Préstamos desde las cuentas de los fondos federales, opacidad, daños a la Hacienda Pública, pagos irregulares por vacaciones o fuera de contrato, subejercicios permanentes, falta de evaluaciones, entre otras irregularidades han detectado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local (EFSL) en el manejo de los billonarios recursos destinados a mejorar los servicios de salud de los chihuahuenses durante el mandato de César Duarte.
A pesar de los recursos aportados, el estado norteño se mantiene como uno de los más rezagados en la materia, señala un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), con “la esperanza de vida más baja entre todos los estados del país”: 2.5 años por debajo del promedio nacional.
Pase lo que pase, sean cuales sean las irregularidades anotadas, los resultados desfavorables, la falta de explicaciones, y como si con sólo inyectar mayores recursos los problemas se resolvieran, cada año miles de millones de pesos llegan a las arcas del estado provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), alimentado con recursos federales.
Por dicho concepto, la administración del priísta César Duarte ingresó en sus primeros cuatro años de gobierno –sin contar los primeros 3 meses, pues tomó posesión el 4 de octubre d 2010– 6 mil 992 millones 236 mil 900 pesos:
Los dineros pasan por las manos y las estructuras controladas por Jaime Herrera Corral, secretario de Hacienda local, quien como su jefe tampoco respondió a la solicitud de entrevista hecha.
Sobre dicho funcionario pesa la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-19 llevada a cabo por la Unidad de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) por decenas de depósitos realizados por el gobierno de Chihuahua en una sociedad financiera ligada tanto al mismo Herrera Corral como a César Duarte, informó el reportero Arturo Rangel (Animal Político, 4 de abril de 2016).
Las transacciones, por casi 80 mil millones de pesos, capitalizaron a la llamada Unión Progreso, de la cual el secretario de Hacienda es accionista y apoderado legal.
“Se tienen indicios de que dinero de programas federales está mezclado en estas operaciones”, declaró a Animal Político Jaime García Chávez, presidente de Unión Ciudadana, coadyuvante en la indagatoria.
De la Tesorería de la Federación salen los recursos hacia la Secretaría de Hacienda (SH) del Gobierno de Chihuahua. Ahí inicia el historial de irregularidades:
Ya en 2011, en “la documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones” no indicó “el nombre del programa, origen del recurso y el ejercicio respectivo”.
En los siguientes años, la SH reincidió en la demora en la entrega de los recursos a los los Servicios de Salud de Chihuahua (Ssch). El problema se dio en 2012, en 2014 (última fiscalización) continuaba, y los rendimientos financieros generados por los retrasos no siempre se transfirieron a los Ssch.
Mientras a las clínicas, los médicos y los enfermos les tocaba esperar a que bajara el recurso, el gobierno chihuahuense obtenía ganancias cuyo destino acabó siendo desconocido.
Una vez transferidos los recursos a los Servicios de Salud, las irregularidades se hilvanan:
En 2011, 2 millones 270.8 mil pesos se perdieron “por el pago de prima vacacional al personal eventual, concepto no pactado en los contratos individuales de trabajo, y 1 millón 53 mil 100 pesos por el pago a médicos especialistas que no acreditaron el perfil académico correspondiente; asimismo, se determinaron 159 millones 19 mil pesos de errores y omisiones de la información financiera”.
Al siguiente año, 2012, de plano la ASF asentó que “el Gobierno del estado de Chihuahua no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera de los recursos federales transferidos a la entidad”, pues 267 millones 696 mil 300 pesos se fueron en “pagos de pasivos generados en el ejercicio fiscal 2011”; 67 millones 724 mil se perdieron “por no recuperar o aplicar al gasto del ejercicio fiscal 2012 los recursos registrados en deudores diversos”, y 43 millones 716 mil 600 pesos “por pago de medicamentos que corresponden al ejercicio fiscal 2011, de los cuales no se presentó evidencia de que hubieran sido contabilizados, comprometidos oportunamente y autorizados para su pago como pasivos y que fueron pagados a cargo de un presupuesto no autorizado”.
“Adicionalmente –remató en esa ocasión la ASF–, 89 millones 623.4 mil pesos [quedaron] por aclarar […], y 10 millones 692.1 mil por recursos no devengados al 31 de diciembre de 2012.”
En 2013, “en el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa, en materia de Control Interno, Servicios Personales y Adquisiciones, principalmente del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 3 millones 510 mil 300 pesos”, dictaminó la ASF, y agregó:
“La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, que incidió en las irregularidades”. Tampoco “realizó la evaluación sobre los resultados del Fassa”.
La última fiscalización publicada, correspondiente a 2014, no fue más alentadora:
“En el ejercicio de los recursos la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, recursos humanos, adquisiciones y transparencia así como de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, del Presupuesto de Egresos de la Federación y de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal.
“Con la auditoría, también se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.”
La falta de transparencia es recurrente, ha sido repetitivo el señalamiento de los auditores. “No reportaron en forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones del fondo”, indicó la ASF en 2011. En 2014, última fiscalización, las cosas no cambiaron:
“Los SSCH [Servicios de Salud de Chihuahua] no remitieron a la SHCP [Secretaría de Hacienda y Crédito Público] los informes del primer y segundo trimestres del ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del Fassa 2014 y no se obtuvo evidencia de su publicación en sus órganos locales oficiales de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de difusión”, ni “proporcionaron evidencia de la publicación de los resultados de las evaluaciones del Fondo”.
La reincidencia en las irregularidades administrativas, la gravedad de ellas, y sobre todo el subejercicio se reflejó en el manejo de los recursos etiquetados para el Seguro Popular, programa oficialmente dirigido al sector más pobre de la sociedad, que en México es mayoría.
Además de llegar a la Secretaría de Hacienda comandada por Herrera Corral, los miles de millones de pesos originalmente destinados a sacar del rezago en materia de salud al estado también corren a través de las manos del hoy secretario de Salud del Estado, Pedro Genaro Hernández Flores, quien ha sido denunciado de enriquecimiento a costa de los fondos del Seguro Popular.
Hernández Flores –buscado en vano por Contralínea– fungió anteriormente como director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), órgano por el que pasan los dineros.
En 2011, el gobierno de Chihuahua recibió 839 millones 545 mil 100 pesos, de los cuales 131.5 millones se quedaron sin gastar.
Para la ASF, desde el primer año, la administración de César Duarte –quien no respondió a la solicitud de entrevista presentada por Contralínea– “no cumplió con las disposiciones normativas aplicables”, pues otros 53 millones 772 mil 600 pesos fueron “transferidos por el Régimen Estatal de Protección Social en Salud al Instituto Chihuahuense de Salud sin que fueran comprobados ni reintegrados a la cuenta bancaria del Seguro Popular”, e irregularidades por 20 millones 139.5 mil “por la adquisición de medicamento no considerado en el Catálogo Universal de Servicios de Salud [Causes] y por pagos en exceso a los precios de referencia”.
A pesar del subejercicio, en 2012 el monto se incrementó y recibió 1 mil 3 millones 201 mil 700 pesos. El estado reincidió y 175 millones 701 mil 700 se quedaron guardados al finalizar el año.
[blockquote pull=”right” align=”left” attributed_to=”” attributed_to_url=”{{attributed_to_url}}”]El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud entregó 6 mil 992 millones 236 mil 900 pesos: a la administración del priísta César Duarte, entre 2011 y 2013″[/blockquote]
La Hacienda local “presentó demoras entre 47 y 175 días” en la transferencia de los recursos, lo que dejó millonarios rendimientos cuyo destino no fue aclarado.
Más de 26 millones 604 mil pesos se fueron en “pagos de facturas de 2011 de las cuales no se presentó evidencia de que hubieran sido contabilizados, comprometidos oportunamente y autorizados para su pago como pasivos”; 6 millones 804 mil 200 se utilizaron en “medicamentos no incluidos en el Causes y con precio superior al de referencia”, y 1 millón 350 mil 300 pesos más en “cheques cancelados de servicios personales no reintegrados a la cuenta del Seguro Popular 2012”.
De dos, dos dictámenes fueron marcados por la Auditoría Superior de la Federación con el sello de “negativo”.
En 2013, los manejos administrativos no mejoraron: el 26.3 por ciento de los 1 mil 323 millones 105.6 mil pesos recibidos no fueron utilizados a lo largo del año. Es decir que ese año 347 millones 765 mil 200 pesos no se movieron, como si la salud del todos los chihuahuenses –sobre todo los más pobres– ya estuviera garantizada.
“En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, servicios personales, y de adquisiciones; en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Salud y a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2010-2013, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 20 millones 837.7 mil pesos”, enlistó esa vez la Auditoría.
Además, continuó, “la entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del programa, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.
El gobierno nunca publicó “información relativa al cumplimiento de sus metas y a la evaluación de satisfacción del usuario […] ni los resultados de las evaluaciones del programa”.
¿Cuáles fueron las quejas más recurrentes?:
“Cobro de medicamentos, estudios de laboratorio u otros y negación del servicio médico.”
La cifra recibida por el gobierno estatal en 2014 alcanzó los 1 mil 499 millones 100 mil pesos. Ya convertido en tradición, ahora el subejercicio fue de 252 millones 601 mil 600 pesos, y el resultado de la fiscalización no fue mejor que en los años anteriores:
“En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencias de recursos, en el destino de los recursos en servicios personales, adquisiciones, así como de la Ley General de Salud y del Presupuesto de Egresos de la Federación, del Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el estado de Chihuahua, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 98 millones 209 mil 700 pesos.”
Ya acostumbrada, la ASF repitió:
“En conclusión, el Gobierno del estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio.”
Chihuahua es una de las entidades de la República Mexicana más atrasadas en materia de salud, registró la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en el estudio Midiendo el Bienestar en los Estados Mexicanos publicado en 2014, mismo año de la última fiscalización.
“La OCDE puso en marcha en 2014 el proyecto de Medición Regional del Bienestar como parte de la Iniciativa para una Vida Mejor, la cual consta de un conjunto de indicadores de bienestar y de un análisis de los mismos que permite tener una mejor comprensión de las tendencias y de los factores impulsores del bienestar en las 362 regiones de los países miembros”, explica el organismo.
Y Chihuahua es de las que menos bienestar tiene así como una vida peor.
Tal es la condición en el inmenso estado que “la población urbana no se encuentra significantemente mejor que la población rural respecto a la accesibilidad a servicios de salud”, simplemente “se clasifica en la posición 27 en la dimensión de salud debido a que tiene la esperanza de vida más baja entre todos los estados del país (2.5 años menos que el promedio nacional)”.
En 2000, la esperanza de vida al nacer era de 72.1 años; tres lustros después avanzó 2 meses. Oaxaca, Chiapas y Guerrero le acompañan en el abismo.
La tasa de mortalidad infantil (14.1) también está en el fondo del escalafón, con sólo cuatro estados más abajo, y la tasa de mortalidad materna es de 59.8.
La “salud autorreportada” en 2000 era de 8.6, puntaje idéntico 14 años después.
Pero el paupérrimo servicio de salud no es el único padecimiento de los chihuahuenses:
En resumen, sostiene la OCDE, “el estado se encuentra rezagado en las dimensiones de seguridad, educación, compromiso cívico y gobernanza, salud y vivienda”.
Mauricio Romero
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: RENDICIÓN DE CUENTAS]
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