Tlamanca, Zautla, Puebla. Les dieron 24 horas para salir; ése fue el ultimátum. La población de esta comunidad nahua había acordado que, una vez transcurrido el tiempo de tolerancia, cerrarían caminos. Nadie, en lo absoluto, proveería de alimentos a los empresarios chinos que habían llegado 3 meses atrás para extraer el oro de la región.
El repudio se leía en pancartas, se escuchaba en los gritos que clamaban la expulsión de los mineros; en el rostro de miles de hombres y mujeres que marcharon por algunos kilómetros desde el centro de la comunidad de Tlamanca a la entrada de la empresa JDC Minerals, el 22 de noviembre de 2012.
“Nos reunimos unas 8 mil personas de las 32 comunidades del municipio”, recuerda Esteban González Hernández, habitante de esta localidad y uno de los impulsores a la oposición del proyecto minero.
Esteban, quien trabaja en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural como promotor en agricultura, relata a Contralínea que, en un principio, los empresarios se instalaron con cierto sigilo en la construcción de la vieja mina La Lupe, abandonada a mediados del siglo pasado. Los pobladores veían a ingenieros recoger muestras de tierra y rocas. Nadie informaba nada.
Poco a poco se fueron acercando a la autoridad local (actualmente destituida): Felipe García Martínez, juez de paz suplente. Intentaron convencerlo de que con su proyecto se traería progreso a la zona; caminos, agua potable, empleo y hasta un hospital.
Los representantes de JDC Minerals interrumpían las asambleas comunitarias para presentación de diapositivas, donde mostraban los “beneficios” y la inversión que traerían, así como el panorama de un proyecto extractivo responsable con el medio ambiente. Sólo algunos les creyeron.
La evidencia de que su propuesta tenía mucho de engaño fue la deforestación de uno de los cerros de Tlamanca. “Mucha gente empezó a decir: ‘no estamos nuevos, sabemos cuánto tarda un árbol en crecer y los árboles de nuestro cerro no los vas a tener en 1 año, van a ser fácil unos 20 o 25 años y ya no habrá agua’”, recuerda Esteban.
El proceso de expulsión duró 3 meses; inició el 27 de octubre de 2012 y culminó el 22 de noviembre tras decidirlo en varias asambleas comunitarias, donde los impulsores y autoridades exponían los efectos de la minería en el medio ambiente y la salud humana.
—¿Hay riesgo de que regrese la minera?
—Todavía. Sí, pensamos que va a regresar. Aunque está suspendido [el proyecto], no se tiene la seguridad porque la concesión está vigente para 50 años, apenas tiene 2 o 3 años que la han autorizado. Entonces, tanto tiempo de vigencia permite que en cualquier momento regrese.
“Se acerca con nosotros el encargado de personal de la mina y nos dice: ‘Señores, he visto que el asunto está muy feo; de forma personal voy a renunciar: yo me retiro, la empresa también me mintió como contratista, me dijo que ya contaba con los permisos de Sagarpa [Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación], Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente]’. No se había otorgado el uso de suelo”, relata Ricardo.
El hombre de oficio vidriero dice que no tiene estudios, como la mayoría de la población: “Ni la primaria concluida. Aprendí a leer y escribir en la escuela nocturna, cuando tenía 9 años y vivía en la Ciudad de México”.
Sin embargo, dice, “dentro de lo que alcanzo a comprender, sé que no quiero ver las cosas por un recurso inmediato, hay que ver el mañana no a cambio de dinero y sí de un buen patrimonio como lo es la tierra. No quiero que mis hijos tengan un Tlamanca muerto.
“Aquí la gente emigra porque el campo no da suficiente; aquí se cosecha frijol, maíz, durazno, manzanas. Soñamos con ser comerciantes de manzana y hay que cuidar la tierra”, comenta.
Los Indicadores sociodemográficos de la Secretaría de Desarrollo Social muestran que en 2010 se contabilizaron 10 mil 863 personas en este municipio, de las cuales, el 79.3 por ciento se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. El 28 por ciento de su población no tiene acceso a la educación, en tanto que el 53.1 por ciento no cuenta con ningún servicio de salud.
Mientras los pobladores de Tlamanca buscaban la expulsión de los mineros, en los archivos del Sistema de Administración Minera (Siam), de la Secretaría de Economía, se mantenía el registro de la concesión a la empresa asiática JDC Minerals bajo el título “216 mil 370, en una superficie de 100 hectáreas y para la explotación de oro, plata, cobre y zinc”.
Datos del Siam indican que Puebla tienen concesionadas 211 mil 576 hectáreas mediante 392 títulos. En estas comunidades la mayoría de la población es indígena, vive en un “alto” grado de marginación y se dedica a la producción agrícola. La llegada de las trasnacionales ha significado división y afrenta.
El Estudio de la minería en México. Un estudio comparado con Canadá –publicado en noviembre pasado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM)– revela que el 4 por ciento del territorio indígena nahua que se encuentra en San Luis Potosí, la Sierra Norte de Puebla y el Norte de Veracruz (con una superficie de 948 mil 680 hectáreas) ha sido concesionado a la industria minera, es decir, 38 mil 313 hectáreas.
“Siguen abiertas las venas de América Latina”, dice Gustavo Castro, director de la organización ambientalista Otros Mundos, quien comenta a Contralínea que uno de los puntos a favor que tienen los pueblos es que cada vez hay mayor participación y resistencia ante la llegada de las empresas mineras, el despojo y la contaminación que estas producen.
“La minería es el megaproyecto de mayor concesión de territorio; por ello hay que construir resistencias, pero también alternativas de vida distintas, alternativas locales que les permita sobrevivir [a las comunidades indígenas] y desarrollar proyectos productivos; con esto los empresarios no podrán engañar a las poblaciones ofreciendo progreso y desarrollo”, agrega el ambientalista.
La defensa de su medio ambiente y recursos naturales provoca división entre éstos y aquellos que creen que con la llegada de las corporaciones también vendrá “el desarrollo”, prometido en los discursos de las explotadoras de metales preciosos.
Por ello, municipios poblanos también figuran como focos rojos en el conflicto minero.
En abril de 2013, Contralínea documentó la existencia de 35 conflictos en todo el país por la presencia de corporaciones mineras, de acuerdo con datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y un análisis de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), entre ellos figuraba el provocado por la china JDC Minerals (edición 331).
OCMAL también registra en Puebla el conflicto en Tetela de Ocampo, donde la minera Frisco, del empresario Carlos Slim, ha ocasionado división y deterioro ambiental en esta comunidad. Este proyecto también fue denunciado en el marco del Encuentro de Pueblos en Resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, llevado a cabo el 15 de marzo pasado.
Con él, también se denunció la problemática que ha dejado la minería en los municipios poblanos de Ixtacamaxtitlán, Zacatlán, Libres, Cuetzalan, Zacapoaxtla, Olintla, Tlatlauquitepec, Teziutlán y Huauchinango. Así como a nivel nacional, en estados como Colima, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Guerrero y Guanajuato.
Claudia Gómez Godoy, abogada ambientalista, explica que es importante ver que los pueblos indígenas en México son “una población grande”; se calcula que al menos 15.7 por millones de personas dice tener un origen indígena y un número similar son hablantes de lenguas indígenas.
“La mayoría de los pueblos indígenas viven en las regiones biogeográficas más importantes, donde está la mayor cantidad de riqueza forestal, captadora de agua; Se considera que alrededor del 35 por ciento del territorio nacional está concesionado y muchas de esas concesiones se asientan a lugares y territorios indígenas.
“Esa invasión de los territorios indígenas no la podemos separar de cómo viven los pueblos un proceso de discriminación, marginación, exclusión, etnocidio, trabajo forzado, negocio, pobreza, negación de los derechos; incluso se ha hablado de que en México existe un colonialismo interno: los pueblos indígenas son colonias dentro de su propio país y esa situación no ha cambiado”, comenta Gómez Godoy en entrevista.
La abogada ambientalista indica que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las herramientas de defensa de los territorios y las comunidades indígenas, ya que el Artículo 2 establece que México tiene una composición pluricultural sustentada en los pueblos indígenas. “Esto es importante porque nos está diciendo cómo debe ser la nación. Es una obligación jurídica fundamentada en el derecho; entonces, los actos de los jueces, autoridades o empresarios que pretenden imponer una mina deben estar con la visión de que antes de cualquier acto tiene que pensar que en el territorio, ahora concesionando, hay pueblos indígenas”.
En el texto, el artículo constitucional indica en sus primeros párrafos que “la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
“La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.”
Resultado de la revisión a la última Cuenta Pública de la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que durante su gestión las mineras dejaron apenas el 2.2 por ciento de sus ganancias en México.
El desglose anual de los pagos permite observar un incremento mínimo durante el primer trienio.
Durante el primer año de la administración de Felipe Calderón Hinojosa las mineras obtuvieron ganancias por 113 mil 393 millones 100 mil pesos, de los cuales devengaron a la Federación 538 millones 382 mil 300 pesos. Esto significa apenas el 0.5 por ciento de sus beneficios.
La ASF muestra que, al segundo año, la participación de los derechos ascendió a 1.9 por ciento; luego de que las mineras obtuvieran una producción con valor de 109 mil 683 millones 100 mil pesos y contribuyeran con 2 mil 127 millones 362 mil 100 pesos.
El tercero, apenas subió tres décimas porcentuales, al tocar el 2.1 por ciento por la participación de derechos. Las empresas registraron montos por 106 mil 873 millones 300 mil pesos. Los pagos a la Federación fueron de 2 mil 275 millones 212 mil 800 pesos.
El máximo órgano de fiscalización del país indica que la minería es un eje fundamental de la sociedad, al aportar materias primas relevantes para el desarrollo económico e industrial de México. Constituye una actividad de interés público y corresponde al Estado protegerla y vigilarla para el cumplimiento de su función económico-social.
Un dato relevante en el reporte de la Auditoría es el de la generación de empleos, cuya meta no fue alcanzada al ciento por ciento. Documenta que en el periodo 2007-2012, la actividad minera generó 55 mil 121 nuevos empleos, que representaron el 84.2 por ciento de la meta sectorial de 65 mil 430 empleos acumulados.
Por este motivo, el máximo órgano de fiscalización del país emitió la recomendación 12-0-10100-07-0389-07-002 para que la Secretaría de Economía analice las causas por las cuales no se cumplió la meta del indicador establecido en el Programa Sectorial de Economía 2007-2012.
Cifras e informes oficiales también revelan que en comunidades donde hay conflictos sociales por la oposición a la minería, se ha saqueado la mayoría de su riqueza y dejado a sus comunidades mínimos porcentajes de las ganancias extractivas.
Tal es el caso de San José del Progreso, Oaxaca, donde se ha “luchado” por el cierre de la mina desde fines de 2011. Ahí fueron asesinados Bernardo Vásquez Sánchez (15 de marzo de 2012) y Bernardo Méndez (el 18 de enero del mismo año), opositores a la presencia de Fortuna Silver (Contralínea 327 ).
Ahí, la trasnacional canadiense dejó sólo el 0.2 por ciento anual de sus ganancias. Fortuna Silver Mine llegó a obtener una utilidad bruta anual de 2 mil 124 millones 636 mil 500 pesos en 2012; pagó 4 millones 252 mil 800 pesos, por derechos de actividad minera en México en ese mismo año. Así lo evidencia el Estudio de la minería en México. Un estudio comparado con Canadá.
Otro ejemplo del saqueo de las mineras es el de Agrico-Eagle, que obtuvo en 2012 la utilidad anual de 5 mil 716 millones 177 mil 109 pesos y dejó a la Federación 954 mil 240 pesos; es decir, el 0.01 por ciento de sus ganancias. Esta empresa se dedica a la extracción de oro y tiene concesionadas 56 hectáreas en Chihuahua, bajo el proyecto Pinos Altos.
Le sigue Timmins Gold Corp, con el proyecto denominado TMM Fracc 1, en Sonora, con 70 mil 986 hectáreas. Éste ha obtenido una utilidad anual bruta por la extracción de oro y plata de 2 mil 124 millones 636 mil 500 pesos; retribuyó por pago de derechos 4 millones 252 mil 800 pesos. Apenas dejó el 0.2 por ciento de sus ganancias al erario mexicano.
Francisco López Bárcenas, abogado, especialista en derecho indígena y asesor agrario, expone que con estos ejemplos “se ve claramente el despojo de bienes al que ha sido sometido el país. Lo que pagan por derechos de uso de los recursos minerales por la concesión misma es irrisorio: de 5 pesos a 112, ridículo.
“En el Informe de la Cuenta Pública 2011, la misma Auditoría recomendó que lo quitaran, porque era más lo que tardaban en recuperarlo que lo que obtenían, aunado a que el nuevo impuesto (de 7.5 por ciento) es realmente reducido”, comenta en entrevista López Bárcenas.
En octubre de 2013, la reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo reconsideró recaudar impuestos sobre la minería, que hasta esa fecha no había ocurrido. Lo anterior, expone la CDPIM al considerar que los minerales y las sustancias del subsuelo son bienes no renovables de la naturaleza, por lo que “debe ser prioridad del Estado mexicano la optimización de los recursos minerales al considerar la importancia de que aquellos que se beneficien cubran un derecho que represente la justa retribución a favor del Estado y de las propias comunidades”.
Dentro de la reforma, también se modificó el cobro a los titulares de concesiones y asignaciones mineras que se encuentren inactivas. Éste consiste en el cobro del 50 por ciento de la cuota máxima del artículo 263 de la Ley Federal de Derechos, la cual es de 129.24 pesos, lo que implica que el pago sería de 64.62 pesos. Éste se llevará a cabo cuando los concesionarios no realicen obras y trabajos de exploración y explotación comprobados durante 2 años continuos. La cuota se incrementará al ciento por ciento cuando la inactividad sea a partir del décimo segundo año y posteriores, a cubrirse en forma semestral.
También, se propone un derecho extraordinario sobre minería a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, que establece una tasa del 0.5 por ciento a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, en tanto que se trata de minerales de una considerable extracción y cuyos procesos afectan considerablemente al entorno.
Para que el impuesto se utilice en los fines que ha sido creado, se ha conformado un Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Municipios Mineros, conformado con el 50 por ciento de los recursos obtenidos por los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería.
Los recursos que se obtengan de ese pago de derechos se destinarán a un fondo, donde la distribución será de: 40 por ciento para el gobierno federal, 30 por ciento para las entidades federativas mineras y 30 por ciento para los municipios mineros.
Sin embargo, López Bárcenas expone que “en México se pueden pagar derechos por el uso de los recursos naturales o impuestos por la actividad que se realiza sobre ellos y las ganancias que se puedan obtener, pero en ninguno de los dos casos queda este 7.5 por ciento impuesto. No es claro. Literalmente, queda como una ayuda que dan las mineras a los municipios en donde se desarrolla esta actividad y está establecida la industria”.
El estudio de la CDPIM indica que la propuesta del Ejecutivo, avalada por las cámaras de Senadores y de Diputados, “representa un avance con respecto de la situación fiscal actual, donde el país funciona como paraíso fiscal para las mineras”.
Miguel Mijangos Leal, integrante de la Rema dice en entrevista: “Vemos varios problemas [con el impuesto del 7.5 por ciento]. Entre ellos, que no hay una contabilización seria por parte del gobierno mexicano; no es que no la tengan, pero siempre hay una lógica de acomodar los procesos lo más cómodo posible para las trasnacionales. Hay muchos vacíos en términos de transparencia, no tenemos cobertura. El impuesto es muy bajo; no representa nada para las ganancias de las empresas.”
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