“Se presume la confabulación de al menos cuatro empresas comercializadoras de acero” para beneficiarse, entre ellas, por medio de los contratos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adjudicó sólo a una en 2015, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015. Lo mismo determinó para compras de tungsteno.
De acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento practicada por la ASF a la secretaría de Estado encargada de la organización y administración del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el acuerdo ilícito entre las cuatro empresas comercializadoras de acero provocó que la dependencia federal adquiriera el producto a costos mayores a los ofrecidos incluso por empresas extranjeras. Según la documentación, la Sedena terminó pagando, al menos, 30 millones 300 mil pesos demás a las empresas.
El hecho no asombra a Guillermo Garduño Valero, experto en Fuerzas Armadas y seguridad nacional. “Lo que ocurre es que hay una larga tradición donde las Fuerzas Armadas definitivamente no están acostumbradas a una rendición de cuentas”, señala. El doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh explica que “particularmente los militares mexicanos no están acostumbrados a establecer transparencia en cuanto a los procedimientos”.
La ASF encontró, al practicar la auditoría 15-0-07100-02-0110, que los socios de las empresas mantienen “interrelaciones”. En el dictamen de la fiscalización se concluye que los socios se pusieron de acuerdo para “la presentación de propuestas a la Sedena encaminadas a favorecer a alguna de las empresas que ofertaron precios de referencia más altos”. Se trató de un modus operandi porque las irregularidades, y las omisiones de la Sedena, no ocurrieron en sólo un contrato sino en, al menos, cuatro.
La opacidad, la corrupción y la impunidad propician que, a decir de Guillermo Garduño, “en materia tecnológica México se encuentre en un rezago formidable con respecto a cualquier ejército del mundo”.
La ASF no identifica los nombres de las empresas ni los de los accionistas. Pero sí describe cómo planificaron para vender con sobrecostos. El primer caso fue la adquisición por parte de la Sedena de 30 mil piezas de barra redonda de acero por un monto de 30 millones 102 mil pesos. La empresa que finalmente “ganó” la licitación estaba relacionada con otra de las “competidoras”, pues uno de los accionistas de la ganadora fungió como comisaria de la otra hasta 1 año antes del proceso.
Cuando los auditores de la ASF requirieron información a la empresa e incluso le realizaron una visita domiciliaria, la compañía no pudo presentar toda la documentación, como la que ampara la calidad de los productos que vende.
No fue lo peor. La empresa sólo fue revendedora de otra que sí los producía. Los auditores cotejaron información con el Servicio de Administración Tributaria y encontraron que la empresa “ganadora” de la licitación revendió a la Sedena el acero con un sobreprecio de 220 por ciento. Es decir, el acero costaba 8 millones 336 mil 200 pesos y la dependencia federal terminó pagando 26 millones 728 mil 500 pesos. Así, la empresa se embolsó 15 millones 771 mil 200 pesos por sólo traspasar el acero a la Sedena.
Por este proceso irregular de adjudicación de contrato, la Auditoría emitió a la Sedena una recomendación, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Posteriormente, la Sedena adjudicó otro contrato para la adquisición de más acero, éste ahora en presentaciones de “barra redonda de acero”, “barra rectangular de acero” y “tubo de precisión de acero”. Pagó 22 millones 695 mil 400 pesos. Otra vez, la empresa sólo traspasó el producto a los militares y, por ese hecho, se llevó 12 millones 167 mil 900 pesos, ya que lo había comprado en 9 millones 803 mil pesos.
De nueva cuenta, la ASF emitió una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y otra de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Un tercer procedimiento de compra de acero de la Sedena, revisado por la Auditoría, permite observar con mayor nitidez la confabulación de empresas para obtener más dinero de la dependencia pública.
Se trató de la adquisición de 23 mil 600 kilos de acero en barra redonda DIN 35B2. Por ese lote la Sedena pagó 3 millones 269 mil 800 pesos. Supuestamente sólo fue una empresa la que presentó la propuesta.
Para empezar, las cotizaciones emitidas por las empresas se presentaron los días 8 y 18 de octubre, pero resulta que el estudio de mercado está fechado desde el 7 de ese mes. Y es de destacarse que la empresa “ganadora” ya había gozado de un contrato adjudicado de manera directa 1 año antes por el mismo producto.
En su investigación, el máximo órgano de fiscalización del país encontró que tres personas –a las que identifica sólo como “1”, “2” y “3”– se encuentran interrelacionadas con las tres empresas “competidoras”.
La “persona 1” es uno de los dos accionistas con los que consta la empresa ganadora, pero fue la que registró ante la Secretaría de Economía a la segunda empresa que participó en el procedimiento. La “persona 2” es el otro accionista de la empresa ganadora, pero hasta 1 año antes era la comisaria de la tercera empresa participante. Finalmente, la “persona 3” es una de las socias de la segunda empresa, pero fue la que atendió la visita domiciliaria que practicó la ASF a la tercera empresa. Es decir, todas las “concursantes” en realidad pertenecen a un mismo grupo que vende el acero a precios altos a la Sedena.
Más irregularidades detectó la Auditoría en este mismo procedimiento. La empresa ganadora le dijo a la Sedena que el acero lo había comprado en España con una calidad determinada. Para ello mostró un certificado de calidad español. La investigación de los auditores permitió establecer que en realidad el acero fue comprado a una empresa nacional que, a su vez, lo había adquirido de una empresa italiana. Y no cuenta el producto con certificado de calidad alguno.
La ASF observa que “el intermediarismo registrado entre el fabricante de los bienes hasta su venta en la Sedena generó un incremento” de 2 millones 379 mil pesos. La Defensa Nacional pagó un total de 2 millones 818 mil 800 pesos, cuando el valor comercial fue de 439 mil 300 pesos.
Al respecto, la Auditoría emitió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Las adquisiciones de acero no fueron las únicas que la Sedena realizó de manera irregular. Otro metal, el elemento químico tungsteno, también figura entre las compras “irregulares” de la entidad que administra y organiza al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicanos.
En 2015, la Sedena adquirió núcleos de carburo de tungsteno por 1 millón 726 mil 300 pesos. Lo hizo por adjudicación directa, toda vez que un supuesto “estudio de mercado” entre 20 oferentes del producto arrojó que sólo una empresa podía suministrarlo con las características requeridas.
Después se sabría que las partidas 19, 20, 33 y 34 no fueron aceptadas por la dependencia gubernamental por la mala calidad de producto. La ASF señala: “dichos materiales afectarían el proceso de fabricación y las características de calidad del producto terminado por su baja dureza”.
Los auditores señalan que los militares tienen responsabilidad en los hechos: “Se considera que no se realizó un adecuado estudio de mercado toda vez que la Sedena se limitó a contar con una sola cotización y no contó con los elementos necesarios para evaluar las mejores condiciones de compra”.
Otra confabulación ocurrió en la compra de cuatro juegos de martillos forjados por un monto de 960 mil 500 pesos. Resulta que la Sedena invitó al proceso de adjudicación de contrato a cinco empresas, pero al final sólo una presentó una propuesta. Y a ella se le otorgó el contrato. Sin embargo, el certificado de proveedora de industria militar que utilizó era el de otra de las empresas “participantes”. Aún más: la empresa que “ganó” compró los productos a otra de las participantes, “por lo que se presume –dice la ASF– que existió confabulación entre las empresas para favorecer a la empresa adjudicada”.
De nueva cuenta, en la auditoría se establecen las omisiones de la autoridad, pues la Sedena decidió continuar con el procedimiento aun cuando no contaba con un mínimo de tres propuestas presentadas.
La ASF emitió por ello una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La auditoría se practicó a los Insumos para la Producción y Mantenimiento de Armamento y Accesorios Militares para la Producción de Vestuario Militar. Y la confabulación de las, al menos, cuatro empresas privadas fue sólo una de las irregularidades detectadas en esta práctica. Las otras anomalías fueron la “ausencia de mecanismos de control y operación en el manejo y aplicación de los recursos” y las “deficiencias en la selección de proveedores y en la integración de los expedientes de información que soportan los procedimientos de adjudicación celebrados en el ejercicio 2015”.
La negligencia de la Sedena en la entrega de contratos provocó, además, “la falta de justificación y evidencia documental para acreditar que con los procedimientos de adjudicación seleccionados se aseguraron las mejores condiciones de compra para el Estado”.
Para la adquisición de insumos para la producción y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios, y para la producción de vestuario militar, la Sedena destinó en 2015 un monto de 1 mil 721 millones 336 mil 600 pesos. A la dependencia sólo se le había autorizado un gasto en ese rubro por 1 mil 88 millones de pesos, pero se le concedieron “ampliaciones presupuestarias netas” por otros 632 millones 362 mil 300 pesos.
De los 1 mil 721 millones, la ASF sólo auditó una muestra del 47 por ciento del total, es decir, 821 millones 613 mil 400 pesos.
Las áreas de la Sedena que fueron revisadas por la ASF fueron las direcciones generales de Industria Militar (DGIM) y de Fábricas de Vestuario y Equipo (DGFVE). La primera es el órgano técnico y administrativo que se encarga de producir, ensamblar y mantener el material de guerra, maquinaria y vehículos militares y demás equipo militar e industrial. La segunda es un órgano administrativo encargado de fabricar y confeccionar vestuario, equipo militar y mobiliario.
Durante el desarrollo de la fiscalización, la ASF pudo determinar que la Sedena incumplió la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 134; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 1, párrafo 2; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 13, 26 y 50; y el inciso d, numeral 1 de las bases de la invitación cuando menos a tres personas IA-007000997-N803-2015.
El artículo 134 de la Constitución –incumplido por la Sedena, según la ASF– señala que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
El especialista Guillermo Garduño recuerda que luego del alzamiento zapatista en 1994 se aumentaron significativamente los presupuestos para el Ejército Mexicano. A partir de ese momento los civiles tuvieron que establecer tibiamente algunos controles del gasto.
“Hubo mucha resistencia de parte de los militares. Fueron controles internos, de contraloría interna. Hubo un tiempo que no se aceptaba particularmente por parte del secretario de la Defensa que tuviera injerencia cualquier civil en la administración del gasto militar. Hasta que definitivamente Hacienda, ya en el periodo de Zedillo, los obligó a tener que aceptar una fiscalización del gasto”, que es la que realiza la ASF.
Garduño rechaza que la opacidad con que se conducen las Fuerzas Armadas Mexicanas sea producto de la secrecía con que deben manejarse los asuntos de seguridad nacional. “Nada tiene que ver”. Agrega que ese ardid se utiliza constantemente pero la rendición de cuentas es perfectamente posible aunque se trate de instituciones castrenses.
El manejo que hasta este momento se sigue del gasto militar sigue siendo opaco. No se informa acerca de cómo se determinan los criterios para la adquisición de armamento. Y esta falta de claridad y la corrupción sí terminan por afectar la seguridad y defensa nacionales.
“Esta opacidad es parcialmente responsable de que México no cuente tampoco con una fábrica, que verdaderamente pueda llamarse así, de armamento. Y como consecuencia de eso hay una situación de desventaja frente a cualquier enemigo externo o interno que podamos aventurar”, señala Garduño Valero.
Sobre el papel de la ASF, el catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana señala que es valioso, pero insuficiente. No deja de ser testimonial.
“El control del gasto militar se debe realizar casi de manera simultánea a su gasto. El control no se puede establecer a posteriori, como hoy: que cuando ya las cuentas llegan, el hecho ya se consumó, ya el gasto se ejerció, ya no hay forma de revertir eso”. Las auditorías que presenta a ASF corresponden al ejercicio del gasto de hace 2 años.
La opacidad no se justifica sino de manera política, pues hoy ya es posible “contar con una ingeniería capaz de establecer el control adecuado del gasto”. Una fiscalización oportuna, advierte Garduño Valero, podría “evitar particularmente la discrecionalidad, que es lo que ha venido privando”.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS]
Contralínea 528 / del 26 de Febrero al 04 de Marzo 2017
https://youtu.be/PecwR_DF3wc
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https://youtu.be/nWD5a6MyPZM
Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó un presupuesto de…
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