Más de 10 millones 600 mil pesos del sistema de salud de Oaxaca podrían haberse ejercido irregularmente, lo que constituiría un daño patrimonial para la hacienda pública. El probable perjuicio a las arcas federales es el resultado de un control deficiente de los recursos a través de las cuentas donde es depositado el presupuesto millonario, revela el órgano fiscalizador del país.
Y es que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), actualmente a cargo de Héctor González Hernández, podrían haber sufrido un daño de 10 millones 602 mil 200 pesos. Lo anterior, debido a irregularidades en la operación de transferencias del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa).
El dictamen del máximo órgano fiscalizador, encabezado por Juan Manuel Portal Martínez, indica que por el posible daño patrimonial ya se han promovido sanciones administrativas al gobierno de Gabino Cué Monteagudo.
A decir de la ASF, a través de la auditoría financiera y de cumplimiento 13-A-20000-14-0780, el gobierno de Oaxaca “no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
“Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos del primer trimestre de nivel fondo; tampoco reportó de manera pormenorizada la información relativa al avance de las acciones realizadas, y no realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó al gobierno del estado conocer sus debilidades y áreas de mejora.”
En medio de estas irregularidades, el sistema de salud de esa entidad entró en una crisis laboral. Apenas el pasado 11 de junio, la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (Sntsa) levantó el paro de labores iniciado el 4 de mayo de 2015.
Información del periodista Pedro Matías indica que el impacto del paro laboral por más de 5 semanas fue: “suspensión de los servicios generales en 735 centros de salud, 20 hospitales comunitarios, 13 hospitales generales y tres hospitales de alta especialidad, para exigir que el gobierno oaxaqueño otorgue más medicamentos, contrate más personal médico y equipe los centros de salud y hospitales del estado”.
Los integrantes del sector decidieron levantar el paro laboral luego de que el entonces titular de los Servicios de Salud de la entidad, Germán Tenorio Vasconcelos, renunciara al cargo. Fue sustituido por Héctor González Hernández, quien se desempeñaba como subsecretario de Planeación de la SSO.
El corresponsal del semanario Proceso hace énfasis en que el entonces secretario de Salud dimitió al cargo sin que se “esclareciera el asesinato del subdirector de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Oaxaca, Rafael Pérez Gavilán, ejecutado el 5 de marzo pasado, días después de su cese por presuntos malos manejos […]. También fue acusado por integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud de manejar una ‘nómina secreta’, y de un presunto desvío de 2 mil millones de pesos en los SSO”.
El monto más elevado en el posible daño patrimonial es de 5 millones 458 mil 747 pesos, “por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2013 para pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizaciones y recargos por no haber enterado en tiempo y forma el impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores”.
Le siguen 3 millones 996 mil 963 pesos por haber destinado recursos del Fassa a “pagar remuneraciones a dos servidores públicos que no acreditaron la preparación académica requerida para el puesto bajo el cual cobraron durante el ejercicio fiscal 2013”. Los trabajadores que no acreditaron su capacidad académica también fueron beneficiados con la compensación del impuesto sobre la renta de prestaciones laborales, tales como Día del Trabajador de la Secretaría de Salud, Día de las Madres y Día de Reyes, “concepto no convenido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud ni autorizado a financiarse con recursos del fondo”.
La ASF también documentó un posible daño a la Hacienda Pública de 842 mil 472 pesos, “por no haber transferido la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca en su totalidad los rendimientos financieros generados del fondo a los Servicios de Salud de Oaxaca; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal”. Otros 303 mil 953 pesos se pagaron a 23 prestadores de servicios “sin formalizar la relación laboral mediante el contrato respectivo y pagado montos superiores a los pactados en los contratos”.
Ante estos casos, la Auditoría promovió la responsabilidad administrativa sancionatoria 13-B-20000-14-0780-08-001, ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca, actualmente a cargo de Manuel de Jesús López López.
La oficina de López López tendrá que realizar las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, “por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no remitieron a la Secretaría de Salud la información trimestral relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado con la plaza, del personal a cargo del Fassa 2013”.
La misma Auditoría Superior de la Federación analizó el sistema de control interno de los SSO y enumeró diversas deficiencias que van desde la ética hasta la administración de riesgos.
Una de las primeras observaciones que hace el máximo órgano de fiscalización es que los SSO no tienen instrumentados procedimientos para evaluar el apego de los servidores públicos a su código de ética. Tampoco cuentan con un comité de ética, “ni han establecido procedimientos para la investigación o denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional”.
La falta de control se evidencia por la falta de información periódica al titular de los SSO sobre el funcionamiento general del sistema de control interno. Tampoco identifican programas de capacitación con contenidos específicos en la materia aquellos que van dirigidos a los servidores públicos con responsabilidad en el establecimiento.
El máximo órgano de fiscalización del país indica que los SSO no incluyeron en sus programas de capacitación para el personal, al menos, uno de los temas siguientes: ética e integridad; auditoría, control interno y su evaluación; administración de riesgos y prevención, disuasión y corrección de posibles actos de corrupción.
Ubicado en el llamado triángulo de la miseria, el diagnóstico en salud para el estado no es nada halagüeño. La prensa local da cuenta de muertes maternas por negligencia y los sistemas de evaluación de un foco rojo en la nutrición de sus pobladores, principalmente de los niños.
Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) muestran que el 43.1 por ciento de la población no cuenta con derechohabiencia a servicios de salud, uno de los principales indicadores de rezago social.
De la mano van otros indicadores que muestran el atraso de esta población del Sureste mexicano y que derivan en graves problemas de salud; uno de ellos, el acceso a la alimentación: las cifras del Coneval indican que una población de 1 millón 244 mil 600, es decir 31.7 por ciento de los oaxaqueños no tiene acceso a una alimentación sana.
A 2 años de la administración de Cué Monteagudo, las cifras ancestrales de la miseria continuaban. El Coneval registró 2 millones 436 mil 600 individuos (61.9 por ciento del total de la población) en pobreza, de los cuales 1 millón 518 mil personas (38.6 por ciento) presentaban “pobreza moderada” y 916 mil 600 (23.3 por ciento) estaban en “pobreza extrema”.
El organismo descentralizado de la Federación anotó que la carencia por acceso a la seguridad social afectó a 75.7 por ciento de la población, es decir, a 2 millones 975 mil personas bajo esta condición.
Otro de los altos porcentajes de las cifras oficiales es que el 55.5 por ciento de las personas ocupan viviendas sin disponibilidad de servicios básicos, “lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas para 2 millones 182 mil 800 personas”.
Érika Ramírez, @erika_contra
[RENDICIÓN DE CUENTAS]
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