San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. La nueva sede del Poder Judicial en uno de los estados históricamente más marginados de la República debió ser inaugurada en diciembre de 2014. Antes de Navidad, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el entonces ministro Juan Silva Meza, y hasta el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, debieron sonreír, posar para las fotos y cortar el listón de una nueva etapa de la justicia mexicana en la entidad, aplicada ahora bajo el sistema penal acusatorio (juicios orales).
Pero no fue ni ha sido así: ni Gabino Cué, ni el general Cienfuegos, ni el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, mucho menos los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han podido posar contentos al inaugurar la magna obra.
Y se han quedado con las ganas por una sencilla razón: la inmobiliaria contratada por el CJF aún está terminando el edificio localizado a 50 minutos de la capital oaxaqueña.
Pasó la cuesta de enero; también los meses primaverales de febrero, marzo, abril y mayo hasta llegar al calor veraniego de junio y julio. Las semanas transcurrieron y el edificio encargado al Ejército-constructor cumplió el medio año de retraso.
Al visitar la obra, Contralínea constató el estado inacabado del inmueble. La sede de la justicia federal en Oaxaca está envuelta por un silencio que sólo es cortado por el seseo de los pastizales movidos por el viento. Mutismo que da la sensación de estar entre la nada.
El edificio cilíndrico de nueve pisos desde lejos parece terminado, sin embargo, la inmovilidad callada en sus derredores y la malla de plástico naranja que limita la entrada inmediatamente delata otra cosa; lo mismo el polvo blanco que sale de la recepción y el letrero astillado apostado al pie de la obra que deja muy claro que la construcción aún “está bajo supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Militares con armas largas vigilan los accesos al recinto, que según los planes ya debería estar colmado de abogados, acusados, jueces, secretarias y demandantes. Pero no: sólo soldados y trabajadores son recibidos por una cruz de flores colgada en el quinto nivel.
“El gobernador Gabino Cué Monteagudo recorrió el edificio donde se construyó la sede del Poder Judicial de la Federación en Oaxaca, el segundo centro de este tipo en el país, con el cual, la entidad se coloca a la vanguardia en infraestructura de servicios jurídicos”, informó la oficina de Comunicación Social de la administración oaxaqueña el 29 de noviembre de 2014, 2 días antes de cumplirse el plazo pactado.
“Oaxaca es una entidad pionera y referente nacional en el proceso de implementación [sic] del Sistema Acusatorio Adversarial, mejor conocido como juicios orales, lo que coloca al estado a la vanguardia en la adopción de este esquema de justicia restaurativa”, aseguró aquella ocasión el gobernador, convencido de que revisaba los últimos detalles del proyecto y de que sólo faltaban unas horas para el día inaugural. Desde entonces el tema no se volvió a tocar.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no sólo edifica cuarteles, bases o posiciones militares. Hoy día las Fuerzas Armadas son una inmobiliaria más entre la baraja que compite por contratos millonarios salidos de la cartera pública.
Actualmente, de acuerdo con información proporcionada por la propia Sedena, la arquitectura, ingeniería y albañilería vestida de olivo ha “realizado 34 obras para el Consejo de la Judicatura Federal, además de haber ‘colaborado’ con 30 organismos gubernamentales más”.
Tan sólo por la construcción del complejo de San Bartolo Coyotepec, el CJF proyectó una inversión de entre 668 millones 929 mil pesos y 813 millones 284 mil 26.7 pesos –la cifra oficial gastada hasta noviembre de 2014 era de 747 millones–, depositados en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, en la cuenta “R07117 PROG. OBRAS FUERA PPTO”, administrada por la Dirección General de Ingenieros de la Sedena.
Para la ejecución del proyecto se establecieron cuatro etapas con sus respectivos plazos: del 13 de junio de 2013 al 10 de marzo de 2014 (“excavación, cimentación, estructura de los edificios A y B y obras exteriores”: 271 días naturales), del 10 de octubre de 2013 al 9 de noviembre de 2014 (“albañilerías; instalaciones hidráulica, sanitaria y de gas; y elevadores y precolados en fachada”: 396 días naturales), del 31 de diciembre de 2013 al 14 de noviembre de 2014 (“cancelería, mobiliario y acabados”: 318 días naturales) y, por último, del 10 de marzo al 1 de diciembre de 2014 (etapa consistente en la puesta a punto del “aire acondicionado, cocina, electricidad, jardinería, mamparas de baño, puertas, seguridad integral, voz y datos, mobiliario y accesorios, asta bandera, limpieza, herrería y carpintería”).
Ese último tirón, de acuerdo con el convenio firmado entre las partes, debió durar 267 días naturales. Pero desde que tal periodo se cumplió transcurrieron por lo menos 230 días más.
“El presente contrato específico se realiza asegurando el interés del Consejo, así como las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad”, asentaron el 20 de mayo de 2013 las firmas del director general de ingenieros de la Sedena, el general de brigada ingeniero constructor del Estado Mayor José Antonio González de la Fuente, y el oficial mayor del CJF, Sergio Martínez Álvarez.
Según el CJF, el Ejército, convertido en constructora, sería la mejor opción. Tan así que a su cargo está la edificación de la infraestructura necesaria para la ejecución del sistema penal acusatorio, el cual debe operar en todo el país en 2016.
No sólo los retrasos contradicen las expectativas y justificaciones dadas por la Judicatura para asignar –de forma directa, es decir sin licitación de por medio– “la construcción de los inmuebles necesarios para albergar los órganos jurisdiccionales federales”; diversas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demostraron la forma de operar de la multicontratada inmobiliaria armada.
El dictamen expedido por la ASF correspondiente a la auditoría de inversiones físicas 13-0-03110-04-0042 fue contundente: “El CJF al contratar con la Sedena no obtuvo las mejores condiciones disponibles de mercado”; el Ejército no otorgó, ni el Consejo de la Judicatura se lo exigió, “la comprobación oportuna de los recursos otorgados”, además de ejecutar obras menores a las cobradas.
En su edición 441, Contralínea publicó tales observaciones del ente fiscalizador. El haberlo hecho constituyó “una agresión al honor, a la honestidad y a la lealtad que caracterizan a las mujeres y hombres que integramos el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, se quejaron los militares por escrito.
Por medio de una carta firmada por el general brigadier Diplomado del Estado Mayor Martín Terrones Calvario, director general de Comunicación Social, la Secretaría rechazó “enérgicamente el reportaje titulado “Sedena: ineficiente constructora del Poder Judicial”, por “sesgado, falso y difamatorio”. Corría el mes de junio de 2015, séptimo mes de retraso en la entrega del edificio.
En “defensa de su honor”, la Sedena aseguró que “se están realizando auditorías por parte de los órganos fiscalizadores, tanto de la Secretaría de la Defensa como del propio Consejo, de manera separada pero coordinados”, y que las “obras terminadas fueron entregadas en tiempo y forma, a plena satisfacción del referido Consejo”. Nada mencionó sobre los motivos por los cuales, más de medio año después de cumplido el plazo, la sede de San Bartolo Coyotepec aún sigue inconclusa.
Ahora Contralínea insistió en conversar con el propio general Terrones Calvario o con quien él designara para ser entrevistado sobre el tema. No hubo respuesta, como antes tampoco la hubo ante la solicitud dirigida al secretario de Defensa. Lo mismo ocurrió con el Consejo de la Judicatura Federal.
Mauricio Romero
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN] [SECCIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS]
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