Se vende la biodiversidad en América Latina

México, a la cabeza de los países de Latinoamérica que otorga permisos a trasnacionales (principalmente de capital estadunidense) para apropiarse de material genético de seres vivos. Pueblos indígenas, despojados de su sabiduría milenaria

Emilio Godoy/Inter Press Service

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En julio de 2015, el gobierno mexicano concedió un permiso a una firma estadunidense sobre uso de material genético obtenido en su territorio con fines comerciales y no comerciales, en un caso de los que avivan la preocupación en América Latina sobre el enfoque mercantil de la biodiversidad.

El acuerdo, catalogado con el identificador único de Absch-Ircc-Mx-207343-2, fue  avalado por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y beneficia a la empresa estadunidense BioN2, Inc, de la que no hay muchos detalles.

Se asegura que se obtuvo el consentimiento previo e informado de la organización o individuo que posee los derechos de acceso al material, pero el expediente oculta, por ser confidenciales, la identidad de tal titular y del material genético obtenido.

Éste es un ejemplo de prácticas de confidencialidad que generan inquietud sobre la aplicación adecuada del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se Deriven de su Utilización, firmado en esa ciudad japonesa en 2010 y vigente desde 2014.

Ese instrumento, complementario a la Convención sobre Diversidad Biológica que está en vigor desde 1993, se enfoca en el cuidado de la biodiversidad y el reparto de beneficios por el aprovechamiento de los materiales genéticos de todos los seres vivos.

Por América Latina y el Caribe, sólo Cuba, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay lo han ratificado.

Entre otros aspectos, el Protocolo estipula que cada país parte adoptará medidas para asegurar el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos que están en posesión de comunidades indígenas y locales.

Ello se hará, precisa, mediante “el consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación” de esos grupos, y con el establecimiento de condiciones mutuamente acordadas.

 “Las expectativas de los indígenas no están bien cubiertas por el Protocolo”, dice a Inter Press Service (IPS) la investigadora Lily Rodríguez, del Instituto para los Alimentos y Economía de los Recursos de la pública y alemana Universidad de Bonn.

La experta subraya desde la ciudad alemana que el protocolo es “la oportunidad de ‘reconocer’ los conocimientos tradicionales como parte del patrimonio de cada nación y de establecer mecanismos para respetar las decisiones que ellos quieran tomar en cuanto a compartir sus conocimientos o no”.

América Latina y el Caribe es la región con la mayor diversidad biológica en el planeta, al albergar a varios de los países megadiversos, como Brasil, Colombia, Ecuador y México.

Los temas del Protocolo de Nagoya formarán parte del debate de la 13 Conferencia de las Partes de la Convención, que se desarrollará en el sudoriental balneario de Cancún entre el 4 y el 17 de diciembre.

Las críticas de pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil al Protocolo versan sobre el reconocimiento de propiedad intelectual a los llamados bioprospectores, los centros de investigación o empresas que buscan la información biológica para su eventual aprovechamiento.

Además, el reparto de los eventuales beneficios monetarios y no monetarios a pueblos y comunidades indígenas se basa en los “términos mutuamente acordados”, pactados, en contratos con empresas e investigadores. Eso puede situarlos en desventaja.

En Guatemala, organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios han forjado al rojo vivo su postura de excluir a ese país centroamericano del Protocolo de Nagoya, al cual pertenece desde 2014.

En junio, una resolución provisional de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal nacional, suspendió esa incorporación.

 “Nos oponemos porque faltó el número necesario de diputados para aprobarla, no se consultó a los pueblos indígenas y da permisividad para la experimentación, trasiego y consumo de transgénicos”, resume Rolando Lemus, dirigente de la no gubernamental Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala.

El activista, cuya organización surgió en 2004 y que agrupa a unas 60 entidades, manifiesta a IPS, desde el departamento guatemalteco de Chimaltenango, que el uso de la biodiversidad es parte de la cultura y la vida diaria de los grupos ancestrales mayas, en cuya cosmovisión “no se permite lucrar con el conocimiento ancestral”.

Guatemala había acogido tres solicitudes de investigación con la planta medicinal b’aqche’ (Eupatorium semialatum), cedro y caoba. La primera, usada contra dolencias estomacales como los parásitos, estaba en evaluación y las otras dos recibieron el aval en octubre de 2015 para su investigación por la privada Universidad del Valle de Guatemala.

Al ser subsidiario de la Convención, el Protocolo acoge también actividades que se realizaron desde la década pasada, reguladas por las legislaciones nacionales, en diferentes países de América Latina y que recoge un estudio regional publicado en 2014.

Por ejemplo, Brasil ha concedido al menos 1 mil permisos para investigación no comercial desde 2003 y 90 comerciales desde 2000.

Entre 2000 y 2005, Bolivia autorizó 10 contratos de acceso, de unas 60 solicitudes presentadas y de las cuales varias versaron sobre la quinoa y otros cultivos andinos.

De ellos, dos fueron para fines comerciales. Pero a partir de leyes aprobadas desde 2010, en la nación sudamericana se veta que los sistemas de vida y los procesos que los sustentan se puedan mercantilizar, ni convertirse en propiedad privada.  Eso supone un freno a su adhesión al Protocolo.

En Colombia existen permisos para recolectar muestras y para enviar material al extranjero. Desde 2003, esa nación ha otorgado 90 contratos, sobre 199 solicitudes, y ha rubricado un contrato para investigación comercial.

Aunque Costa Rica no ha avalado licencias para acceso al conocimiento tradicional o recursos genéticos en territorios indígenas, ha posibilitado 301 permisos para investigación básica para el acceso a recursos genéticos y 49 para bioprospección y acceso a recursos genéticos desde 2004.

La bioprospección define la búsqueda sistemática, clasificación e investigación de nuevos elementos con valor económico en el material genético. El Protocolo debe evitar que ella no prive a los guardianes originarios de su conocimiento y de sus beneficios.

Ecuador ha recibido 19 solicitudes desde 2011 y en 2013 negoció un contrato comercial.

Por su parte, México ha autorizado 4 mil 238 permisos para colección científica desde 1996, con un bajo porcentaje de peticiones denegadas.

Finalmente, Perú requiere un contrato para todos los tipos de acceso. Desde 2009, ha autorizado 10 contratos, de más de 30 solicitudes, y 180 permisos para investigación de recursos biológicos.

Ecuador es un buen ejemplo regional del expolio de material genético, según la denuncia de sus propias autoridades.

En el Primer informe sobre biopiratería en el Ecuador, divulgado en junio por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se reveló que Alemania, Australia, Bélgica, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda e Israel han explotado indebidamente esa riqueza biológica.

De 128 patentes identificadas, empresas estadunidenses poseen 35, alemanas 33, holandesas 17, australianas 15 y el resto se reparte entre varias naciones.

“Todo depende de cómo los gobiernos de cada país protegen a los indígenas, según sus propios marcos legales”, plantea Rodríguez.

A su juicio, “si la legislación dice que ellos solos van a negociar el consentimiento fundamentado previo –incluyendo cláusulas de condiciones mutuamente acordadas– si no están en la capacidad de negociar, sería bueno que el gobierno los apoye para que esa negociación sea más equitativa y favorable para los pueblos tradicionales”.

Lemus confía en que la suspensión en Guatemala quede en firme. “Pensamos en otras acciones. Los pueblos deben poder tener mecanismos para protegerse de la propiedad intelectual y la contaminación genética”, asevera.

Emilio Godoy/Inter Press Service

[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: MEDIO AMBIENTE]

Contralínea 500 / del 08 al 13 de Agosto 2016