Cira Rodríguez César/Prensa Latina
Mientras que los gobiernos de diversos países adoptan decisiones y medidas concretas para reducir el trabajo forzoso en entidades estatales, en el sector privado crece y genera ganancias anuales ilegales de 150 mil millones de dólares, según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un estudio de dicha organización, a la luz de una “mejoría” del mercado laboral mundial por cierta recuperación de la economía global, mostró la verdadera cara de algunos sectores empleadores que supuestamente ofrecen alivios ante la falta de empleo.
Ante esas alarmantes cifras el director general de la OIT, Guy Ryder, afirmó que el trabajo forzoso es nocivo para las empresas y para el desarrollo, pero sobre todo para sus víctimas, por lo que consideró urgente erradicar cuanto antes “esta práctica altamente rentable pero fundamentalmente nefasta”.
En su opinión, es una violación de los derechos humanos y la dignidad de millones de mujeres, hombres, niños y niñas, que, además, contribuye a la perpetuación de la pobreza y constituye un obstáculo para el objetivo de ofrecer trabajo decente para todos.
La OIT identifica las crisis de los ingresos y la pobreza como los principales factores económicos que empujan a las personas a someterse a formas brutales y explotadoras de empleo.
Otros factores de riesgo y de vulnerabilidad comprenden la falta de educación, el analfabetismo, el género y las migraciones.
Sobre ese particular, la directora del programa especial de acción para combatir el trabajo forzoso de esa agencia de la Organización de las Naciones Unidas, Beate Andrees, considera que hay que dirigir la atención sobre los factores socieconómicos que hacen a las personas vulnerables al trabajo forzoso en el sector privado.
De acuerdo con las estadísticas, las ganancias generadas por la explotación forzosa con fines económicos se concentran en la construcción, la industria, la minería, los servicios, la agricultura, incluyendo la silvicultura y la pesca, y los hogares privados que no pagan o pagan menos de lo debido a la empleomanía doméstica.
Actualmente, más de 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso, de ellas 11.4 millones del sexo femenino y 9.5 millones del masculino.
De ese total, alrededor de 19 millones los explotan individuos o empresas privadas, y más de 2 millones el Estado o grupos rebeldes; de los sometidos por privados, cerca de 4.5 millones son presa de abusos sexuales.
En ese escenario, los trabajadores migrantes y los pueblos indígenas son los más vulnerables.
También es importante destacar que las nuevas estimaciones indican que más de la mitad de las mujeres y niñas sometidas a esas formas de empleo son doblegadas sexual y comercialmente, mientras que los hombres y los niños son, sobre todo, víctimas de la explotación económica en la agricultura, la construcción y la minería.
Internacionalmente el trabajo forzoso adopta diversas formas, como servidumbre, tráfico y otras vías de esclavitud, y sus martirizados provienen por lo general de los estratos más débiles de la sociedad: migrantes atrapados en esquemas de servidumbre por deudas y trabajadores clandestinos, todos en forma ilegal.
Si se quiere un cambio significativo en las vidas de esos 21 millones de hombres, mujeres, niñas y niños obligados al trabajo forzoso se deben adoptar medidas concretas e inmediatas, que incluyan programas integradores a nivel regional y global.
Con esos fines la organización que dirige promueve una serie de medidas conducentes a reducir la vulnerabilidad ante el trabajo forzoso, las que incluyen: reforzar los pisos de protección social para evitar que los hogares pobres contraigan préstamos abusivos en caso de una pérdida imprevista de los ingresos. También, la inversión en la educación y la formación profesional para incrementar las oportunidades de empleo de los trabajadores vulnerables y promover un enfoque de la migración basado en los derechos con el fin de prevenir el trabajo clandestino y los abusos laborales contra los migrantes.
En el aspecto legal, la OIT cuenta con un nuevo protocolo vinculante para reforzar la lucha contra ese flagelo en todo el mundo, que actualiza el Convenio 29 sobre Trabajo Forzoso, una norma internacional aprobada en 1930 con el fin de enfrentar prácticas cómo la trata de seres humanos.
Se asume como un compromiso de los gobiernos, empleadores y trabajadores la eliminación de las formas modernas de esclavitud y un reforzamiento legal para la protección de las víctimas y el acceso a compensaciones, en caso de daños materiales o físicos.
El nuevo instrumento complementa y fortalece la legislación internacional, en particular el protocolo de la ONU para prevenir, eliminar y sancionar la trata de personas, en especial de mujeres y niños.
Cira Rodríguez César/Prensa Latina
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