Marianela Jarroud/Inter Press Service
Santiago de Chile, Chile. Para afrontar la creciente concentración de la propiedad de la tierra, la comunidad internacional impulsó las Directrices Voluntarias sobre la Tenencia de la Tierra, que han comenzado su andadura en América Latina, una región líder en el combate contra el hambre y que transita hacia la plena seguridad alimentaria.
Las Directrices son “un documento absolutamente político, que ayuda a emparejar la cancha”, impulsando el diálogo y la negociación, explicó Sergio Gómez, consultor de la oficina regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), con sede en la capital chilena.
La dinámica que tenía el mercado de tierras, y los procesos de concentración y extranjerización, “llevaban a una cuestión incontrolable y la FAO lo abordó porque, si esto no se encauza dentro de límites que sean razonables, la seguridad alimentaria está puesta en jaque”, precisó el especialista en diálogo con Inter Press Service (IPS).
Las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, por lo tanto, “no se entenderían sin los niveles de acaparamiento que existen”, aseveró.
Según un estudio de la FAO, realizado en 17 países de la región, los niveles de acaparamiento de la tierra y de los recursos han aumentado en forma notable respecto al siglo pasado.
Argentina y Brasil sufren la dimensión más alta de concentración y extranjerización en la región, seguidos por México, Chile, Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay.
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú presentan niveles medios altos, mientras que los países de América Central y del Caribe anglófono, poseen niveles bajos.
“La realidad de la tenencia hoy en día no tiene precedentes en la historia, porque se da en una coyuntura muy especial, donde se junta una crisis alimentaria que presiona brutalmente sobre los recursos; una crisis energética y una financiera”, detalló Gómez.
“Todo eso lleva a que se genere una presión sin precedentes sobre el tema de la tierra”, afirmó.
En este nuevo contexto, las Directrices, aprobadas en 2012 por el intergubernamental Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, tienen como propósito servir como referencia y proporcionar orientación para mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques.
“Las Directrices son un instrumento de negociación donde no hay recetas, sino que, frente a una cantidad enorme de situaciones, los grupos afectados deben dialogar para buscar acuerdos”, explicó Gómez.
El documento establece reglas que los actores deben aceptar antes de iniciar el diálogo, “que son obligatorias y que deberían orientar este tipo de discusión”.
Se trata de 10 principios de aplicación, que van desde el respeto por la dignidad humana y a las leyes vigentes, hasta la igualdad de género y la transparencia, entre otros.
En América Latina y el Caribe, todos los países suscribieron el acuerdo, y aunque éste no es vinculante, “se entiende que hay una disposición” a su acatamiento, dijo el experto.
Pero el rodaje en la región está aún incipiente y a la fecha se han materializado experiencias concretas en tres países: Guatemala, Colombia y Chile, que a la vez representan diferentes formas de abordaje.
Allí se realizó “lo más significativo que hemos hecho en la región”, señaló Gómez.
En ese país centroamericano de 15.8 millones de habitantes, de los cuales 53.71 por ciento se ubica bajo la línea de la pobreza y 42 por ciento pertenece a los pueblos indígenas, el tema de la tierra es conflictivo y desigual.
La pobreza se concentra en 75 por ciento en el área rural y seis de cada 10 personas en esa condición viven en indigencia. Además, de los pequeños productores, 92 por ciento ocupan 22 por ciento de la tierra, mientras que 2 por ciento de los productores comerciales acaparan 57 por ciento.
Los avances fueron concretos y permitieron que 80 por ciento de los elementos abordados en los diálogos se incorporaran en el plan nacional de Política Agraria, establecido en 2014.
Sin embargo, la crisis política de 2015 provocó un estancamiento del proceso, que la FAO espera reflotar.
En Colombia, en tanto, el foco principal del conflicto armado que vive el país lo constituye la cuestión de la tierra y, por tanto, su solución es fundamental para garantizar la paz, la reparación a las víctimas, y para dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la materia el 15 de diciembre en La Habana, Cuba.
Se calcula que 6.6 millones de hectáreas fueron despojadas por la violencia en las últimas 2 décadas, equivalente a 15 por ciento de la superficie agropecuaria del país, con 48 millones de personas. Actualmente, 77 por ciento de la tierra está en manos de 13 por ciento de propietarios, pero 3.6 por ciento de éstos posee 30 por ciento de la tierra.
“En Colombia, el tema de la tierra es un tema caliente y es clave en el acuerdo de paz”, que negocia el gobierno y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en la capital cubana, afirmó Gómez.
Agregó que las autoridades “han sacado algunas leyes para restituir [tierras] a la gente que fue sacada forzadamente, que son decenas de miles, pero ahora estamos entrando a otra etapa, a partir de un proyecto de cooperación con la Unión Europea, como parte del proceso de paz”.
En el camino hacia la implementación de las Directrices, las acciones adelantadas por la FAO consideraron talleres regionales y la interlocución con los actores locales.
Para la dirigente campesina Nury Martínez, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), cuyo movimiento acompañó con aportes el proceso hacia las Directrices, iniciado en 2002, algunos puntos incluidos en las Directrices “son muy importantes para nosotros como campesinos y campesinas”, y por eso se las valora como una “herramienta de lucha”.
Pero, para manejar una herramienta, hay que conocerla. Por eso la continental Alianza por la Soberanía Alimentaria hizo el Manual Popular sobre las Directrices, que propicia “entenderlas mejor y que los campesinos, campesinas e indígenas se apropien de ellas”, dijo a IPS desde Bogotá la también lideresa regional de la internacional Vía Campesina.
En Chile, en tanto, la FAO trabajó en la sureña región de La Araucanía, donde se concentra el llamado “conflicto mapuche”.
En este país de 17.2 millones de habitantes, las empresas forestales poseen 2.8 millones de hectáreas de tierras y dos empresas concentran 1.8 millones de hectáreas.
José Aylwin, codirector del no gubernamental Observatorio Ciudadano, afirmó a IPS que en Chile “no hay otro caso, salvo los proyectos de conservación privada, de tanta concentración de la tierra en pocas manos”.
Agregó que el contexto del conflicto en esta zona “es el de un pueblo que vivía y tenía la propiedad de estas tierras y de los recursos naturales, y un Estado y privados que se establecieron con posterioridad y que despojaron a los mapuches de parte importante de su territorio”.
Pese a la polarización de los grupos en la zona, la FAO logró reunir, en mayo de 2015, a 67 personas, incluidos dirigentes mapuches y empresariales.
Aylwin explicó que allí se evidenció “la actualidad que adquieren las Directrices” ante los conflictos generados por la concentración de la propiedad por empresas forestales.
“La situación de conflictividad en La Araucanía no le sirve a nadie, por lo que se hace más necesario revertir esta situación y las Directrices establecen orientaciones que son fundamentales”, aseguró.
Pese a las dificultades, Gómez vaticina muchos más casos de aplicación de las Directrices en la región. “Creo que van a tener una vigencia a largo plazo”, aseguró.
“Por eso, si bien uno se angustia porque no se avanza más rápido, tendremos Directrices para varias décadas”, concluyó. (Con aportes de Constanza Viera, desde Bogotá)
Marianela Jarroud/Inter Press Service
[BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: LÍNEA GLOBAL]
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