los rohinyás musulmanes obligó a miles de ellos a abandonar el occidental estado de Rakáin, quedando varados en la frontera con Bangladés, desamparados y sin suministros básicos.

Tras un ataque coordinado contra tres puestos fronterizos el 9 de octubre, cuando murieron nueve efectivos, el Ejército de Birmania arremetió contra los pueblos donde reside la comunidad rohinyá y expulsó a sus residentes.

La Organización Nacional Rohinyá de Arakan (denominación anterior del estado de Rakáin), con sede en Londres, denunció el 28 de noviembre que las fuerzas de seguridad de Birmania habían matado a más de 500 personas, violado a cientos de mujeres, quemado más de 2 mil 500 casas, destruido mezquitas y escuelas religiosas, entre otros abusos.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), entre otras organizaciones, expresaron su preocupación por la violencia en Birmania y calificaron la última incursión como la más grave desde 2012, cuando murieron cientos de personas en los enfrentamientos ocurridos en Rakáin.

La última operación dejó unas 250 mil personas desplazadas y miles más damnificadas. Sin embargo, el gobierno birmano y el Ejército niegan las acusaciones de las organizaciones de derechos humanos y de la minoría desplazada.

Por su parte, el vecino Bangladés le niega la entrada a los rohinyás, alegando que ya ha recibido a 300 mil de ellos desde 1977. El gobierno bangladesí sostiene que no es el único que debe hacerse responsable de la situación.

 “Tratamos de manejar con eficiencia nuestra frontera para que no haya intrusiones ilegales y evitar el ingreso de hombres armados y terroristas”, declaró el 20 de noviembre el director general de la Guardia Fronteriza de Bangladés, Abul Hossain.

Además, sostuvo que la crisis de los rohinyás es un problema internacional y que la atención de tantas personas ya se volvió un problema para su país.

Las autoridades birmanas les niegan la ciudadanía, a pesar de que viven en ese país, de mayoría budista, desde hace varias generaciones, porque los considera inmigrantes ilegales.

Amnistía Internacional denunció el 24 de noviembre que numerosos rohinyás tuvieron que esconderse cruzando el río Na’f, que divide a Bangladés de Birmania, donde quedaron en una situación precaria, sin alimentos ni medicamentos.

El ministro del Interior de Bangladés, Asaduzzaman Jan, señala que muchos rohinyás ingresaban a este país por la montaña, lo que hacía difícil contener su llegada. “Esperamos que el gobierno de Myanmar encuentre pronto una solución”, declara.

El ACNUR, por su parte, pidió al gobierno de Bangladesh que mantenga abierta su frontera con Birmania para permitir el pasaje seguro de los civiles que escapan de la violencia.

La Comisión de Derechos Humanos de Bangladés indicó que 9 mil rohinyás ingresaron a este país por intermedio de traficantes de personas, a pesar de que las autoridades reforzaron la guardia costera y fronteriza desde la escalada de violencia en Birmania y devolvieron a muchas personas.

Además, unas 3 mil personas habrían huido a China.

El diario bangladesí Prothom Alo informó que 1 mil 100 rohinyás habían ingresado a Bangladesh el 28 de noviembre, después de que el Ejército birmano quemara sus casas y efectuara disparos de forma indiscriminada.

En el marco de la presión internacional que esta situación genera, la cancillería de Bangladés llamó en consulta a su embajador en Birmania el 23 de noviembre y expresó una enorme preocupación por la operación militar que obliga a los rohinyás musulmanes a buscar amparo en su país.

También dijo que le pidió a Birmania que “asegure la integridad de sus fronteras y que frene el flujo de personas desde el estado de Rakáin. A pesar de los esfuerzos de nuestra guardia fronteriza, miles de ciudadanos birmanos desamparados, entre ellos mujeres, niños y ancianos, siguen cruzando la frontera hacia Bangladés”.

El gobierno bangladesí no está dispuesto a aceptar más rohinyás, pero el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), uno de los más grandes, le urgió a ofrecer refugio a los desplazados por razones humanitarias.

De hecho, la exprimera ministra y presidenta del BNP, Jaleda Zia, declaró: “Muchos refugiados rohinyás hace tiempo que están en nuestro país, densamente poblado y con cada vez menos tierras habitables, lo que nos genera problemas sociales. Sin embargo, pido a las autoridades que les den refugio por razones humanitarias para salvarles la vida”.

Por su parte, la directora de Amnistía para Asia Meridional, Champa Patel, denuncia: “Los rohinyás están oprimidos por las crueles acciones tanto de Birmania como de Bangladés”.

“Huyen del castigo colectivo en Birmania y son devueltos por las autoridades bangladesíes. Están atrapados entre dos destinos crueles sin que nadie atienda su desesperada necesidad de alimentos, agua y atención médica”, subraya.

La persecución de los rohinyás musulmanes hizo que, en Bangladés, miles de personas protestaran el 25 de noviembre en Daca, donde algunos quemaron una efigie de la lideresa birmana Aung San Suu Kyi y una bandera de ese país. También se vieron pancartas en las que se podía leer: “Abran la frontera para salvar a los rohinyás”.

Suu Kyi, quien fuera una gran defensora de la democracia y los derechos humanos en Birmania, por lo que pasó varios años en prisión domiciliaria y le valió el premio Nobel de la Paz, ahora es blanco de críticas por su silencio en relación con la difícil situación que vive la comunidad rohinyá en su país.

De hecho, su partido, la Liga Nacional para la Democracia, obtuvo un triunfo contundente en las primeras elecciones democráticas celebradas en Birmania en 25 años y que tuvieron lugar el noviembre de 2015.

Suu Kyi no pudo asumir la Presidencia porque la Constitución impide a las personas con hijos extranjeros asumir el cargo, y los de ella son británicos, pero quedó ocupando el alto cargo de Consejera de Estado.

En Bangladés también se lleva adelante una intensa campaña en las redes sociales para que los desplazados rohinyás puedan ingresar a este país.

Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia indicó que miles de niñas y niños desnutridos padecen la falta de atención médica y están en peligro de pasar hambre.

El director de ACNUR en Bangladés, John McKissick, denunció el 24 de noviembre: “los rohinyás musulmanes sufren una limpieza étnica. Las fuerzas de seguridad de Birmania matan hombres, les disparan, asesinan niños, violan mujeres, queman y saquean casas, obligándolos a cruzar el río hacia” este país.

Pero el portavoz de la Presidencia de Birmana, Zaw Htay, le respondió que “debía mantener su profesionalismo y su ética como funcionario de las Naciones Unidas porque sus declaraciones son sólo acusaciones”.

Human Rights Watch, con sede en Nueva York, divulgó en la última semana de noviembre imágenes satelitales que muestran más de 1 mil casas de ronhinyás destruidas en cinco pueblos distintos del estado de Rakáin.

Por su parte, Estados Unidos pidió una investigación completa, formal y transparente de la violencia en ese estado birmano y subrayó la necesidad de que la comunidad internacional participe en la búsqueda de una solución en ese lugar. (Traducido por Verónica Firme)

Mahfuzur Rahman/IPS

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]

Contralínea 520 / del 01 al 07 de Enero 2017