Históricamente, Tamaulipas ha sobrevivido con la palabra “extremo” calificando sus padecimientos: clima, pobreza, violencia, sequía, lejanía, desigualdad, escasez, represión, corrupción, malversación…
Cada año, con el objetivo de aminorar el rezago educativo de los niños tamaulipecos, el gobierno del estado recibe multimillonarios recursos de la federación provenientes del Ramo 33, del llamado Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Faeb).
A los problemas tradicionales, en 2013 se sumó el desvío de más de 300 millones pesos del Faeb por parte del gobierno de Egidio Torre Cantú, revela la fiscalización correspondiente al segundo año de la administración priísta hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado de Tamaulipas registró inobservancias a la normativa […] que generaron un probable daño a la hacienda pública federal por un importe de 301 millones 549 mil 100 pesos”, especifica la ASF.
La auditoría financiera y de cumplimiento (con enfoque de desempeño) 13-A-28000-14-0615GF-054 detalla, por ejemplo, que la entidad realizó pagos en centros de trabajo clausurados; que “no se implementaron [sic] mecanismos de control a fin de que no realizaran pagos al personal comisionado al SNTE [Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación] y a otras dependencias; que se otorgaron compensaciones, bonos o estímulos especiales” indebidamente; que “realizó pagos extemporáneos y actualización a terceros institucionales (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado)”. Todo con los recursos del Fondo creado para fortalecer la educación básica.
Para poder recibir los dineros, el estado abre una cuenta especial que es manejada por la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET). De los 9 mil 682 millones 691 mil 700 pesos depositados en 2013 del Faeb, la Auditoría revisó el 95.6 por ciento. El pozo es hondo y está lleno de dinero, y de a poco, en proporción con los miles de millones, lo ordeña para cubrir diversos gastos ajenos a los objetivos del Faeb.
No fue sino hasta la intervención de la Auditoría que el gobierno estatal reculó y, en la mayoría de los casos, reintegró al Fondo las cantidades gastadas, siempre sin decir de qué otro pozo sacó los recursos para remediar lo hecho. La ASF nunca preguntó y dio por “solventadas” las observaciones.
Por ejemplo, la SET, encabezada por el exdirector del Instituto Politécnico Nacional, Diódoro Guerra Rodríguez, aprovechó los recursos del Fondo para pagar 38 millones 308 mil 900 pesos a empleados de “16 centros de trabajo que no son financiables con los recursos del Faeb debido a que éstos no fueron considerados en el catálogo proporcionado por la Secretaría de Educación Pública”, remarca la ASF.
La Secretaría de Educación estatal “realizó 12 mil 695 pagos a 2 mil 502 empleados por un monto de 62 millones 648 mil 800 pesos en 103 centros de trabajo clausurados”. El gobierno de Torre Cantú dio “justificaciones y aclaraciones” de la mitad de los pagos, no así del resto. Por ello la Contraloría local abrió el expediente DC-SE/060/2014 para determinar responsabilidades.
Los auditores acudieron a otros 30 centros de trabajo; no encontraron empleados adscritos, pero sí a otros que “no fueron identificados por los responsables de dichos centros, y a los cuales se les aplicaron 339 pagos por 3 millones 554 mil 800 pesos”. Se reintegró menos de la mitad y quedaron pendientes “de aclarar 145 pagos de cuatro empleados por 1 millón 909 mil 400 pesos”. Por esto, la Contraloría inició la averiguación DC-SE/065/2014.
La SET también otorgó a mandos medios y superiores diversos bonos que sumaron 221 millones 995 mil 300 pesos. La dependencia aclaró los motivos por los cuales entregó más de 152 millones por conceptos como “puente” o “servidor público del mes”; no así los 51 millones 409 mil 800 pesos dados como “bono especial” ni los 17 millones 689 mil entregados como “bonos de días de salario”.
Según la ASF, la SET también “realizó pagos indebidos por 38 millones 412 mil 700 pesos a 184 trabajadores comisionados a las secciones sindicales”. Una vez más, tras el señalamiento, el gobierno sacó recursos, más intereses, de otro pozo para reintegrar la cantidad a la cuenta del Faeb. Y como con las irregularidades anteriores, a la Contraloría estatal se le encargó más trabajo y abrió los expedientes DC-SE/057/2014 y DC-SE/ 059/2014.
Además, 3 millones 229 mil 500 pesos gastó la SET en “pagos indebidos” a sólo “16 personas, que fueron comisionadas a dependencias que no cumplen con los objetivos del Fondo”. El gobierno sólo “justificó” 98 mil 600 pesos y no aclaró “703 pagos indebidos a 15 personas”. Otra vez la administración estatal se las arregló para reinstalar 3 millones 131 mil pesos; la Contraloría abrió un proceso más (DC-SE/064/2014) para determinar responsabilidades.
La Auditoría Superior encontró “273 pagos indebidos por 2 millones 280 mil 700 pesos a nueve trabajadores con cargos de elección popular”. Una vez más la cantidad, con intereses (100 mil 100 pesos), fue restituida tras la intervención de la ASF y la Contraloría local abrió un nuevo expediente (DC-SE/061/2014).
También el ente fiscalizador comprobó que el gobierno de Tamaulipas “utilizó la cuenta del Faeb para transferir 33 millones 590 mil pesos provenientes de los recursos locales y remanentes de otros ejercicios fiscales. La Contraloría estatal inició un procedimiento para determinar “posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos” (expediente DC-SE/062/2014).
Otros 109 millones 266 mil pesos se fueron en “asesorías y estudios de investigación, vestuario y uniforme, así como el impuesto del 2 por ciento en nóminas, que no corresponden a los fines y objetivos del Fondo”. El gobierno sólo dio razones de 705 mil 600 pesos y repuso 108 millones 560 mil 300 pesos más intereses superiores a 4 millones. Tampoco dijo de dónde los sacó. Otro proceso fue abierto para encontrar a los culpables (DC-SE/056/2014).
De igual forma, la dependencia sacó del Fondo otros 8 millones 729 mil 600 pesos para realizar pagos de actualizaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste). Lo mismo sucedió: reintegro parcial y expediente abierto por la Contraloría (DC-SE/058/2014).
Por último, la ASF señaló que 4 millones 95 mil pesos no fueron transferidos a las instancias educativas a las que debieron llegar. No se dice en dónde acabaron. Pero como el estado “instruyó” que a partir de ese año (2013) se “verificara” que la cuenta bancaria dispuesta para la recepción y administración de los recursos del Faeb quedara en ceros, el organismo fiscalizador consideró la observación como solventada y, como en el resto de los casos, quedó satisfecho.
Miles de millones entran al estado, pero el gobierno no comprueba que el uso dado aporte al fortalecimiento de la educación básica en Tamaulipas, sentencia la Auditoría Superior de la Federación. “La entidad no presentó evidencia que indicara la realización de evaluaciones al Fondo con base en indicadores estratégicos y de gestión por instancias independientes a los ejecutores del gasto”.
En cambio, la ASF es contundente en su diagnóstico sobre el rezago educativo persistente en el estado. “No se ha logrado la cobertura total en los niveles de educación básica de preescolar, primaria y secundaria”. La educación en edad temprana en la entidad dista de estar garantizada, no obstante los recursos recibidos cada año:
“En Tamaulipas la cobertura de atención en preescolar para los niños de 3 años en el ciclo escolar 2012-2013 fue de 20.4 por ciento; de 72.9 para los de 4 años; de 89.1 para los de 5 años, y de 61.7 por ciento si se les considera en conjunto”. Es decir, más del 40 por ciento de los niños en edad de cursar el ciclo preescolar no tienen cabida para hacerlo.
De acuerdo con el Eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), México con Educación de Calidad, los manoseados recursos del Faeb juegan un papel fundamental para cumplir los objetivos y estrategias para el sector educativo. Tal determinante es el Fondo que “en 2013 representó en el estado de Tamaulipas el 86.6 por ciento del gasto total en educación básica pública”.
La pauperización educativa en la entidad es palpable, pues más de la mitad de los alumnos de primaria a los que les fue aplicada la Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Educativos (ENLACE) 2013 “obtuvo una calificación insuficiente o elemental” en las materias de español y matemáticas.
La educación indígena es la más afectada, ya que ni siquiera existen registros sobre del tema, subraya la ASF. “El Faeb ha constituido un apoyo fundamental en el financiamiento de las acciones educativas para grupos sociales vulnerables; sin embargo, en educación indígena el ciento por ciento de los recursos son del estado”.
Con respecto a la instrucción del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), el bajo nivel está presente en “el 80.7 por ciento de alumnos en español y el 72.6 por ciento en matemáticas.
“En secundaria se evaluó a 158 mil 462 alumnos en español y 158 mil 654 en matemáticas. El 81.9 por ciento de los alumnos obtuvo una calificación insuficiente o elemental en español y 83.6 por ciento en matemáticas.”
Los alumnos tamaulipecos se enfrentan a la pobreza, al calor y al frío; en múltiples ocasiones el pánico se ha desbordado dentro de los colegios por las ráfagas y enfrentamientos que incluso han dejado muertos a jóvenes frente al salón de clases.
En Tamaulipas, 22 de cada 100 estudiantes que ingresan a la secundaria no la termina o no lo hace en el plazo establecido. “La calidad educativa en el estado presenta insuficiencias, lo anterior es más significativo en las poblaciones con mayor rezago social, lo que manifiesta la importante influencia que tiene el contexto socioeconómico en los resultados educativos”.
Otro grupo social abandonado por la administración de Torre Cantú es el de los discapacitados, pues no destina ni 1 quinto para la educación de alumnos especiales. “El 86.5 por ciento del total de recursos que se destinaron para este fin provinieron del Faeb, con lo que se atendió el ciento por ciento de los alumnos, es decir, el sistema estatal no atendió alumnos de educación especial”.
A pesar de los miles de millones de pesos recibidos, “el 62 por ciento de los docentes afirmó que la escuela [en la que trabaja] no dispone de las instalaciones y equipamiento suficientes para impartir sus clases”. Similar opinión emiten los padres de familia, quienes consideran “que las instalaciones de los centros escolares y las condiciones de las escuelas no son las idóneas para el desarrollo educativo de sus hijos”, revela una encuesta hecha por la propia ASF.
La mayoría de los maestros tamaulipecos asevera “que al interior de la escuela los principales factores, por orden de importancia, que afectan la calidad educativa, es el equipamiento de las aulas, el mobiliario, el material pedagógico y los grupos numerosos”.
Además, los docentes indicaron que el bajo nivel de aprovechamiento de los alumnos se ahonda por “las acentuadas condiciones de rezago social, por la necesidad de trabajar de ambos padres […] y que una parte de los alumnos labora”.
Contralínea solicitó entrevistas con Egidio Torre Cantú, gobernador de Tamaulipas; con Diódoro Guerra, secretario de Educación del estado, y con Gilda Cavazos, contralora gubernamental. Hasta el cierre de edición no se recibió respuesta positiva en ningún caso.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
[RENDICIÓN DE CUENTAS]
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Contralínea 445 / del 13 al 19 de Julio 2015
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