Al menos desde hace 2 décadas, en el campo mexicano se cultiva maíz, algodón y soya transgénicos. No obstante la oposición social a la introducción de organismos genéticamente modificados, sólo cuatro resoluciones judiciales han impedido que continúe el cultivo de esos granos en el país.
Se trata de las dictadas este año por el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Campeche, el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Yucatán y el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.
Aunque no son definitivas y ya recibieron impugnaciones por parte del gobierno federal y las empresas trasnacionales, las sentencias determinan que los permisos violan el derecho a la consulta libre previa e informada, así como al procedimiento establecido en la Ley de Bioseguridad; desechan los argumentos de las autoridades demandadas que exigen pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados causan daños; reconocen el principio 10 de la Declaración de Río, a saber, que la mejor manera de abordar cuestiones ambientales y socioculturales es garantizando a las comunidades afectadas el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia; y validan el interés legítimo de la sociedad mexicana en el tema de la siembra de semillas transgénicas.
Sin embargo, en lo que va de 2014 y con la seguridad de que el Poder Judicial finalmente determine la legalidad de la siembra de organismos genéticamente modificados, tres trasnacionales y un centro desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) han solicitado ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica, otra entidad desconcentrada de la Sagarpa) permisos para la siembra de maíz, algodón, frijol y trigo modificados en más de 90 mil hectáreas.
De acuerdo con el Estatus de solicitudes de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados –que se puede consultar en la página electrónica del Senasica– Monsanto ha solicitado permisos para sembrar algodón en 90 mil hectáreas; PHI, maíz en 8 hectáreas; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap, dependiente de la Sagarpa), frijol en 0.124 hectáreas, y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, para sembrar trigo en 0.1 hectáreas.
La batalla jurídica en contra del otorgamiento de permisos para la siembra de transgénicos no es reciente. Desde 2001 la sociedad civil recurrió a la vía legal para impugnar los permisos de las autoridades mexicanas.
Sin embargo, María Colín –representante legal de Greenpeace México– relata que no fue sino hasta 2010, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que los jueces comenzaron a admitir los recursos. “Había un criterio predominante de falta de interés legítimo”. Cuatro años después se tienen resultados. “Es una batalla larga”, refiere en entrevista con Contralínea.
En los últimos 7 años, el Senasica ha otorgado 45 permisos para la siembra de soya transgénica en las fases experimental, piloto y comercial. El permiso dado el 6 de junio de 2012, que libera 253 mil 500 hectáreas, es el más reciente.
Con él, Monsanto Comercial, SA de CV, podría liberar al ambiente soya genéticamente modificada por tiempo indefinido en siete estados de la República: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.
Ante estos hechos, en 2012 autoridades mayas, asociaciones de apicultores, exportadores de miel y comercializadores presentaron los amparos 753/2012 y 762/2012 para Campeche; el 286/2012 para Yucatán; y el juicio de amparo indirecto 971/2012 en Chiapas en contra de dicho permiso.
Entre los argumentos se encontraba que tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como la Sagarpa no efectuaron una consulta libre, previa e informada a favor del pueblo maya en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; que la siembra de soya transgénica afectaba la apicultura, práctica histórica tradicional de dicho pueblo, y que con el permiso se violentaba el derecho a un medio ambiente sano, por el uso excesivo de herbicidas y la deforestación que implica la siembra de soya.
Luego de casi 2 años de litigio, el pasado 7 de marzo el Juzgado Segundo de Distrito del Estado de Campeche otorgó una resolución favorable a las comunidades mayas de Pac-chen y Cancabchén, pertenecientes al municipio de Holpechén, Campeche, en contra del permiso otorgado por la Sagarpa con el aval de la Semarnat para la siembra de soya genéticamente modificada en dicha entidad.
En su resolución, el juez Segundo de Distrito considera que se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada; y que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, al momento de dar el aval para dicho permiso, violó el procedimiento establecido en su Reglamento Interior, pues hizo caso omiso de tres dictámenes vinculantes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el entonces Instituto Nacional de Ecología (INE), que desaconsejaron la siembra de soya genéticamente modificada en los polígonos señalados.
Pese a que la demanda fue presentada únicamente por dos comunidades del municipio de Holpechén, el juez, al delimitar el alcance de la sentencia, determinó que los efectos de la misma aplicaban a todos los municipios afectados por el permiso, con lo que la autorización queda cancelada en todo el estado de Campeche.
En consecuencia, se obliga a la Sagarpa a garantizar que no se sembrará soya transgénica en el estado. De pretender reactivar dicho permiso en la entidad, la Secretaría deberá cumplir con dos requisitos indispensables: un nuevo dictamen de impacto ambiental que considere las opiniones de la Conabio, la Conanp y el ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; y un proceso de consulta libre, previa e informada en todas las comunidades mayas establecidas en los municipios afectados con el permiso.
Asentado bajo el número de expediente 286/2012, el 23 de junio de 2014 el juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán anuló el permiso de siembra comercial de soya transgénica en la entidad.
La decisión prohíbe temporalmente la liberación del cultivo en Yucatán. El juez que resolvió el amparo a favor de los apicultores mayas reconoció que éstos podrían resultar afectados en sus bienes jurídicos (económicos, laborales o ambientales) por las consecuencias que pudiera generar en el entorno natural la liberación o el cultivo de soya genéticamente modificada y aceptó como válido el interés legítimo de los indígenas mayas, cuya principal actividad económica tradicional es la apicultura, reconociendo que requieren una protección especial por su condición de vulnerabilidad, debiéndose garantizar su acceso a la justicia efectiva.
También desechó los argumentos de las autoridades demandadas, quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel.
El juez declaró nulo el dictamen de la Semarnat que avala el permiso otorgado por la Sagarpa para siembra de soya transgénica, toda vez que no tomó en cuenta las opiniones técnicas de la Conabio, el INE y la Conanp.
La autoridad judicial ordena a la Sagarpa que lleve a cabo, de manera adecuada, la consulta pública en las comunidades indígenas de Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab, Tekax, Tzucacab, Peto y Tizimín, previo a poder expedir cualquier otro permiso de soya transgénica a nivel comercial, misma que deberá realizarse por los medios idóneos que estén al alcance de dichas comunidades indígenas, dentro de los 6 meses contados a partir de que se notifique a las autoridades responsables esta sentencia, una vez que sea definitiva.
De acuerdo con María Colín, activista de Greenpeace, la sentencia ya fue impugnada por Monsanto.
Sobre el juicio de amparo en Chiapas, Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, asesora de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, AC, dice a Contralínea que el 27 de junio de 2014 el juez sobreseyó el juicio por considerar que los quejosos no tienen interés legítimo al no probar una afectación al medio ambiente, ni probar que en los terrenos donde se practica la apicultura estén comprendidos dentro de los polígonos autorizados. De acuerdo con el juez, los quejosos no proporcionaron elemento alguno de convicción para probar que son integrantes de algún pueblo indígena, por lo que ya se interpuso un recurso de revisión que está pendiente de resolverse.
Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el 13 de junio de 2012 Greenpeace México promovió ante el Órgano Interno de Control de la Semarnat un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Alfonso Flores Ramírez, actual titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) , dependiente de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat; Eduardo Enrique González Hernández, entonces titular de la DGIRA; y Mauricio Limón Aguirre, quien fuera subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental adscrito a la Semarnat.
En la demanda se argumentan violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, al haber ignorado las opiniones técnicas vinculantes de la Conabio, del INE y de la Conanp que dictaminaron la inconveniencia de otorgar el permiso de liberación comercial de soya genéticamente modificada.
El 7 de agosto de 2012 Greenpeace México presentó otra denuncia en contra de Flores Ramírez por el otorgamiento del permiso de liberación piloto de soya transgénica bajo el mismo argumento. Ambas quejas quedaron registradas con el número de expediente 2012/SEMARNAT/DE10.
El Órgano Interno de Control de la Semarnat notificó a la organización ambientalista, a través de un oficio con fecha del 10 de junio, que encontró “elementos probatorios suficientes que permiten presumir la existencia de presuntas irregularidades administrativas por parte de Alfonso Flores Ramírez”, quien continúa al frente de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat.
Flores Ramírez será investigado por el Área de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública. Contralínea solicitó entrevista con el funcionario citado. Hasta el cierre de edición no se obtuvo respuesta.
En septiembre de 2012, apicultores mayas de Halachó, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Ticul, Tixméhuac, Tekax, Tizimín y Tzucacab, Yucatán, iniciaron formalmente ante las autoridades municipales estatales y federales una solicitud para declarar a su territorio Zona Libre de Transgénicos.
Con base en la falta de una norma oficial, la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación negó –por conducto de su entonces titular Octavio Carranza de Mendoza– la declaratoria a productores de miel de 10 municipios de Yucatán.
Ante la negativa, el 5 de agosto de 2013 los apicultores presentaron una demanda de amparo que fue rechazada por el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán, por lo que se presentó un recurso de queja. El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativa dio la razón a los quejosos ordenando la admisión de la demanda de amparo, que quedó asentada bajo el expediente 1101/2013.
Tras varios emplazamientos, el juicio de amparo aún está por resolverse. “La Sagarpa y el Senasica no han enviado documentación que les ha sido requerida por el Juzgado Tercero de Distrito”, explica Jorge Fernández, que forma parte del equipo de abogados que lleva la defensa legal de las comunidades.
Según el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, en el país se podrían declarar zonas libres de transgénicos para la protección de productos agrícolas orgánicos y “otros de interés de la comunidad solicitante”, cuando se trate de organismos genéticamente modificados “de la misma especie a las que se produzcan mediante procesos de producción de productos agrícolas orgánicos, y se demuestre científica y técnicamente que no es viable su coexistencia o que no cumplirían con los requisitos normativos para su certificación”.
Para el cultivo de maíz genéticamente modificado en las fases experimental y piloto, las autoridades mexicanas han entregado 236 autorizaciones desde 1998.
Información publicada por Contralínea en noviembre pasado (edición 312) dio cuenta de que Monsanto, Syngenta Agro, PHI y Dow AgroScience son las trasnacionales que desde 2009 experimentan la siembra de maíz transgénico en más de 32 mil 800 hectáreas de suelo mexicano.
Documentos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) revelan que hay siembra de organismos genéticamente modificados en Yucatán, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y el Estado de México.
Los datos del Senasica –órgano desconcentrado de la Sagarpa– muestran que Monsanto tiene el 99 por ciento de la siembra, con un total de 32 mil 762 hectáreas.
En septiembre de 2012, Monsanto y Pioneer Hi-Bred International ingresaron a la Sagarpa cinco permisos para la siembra comercial de maíz genéticamente modificado en Sinaloa y Tamaulipas en más de 1 millón de hectáreas del campo mexicano.
Las organizaciones que forman parte de esta acción colectiva representan a productores, indígenas, apicultores y ambientalistas, como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, la Fundación Semillas de Vida, AC; Fomento Cultural y Educativo, AC; Fronteras Comunes, AC; Alternativas y Procesos de Participación Social, AC, de Tehuacán Puebla; Tosepan Titataniske de Cuetzalan, Puebla; Grupo Vicente Guerrero, AC, de Tlaxcala; y, entre otras, la Asociación Rural de Interés Colectivo en Defensa del Maíz Nativo.
El Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal emitió una medida cautelar en la que ordena a la Sagarpa y a la Semarnat abstenerse de realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado, prescindir de efectuar procedimientos para su liberación al ambiente, y suspender el otorgamiento de permisos de liberación en cualquiera de sus fases, sea ésta comercial, experimental o piloto.
La medida, que se basa en el riesgo de daño inminente al medio ambiente, impide a trasnacionales liberar maíz transgénico en el campo mexicano en tanto no se resuelva el juicio de acción colectiva.
La demanda colectiva mantiene en la congeladora 79 solicitudes para sembrar maíz transgénico en alrededor de 3 millones de hectáreas del territorio nacional.
Las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente, así como las trasnacionales Monsanto, Syngenta, PHI y Dow AgroSciences han emprendido una embestida jurídica. Hasta ahora, se debaten en juzgados federales 17 impugnaciones contra la demanda y la medida cautelar dictada por un juez federal que ha impedido la liberación al ambiente del grano genéticamente modificado.
De levantar la medida cautelar solicitada por la colectividad y concedida por un juez federal, las autoridades federales liberarían, al menos, 3 millones de hectáreas a las empresas Monsanto, Syngenta, PHI México y Dow AgroSciences para sembrar sus granos en las fases experimental, piloto y comercial.
Ante el impedimento de otorgar los permisos, el gobierno federal, a través de la Sagarpa y la Semarnat, apeló la resolución judicial los días 9 y 10 de octubre de 2013.
El lunes 28 de octubre, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito notificó a los interesados del recurso interpuesto por las dependencias federales.
En entrevista, René Sánchez Galindo, abogado de la asociación civil Colectivas, organización que funge como representante legal en el juicio, refiere que se trata de siete impugnaciones contra la admisión de la demanda, dos de ellas interpuestas por la Sagarpa y la Semarnat; cinco apelaciones contra la medida precautoria, dos también interpuestas por las secretarías; dos amparos contra la medida precautoria; un recurso de revocación contra la medida precautoria; un recurso de revocación contra la demanda, y un recurso de revisión dentro de uno de los amparos.
En un hecho sin precedentes se reconoció el interés jurídico de las 53 personas y 20 organizaciones que interpusieron la demanda. René Sánchez Galindo indica que fueron notificados de la resolución el 20 de septiembre de 2013.
Sobre la demanda colectiva, Sol Ortiz García, titular de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), dice a Contralínea, vía correo electrónico, que “la Cibiogem, como parte del gobierno de la República, reconoce la pluralidad de opiniones de la sociedad y la libertad en el ejercicio de sus derechos, debiendo ser la autoridad judicial quien determine lo procedente con estricto apego a la legislación nacional”.
Sobre las apelaciones de la Semarnat y la Sagarpa a la medida cautelar ordenada por un juez federal para detener los permisos en tanto no se resuelva el juicio, la secretaria ejecutiva de la Cibiogem señala:
“Es una atribución que tienen las secretarías de Estado siendo partes en un juicio, y que será el juez federal quien determine lo que corresponda conforme a derecho.”
Sobre las demás acciones legales que productores y académicos y organizaciones no gubernamentales han emprendido en otras partes del país contra los organismos genéticamente modificados, García señala que “las acciones legales que se han promovido hasta el momento son parte de la libertad en el ejercicio de los derechos de todo ciudadano, las cuales deberán ser resueltas por la autoridad judicial con apego a la legislación nacional y a los elementos de prueba de carácter técnico y científico que los involucrados aporten”.
Cuestionado sobre las demandas y amparos en proceso, Hugo Fragoso Sánchez, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Senasica, órgano desconcentrado de la Sagarpa, dice a Contralínea que se apegan a lo que establezca la ley. “Si el juez nos indica que respetemos este amparo y que no se siembren transgénicos en tal y tal lugar que ya fue autorizado lo hacemos así. Si nos dicen que el amparo fue fallado en favor del gobierno federal y que se continúe la autorización de la siembra de semilla transgénica también lo hacemos, respetando la ley”.
Hasta 2013, México había concedido a trasnacionales 359 permisos para la siembra de algodón transgénico. Más de la mitad de las autorizaciones se emitieron durante el gobierno de Felipe Calderón, quien –al frente del Poder Ejecutivo– aprobó las solicitudes para la siembra experimental, piloto y comercial en 2 millones de hectáreas en 10 estados de la República.
Tan sólo en lo que va de este año, el Senasica ha recibido 14 solicitudes para la siembra de transgénicos. Ninguna se ha resuelto, el Senasica las mantiene en etapa de análisis y dictaminación.
PHI México, SA de CV; Monsanto Comercial, SA de CV; el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo son los peticionarios.
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