Masiel Fernández Bolaños/Prensa Latina
La existencia de 168 millones de niños que trabajan en el orbe evidencia la insuficiencia de las medidas ejecutadas para evitar un fenómeno tan sensible para la sociedad.
“No hay secreto alguno sobre lo que es necesario hacer”, declaró el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, en ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
La protección social, junto a la educación formal de calidad, universal y obligatoria –al menos hasta la edad mínima de admisión al trabajo–, conforman la respuesta adecuada para combatir dicho flagelo, afirmó.
Ryder advirtió que contribuyen a eliminar ese mal social un empleo decente para los adultos y los jóvenes en edad laboral, una legislación eficaz y un diálogo social consolidado.
Precisó que los programas de protección social bien concebidos, que respondan a las necesidades de los niños, pueden tener un impacto real en la lucha para erradicar el trabajo infantil.
Según las últimas estimaciones mundiales de la OIT, el número total de niños trabajadores descendió de 215 millones a 168 millones entre 2008 y 2012, por lo que la comunidad mundial debe analizar las causas que lo originan de manera más eficaz para sostener una línea descendente hasta su desaparición total.
Las cifras indican que a pesar de la tendencia a la baja del trabajo infantil aún del número total, 85 millones de infantes son empleados en puestos peligrosos.
La región de Asia y el Pacífico continúa registrando el número más alto de niños (casi 78 millones, el 9.3 por ciento de la población infantil), pero el África subsahariana es de las de más alta incidencia con 59 millones, superior al 21 por ciento.
En América Latina y el Caribe existen 13 millones de menores en situación de trabajadores, mientras que en Oriente Medio y África del Norte registran 9.2 millones.
La agricultura continúa siendo el sector con el mayor número en situación de trabajo infantil, pero la cifra en los servicios y la industria no es insignificante, mientras que la mayoría se encuentra principalmente en la economía informal.
De los 168 millones de niños que laboran en el mundo, 85 millones realizan actividades peligrosas.
A partir de 2000, el trabajo infantil se redujo y los progresos se están acelerando. Entre 2008 y 2012 su número pasó de 215 a 168 millones.
Sin embargo, numerosos especialistas alertan sobre la morosidad en el accionar al tratarse de un tema tan sensible para la sociedad.
Las inversiones insuficientes a favor de los menores comprometen sus derechos y su futuro, incluyendo el derecho a ser protegidos contra este tipo de trabajo.
Los gobiernos destinan en promedio 0.4 por ciento del producto interno bruto en prestaciones familiares y para los hijos, la cifra varía entre 2.2 por ciento en los países de Europa occidental y 0.2 por ciento en África y en la región de Asia y el Pacífico.
Estudios de la OIT remarcan que las prestaciones en efectivo y en especie para las familias con niños, sobre todo cuando están asociadas a un acceso a los servicios de salud y educación, pueden ser decisivas para combatir el trabajo infantil.
Estos programas de transferencia en efectivo para los niños y las familias han sido ejecutados ampliamente en América Latina, pero también existen en otras regiones del mundo.
Los ejemplos incluyen el Programa Bolsa Familia de Brasil, el programa de prestaciones familiares de Mongolia y el Subsidio de apoyo a la infancia de Sudáfrica.
La protección social es un derecho humano y está sólidamente justificada desde el punto de vista económico y social, a juicio de expertos.
Permite el acceso a la educación, la salud y la nutrición, y desempeña un papel fundamental en la lucha contra el trabajo infantil.
Según la OIT, la mejor manera de eliminar ese fenómeno es volverlo innecesario para la protección de las familias. Se trata de brindarles a éstas protección social, económica y política, con el fin de que no necesiten recurrir a sus niños para asegurar su supervivencia.
Por ello, este año centró la atención pública en el papel de la protección social para mantener a los niños alejados del trabajo infantil o retirarlos de éste.
En tal sentido, exhortó al establecimiento de medidas que permitan introducirla, mejorarla y ampliarla y de sistemas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y ayuden a luchar contra el trabajo infantil.
Las pensiones, las prestaciones por desempleo, maternidad, discapacidad y accidentes en el trabajo contribuyen a prevenir las situaciones en que los pequeños tienen que laborar para complementar los ingresos insuficientes o inseguros de la familia.
Empero queda mucho por hacer, ya que, mundialmente, apenas el 12 por ciento de los trabajadores desocupados recibe prestaciones por desempleo, sólo 28 por ciento de las mujeres empleadas están protegidas por las prestaciones por maternidad y apenas 52 por ciento de las personas en edad de jubilación reciben una pensión.
La cobertura de la salud, que garantiza el acceso a la asistencia médica, permite mejorarla y además protege los hogares del riesgo de caer en la pobreza debido a los gastos en la sanidad. En la actualidad, alrededor del 40 por ciento del total del gasto en salud está a cargo del enfermo.
El Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia define el trabajo infantil como “toda actividad laboral, remunerada o no, realizada por los niños y niñas menores de 15 años, que entorpezca su proceso educativo o afecte su salud y desarrollo integral”.
En ese caso corresponde a alguna de las tres categorías siguientes:
Un trabajo realizado por un niño o niña que no alcance la edad mínima especificada para una determinada labor y que, por consiguiente, impida probablemente la educación y el pleno desarrollo de estos menores.
Una faena que se denomina peligrosa porque, ya sea por su naturaleza o por las condiciones en que se realiza, pone en peligro el bienestar físico, mental o moral de adolescentes o niños y niñas, que están por debajo de la edad mínima para trabajar.
Cualquiera de las incuestionablemente peores formas de trabajo infantil, que internacionalmente se definen como esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, como el reclutamiento de niños para utilizarlos en conflictos armados, explotación sexual comercial, pornografía y actividades ilícitas.
Los menores que viven en los hogares más pobres y en zonas rurales tienen más probabilidades de ser víctimas de dicho mal. Por lo general, la variante doméstica recae en su mayor parte en las niñas. Millones de ellas están expuestas a la explotación y al maltrato.
El trabajo suele interferir sobre todo con la educación de los pequeños. De ahí la necesidad de velar porque todos vayan a la escuela y reciban una educación de calidad.
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