A la manzana YF no llegan las brigadas de salud que el gobierno de Tecámac anuncia con letras grandes y redondas en su página de internet, tampoco la luz eléctrica, los programas sociales, de infraestructura o la seguridad prometida por las autoridades. Sólo llega un fétido olor que persiste en el ambiente y obliga a fruncir la nariz.
“Aquí lo único que tenemos es la basura”, dicen los vecinos, entre risas y reclamos, al tiempo que recitan una amplia lista de carencias. Al frente, apenas unos pasos más allá de las casas que conforman la manzana, una pirámide de basura de 10 metros de alto se yergue sobre el llano: toneladas de desperdicios provenientes del Distrito Federal y el Estado de México se agolpan en un terreno de 247 mil 931 metros cuadrados.
Los habitantes han visto crecer la montaña pestilente. “En 3 años subió 7 metros”, calcula Carlos Loya, de 65 años de edad, mientras ávido observa el cúmulo intentando deducir milimétricamente sus dimensiones.
Operado por la empresa Waste Co México, SA de CV, desde 2005, el Relleno Sanitario de Tecámac recibe alrededor de 1 mil 200 toneladas de basura diariamente. Cien camiones descargan todos los días en el área por una cuota de 500 pesos cada uno.
Ante la falta de barreras y control, notablemente el basurero rebasado en capacidad, los restos se desparraman en los alrededores. Las calles sin pavimentar son una aglomeración de tierra suelta, piedras, cascajo y neumáticos, harapos, plástico, materia orgánica, fierros retorcidos, objetos deformes que han perdido ya su significado o utilidad.
Los efectos en las más de 200 familias que viven al pie del relleno sanitario son evidentes y aunque la piel irritada, los salpullidos, el enrojecimiento, las constantes infecciones en los ojos y en las vías respiratorias, la urticaria y las alergias son los padecimientos más comunes, no son los únicos ni los más graves.
Bryan Vargas, de apenas 7 años de edad, perdió el ciclo escolar pasado debido a que un hongo se alojó en su cuero cabelludo niño hasta formarle lesiones que supuraban, narra Marcela Quiroga, su mamá. Para evitar contagios fue aislado: dejó la casa de tabiques sobrepuestos y lámina ubicada a 30 metros del basurero y pasó horas en un cuarto que le prestan a Marcela, lejos del relleno.
“Hay ocasiones en las que se le dejan pasar las consultas porque no hay dinero. La familia nos ayuda a comprarle los medicamentos. Cada cajita de pastillas nos sale en 500 pesos, el champú, 400; pero cuando no se puede, no se compran y lo bañamos con jabón Zote.”
Ante el desempleo y la diabetes e hipertensión de su esposo, que ya perdió la vista de uno de los ojos, Marcela busca la manera de obtener recursos: hace composturas de ropa ajena, remiendos, cose cierres; los fines de semana trabaja en una marisquería de Ecatepec.
Desde ahí llama constantemente a sus seis hijos de 5, 6, 7, 8, 10 y 14 años de edad. “No se salgan, no jueguen con la tierra, que no le dé el sol a Bryan”, instruye rápidamente. “Aquí los niños no salen a jugar”, completan, espontáneamente, otros vecinos que escuchan el relato.
Para la mujer de apenas 35 años, “la preocupación es mayúscula”, y es que además de Bryan y su esposo, sus dos hijos mayores ?Salvador, de 10 años, y Monserrat, de 14? recientemente fueron diagnosticados con asma. “Gastamos mucho en consultas, medicamentos y pasajes”.
A 20 minutos cuesta arriba, las letras plateadas anuncian pomposamente: Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud Lomas de Tecámac. Inaugurado en abril de 2013, la unidad reparte apenas dos fichas al día, para alcanzar una hay que formarse desde las 4 de la mañana. “El Seguro Popular ni nos sirve. Aquí se muere uno a lo derecho porque no hay quien lo atienda. No hay médicos. Deberían de mandar unas brigadas de enfermeras o de doctores a vacunarnos; a ver qué es lo que necesita uno. Estamos en la infección”.
Agregan los vecinos que los efectos de la contaminación no sólo son visibles en ellos, sino también en los animales. “Se ensarnan”, denuncia Mónica Martínez. La mujer de 52 años muestra a sus mascotas: dos perros que han perdido el pelaje y de los cuales sus ojos llorosos denotan que también padecen infección ocular; y en una jaula un par de canarios que también han perdido su plumaje.
“Me explicaron los doctores del Hospital Infantil de México Federico Gómez que el hongo se pega también a los animales”, dice con experticia la mamá de Bryan; y prosigue, “se llaman dermatofitos”.
Alicia Vázquez corre a casa por Minu. Cono en la cabeza y ojos viscosos, el perro es lo único que le queda de su hijo, como ella misma lo afirma. “Era de él”. Por eso destina parte de su pensión a la compra de medicamentos y atención veterinaria de la mascota. “Se le pelaron los ojos, no tiene pestañas”, la muestra. “Duró 12 días ciega, se le caía el pelo a puños…”
Víctor Hugo Vázquez, su hijo, de 27 años, fue asesinado hace 7 meses en las calles de Tecámac. Hasta ahora se desconocen las razones. “¿Por qué lo mataron?”, pregunta la madre con impotencia y toma aire para pronunciar: “Estamos expuestos aquí a las peores atrocidades, a lo peor, no tenemos respaldo de las autoridades”.
“No hay seguridad”, acusan los vecinos. “Los niños regresan de la escuela sin zapatos porque en el camino los asaltan y se los roban”. Asaltos, robos a casa habitación, desapariciones forzadas, violaciones, asesinatos son cada vez más comunes en el municipio mexiquense.
—¿Tienen posibilidades de irse de aquí? –se les pregunta.
—La economía no nos alcanza. Aquí fuimos reubicados.
El 3 de octubre de 2011, más de 264 familias llegaron a la manzana YF, Tecámac, en los límites de Ecatepec. Con láminas y tabiques en mano se protegieron de las últimas lluvias de esa temporada, improvisando habitaciones con hules y palos. “La señora Leo se dormía en una tina y se cubría con plástico”, relatan.
Agrupados en la Asociación Civil Fondo Popular de Vivienda Digna (Fopovid), fueron desalojados de El Potrerillo, terreno de 17 mil 500 metros cuadrados ubicado en Tulpetlac, Ecatepec, Estado de México, a consecuencia de un contrato de permuta.
El instrumento, fechado en marzo de 2002, se celebró entre la ya extinta Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México (Cresem), representada por su entonces director general David Korenfeld Federman, en calidad de funcionario y apoderado de la AC (gracias a un poder que le otorgó la Asociación en 1998 que aún es vigente), y la empresa Consejeros y Servicios Externos, SA de CV, representada por Guillermo Pérez Rodríguez.
En el documento se establece que el objeto de la operación de permuta es el terreno Potrerillo a cambio de tres inmuebles propiedad de Consejeros y Servicios Externos, SA de CV. Uno de 28 mil 423 metros cuadrados, otro de 35 mil metros cuadrados y un último de 15 mil 580 metros cuadrados en Zumpango, Estado de México.
No obstante, la permuta no logró concretarse y en 2005 se firmó un convenio modificatorio. El documento señala escuetamente: “Por razones ajenas a su voluntad, los predios ofrecidos por la empresa Consejeros y Servicios Externos no pudieron ser objeto de la transmisión de propiedades propuesta”.
Esta vez, la oferta de Consejeros y Servicios fue entregar dos terrenos a la organización civil. Se trataba de un predio rústico y construcciones existentes, ubicado en Rancho La Loma Buenavista, municipio de Zumpango, Estado de México, con superficie de 19 mil 839 metros cuadrados, propiedad de Irma Patricia Corona Poblador, quien otorgó poder al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) y un terreno propiedad de Óscar Manuel Suárez Díaz, de 30 mil 677 metros cuadrados, denominado Cornelio Téllez y Embarcadero, también en el municipio mexiquense de Zumpango y del cual Imevis contaba con poder.
Según la cláusula cuarta del convenio modificatorio, Consejeros y Servicios se obligaba a depositar en la caja del Imevis 420 mil pesos, “monto que resulta de multiplicar la cantidad de 70 lotes de 120 metros cuadrados a razón de 50 pesos el metro cuadrado como contraprestación”.
Ya en manos de la empresa el lote El Potrerillo y sin que los agremiados de Fopovid pudieran hacer uso de los terrenos permutados debido ?asegura Irma Noyola Campos, presidenta de la asociación? a la incapacidad del Imevis para gestionar la factibilidad de servicios ante el ayuntamiento no obstante que ya se contaba con el alineamiento y número oficial, apeo y deslinde catastral, uso de suelo habitacional, etcétera, en diciembre de 2011 el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social firmó con la organización civil un nuevo contrato de permuta.
En el nuevo instrumento, el Imevis se obliga a transmitir a Fopovid, AC, mediante permuta, los lotes de terreno que resulten de la subdivisión de la manzana YF en el predio denominado Santo Tomás Chiconautla, ubicado en el municipio de Tecámac, Estado de México, con superficie de 31 mil 733 metros cuadrados propiedad del gobierno del Estado de México, según consta en la declaración 1.7 del contrato. A cambio la asociación transmite al Imevis el terreno conocido como Cornelio Téllez y Embarcadero.
Desde 2008, Consejeros y Servicios externos emplazó en repetidas ocasiones a la organización y a sus agremiados a desocupar y entregar El Potrerillo. El 3 de octubre el desalojo fue inevitable. Los vecinos fueron sacados por la fuerza. Quitaron láminas y tabiques, tomaron sus escasas pertenencias y fueron llevados en camiones de Consejeros y Servicios a la manzana YF: un llano sin luz eléctrica, sin pavimento, sin agua potable.
“Nos dijeron que al basurero le quedaba 1 año de vida útil, que eso sería convertido en un parque; por eso aceptamos el terreno”, reclaman furiosos. Y agregan que la constante amenaza de desalojo influyó cuando decidieron aceptar la propuesta.
Un año les tomó montar nuevamente las precarias casas, sin varillas, sin cemento. “A flor de tierra”, al pie de las ruinas pestilentes. De aquellos días quedan todavía cuatro baños que ellos mismos construyeron para las 264 familias y que no han querido derribar. “Para que vean cómo vivimos”. Comían todos juntos. “A una niña recién nacida la dormían dentro de la camioneta de sus papás”, rememoran en colectivo unos 24 vecinos entre las calles empolvadas.
Con la resolución 21203/RESOL/065/03 en febrero de 2003, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México autorizó a Waste Co México, SA de CV, previo cumplimiento de 49 condicionantes establecidas en dicha autorización, la construcción y operación del Relleno Sanitario en Santo Tomás Chiconautla, municipio de Tecámac.
El predio es arrendado por la propia Comisión para la Regulación del Suelo del Estado de México (Cresem), entonces a cargo de David Korenfeld Federman, por un monto de 55 mil pesos al mes y con vigencia de hasta 10 años, que es el tiempo de vigencia de los permisos y licencias otorgadas, o una vez que sea rellenado el inmueble.
Derivado de una visita de inspección al relleno sanitario ordenada por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), realizada el 28 de mayo de 2012, el 4 de junio del mismo año, bajo el expediente PROPAEM/0414/2012, la Procuraduría inició un procedimiento administrativo común en contra de Waste Co México, SA de CV, y/o León Esquenazi Levy, por considerar que no se daba cumplimiento a las condicionantes 1, 3, 5, 7, 11, 16, 38, 42, 43, 44, 45 y 46 de su autorización en materia de impacto ambiental.
En respuesta, Waste Co argumentó con escrito fechado el 2 de octubre de 2013 que las condicionantes mencionadas fueron evaluadas y calificadas por la Secretaría de Ecología del Estado de México, dependencia que habría determinado que algunas de las condicionantes se cumplían, otras se cumplían parcialmente, otras habrían sido reconsideradas y en algunos otros casos aún no era pertinente calificarlas sino hasta finalizada la vida útil del proyecto.
Por ello, Horacio Lozano Abascal, representante de Waste Co México pedía dictar el cierre del procedimiento administrativo común. “En virtud de que mi representada ha dado cumplimiento a todas las condicionantes de la autorización de impacto ambiental”.
El 31 de octubre de 2013, la Propaem resolvió que las pruebas y argumentos de Waste Co resultan insuficientes para desvirtuar la conducta infractora, por lo que “en consecuencia se le impone la sanción pecuniaria, consistente en 1 mil 426 días de salario mínimo, suma equivalente a 84 mil 248 pesos”.
Asimismo, decreta como medida correctiva acreditar que ha dado cumplimiento total a las condicionantes 1, 3, 11, 16, 38, 42, 43, 44, 45 y 46 de su autorización en materia de impacto ambiental o acreditar que la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México le ha otorgado prórroga. La medida debía de ser cumplida en 30 días hábiles.
De incumplir con la resolución, Waste Co se haría acreedor al pago de una multa de 1 día de salario mínimo vigente por cada día que transcurra. La empresa interpuso un recurso de inconformidad mediante el que solicita se declare la nulidad del expediente administrativo PROPAEM/0414/2012, de la resolución del 31 de octubre de 2013, así como la invalidez de la orden de visita de inspección del 28 de mayo de 2012, puesto que a decir de Waste, la Procuraduría de Protección al Ambiente la ejecuta sin contar con facultad alguna o sin fundar dicha facultad.
El proceso, aún abierto, se resuelve en juzgados civiles. El archivo en la Procuraduría lleva el folio 548/2014. Como terceros interesados, los agremiados de Fopovid, AC, solicitaron copias certificadas y se encuentran a la espera.
Para la realización de este trabajo, Contralínea solicitó entrevista con Félix Pérez Camilo, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México; así como con Cruz Juvenal Roa Sánchez, de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México; con Rocío Díaz Montoya, presidenta municipal de Tecámac, y con Waste Co México, SA de CV, empresa encargada del basurero, sin que al cierre de edición se haya tenido respuesta.
Elva Mendoza, @elva_contra
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