Como resultado de los dos recortes impuestos al gasto público, la inversión productiva real del Estado registra su peor inicio en lo que va del sexenio.
En el primer cuatrimestre de 2016 fue menor en 45 mil millones de pesos (mmp) con relación al mismo lapso del año anterior. Esto equivale a un retroceso de 20 por ciento anualizado. La contención de la inversión ha sacrificado especialmente a Petróleos Mexicanos (Pemex), donde decreció en 40 mmp o 31 por ciento. El resto de la inversión pública ha declinado en 5.5 por ciento.
El retraso en la inversión pública en lo que va de 2016 es la más dramática en los 21 años precedentes. Para un periodo similar, sólo es superada por su desplome de 1995, cuando se derrumbó 42 por ciento, en términos reales, o 23.5 mmp, y la economía se hundió en la peor recesión –cayó en 5.8 por ciento– desde la década de 1930. Ello como consecuencia del colapso del neoliberalismo salinista y los dos severos ajustes fondomonetaristas instrumentados por los zedillistas.
La declinación de la inversión pública, que ha afectado a la privada, ha contribuido a desinflar las expectativas de crecimiento para este año, estimada originalmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en 2.6-3.6 por ciento. De hecho, este organismo recién la redujo a 2.4-3.4 por ciento, aunque el Banco de México la calcula en 2-3 por ciento, lo que equivaldrá a un cuarto año de estancamiento productivo: recesión, estancamiento crónico, desempleo e inseguridad serán las manifestaciones mórbidas en lo que resta del peñismo.
En épocas de apremios financieros, los gobiernos neoliberales suelen recurrir a su fracasada terapia tradicional: recortar la inversión física y el consumo público, ambos componentes del gasto programable, con el objeto de compensar la pérdida de ingresos estatales, en este caso los petroleros, y tratar de eliminar el déficit fiscal. Nada importan los efectos depresivos de esa estrategia ortodoxa sobre la actividad empresarial, el crecimiento económico, el bienestar social, la sustentabilidad y, en general, el desarrollo del país.
Como se sabe, el gasto programable (excluye los compromisos del Estado, incluidos en el gasto total) se compone, de manera agregada, por los egresos corrientes (servicios personales, pensiones y jubilaciones, subsidios, transferencias, aportaciones, ayudas y otros gastos de operación) y de capital (inversión física y financiera).
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, con el recorte del gasto público proyectado para 2016 y reforzado con el sobreajuste de febrero, la inversión productiva estatal pasó a la congeladora.
Por inversión física presupuestaria incluye las erogaciones destinadas a obras públicas, en operación o en distintas fases de desarrollo de un proyecto. Salvo que se indique lo contrario, los datos de ella son en valores reales, es decir, se les ha descontado la inflación.
En el primer cuatrimestre de 2016, el gasto programable real acumulado es menor en 51.3 mmp, comparado con el aplicado en el mismo lapso de 2015. De esa cantidad, 16.7 mmp, corresponden a los egresos corrientes, y 45.2 mmp a la inversión física presupuestaria, que equivale al 88 por ciento del total. Ésta última cayó de 231.9 mmp a 186.7 mmp.
El gasto programable decreció 5 por ciento, el corriente en 2.2 por ciento y la inversión en 20 por ciento.
Respecto del gasto programable total, la participación de la inversión cae a 18.8 por ciento en el cuatrimestre citado de 2016, su nivel más bajo en lo que va del peñismo. Un año antes había llegado a su máximo de 22.9 por ciento.
No es la primera vez que ocurre una caída en la inversión con el peñismo. En enero-abril de 2013 fue menor en 8.5 por ciento (14.7 mmp), debido a que Luis Videgaray se olvidó que era titular de Hacienda y se paseaba por los pasillos legislativos, promoviendo y presionando a los congresistas para que aprobaran las contrarreformas neoliberales peñistas.
En una perspectiva más amplia, la inversión pública muestra un comportamiento similar en un mismo periodo. Pero comparada con la de 2016 es un juego de niños. En 1999 decreció 8.8 por ciento, en 2002, 3.8 por ciento, en 2007, 10.1 por ciento y en 2010, 10.2 por ciento. Pero todas ellas fueron superadas por su desplome de 1995, cuando se derrumbó en 41.9 por ciento (ver gráfica).
El principal sector afectado en 2016 es el energético, que concentra el 48 por ciento de la inversión total. Es afectado con un menor gasto por 40 mmp, que representa el 89 por ciento del ajuste. Los 6 mmp se distribuyen entre otras actividades del Estado. La inversión productiva energética declina de 129.4 mmp a 89.5 mmp, 31 por ciento, entre los cuatrimestres de referencia (ver cuadro 1).
Como era de esperarse, la industria petrolera, que absorbe el 43 de la inversión total, es la que resiente con fuerza el hachazo de la austeridad fiscal, pues tuvo que asumir el 87 por ciento del recorte. Así, su inversión decrece en 39.1 mmp. Pasa de 119.5 mmp a 80.4 mmp entre los cuatrimestres señalados de 2015 y 2016.
El resto de la mutilación energética recae en la industria eléctrica, cuya inversión declina en 9 por ciento, equivalente a 857 millones de pesos y sólo le toca digerir el 1.9 por ciento recorte total.
Desde el punto de vista social y del país, lo anterior representa un desastre, dado el papel histórico y estratégico que jugaban en el desarrollo nacional, cuando se consideraba el robustecimiento energético como un símbolo esencial para el desarrollo capitalista autónomo y de la soberanía nacional, y el grave deterioro que padecen en su infraestructura las llamadas empresas de “clase mundial” que lo regentean: Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y cuyos costos, en términos de desabastecimiento y política de precios, sufren la población y el empresariado. Su impunidad es absoluta.
Sin embargo, lo anterior nada importa a los neoliberales peñistas. En el sentido friedmaniano, ellos aprovechan la oportunidad “dorada” que les ofrece la crisis fiscal y estructural energética para acelerar el desmantelamiento, la destrucción, la reprivatización y la entrega de las industrias petrolera y eléctrica al capital extranjero.
El gasto en abastecimiento, agua potable y alcantarillado, al que se le destina el 2.4 por ciento de la inversión total, muestra un atraso de 20.4 por ciento con relación al periodo anotado de 2015, en 1.2 mmp. Así que nadie se alarme que, por razones financieras y políticas, compliquen las calamidades asociadas a los llamados “desastres naturales” y el abastecimiento de ese escaso líquido vital, tal y como ya sufre la capital del país.
Al cabo, el rezago en dicha infraestructura también sirve para justificar su privatización como recomienda el Banco Mundial, aunque que en el horizonte se atisbe una guerra civil por el agua, como ya ha ocurrido en otras naciones las que se ha entregado a la voracidad de la acumulación privada de capital oligopólico.
Recuérdese la revuelta del año 2000 de los habitantes de Cochabamba, Bolivia, en contra de la transnacional estadunidense Bechtel que monopolizaba el agua potable privatizada. Bechtel encareció el líquido y elevó los precios del líquido hasta provocar el estallido social que no pudo detener la imposición del estado de sitio, con su represión y sus muertos. Al final, el agua volvió a estatizarse.
La inversión en la crítica infraestructura educativa pública se rezaga en 7.5 por ciento. En 308 millones de pesos (mp), al pasar de 4.2 mmp a 39 mmp. Lo anterior muestra que a Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sólo le interesa la “competitividad” carnívora de los educandos entre las ruinas donde se imparte la enseñanza.
Al partido austeriano gobernante tampoco le interesa la salud de los servicios de salud estatal, a los que se les recortaron 1.6 mmp.
Sólo las telecomunicaciones y el transporte, el segundo renglón en importancia (concentra el 12 por ciento de la inversión total), registra una mejoría de en su gasto de 8.4 por ciento: en 1.8 mmp.
Desde el punto de vista de su clasificación funcional (contabilizada según su propósito y los objetivos a que está destinada), la inversión de gobierno ejercida –los poderes de la Unión– fue de 6 mmp, 21.5 por ciento, o 1.6 mmp menos que hace un año.
Cabe anotar que del total de ese gasto de gobierno, el 97 por ciento (5.8 mmp) es absorbido por la seguridad nacional (4.3 mmp) y asuntos de orden público y de seguridad interior (.15 mmp). Pero aun con la crisis de seguridad, la inversión para el primero es menor en 16 por ciento (777 mp) con relación al cuatrimestre de 2015, y el otro en 20 por ciento (370 mp).
El gasto en desarrollo social (60.8 mmp, el 33 por ciento de la inversión total) decrece 3.7 por ciento (2.2 mmp). Sin embargo, el agregado es engañoso, pues incluye los renglones que registran aumentos (educación y protección social) y los que decrecieron: protección ambiental, vivienda y servicios a la comunidad, salud y recreación y cultura. En conjunto, la inversión cuatrimestral en éstos últimos es menor en 6.3 mmp respecto de 2015, 3.5 por ciento en promedio. Cada uno decrece en el orden de 1.2 mmp, aunque en recreación y cultura es de 2.5 mmp.
En los documentos Principales causas de variación del gasto, de Hacienda, y Ajuste preventivo al presupuesto de 2016, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados, se señalan los tipos de inversiones que han sido y serán afectados en lo que resta del año, debido a la política de ajuste fiscal.
Algunos de los programas que pueden mencionarse: de productividad rural y agroalimentaria, y de infraestructura agraria y urbana; de conservación, construcción de caminos rurales y carreteras, de puertos y de infraestructura ferroviaria; de expansión de la enseñanza media superior y superior; de infraestructura educativa, salud y de vivienda; de protección de centros de población y áreas productivas; de operación y mantenimiento hídrico; de modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado; de investigación científica y tecnológica; de prevención y gestión integral de residuos. Desde luego, el recorte presupuestal en la inversión varía de un renglón a otros.
Según datos del Senado, de 54 programas y proyectos, 16 fueron cancelados y los demás sufrieron un recorte presupuestal.
La mayor parte corresponden a comunicaciones y transportes, donde se cancelan 10 y se afectan a 38 proyectos. El monto involucrado es por 10.7 mdp, el 81 por ciento del total. En medio ambiente y recursos naturales se cancelan 6 proyectos y se afectan a 13 (2.4 mmp, 17.8 por ciento del total). En educación pública afecta un proyecto (160.2 mp, 1.2 por ciento del total). En salud se afecta un proyecto (31.6 mp, 0.2 por ciento del total.
El pobre desempeño de la inversión es, básicamente, la expresión de la severa política de austeridad fiscal peñista. Inicialmente se programó que disminuyera en 17 por ciento en 2016: ésta sería de 717.6 mmp corrientes, contra la de 842 mmp de 2015. Pero en febrero le aplicó una poda adicional de 13 mmp corrientes.
Los programas y proyectos cancelados son: la extensión de la línea A del metro Chalco-La Paz, Estado de México; de conservación y mantenimiento de acueductos en las líneas de conducción del Sistema Cutzamala para el abastecimiento de agua en bloque y los trabajos de inspección para la detección de fugas en las líneas 1 y 2 del Sistema Cutzamala (es el castigo para la capital del país); el programa de estudios de calidad del agua del sistema plan de acción inmediata para el abastecimiento de agua en bloque; la atención de emergencias de 127 municipios, 32 del estado de Veracruz y 95 del estado de Oaxaca; los trabajos en los puertos de Guaymas y de Veracruz; la construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, Tamaulipas; y de diversas carreteras y caminos en varias regiones del país (ver cuadro 3).
Entre los que se disminuyó el monto de la inversión pueden citarse los siguientes: el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México; la unidad profesional multidisciplinaria del Instituto Politécnico Nacional; la nueva fuente de abastecimiento del poniente del Valle de México; el mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala; el proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco; la atención de emergencias; la conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras; la reconstrucción de puentes.
Marcos Chávez
[BLOQUE: ANÁLISIS][SECCIÓN: ECONÓMICO]
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