El cántaro cayó. ¡Pobre Lechera!
¡Qué compasión! Adiós leche, dinero,
huevos, pollos, lechón, vaca y ternero.
¡Oh loca fantasía!
¡Qué palacios fabricas en el viento!
Modera tu alegría,
no sea que saltando de contento,
al contemplar dichosa tu mudanza,
quiebre su cantarillo la esperanza.
No anheles impaciente el bien futuro;
mira que ni el presente está seguro.
Félix María de Samaniego (1745-1801), La lechera
Simbólica y cuantitativamente, el resultado arrojado por la primera de las cinco licitaciones de la llamada Ronda Uno de la reprivatización petrolera, dadas las expectativas depositadas en ella, representa un trago amargo para el peñismo, altamente viscoso, denso, indigesto.
“No tuvo el impulso que estábamos esperando”, admiten desconcertados Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y Lourdes Melgar, subsecretaria de Energía, dos de los operadores de la desestatización petrolera. Fue “decepcionante”, conviene la empresa Moody’s, acusada de utilizar el terrorismo económico global. Folclóricamente dice Rubén Cruz, de la firma KPMG: “Sí hubo baile porque se recibieron posturas; fue la gente, estuvo concurrida, pero no todos bailaron”.
Escueto, Jan Martínez anota en El País: es un “fracaso”. “Luis Videgaray ha recibido una nueva estocada. Sus grandes cálculos han quedado jibarizados. Los 18 mil millones de dólares de inversiones que se esperaban de los contratos se han quedado en apenas 2 mil 600 millones.”
El desconsuelo de Zepeda, Melgar y otros, empero, es relativo. A mediados de enero, Videgaray vislumbraba el “fracaso”, cuando aceptaba que al “menos ocho y hasta 58 bloques exploratorios, que involucran desde 1 hasta 48 por ciento de los recursos prospectivos petroleros proyectados para licitarse en la Ronda Uno podrían dejarse para rondas posteriores por los bajos precios internacionales del crudo”. Entre ellos consideraba a los recursos llamados no convencionales o shale. Después, posiblemente se agreguen las subastas de Chicontepec, aguas profundas y extrapesados.
Lo que Videgaray no puede quitarse es la “nueva estocada”. Ni las subsecuentes. Entre ellas las asociadas a la volatilidad cambiaria.
Videgaray ha declarado que el alza del precio del dólar estadunidense no afectará la deuda externa del país, pues en su mayoría (el 78 por ciento) está contratada en pesos mexicanos y el resto en dólares, euros, yenes y libras esterlinas.
No obstante, cualquier modesto estudiante de economía sabe que la depreciación (10 por ciento en lo que va del año, hasta el 24 de julio) e inestabilidad cambiaria tiene diversas implicaciones: a) obliga a los deudores a destinar más pesos por cada dólar por concepto de intereses y el principal de los pasivos foráneos. Esa situación explica, en parte, que los intereses pagados de la deuda externa del sector público aumentaran 32 mil millones de pesos en mayo de 2014 a 52 mil millones de pesos en el mismo mes de 2015, 20 mil millones de pesos más, 63 por ciento más en términos reales. Los del gobierno federal pasaron de 21 mil millones de pesos a 26 mil millones de pesos, 4.5 mil millones de pesos o 21 por ciento adicionales. En el contexto de la pérdida drástica de ingresos petrofiscales y el desinterés de Enrique Peña Nieto y Videgaray por buscar fuentes alternas de recursos, diferentes al mayor endeudamiento interno y externo observado, se tendrá que recortar aún más el gasto programable para cubrir los crecientes intereses señalados; b) amplía el déficit comercial debido al incremento de las importaciones; c) provoca presiones inflacionarias. Si Agustín Carstens dice, con tecnócrata alivio, que no existen alza de precios por la depreciación cambiaria, si es que los consumidores le creen, ello se debe a la reducción de la capacidad de consumo; d) un menor consumo tiene su correlato en la debilidad de la demanda efectiva, de la inversión y el crecimiento económico; e) genera un ambiente de incertidumbre que afecta a la actividad empresarial; f) la volatilidad cambiaria es una manifestación de especulación de los flujos de capital de corto plazo, la cual ha contaminado a los mercados financieros locales y al sector real de la economía.
A Enrique Peña, Luis Videgaray y Agustín Carstens aún les faltan otras “estocadas”. Entre ellas, el alza en los réditos manejados por la Reserva Federal estadunidense, que atizará el torbellino de la esquizofrenia financiera global.
Pero mientras llega ese momento que eclipsará aún más la estrella polar gubernamental, las autoridades tendrán que terminar de digerir el sulfuroso trago petrolero de la Ronda Uno y de las subsecuentes.
Para la elite dominante era fundamental que la primera licitación fuera exitosa. Porque, emblemáticamente, la medida representaba el penúltimo paso que no se atrevieron, o no pudieron, dar los gobernantes anteriores, de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón: acabar con el monopolio público sobre los recursos petroleros; abrir completamente la industria petrolera al capital local y foráneo, que será el garante de la soberanía energética; impulsar la máxima explotación de las reservas al margen de las necesidades de desarrollo nacional. Ese proceso será coronado con la nada sorprendente próxima desaparición de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a la corrupción y el saqueo fiscal que le han dejado altamente endeudado y en la ruina operativa y financiera.
Dicha licitación era considerada como trascendental en la regresión neoliberal de las manecillas del reloj de la historia. Implicaba retroceder definitivamente en 77 años, antes de la nacionalización del 18 de marzo de 1938, promovida por Lázaro Cárdenas, de acuerdo con la ley de expropiación de 1936 y del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y que recuperaba el petróleo para la nación, el cual estaba en manos de empresas extranjeras como Royal Dutch Shell, la Standard Oil Company-Amoco Co y la California Standard Oil Company of Mexico-Chevron Co, entre otras.
Representaba el retorno al modelo extractivista de enclave, de sobreexplotación de los recursos naturales del régimen de Porfirio Díaz, su ministro hacendario José Yves Limantour y su Ley del Petróleo del sacrosanto 24 de diciembre de 1901, ahora encarnado por Peña Nieto, Videgaray y la contrarreforma publicada el 21 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, la cual vuelve a dar vía libre al capital privado, nacional y trasnacional, a la explotación de los hidrocarburos.
La coartada empleada para la desestatización petrolera, para entregarla al pillaje y el saqueo, es que México está anclado hace 30 años en un ciclo de crecimiento bajo, por lo que se necesita la entrada masiva de capital para acelerar el paso.
Al cabo, el empresariado mexicano ha defraudado la confianza de los gobiernos neoliberales. Parasitariamente se ha comportado como el verdadero crimen organizado. Peor que el Chapo y demás narcotraficantes. Claudio X González, un ejemplar de ellos, prefiere dedicarse a un curioso deporte: la promoción de la persecución de maestros, la destrucción de sus organizaciones y sus conquistas sociales, de su represión, encarcelamiento y –¿por qué no?– la caza de algunos de ellos para doblegarlos, debido a su osada por oponerse a la conversión de la educación en un jugoso negocio.
En la Ronda Cero se permitió que Pemex conservara el control del 83 por ciento de las llamadas reservas 2P (aquellas cuya posibilidad de recuperación es alta, pero no lo suficiente como para ser consideradas probadas –las casi seguras, pues tienen al menos un 90 por ciento de probabilidad de recuperar el volumen declarado o un porcentaje superior, es decir, en las que se puede obtener al menos un 50 por ciento de las suma de probadas y probables–, equivalentes a unos 20.6 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce).
En la Ronda Uno, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se subastaron 14 bloques en aguas someras del Golfo de México, integrados por 109 campos para exploración, con un volumen estimado de 14.6 mmbpce, y 60 campos de extracción, con reservas 2P calculadas en 3.8 mmbpce.
Los contratos son de participación compartida en la renta con el Estado y permiten una inversión adicional, por encima del compromiso mínimo establecido para cada área. Fiscalmente estarán gravados con una tasa de 30 por ciento del impuesto sobre la renta –la tasa máxima es de 35 por ciento para los de ingresos anuales de 3 millones de pesos–, una cuota contractual para la fase exploratoria (1mil 150 pesos por kilómetro cuadrado en los primeros 60 meses y 2 mil 750 pesos en adelante) y un impuesto por la actividad de exploración y extracción (1mil 500 pesos por kilómetro cuadrado en exploración y 6 mil pesos por la extracción). El límite máximo del costo de recuperación es fijado en 60 por ciento de los ingresos en un periodo, con el objeto de garantizar un flujo temprano de recursos para el Estado.
Por cada bloque licitado se esperaba una inversión media de 1.3 mil millones de dólares (mmd), 45 mil puestos de trabajo directos y 123 mil indirectos. Globalmente, en las cuentas alegres, la adjudicación de todos los bloques involucraría poco más de 18 mmd. La Secretaría de Energía había aventurado la cantidad de 12.6 mmd.
La confianza peñista descansaba en diversos aspectos. Los costos de extracción en aguas someras son menores a los 20 dólares por barril (db) antes de impuestos –dese enero el precio medio de la mezcla mexicana de exportación se recupera y se ubicó en abril en 50 db–, comparado con el de aguas profundas, calculados en 60-70 db. Los bloques citados se encuentran en una zona donde Pemex había trabajado. Se dispone de infraestructura. Las reservas petroleras son probadas. El crudo es ligero. Los pozos requeridos no son profundos (se estiman en menos de 500 metros). El plazo de concesión es 30 años, con dos potenciales prórrogas de 5 años. Se excluye la participación de Pemex. En general, esos y otros factores ofrecen un alto grado de éxito para las empresas –se estima una producción media de 125 mil barriles diarios–, si bien las ganancias esperadas se reflejarían en el mediano plazo, hasta el momento de producción real y las ventas.
Es cierto que las empresas preferirían ser propietarias de los yacimientos o de Pemex, y los contratos no les otorgan esos derechos y, eventualmente, pueden ser obligadas a devolver al Estado las áreas concesionadas, en caso de incumplimiento de alguna de las cláusulas acordadas. No obstante, serán dueñas de los hidrocarburos extraídos, una vez descontada la parte en especie que corresponderá al Estado. El tiempo de las concesiones es suficiente para agotar los yacimientos, sin importar el futuro de la nación que perderá una parte importante de la renta petrolera, sin la interferencia pública en los planes, ritmo de extracción o la fijación de precios. Las cargas fiscales no son excesivas y con la creatividad contable pueden reducirla. En un país donde las firmas hacen lo que quieren con las normas de seguridad industrial y protección ambiental –recuérdese el caso de las mineras– tampoco representa un problema. El porcentaje de contenido nacional para el sector energético es reducido de 35 a 25 por ciento para la etapa de desarrollo, para no importunar al cliente, según Carlos González, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, quien se queja amargamente de la medida, pues afectará a los proveedores locales. Peor aún, añade González, la proporción será todavía menor, ya que a ese concepto se le podrán descontar los gastos por aportaciones culturales y tecnológicas y donaciones que haga un contratista, asignatario, permisionario y proveedor en el territorio nacional; y las multas por incumplimientos son mínimas. Hace 30 años, agrega, el mínimo de contenido nacional era de 58 por ciento.
Bajo esa lógica de la irracionalidad extractivista con que se explotarán los hidrocarburos, se esperaba la colocación de al menos el 30 por ciento de los bloques (cinco bloques o más). En un arranque de euforia, incluso se llegó a hablar de un 70 por ciento (10 bloques), como lo logró Colombia en 2007.
Sin embargo, la necia realidad impidió una estruendosa celebración.
La apreciación de Rubén Cruz sobre el baile es defectuosa.
Como dice en español Jan Martínez, “México abrió la puerta a la historia, pero casi nadie entró”. En ese sentido, es válido calificar la subasta como un fracaso temporal.
Sí hubo fiesta, pero fue desairada y desangelada. Muchos se interesaron por asistir al bailongo. Sobre todo después que en diversos países como Rusia, Venezuela, Bolivia, Ecuador o Argentina, por citar a algunos, los gobiernos democráticos los han expulsado para recuperar su soberanía energética y les han impuesto reglas inadmisibles que coartan su libertad para apropiarse de la renta petrolera, dilapidar las reservas o destruir la naturaleza a cambio de unos cuantos mendrugos fiscales.
Un convite voluntario a la nostálgica reprivatización petrolera es inusual en estos tiempos y, por tanto, seductoramente irresistible.
No obstante, la concurrencia fue escasa, los bailarines menos, y quienes participaron y ganaron en el espectáculo no fueron precisamente los más diestros.
Extrañamente –para los anfitriones y sus publicistas, por supuesto–, muchos llegaron a la entrada del salón de fiesta, se asomaron y desertaron. Uno de ellos fue Pemex.
Quizá porque supusieron que los dados estaban marcados.
Inicialmente, 49 empresas muestran su interés por la venta de cochera, entre ellas algunas de las petroleras del top global: Shell, Chevron, Exxon, British Petroleum; 41 solicitan acceso a la información; 25 son preclasificadas para la licitación, 18 individualmente y siete en asociación.
Algún eufórico calificó el 15 de julio como un “día histórico”.
Pero sólo se apersonaron nueve apostadores al casino de la subasta, solos o agrupados. En total, 14: Atlantic Rim México; Cobalt Energía de México; E&P Hidrocarburos y Servicios y Pan American Energy; Eni International, Hunt Overseas Oil Company; Murphy Worldwide y Petronas Carigali International; ONGC Videsh; Sierra Oil & Gas S de RL de CV, Talos Energy LLC y Premier Oil; Statoil E&P México.
Lo “histórico” fue la ausencia de las top, de las supervedettes petroleras.
Al igual que el balance desalentador. De los 14 bloques puestos a subasta, ocho fueron declarados desiertos por la falta de propuestas. En donde sí se presentaron, cuatro son desechadas porque los porcentajes ofrecidos por los participantes son inferiores a los valores mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 40 por ciento y 25 por ciento.
Sólo los bloques 2 y 7 fueron ganados por el consorcio integrado por Sierra Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil, que explorarán, explotarán y se apropiarán de parte de la renta de las aguas someras de Veracruz y Tabasco. El primero mide 194 kilómetros cuadrados, y el otro, 465 kilómetros cuadrados, con una probabilidad de éxito comercial de 20 por ciento y 14 por ciento, respectivamente.
Curiosamente, de esas empresas que les corresponde el mérito de iniciar el neoporfirismo petrolero, la primera carece de experiencia en materia de exploración y extracción de hidrocarburos, pues fue creada en 2014 para participar en el banquete reprivatizador. La pulcra transparencia de las subastas queda enturbiada por la participación en esa empresa de un hermano de la esposa de Carlos Salinas de Gortari y socio de Armando Hinojosa Cantú, del Grupo Higa, el constructor favorito de Enrique Peña Nieto. La tercera firma tiene negocios en las Islas Malvinas de Argentina y es acusada de despojo petrolero de esa nación, amparada en el colonialismo inglés.
En todo caso, las manchas son irrelevantes.
De las empresas que se asomaron, al menos 11 enfrentan denuncias o señalamientos por actos de corrupción o daños severos al medio ambiente, según la senadora Dolores Padierna: BG Group México Exploration, ENI International BV, Petronas, Pan American Energy LLC, Glencore E&P México, Diavaz, Chevron Energía de México, ExxonMobil Exploración, Maersk Oli, Statoil E&P México y Total. Más datos en: http://www.yancuic.com/de-24-empresas-que-van-por-la-ronda-uno-11-son-acusadas-por-corrupcion-y-dano-ambiental.
Por cierto, en la firma Diavaz aparece un individuo que hizo mucho por la destrucción de Pemex y el sector energético y ahora aparece como comprador de las ruinas: Pedro Aspe, quien dirige el Fondo Evercore México Capital Partners, y que controla el 20 por ciento de la propiedad de Diavaz.
Videgaray fue empleado de Aspe en Evercore.
Apenas se logra colocar el 14 por ciento de los bloque sometidos a subasta.
De los poco más de 18 mil millones de dólares esperados en inversiones, en el bloque 2 se ejercerán 1 mil 722 millones del dólares; en el bloque 7, 985 millones de dólares. En suma, 2.7 mil millones de dólares, según la CNH: el 15 por ciento del total.
La CNH estima que el primero producirá 12.3 mil barriles diarios (mbd) y el otro 11.2 mbd. La extracción media de ambos será de 11.8 mmb. Con la subasta de todos los bloques se estimó una extracción de 125 mbd adicionales. Todo quedará en 9 por ciento de ese cálculo.
Los 11.8 mbd, serán una gota irrelevante de crudo para la caída observada en la producción. Entre diciembre de 2003 y mayo de 2015 ésta se desplomó de 3.5 millones de barriles diarios a 2.2 millones. Es decir, retrocedió en 1.2 millones de barriles, en 36 por ciento, según datos de Pemex.
Los empleos directos que podrían generarse serían de poco más de 6 mil.
Quizá el único consuelo del desastre sean los ingresos que el fisco obtendrá por su participación en la utilidad operativa de los bloques 2 y 7: 55.99 por ciento y 68.99 por ciento. Al agregarse el pago de regalías y los impuestos a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y sobre la renta, la tasa sube a 74 por ciento y 83 por ciento, en cada caso.
Pero hasta en este caso todo se resume en las ilusorias cuentas alegres.
En su Guía de ingresos fiscales de la licitación 1 de la Ronda Uno, Fernando Ramones, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estima que en el corto plazo, “en fase de exploración” de los ganadores, y mientras “se encuentre dentro del límite de los 60 meses, estos pagarán una cantidad anual de 2 millones 677 mil 200 pesos de cuota de exploración y 3 millones 492 mil de pesos de IAEEH [impuesto para la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos] por el bloque 2”. Por el “bloque 7 pagará anualmente 6 millones 417 mil pesos de cuota de exploración y 8 millones 370 mil pesos de IAEEH”.
Sus cálculos se basan en el hecho en que los contratistas deberán de pagar una cuota de exploración de 1 mil 150 pesos por kilómetro cuadrado durante los primeros 60 meses, y otra de 2 mil 750 pesos si supera ese lapso de tiempo. Adicionalmente, según la Ley de ingresos sobre hidrocarburos, señala que en la fase exploratoria del bloque, los contratistas pagarán mensualmente el IAEEH de 1 mil 500 pesos por kilómetro cuadrado.
En el mediano y largo plazo es incierto determinar cuánto recibirá el Estado por concepto de la cuota por exploración, las regalías y el porcentaje de utilidad operativa. Ello, asimismo, estará subordinado al éxito de las empresas ganadoras de las subastas, de su producción, de los precios del crudo, entre otros factores.
Por tanto, la incertidumbre reina en torno a los ingresos petroleros extraordinarios que recibirá el Estado. En un escenario donde los acumulados del sector público por ese concepto hasta mayo se han desplomado en 193 mil millones de pesos, 41 por ciento en términos reales, comparado con el mismo lapso de 2014; y los del gobierno federal en 165 mil millones de pesos, en 51 por ciento.
¿Por qué se retiró Pemex de la Ronda?
La sospecha: no se retiró. Lo retiraron para evitar que eventualmente ganara y complicara la desgraciada subasta “histórica” reprivatizadora.
Otra explicación es que sus hojas de balance han sido gravemente afectadas por la crisis petrolera como para aventurarse en las licitaciones. Hasta mayo, sus ingresos acumulados por ventas cayeron en 122 mil millones de pesos, comparados con el mismo lapso de 2014. Sus pérdidas después del pago de impuestos sumaron 110 mil millones de pesos.
Luis Miguel Labardini, de la consultora Marcos & Asociados, dice: su “patrimonio es negativo en más de 20 mil millones de dólares, cosa que no he visto en ninguna compañía petrolera, es una compañía que si fuera privada estaría en quiebra”. Con un flujo de efectivo reducido y una restricción presupuestaria impuesta por el gobierno federal, el panorama de Pemex es “muy complicado”.
Sin embargo, el desaire de las grandes petroleras y el fallido intento reprivatizador no se explican por una defectuosa mecánica de las subastas, o porque las firmas hayan considerado excesivas las demandas estatales.
“El problema –señala Gerardo Esquivel, economista de El Colegio de México– está en las condiciones estructurales del mercado petrolero (un precio muy por debajo del que se tenía hace 1 año) y en la cautela normal de los potenciales licitantes a participar en un contexto en el que el gobierno ha perdido credibilidad en los meses recientes.”
Ello, empero, no impedirá las siguientes subastas, con reglas más relajadas, en un escenario igualmente adverso, como sucedió con la Ronda Uno, pues el objetivo es rematar la riqueza y la renta petrolera.
Marcos Chávez M*
*Economista
[CAPITALES]
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