Empresas trasnacionales y nacionales han quedado evidenciadas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por violación a los derechos humanos. El listado de más de 60 casos de violaciones a derechos humanos fue presentado por organizaciones no gubernamentales ante un equipo de trabajo del organismo internacional.
Las compañías denunciadas son 99: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 del Estado. Entre las involucradas destacan Grupo Higa, Tradeco, Bimbo, Cargill, Monsanto, Grupo Carso y Grupo Bal, Grupo México, Minera Excellon, Petróleos Mexicanos.
En el informe México: empresas y derechos humanos se indica que los principales abusos cometidos son la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos. Así también las llamadas reformas estructurales llevadas a cabo durante el primer trienio de la administración de Enrique Peña Nieto.
El documento, elaborado por más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos (entre ellas Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Greenpeace México, Oxfam México, Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), precisa los casos de abuso a derechos humanos relacionados con actividades empresariales como minería (11), cementeras (5), hidrocarburos (9); producción de energía mediante hidroeléctricas y parques eólicos y abusos relacionados con los consumidores (8); construcción de infraestructura (9); agroindustria y forestal (6); maquilas y corredores industriales (4), y otras ramas productivas (8), además de empresas de seguridad privada, exportación ilegal de arma a zonas de conflicto y turismo.
Karen Hudlet, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, comenta que las violaciones más comunes están relacionadas con la tierra y el territorio, en donde hay 32 casos, y después con la falta de acceso a la información, 28 casos. “Con estas cifras podemos ver que hay una falta de participación, consulta y conocimiento previo libre e informado en las comunidades indígenas o de la ciudadanía, en general, de saber lo que está pasando con los megaproyectos de cualquier índole. Esto lo vemos como algo particularmente grave. Además, en otros 17 casos se vulneran otros derechos indígenas, como al modelo de desarrollo o a su autonomía”, dice.
La entrega de esta información al equipo de trabajo de la ONU tiene documentados casos como el derrame de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, por parte de Grupo México.
Fernanda Hopenhaym, del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), dice que lo ocurrido en el río Sonora es realmente un caso paradigmático. “Es el derrame minero más importante en la industria minera en México, 40 millones de litros de solución acidulada de cobre derramados afectaron toda la cuenca del río. Estamos hablando de 7 municipios y 22 mil personas, este río da suministro a la ciudad de Hermosillo, que tiene 750 mil habitantes, por lo que se afectó directa e indirectamente a una población”.
El documento también involucra a las filiales Southern Copper Corporation, Buenavista del Cobre y OMIMSA. Los abusos a derechos humanos por problemas de abasto del agua, salud y a la vida digna (impactos negativos a la agricultura y ganadería) y al medio ambiente sano”.
Otro de los casos que es revisado por el equipo de expertos de la ONU, es el de los habitantes del ejido La Sierrita, con la empresa canadiense Excellon Resources, por incumplimientos contractuales de la minera y los abusos respecto del uso de la tierra y el territorio, al trabajo; así como la generación de un ambiente de intimidación y amenazas para los pobladores de la región.
En este rubro también aparecen los nombres de las compañías Fortuna Silver Mines, Odyssey Marine Exploration, Minera Peña Colorada, ArcelorMittal, Ternium, Minera Cascabel, Mag Silver Corp, Grupo México, Southern Copper Corporation, Buenavista del Cobre, OMIMSA, Goldcorp, Corazón de Tinieblas, Excellon Resources, Holcim Apasco, Ecoltec, Minera Gorrión, Almaden Minerals, Minera Autlán, Las Encinas, Plata Real, Blackfire Exploration, Gabfer.
La oposición de algunas comunidades a la presencia de proyectos mineros en sus regiones han dejado víctimas, tal es el caso del asesinato de Bernardo Vázquez en San José del Progreso, Oaxaca, en 2013, donde opera la minera Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines (Contralínea, 327).
Elena Villafuerte Mata, integrante del Área de Justicia Transnacional en Prodesc, comenta que como organizaciones pretenden abordar el análisis de cuál es el impacto de las empresas trasnacionales en las comunidades y en los colectivos de trabajadores; desde ese escenario, el caso de La Sierrita resulta emblemático por los años de acompañamiento que ha implicado para Prodesc como organización, pero también por la defensa.
Otros de los casos que lleva Prodesc están relacionados con la defensa de comunidades agrarias e indígenas en contra de proyectos de energía eólica; uno en la comunidad Miguel Hidalgo, donde llegó la empresa Desarrollos Eólicos de México, filial de la empresa Renova Energy, a firmar contratos de arrendamiento con los comuneros.
Sin embargo, explica Villafuerte, estos fueron hechos por la vía civil sin reconocer que tenían un título de propiedad comunal; entonces, estos contratos son nulos. Además, han documentado las implicaciones causadas por el derramamiento de aceite de los generadores de energía eólica, que impactan directamente en sus tierras y, por ende, en el desarrollo económico de la comunidad.
En el tema de los hidrocarburos, mencionan el caso de la explosión de la Planta Petroquímica Mexicana de Vinil SA de CV, involucradas las compañías Mexichem y Petróleos Mexicanos. Ésta se encuentra ubicada en Veracruz.
De los proyectos impulsados por Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, destaca la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Éste es uno de los nueve casos (relacionados con infraestructura) documentados por las organizaciones defensoras de derechos humanos y que, en sus dos momentos de impulso ha tenido efectos sociales violentos: muerte, criminalización y judicialización de los actores sociales involucrados.
Las empresas involucradas en este proyecto son: Arquitectos: Norman Foster, firma Foster + Partners; Fernando Romero, despacho de arquitectura FREE (yerno de Carlos Slim). Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de CV, que trabaja con aproximadamente 128 proveedores y la Constructora Cypsa Vise.
En el primer impulso de esta obra, con Vicente Fox al frente del gobierno federal y Peña Nieto como gobernador mexiquense, “el 3 y 4 de mayo de 2006 se llevó un operativo policiaco en San Salvador Atenco, que dejó dos muertos, Javier Cortés y Alexis Benhumea, de 14 y 20 años respectivamente; 209 detenidos, entre los que se encontraban menores y mujeres, varias de las cuales fueron agredidas física y sexualmente. Conjuntamente con otras 11 personas, Ignacio del Valle fue condenado a 112 años de prisión, quedando libre el 30 de junio de 2010, gracias a la presión nacional e internacional que significó la Campaña Libertad y Justicia para Atenco, convocada por Serapaz”, indica el informe.
“En 2013, el gobierno federal con Enrique Peña Nieto reactiva el proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el mismo territorio que el gobierno de Fox intentó despojar, pero ahora, con estrategias y farsas distintas: el Parque Ecológico Lago de Texcoco y México Ciudad Futura que, bajo el argumento de rescatar el antiguo lago de Texcoco, traen aparejada una serie de proyectos de megainfraestructura y urbanización: construcción de vías rápidas, tren ligero, nuevas urbanizaciones, corredor industrial, centros comerciales, centros de convenciones, entre otros desarrollos…”, incluye la compilación entregada a la ONU.
Los abusos: a la tierra y el territorio, al acceso a la información, a la alimentación; intimidación y amenazas, muertes, lesiones, detenciones arbitrarias, violencia sexual y conflicto, indica el grupo de organizaciones.
Entre las compañías se menciona a Fomento de Construcciones, Contratas, Abengoa, La Peninsular, Grupo Hermes, Grupo Higa, Autovan (filial de Grupo Higa, y empresa Zimbra), la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Grupo Desarrollador Caseoli; Ingeniería Gestoría y Supervisión; Consultora Mexicana de Ingeniería y la Controladora Vía Rápida Poetas.
A la documentación de violaciones en el ramo de la construcción se encuentra la realización del Acueducto Independencia, por la empresa Mineras del Desierto. Las violaciones recaen “a un medio ambiente sano, a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, a la información, al agua, a la tierra y el territorio; detenciones arbitrarias e intimidación y amenazas”.
De este proyecto se informó que “Opositores a la operación del Acueducto Independencia –impulsado por los gobiernos de Felipe Calderón y Guillermo Padrés–, “que trasvasa agua del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, Fernando Jiménez, Mario Luna y Tomás Rojo (los líderes visibles de esta comunidad) fueron perseguidos por la justicia estatal; la misma que no se aplicó para detener el megaproyecto hidráulico aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión en tanto no fuera consultada la comunidad indígena de más de 32 mil habitantes” (Contralínea 458).
Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), comenta que el Estado está “capturado” por los intereses de las grandes empresas.
La defensora de derechos humanos comenta: “Hay temas que nos preocupan mucho; tienen que ver con la falta de independencia del Estado, hay una captura del Estado por parte de intereses empresariales, y en este sentido vemos complicidad, corrupción e impunidad. Vemos un desbalance de poder brutal, no se puede competir contra los poderes grandes y las decisiones que se están tomando en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
En diciembre de 2013 se llevó a cabo la aprobación de una reforma constitucional en materia energética, con la finalidad de eliminar la exclusividad del Estado mexicano en la exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos e incorporar al sector privado nacional y trasnacional a estas actividades, así como a otras del sector eléctrico.
“Este proceso de aprobación de la reforma constitucional y legal en materia energética se realizó violando diversos derechos de la población mexicana. En primer lugar, la información puesta a disposición por el gobierno federal para la promoción y justificación de la reforma fue claramente insuficiente y deficiente en cuanto a su disponibilidad, calidad y accesibilidad para la población. En segundo lugar, no se permitió que la ciudadanía participará para decidir sobre esta reforma que tendría consecuencias para todos los mexicanos. De esta manera, desde el principio se violó el derecho de acceso a la información, consustancial a otros derechos humanos, así como esencial para llevar a cabo un verdadero y profundo debate nacional sobre el tema previo a la toma de decisiones al respecto”, menciona México: Empresas y Derechos Humanos.
Hudlet, compiladora del informe, comenta que la violación de derechos humanos es consecuencia de que hay una legislación permisiva que, en algunos casos, ha favorecido a las empresas como lo hace la Ley Minera o la reforma energética, que van debilitando ciertos derechos de los pueblos y favorecen cierto tipo de uso de suelos sobre otros. También podemos ver la falta de transparencia y el acceso a la justicia, se documentaron muchos casos, cuando una comunidad demanda a una empresa y al Estado, se encuentra con múltiples obstáculos, arguye la defensora de derechos humanos.
El derecho a la alimentación también ha sido violentado por las compañías trasnacionales, que con la siembra de organismos genéticamente modificados han vulnerado la economía de comunidades enteras en la península de Yucatán. También, por el uso de plaguicidas altamente tóxicos.
Las empresas involucradas: Grupo Bimbo, Cargill, Ingredion, Almex, Bunge, Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (filial de PioneerDupont), Monsanto, Maseca.
El informe presentado ante integrantes de la ONU dice: “Para fabricar los productos de sus más de 20 marcas y llegar al 99 por ciento de los hogares mexicanos, Grupo Bimbo se abastece en estados como Sinaloa, que producen bajo un modelo de agricultura industrial que pone en riesgo la salud con el uso de 30 plaguicidas altamente tóxicos que han sido prohibidos en otros países por sus impactos a la salud y el medio ambiente. Algunos de los impactos de este modelo han sido documentados en un estudio que Greenpeace hizo con investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Red Temática de Florecimientos Algales Nocivos, con el cual se encontraron sustancias como glifosato, endrín, lindano, DDT (entre otros), en ríos, drenes, lagunas y el mar en la costa de dicho estado. Lo anterior muestra cómo estas sustancias son aplicadas de forma indiscriminada, y no se quedan en la zona de aplicación, sino que se filtran a cuerpos de agua aledaños afectando recursos naturales esenciales como el agua y las comunidades aledañas”.
Indica que en años recientes, se ha impulsado en la península de Yucatán una política agroindustrial, en las que se ha introducido soya genéticamente modificada, cuya siembra se realiza principalmente por comunidades menonitas y empresarios nacionales.
En 2012, el gobierno federal autorizó a Monsanto la siembra comercial de soya transgénica sobre 253 mil hectáreas. “En el territorio liberado habitan 41 mil familias, en su mayoría, indígenas y campesinas que sobreviven de la miel que cosechan. México es el tercer exportador y sexto productor de miel de abeja. La autorización es apenas la última de 15 autorizaciones de siembra de cultivo en las regiones. Los resultados: miel contaminada con polen de organismos genéticamente modificados y el rechazo por parte de su principal mercado, los consumidores de la Unión Europea” (Contralínea 326)
El compendio de información que presentan la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU indica: “si bien las empresas deben aplicar los más altos estándares en materia de derechos humanos y tomar medidas especiales en situaciones de conflicto, en algunos casos, el sector empresarial se ha beneficiado de la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado”.
Érika Ramírez
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