México cada vez gasta más en “seguridad”. En 10 años de supuesta “guerra” contra el narcotráfico, el presupuesto de las dependencias encargadas de la seguridad se duplicó en términos reales. De 130 mil millones de pesos en 2006, pasó a 264 mil millones de pesos en 2016. La Policía Federal, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial Federal son los organismos más beneficiados.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República –elaborado por los investigadores Carlos Galindo, Alejandra Huerta y Susana Ramírez– revela que algunas dependencias incrementaron exponencialmente el monto de los recursos que ejercen.
Y como se señala en la investigación –titulada Panorama del gasto federal en seguridad, 2006-2016. Temas estratégicos 47– se trata de incrementos reales: “es decir, descontando la inflación de cada año para que los montos homologados reflejen el cambio de poder adquisitivo del dinero durante el periodo de análisis”. Así, todos los montos están calculados en pesos constantes de 2016.
En el estudio se demuestra que el gasto en seguridad pasó de representar en 2006 el 0.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) al 1.4 por ciento del mismo indicador en 2016.
Los gastos en seguridad por 264 mil millones de pesos anuales son superiores en más del ciento por ciento a los que se erogan para la salud de la población (por 124 mil millones de pesos) y en desarrollo social (por 106 mil millones de pesos).
La Policía Federal cuadruplicó su presupuesto, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) lo duplicaron y el Poder Judicial lo incrementó en 1.6 veces. Incluso el Sistema Penal Penitenciario aumentó sus erogaciones anuales en 13.6 veces.
En contraste, otras dependencias de la esfera de la seguridad mantuvieron los mismos niveles de gasto en términos reales. Se trata de instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la propia Procuraduría General de la República (PGR). Destaca el nulo crecimiento presupuestal de la PGR cuando “es, teóricamente, la institución encargada de dirigir la recopilación y sistematización de evidencia (para exponerla en juicios imparciales, adversariales y públicos) en torno a la comisión de delitos especialmente lesivos para la sociedad”, se asienta en el documento.
Y es que para los autores del estudio “las marcadas asimetrías en el crecimiento del gasto en seguridad [entre las distintas dependencias], apuntalan la percepción de que las administraciones recientes han dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a una estrategia de ‘combate frontal’, en oposición al mejoramiento sustantivo de las capacidades y recopilación sistemática de evidencia delictiva”.
La investigación revela que la PGR no gasta nada en inteligencia; y “más significativo o simbólico, los recursos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP [Secretaría de Hacienda y Crédito Público], encargada de prevenir y detectar delitos tales como el lavado de dinero, tampoco son considerados como parte de las inteligencia para la seguridad nacional”.
De hecho, en 10 años, la Unidad de la SHCP encargada de combatir el lavado de dinero sólo ha ejercido de manera acumulada 1 mil 500 millones de pesos.
En 2006 la Policía Federal contaba con alrededor de 9 mil millones de pesos. Diez años después está gastando 31 mil 409 millones. Por su parte, la Semar pasó de erogar 15 mil millones de pesos a 32 mil millones en 2016. Mientras, los montos de la Sedena son de 41 mil millones (para 2006) y de 74 mil millones (en 2016).
Con respecto del incremento de recursos (económicos y humanos) en la Policía Federal, el estudio cuestiona la incapacidad de la institución para hacerse cargo de la seguridad pública.
“Es de llamar la atención que 10 años después de iniciada una clara estrategia de fortalecimiento de la Policía Federal, el foco de debate político y mediático siga concentrado en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.”
El monto destinado a las cárceles también se ha incrementado exponencialmente. Para el rubro Reclusión y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, en 2016 se destinaron 28 mil millones de pesos. Mientras, para el mismo rubro –a cargo de la entonces Secretaría de Seguridad Pública– en 2006 apenas se llegaba a los 3 mil millones.
Por ello, señala el documento, resulta difícil explicar las carencias en las cárceles, reclusorios y penales mexicanos.
“El notable aumento en los gastos en proyectos de infraestructura y en la administración del Sistema Penitenciario Federal es de llamar la atención, toda vez que otros indicadores relacionados con la situación de los penales federales no han mostrado mejoras significativas.”
El estudio cita a la CNDH, que ha identificado siete centros federales con sobrepoblación (uno de ellos con sobrepoblación crítica y dos con riesgo alto). Además, que de un total de 19 en 17 hay insuficiencia de personal; en 14 se incurre en la carencia de actividades laborales, y 12 padecen la ausencia de actividades educativas.
Para el doctor en ciencias penales y política criminal Martín Gabriel Barrón Cruz, el discurso que señala que el país es cada vez más inseguro es el mismo que justifica el incremento de recursos para la función de seguridad.
Autor de, entre otros libros, Gobernar con el miedo. Análisis del narcotráfico 2006-2012, Barrón Cruz señala que se trata de “un discurso perverso”. En efecto, todo indica que 2017 rebasará la estadística de 27 mil homicidios dolosos de 2011, hasta ahora el año más violento. La realidad es que sí hay más homicidios pero el dato se manipula para justificar mayores recursos, como si la cantidad de dinero por sí sola fuera a proveer de mayor seguridad a las personas.
“Los seres humanos no somos un número. Con números no se deberían tomar las decisiones de política pública. Y no porque los números no sean importantes. Lo son pero si a la par tenemos investigaciones de corte cualitativo.”
De acuerdo con el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el discurso sólo busca que se le asignen más recursos a determinadas dependencias sin que se justifique plenamente cómo se utilizan.
Como ejemplo, el analista señala el gasto de 1 mil millones de pesos que se destinaron a una “capacitación deficiente” –por mal planeada y peor ejecutada– de los policías en el tema de sistema penal acusatorio. “Es un problema, y sólo es un ejemplo, de que se gasta el dinero y los resultados son deficientes”.
Y es que, a decir de Barrón Cruz “no se trata sólo de ver en qué se gastó, porque eso nos lo pueden decir: ‘nos lo gastamos en armas, en patrullas, en equipo, etcétera’; pero dime en qué te lo gastaste en capacitación y cuáles son los resultados cualitativos de todo ese gasto en el tema de seguridad”.
El estudio señala que, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se hace referencia a sólo una de las esferas de la seguridad: la seguridad pública.
“El único concepto definido a nivel constitucional es el de seguridad pública”, señala el documento. Agrega que en un nivel normativo inferior se incluye ya a la seguridad nacional: se cuenta con una Ley de Seguridad Nacional (que no reglamenta artículo constitucional alguno, a diferencia de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reglamenta el Artículo 21 de la Carta Magna mexicana).
Aunque en el papel las diferencias son claras entre una y otra, la actual estrategia de combate al narcotráfico hace converger e, incluso, confundir y mezclar los dos ámbitos. “La investigación y persecución de delitos enmarcados por el régimen especial contra la delincuencia organizada pueden considerarse tanto actividades de seguridad pública como de seguridad nacional”.
Según el estudio, desde el punto de vista estructural, son cinco las instituciones clave de la seguridad en México: la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Sedena, la Semar y la PGR. Pero no sólo se debe ver a la seguridad desde el ámbito de la prevención y el combate a los delitos. También se debe tener en cuenta el de la sanción de los delitos y la salvaguarda de los derechos de las personas. Por ello, en este rubro son también importantes el Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El documento consigna que desde 2006, cuando se inauguró la actual estrategia de combate al tráfico de estupefacientes y se incrementaron de manera sostenida los presupuestos destinados a las instituciones de seguridad, los crímenes se incrementaron.
“Posterior al inicio de esta política, se registró en México un aumento drástico de homicidios (a partir de 2007), el cual ha representado un periodo de agravamiento de situaciones de violencia en el país, de tal manera que no puede afirmarse con certeza que esta política haya logrado, efectivamente, una mejora sustantiva en las condiciones de vida de la población.”
Para Martín Gabriel Barrón Cruz el problema de la seguridad en México no se resolverá con más dinero, como ya se ha visto en estos 10 años. “Los propios libros lo señalan: no necesitamos más policías; necesitamos policías más inteligentes, más eficientes”.
Para el especialista en temas de seguridad, las propias autoridades saben que la actual política no arrojará los resultados que dicen buscar con montos más abultados. Saben que el problema no está ahí, “pero lo que les interesa es seguir incrementando los recursos para estas instituciones”. Así que el discurso del miedo va a seguir para justificar mayores cantidades de dinero púbico a la seguridad.
El doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh Guillermo Garduño Valero coincide en que no será con mayores recursos como se mejorará la seguridad de México, en especial, la seguridad nacional. Se trata de un fenómeno más complejo que sólo puede resolverse integralmente.
El experto en seguridad nacional y Fuerzas Armadas señala: “Si no existen condiciones de gobernabilidad y de gobernancia; si se tiene déficit de legalidad y legitimidad; si hay carencia de un proyecto nacional; y al mismo tiempo no hay bases que proyecten a la nación del presente al futuro, estamos indudablemente en presencia de problemas que están afectando al ámbito de la seguridad nacional”.
Así, de acuerdo con el autor de El Ejército Mexicano, organización y estrategia, entre otros libros, la seguridad –particularmente la seguridad nacional– no se garantizará con mayores recursos sino con la definición, antes, “de un proyecto de nación fundamentado en el consenso ciudadano; que cuente con legitimidad y ejerza la legalidad desde el ámbito de las instituciones; que tenga la capacidad de gestión para generar condiciones de gobernabilidad y gobernanza; y que cuente con capacidad de dirección del país para plantearse la posibilidad de un futuro hacia el cual la nación pueda ir”.
Sin embargo, lo que hoy padece el país son condiciones contrarias. No habrá dinero que pueda proveer ni de seguridad pública ni de seguridad nacional. El país se seguirá desmoronando por muchos recursos que se destinen a las Fuerzas Armadas, la Policía federal y demás dependencias encargadas de preservar la tranquilidad de los mexicanos. En su diagnóstico, Guillermo Garduño señala:
“No hay un proyecto nacional. Lo anterior porque hay un conflicto de intereses entre fuerzas que atan al presente al país y le impiden desarrollarse hacia una visión de futuro. No hay condiciones de gobernabilidad y, menos, de gobernanza; por lo tanto no hay elementos en los que cuales pueda sustentarse la gestión adecuada ni, mucho menos, puede haber un tipo de dirección hacia objetivos y metas. La ilegalidad se plantea sencillamente como vida cotidiana y la corrupción se enseñorea. En consecuencia de todo ello, sólo hay desperdicio de recursos y se acude a la violencia como si fuera la forma única de sustentar las instituciones.”
Para el investigador, bajo esta misma lógica los gastos se seguirán multiplicando; y “esos gastos se van a la basura. Se está invirtiendo en instituciones altamente corrompidas, lo que nos está llevado al caos”.
Zósimo Camacho
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: SEGURIDAD]
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