Tlaxiaco, Oaxaca. “Aquí la diferencia es que ya somos libres para salir a trabajar”, dice Eva, una mujer triqui que viene escapando de la violencia que se intensificó en la comunidad de San Miguel Copala, en 2008, y que ha tenido que ir sorteando. Su primer escaparate fue un predio de dominio triqui en Valle del Río, Putla; de ahí fueron desalojados en 2012, también con violencia, junto con otras 75 personas.
Ahora habitan en Asunción, Tlaxiaco, en espera de que el gobierno del estado, encabezado por Gabino Cué Monteagudo, les reasigne un terreno donde rehacer su vida. Sin embargo, los vecinos del lugar se oponen a que estos desplazados permanezcan ahí, pues su condición indígenas triquis los ha estigmatizado: “Dicen que traemos problemas, que nos van a seguir hasta acá” (en referencia a los grupos violentos de los que han venido huyendo).
Ella vive cerca del centro de Tlaxiaco, a unos 20 minutos en vehículo, más de 45 a pie, como lo hacen ellos diariamente (hombres, mujeres y niños que conviven en comunidad, sin un espacio propio). Habita con otras 15 familias (76 personas en total). Sus cinco hijos, su esposo y ella viven en una cabaña abandonada, sin servicios (ni luz ni agua ni drenaje). Ahí dentro también se guardan algunos animales (pollos, guajolotes o cerdos). El aroma delata la insalubridad en la que se encuentran.
Pedazos de telas, hules y esponja sobre el piso de tierra son sus camas. Eva duerme en el espacio asignado en la cabaña para el baño. Sus hijos ocupan otras de las áreas de la vivienda abandonada, los animales también. Apenas llega la oscuridad a este terreno y no se alcanza a ver nada dentro de “su refugio”.
“Éste es otro tipo de sufrimiento: allá escapamos de la violencia, aquí tratamos de escapar de la pobreza”, dice Eva. Se dedica a vender tamales de frijol, res y pollo por las mañanas. Cuando la vendimia no es suficiente para cubrir los gastos del día y queda un remanente, lo utilizan de alimento. “De algo nos sirve”, se consuela.
El nombre de 11 personas es pronunciado a través de un megáfono que porta un hombre armado con un cuerno de chivo. Está acompañado por otras cinco personas que también cargan armas de uso exclusivo del Ejército, cubren su rostro con paliacate o pasamontañas. El hombre que llama a los avecindados advierte: “Si no salen por su voluntad entraremos a sus casas, por ustedes y sus familias”.
Comienzan a salir algunos de ellos; cinco, en total. Detrás, sus mujeres e hijos tratando de retenerlos, mujeres y niños lloraban, suplicaban no atender al llamado. Los indígenas triquis fueron puestos en cuclillas, con las manos a la cabeza, agachados. Su familia lloraba. Cinco, no salió nadie más.
Los paramilitares forman una fila. En medio colocan a sus víctimas, quienes avanzan, todavía con las manos en la cabeza. Luego se escuchan las ejecuciones. Los paramilitares regresan en búsqueda de quienes no habían obedecido al llamado. El día termina en tragedia.
Historias como ésta fueron el motivo para que 15 familias de San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa, Llano de Nopal, Llano Aguacate, Ñutasani, Ladera, salieran de la región triqui instalada en la mixteca oaxaqueña. También el maltrato a las mujeres y la amenaza de muerte para muchos de los hombres que no se integraban a alguno de los grupos de poder en pugna: Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
Otra de las razones que aquejaron y obligaron a Eva y a otras personas a salir de San Miguel Copala y de agencias aledañas fue la intolerancia religiosa. “El problema [de paramilitarismo] en la región se alteró bastante: obligaban a que cualquier organización o religión entrara al problema, pero nosotros no somos gente así, somos cristianos y no podíamos estar en el lugar porque no participábamos, querían que mientras viviéramos ahí participáramos, pero nuestra religión no permite hacer tal maldad”, relata Eva.
La relatoría entregada por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (Cedhapi), a cargo del abogado Maurilio Santiago, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que, en 2008, 15 familias provenientes de las comunidades de San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa, Llano de Nopal, Llano Aguacate, Ñutasani, Ladera, fueron desplazados de su comunidad, por situaciones de intolerancia religiosa, de violencia por división de partidos políticos, por presión de grupos armados y paramilitares y, sobre todo, en la comunidad de San Miguel Copala, que sus habitantes fueron exterminados, sobre todo los hombres, y algunos encarcelados, como es el caso del señor Roberto Cárdenas Rosas, quien por la situación en que estaba viviendo solicitó medidas cautelares para él y otras personas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que fueron otorgadas el 16 de agosto del 2001.
El documento que promovió las medidas cautelares para estas familias indica que los desplazados, por invitación de habitantes de Cuadrilla de Álvarez pertenecientes al MULT, se establecieron en unos terrenos ubicados a un lado de Cuadrilla de Gregorio Álvarez, Putla, creando el asentamiento Valle del Río San Pedro, San Juan Copala, Putla de Guerrero, Oaxaca, que ancestralmente ha sido territorio indígena triqui, y que a partir de la Colonia fue despojado por terratenientes y ricos de origen español y mestizo de Putla.
Estos terrenos se encontraban abandonados, y las personas desplazadas lo empezaron a trabajar y a cultivar por ser ancestralmente territorio indígena triqui: “Las personas que los invitaron establecerse y que pertenecían al MULT algunos fueron asesinados y otros tuvieron que salir de su comunidad Cuadrilla de Gregorio Álvarez, ya que vecinos de Cuadrilla de Gregorio Álvarez ‘mestizos’ que se oponían a que a los triquis se establecieran en valle del Río los expulsaron, hostigaron y amenazaron…”
Pero para el 25 de julio de 2010, aproximadamente a la 1 de la tarde, llegaron a la comunidad de Valle del Río seis patrullas de la Policía Estatal, con unos 60 elementos, acompañados de 50 personas civiles, diciéndoles: “¡Pinches indios, perros, lárguense de las tierras, les damos una semana; si no, los vamos a matar y los vamos a quemar con todas sus porquerías!”, relata Eva.
Los hechos comenzaron a crecer en violencia: el 15 de febrero de 2011, un grupo de personas con pasamontañas y vestidos de negro asesinaron Fidel Carrizoza, originario de la comunidad de Cuadrilla Álvarez. Él pertenecía al grupo que apoyaba a los desplazados. Cinco meses después, el 30 de julio de 2011, fue emboscado Heriberto Ramírez Peña, quien también formaba parte del grupo.
“Cuando el problema estuvo ahí, hubo gente armada, pero nosotros no. Mi esposo no quiso participar, después se prefirió ir a trabajar fuera, querían que él entrara con armas y dinero, las autoridades o líderes” rememora Eva.
—¿Recuerda algunos nombres? ¿Quienes le pedían esto?
—Sí, pero eso no se puede publicar. Yo como defensora sigo corriendo riesgo. Ya estoy fuera pero no ha cambiado del todo. Saliéndonos nos salvamos, pero no creo que sea completamente, porque ellos no permiten que alguien diga: “Eso no me parece”…
“Cuando vivía en medio del MULT nos decían: ‘Aquí Dios no arregló obras, fueron las armas, así que a entrarle. Si participas eres compañero; si no, un enemigo’. Luego, en Valle del Río también comenzaron los problemas, a matar gente, y volvimos a escapar.
“Habíamos ido a la escuela, escuchamos un tronido, pensamos que era un cuete pero no. Salimos y mi compañera me dijo que mi papá ya se había muerto”. Él se llamaba Eulogio López Aguilar y fue asesinado el 15 de diciembre de 2011, padre de Marisol López López, una niña de 12 años que vive en una de las chozas improvisadas.
Ella, al igual que su familia, ha sido expulsada de su hogar a causa de la violencia. La muerte le sigue: primero en San Miguel Copala, donde dice “estaba muy feo”; luego, en Valle [del Río], donde “mataron a mi papá”.
Elugio López Aguilar fue una víctima más de los ejecutados en Valle del Río. “Decían que él violaba y mataba gente, pero no era cierto; mi papá solamente trabajaba, sembraba sandía, maíz, de todo”, reclama la niña que aspira a ser una “licenciada que apoye a la gente para que no siga pasando esto”.
Entre los casos que motivó la promoción de medidas cautelares por parte de la CIDH, bajo el folio MC-60-12, a este grupo desplazado se encuentra el de Julián Ramírez, perteneciente a la comunidad de Valle del Río, emboscado el 23 de diciembre de 2010, aproximadamente a las 08:30 horas.
El 31 de agosto de 2011, Jesús Pedro Ramírez Herrera, Carlos Ramírez Herrera y Carlos Ramírez Sánchez, originarios de Gregorio Álvarez, también fueron emboscados y asesinados en su comunidad por personas vestidas de negro y que usaban pasamontañas.
El 8 de octubre de 2011, Fernando Huescas Ramírez, originario de Cuadrilla de Álvarez, fue asesinado sobre la carretera Alfonso Pérez Gasga, Putla de Guerrero, Oaxaca.
Y el 15 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 3 de la tarde se acercaba la ejecución del padre de Marisol: “Dos elementos de la Policía Investigadora de Putla se hicieron pasar por ingenieros, y pidieron que se les llevara a la toma de agua para iniciar los trabajos de entubado de agua potable. Mediante estos engaños subieron a su camioneta a los señores Eulogio López Aguilar, Manuel Hernández Bautista y Artemio Santos Gonzales, habitantes de la comunidad Valle del Río, San Pedro y San Juan Copala, Putla de Guerrero, Oaxaca.
“Los elementos de la Policía los llevaban a alta velocidad y demostraron una actitud que generó desconfianza en el señor Eulogio López Aguilar, quien saltó del vehículo. Al detenerse la camioneta descubrieron que había más personas armadas, quienes les gritaban: “¡Pinches indios!”, y les disparaban a matar; sin embargo, dos de ellos lograron irse. De este ataque el señor Artemio Santos González no pudo escapar y fue golpeado, torturado y tirado en un canal de riego, rumbo a Putla Villa de Guerrero”, detalla la relatoría de Cedhapi.
Ella se dedica al tejido de huipiles, le pagan unos 500 pesos por cada sección de huipil entregada y en la que llega a tardar hasta 1 mes en hacer. Su esposo es uno de los tres hombres que viven en este predio, él es albañil de oficio y apenas les alcanza para la manutención de sus cinco pequeños hijos.
Una de las formas que han encontrado para no generar gastos es caminar a donde haya que llegar, a la escuela, por ejemplo. Los niños tienen que irse 1 hora antes para llegar a tiempo; llevan en el estómago “un taquito de frijol, arroz, café”, relata Hermelinda.
El abogado Maurilio Santiago explica que estas personas son desplazadas porque salen de su comunidad por varias razones: violencia interna, generada por varias organizaciones políticas, intolerancia religiosa, violencia contra la mujer… Cargan con el estigma del conflicto y la violencia triqui.
A pesar de que existe la firma del gobernador del estado de cumplir con las medidas cautelares ordenadas por la CIDH, hasta el momento no se ha logrado el objetivo principal, que es reubicar a estas mujeres: “Seguimos esperando, el riesgo no se ha terminado y siguen siendo objeto de discriminación”, dice el defensor de derechos humanos.
Triquis vistos por la ONU
De acuerdo con el Informe del relator sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, elaborado por Rodolfo Stavenhagen –relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas–, “uno los graves problemas es la creación de grupos paramilitares que han llegado a asesinar a miembros de las comunidades indígenas. Estos grupos están vinculados a las estructuras del poder regional, estatal, federal y que intervienen violentamente en comunidades que defienden sus derechos políticos, su territorio y sus recursos naturales, arrojando como resultado que los indígenas sean asesinados, desaparecidos, torturados y encarcelados. Los paramilitares gozan de impunidad absoluta en donde están involucrados: el Poder Ejecutivo estatal, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Poder Judicial o la Secretaria de Seguridad Pública.
“Un ejemplo muy significativo en el estado de Oaxaca de impunidad y violencia es lo que padecen los habitantes de la región triqui, ubicados en los distritos de Juxtlahuaca y Putla, Oaxaca. En la región triqui existen tres organizaciones sociales, que son el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui y por último la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui.
“El pueblo triqui de San Juan Copala vive desde hace medio siglo una situación de violencia endémica y extrema pobreza, causada por una combinación compleja de factores históricos y políticos. En consecuencia, casi la mitad de la población ha sido desplazada de su territorio originario, y hoy en día vive dispersa en distintos lugares de Oaxaca, de [la Ciudad de] México y Baja California, así como Estados Unidos”, indica el informe.
El pueblo triqui se ha caracterizado por su trayectoria histórica de movilización por la defensa de sus derechos y de sus identidades de resistencia contra el dominio racista y de explotación.
Érika Ramírez, @erika_contra/enviada
[Sección: Sociedad]
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