Más de 11 mil 700 litros por segundo son explotados de uno de los acuíferos que en México presentan signos de “extracción ilegal de agua subterránea”; su nombre: Pénjamo-Abasolo; la región hidrológica: Lerma-Santiago-Pacífico; el estado: Guanajuato.
El segundo acuífero con mayor extracción es el de Cuautitlán-Pachuca, situado en el Valle de México, del que se extraen hasta 10 mil 749 litros cada segundo. Le sigue el acuífero principal de la Región Lagunera, en Coahuila, donde se extraen “sin autorización” 8 mil 977 litros cada segundo.
Estos hechos prenden alertas sobre las batallas que se avecinan por el uso indiscriminado del agua, el llamado oro líquido o vital líquido, según el perfil del que se mire. Una fuente de vida y/o riqueza, acaparada por concesionarios que no pagan su uso hasta en un 95 por ciento y hurtada por miles de “usuarios clandestinos”.
Las cifras son reveladas en el análisis Extracción ilegal de agua por acuífero, del investigador Manuel Llano, maestro en antropología social por la Universidad Iberoamericana y autor del portal de análisis cartocritica.org-Investigación, mapas y drones para la sociedad civil.
En tanto, la fiscalización a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)–, habla de sobrexplotación de 106 acuíferos de los 653 existentes en el país, cifras que coinciden con las mismas de la institución encargada de preservar el vital líquido.
El análisis de Manuel Llano evidencia que en el país hay 56 acuíferos mapeados en rojo, señal de alerta, donde se observa un rebase en el uso de lo concesionado de este recurso natural. Miles de litros por segundo son extraídos “ilegalmente” sin que nada los detenga.
En entrevista, el investigador comenta que el análisis se realizó con las cifras que hace públicas la Federación a través de los datos contenidos en el “ACUERDO por el que se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos” (sic), generado por la Conagua, dirigida por David Korenfeld Federman. El Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013.
Aunado a ello, el primer ejercicio de fiscalización a la administración de Enrique Peña Nieto reprueba el trabajo de la Conagua, ya en manos de Korenfeld Federman. Las “recomendaciones” que tendrá que solventar en 45 días hábiles se basan en falta de inspección y de recaudación de pago en el 95 por el pago de derechos del agua.
Presentado el 18 de febrero pasado, el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013 alerta sobre la gravedad de ambas situaciones, pues considera que éste es un asunto de seguridad nacional, por lo que urge a la Conagua a “mejorar su gestión operativa para efectuar la medición del vital líquido en función de los cuerpos de agua que evidencien una mayor problemática de sobreexplotación y se fortalezcan las medidas de autoridad para que los concesionarios no rebasen los límites autorizados de extracción del recurso hídrico, que contribuya a reducir paulatinamente el déficit de agua en acuíferos y cuencas”.
La Comisión deberá realizar cambios estructurales en sus procesos y procedimientos para garantizar la disponibilidad del vital líquido para las generaciones presentes y futuras.
Y es que la ASF, que encabeza Juan Manuel Portal, indica que en 2013, 106 (16.2 por ciento) de los 653 acuíferos existentes en el país registraron sobreexplotación; y 104 cuencas (14.2 por ciento) registraron déficit de agua de las 731 existentes en el país.
“Los resultados revelan que el deterioro de los cuerpos hídricos pone en riesgo la preservación del recurso en cantidad suficiente para las generaciones presentes y futuras”, advierte el máximo órgano de fiscalización del país.
A ello se suma que en materia de recaudación, la Conagua “careció de indicadores y de resultados para evaluar el cumplimiento del principio: el agua paga el agua”.
La ASF analizó el monto recaudado en 2013 por el aprovechamiento del agua en relación con el presupuesto ejercido por la institución. Con éste determinó que por cada 4.7 pesos erogados en el manejo y administración del agua se recaudó 1 peso.
Al término del año de revisión, la Conagua tenía registrados 384 mil 891 aprovechamientos; 184 mil 921 (48 por ciento) corresponden a los usos público, urbano e industrial que de acuerdo con la Ley Federal de Derechos (LFD) están obligados a pagar.
Otros 199 mil 970 aprovechamientos (52 por ciento) corresponden al sector agropecuario, los cuales, de acuerdo con el artículo 224 de la Ley Federal de Derechos, están exentos de realizar el pago correspondiente.
La ASF indica que de los 184 mil 921 aprovechamientos obligados a pagar por el uso del agua, el 4.8 por ciento, es decir, 8 mil 881, efectuaron los pagos correspondientes. El resto, 176 mil 40 (95.2 por ciento) “no realizaron el pago de derechos por el uso del vital líquido”.
La destrucción de los recursos hídricos, de las cuencas fluviales y de los acuíferos forestales es una forma de terrorismo, menciona la filósofa y escritora india Vandana Shiva, en su libro Las guerras del agua. Privatización, contaminación y lucro. Cita en él las palabras del vicepresidente del Banco Mundial en 1995, Ismail Serageldin, “Las guerras de este siglo se libraron por el petróleo, pero las del siguiente siglo se librarán por el agua”.
“La crisis del agua es la faceta más penetrante, aguda e invisible de la devastación ecológica de la Tierra. En 1998, 28 países experimentaron tensión o escasez hídrica y se prevé que la cifra aumente a 56 para el 2025 […]. Desde 1970, el suministro global de agua per cápita ha menguado 33 por ciento. Esta reducción no se debe únicamente al crecimiento demográfico; se ve exacerbada también por la utilización excesiva del agua”, indica la escritora india.
Un aspecto que toca la autora en su libro es la comercialización del agua. De este tema muestra que: derivado de la economía global, ha cambiado la definición del agua: “de ser un bien comunal a ser uno privado que puede extraerse y comerciarse libremente. El orden económico global exige tanto la remoción de todos los límites y reglamentos sobre la utilización del agua como la creación de mercados del agua”.
Después de la presentación del Atlas del agua en México –en el marco de la XXXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería–, Emiliano Rodríguez Briseño, subdirector general de Planeación de la Conagua, dice en entrevista con Contralínea que “las organizaciones no gubernamentales están muy preocupadas por todo esto, pero de repente se adoptan posturas muy encontradas. Por ejemplo, gran parte de los acuíferos de todo el bajío están sobreexplotados, incluso acuíferos en donde ya está apareciendo arsénico.
“Sin embargo, tenemos problemas para construir presas porque las presas de alguna manera son aguas renovables […]; cuando se construye una represa y vienen épocas de agua se vuelve a llenar, luego vuelve a hacerlo. Un acuífero ya no.
“Una ciudad que está asentada en acuíferos está programada para hacerlo explotar, ése es el proceso. A la larga, el crecimiento de las ciudades, termina por sobreexplotar todos los acuíferos, por eso es muy importante que podamos utilizar las aguas renovables, agua de lluvia; en consecuencia, hacer presas. Sin embargo, hacer ese tipo de obras representa un gran problema social por la gente que vive en las pequeñas comunidades alrededor de la presa, y la presa no la escoge uno, la brinda la naturaleza, debe ser un lugar específico donde se pueda construir una cortina, un lugar que se inunde… A veces, la gente que vive en esas zonas es muy poca, contra el beneficio que hay para millones de personas”, dice el funcionario de la Conagua.
Hace 4 años, en el Informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2009, la ASF (entonces a cargo de Arturo González de Aragón) documentó que en el país existían más de 200 mil usuarios irregulares y clandestinos. Esto, en los “Diagnósticos sobre la problemática del agua en México y los factores causales 1989-2012”.
El análisis, al igual que el más reciente presentado por el máximo órgano de fiscalización del país, fue contundente: “Existe ineficiencia en el manejo del agua potable. Se determinó una falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Por su parte, la infraestructura hidráulica no se aprovecha plenamente debido a que se encuentra inconclusa, se opera con deficiencia o presenta falta de mantenimiento”.
La ASF identificó “más de 200 mil usuarios irregulares y clandestinos”. Además de que determinó que existe una limitada capacidad de inspección y reducidos niveles de recaudación de recursos por las contribuciones o aprovechamiento del recurso.
Érika Ramírez, @erika_contra
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