La Habana, Cuba. Decenas de carpas alrededor del Estadio Olímpico de Montreal acogen a cientos de refugiados procedentes de Estados Unidos, las caras visibles de un drama en ciernes derivado de la política antimigrante del presidente Donald Trump.
Sólo en las dos primeras semanas de agosto más de 3 mil 800 personas –fundamentalmente de nacionalidad haitiana–, solicitaron asilo en la provincia canadiense de Quebec, confirmó la Real Policía Montada.
Las cifras ratifican la tendencia al alza en la llegada de emigrantes irregulares desde la nación vecina, si se tiene en cuenta que en julio la cifra fue de 2 mil 996, comparó la entidad.
Por su parte, el vocero de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, Patrick Lefort, explicó que las autoridades procesan entre 200 y 300 solicitantes de asilo diarios por el paso fronterizo quebequense de Saint-Bernard-de-Lacolle.
Lefort aclaró que cruzar sin documentación resulta ilegal y que no existen “vías libres”, aunque subrayó que Canadá sigue siendo un país abierto y acogedor para quienes buscan protección.
Para atender el creciente número de migrantes que cruzan a la provincia francófona, el ministro federal de Transporte Marc Garneau y la titular de Inmigración de Quebec, Kathleen Weil, anunciaron medidas relativas al alojamiento y la seguridad.
En este sentido, se refirieron a la apertura de un centro temporal de acogida en Cornwall, Ontario, para aliviar la carga sobre ciudades como Montreal, donde se concentra la mayor cantidad de inmigrantes quienes han sido ubicados provisionalmente en sitios como la emblemática instalación olímpica.
Al respecto, el primer ministro Justin Trudeau aseguró el 20 de agosto que “entrar en Canadá irregularmente no es una ventaja” y prometió aplicar normas para salvaguardar los riesgos de seguridad.
Los esfuerzos gubernamentales se centran en informar a las comunidades haitianas tanto en Canadá como en Estados Unidos que los migrantes que arriben de forma ilegal estarán sujetos a las mismas leyes y procedimientos que otros cuando solicitan el estatus de refugiados, destacó Nancy Chan, portavoz del ministerio de Ciudadanía e Inmigración.
Estamos tomando medidas proactivas para contrarrestar la desinformación con respecto a nuestro sistema de asilo, incluyendo el uso de medios de comunicación social, remarcó Chan.
Por su parte, el abogado de inmigración Richard Goldman consideró que la situación resulta un hecho sin precedentes.
El mayor número de solicitantes de asilo que cruzaron la frontera hacia Quebec se registró en agosto de 2008, y fueron 1 mil 391 personas, comparó.
Tras el terremoto que asoló Puerto Príncipe el 12 de enero de 2010, el gobierno del expresidente estadunidense Barack Obama (2009-2016) extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a casi 60 mil haitianos, debido a la devastación causada por el fenómeno.
En los años subsiguientes, la Casa Blanca renovó varias veces la medida, la cual evita que los haitianos en Estados Unidos sean expulsados debido a la incapacidad de su país de origen para absorber a los repatriados.
Sin embargo en mayo el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly –actual jefe de gabinete de la Casa Blanca–, extendió el TPS por solo 6 meses.
En esa ocasión, altos funcionarios del Departamento aseguraron en una conferencia de prensa que las condiciones en Haití habían mejorado y que para enero de 2018 el programa podría ser cancelado definitivamente.
Esta extensión debería darle tiempo a los haitianos receptores de TPS para obtener documentos de viaje y hacer otros arreglos necesarios para su partida final de los Estados Unidos, afirmó Kelly.
Muchos haitianos pusieron sus ojos en Canadá, una nación multicultural vista como más favorable a la acogida de emigrantes y con una situación económica estable.
No obstante, los del país caribeño no son la única comunidad en suelo estadunidense que podría perder el estatus de residencia temporal. En similar situación se encuentran ciudadanos de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen.
Según funcionarios, las exenciones para esta decena de naciones deben concluir en los próximos 12 meses y no existen señales de la administración Trump de querer renovarlas, a partir de una proyección estratégica con una fuerte carga nacionalista y antimigrante.
Se estima que unas 320 mil personas viven en Estados Unidos con las exenciones del TPS y, ante su virtual cancelación, podrían dirigirse hacia Canadá para buscar asilo.
En el caso específico de los haitianos, el abogado de inmigración residente en Nueva York, Emmanuel Depas, consideró que en enero sobrevendrá una gran crisis humanitaria.
En diálogo con CBC News, el jurista argumentó que la única esperanza de sus clientes es llegar a Canadá, porque regresar a Haití significaría vivir en la pobreza, enfrentar la persecución o separarse de sus familias, teniendo en cuenta que cerca de un 20 por ciento de ellos tienen hijos nacidos en Estados Unidos.
Incluso yo mismo les sugerí mirar a la nación norteña porque no hay muchas opciones. Es una amenaza real. Donald Trump está haciendo que la vida de los inmigrantes se vuelva insegura, agregó Depas.
Cabe resaltar que el 4 de agosto de 2016 finalizó el programa que Ottawa aprobó tras el terremoto en Haití mediante el cual otorgaba refugio temporal a los caribeños, y que fue extendido dos veces por el gobierno de Trudeau.
Serge Bouchereau, quien ayudó a establecer un grupo de defensa para los haitianos sin estatus migratorio, dijo que a la mayoría se les concedió la residencia en Canadá. Algunos regresaron a su lugar natal por voluntad propia, aunque unos 3 mil 200 todavía no han regularizado su situación, precisó.
De igual forma opinó que la actual situación no resulta del todo inusual teniendo en cuenta que la comunidad haitiana de Montreal ronda los 120 mil habitantes y posee importantes vínculos familiares, empresariales y culturales con los del sur de la frontera.
Sabiendo que Canadá es una tierra de bienvenida, la palabra que circula es que está abierta a los haitianos. Los solicitantes de asilo que sean bien tratados alentarán más y más a unirse a ellos, analizó Bouchereau en diálogo con CBC News.
Con el aumento en la llegada de foráneos, el trabajo en los puntos de control fronterizo aumentó de forma significativa, lo cual genera algunas tensiones.
Jean-Pierre Fortin, presidente del Sindicato de Aduanas e Inmigración, se quejó de que los agentes fronterizos trabajan casi 16 horas diarias, 7 días por semana, para lidiar a diario con más de dos centenares de solicitudes de asilo.
Tales críticas motivaron una visita de la ministra de Desarrollo Internacional Marie-Claude Bibeau a la zona, donde reconoció existe una “situación excepcional”, pero “bajo control” con el apoyo de la Agencia de Servicios Fronterizos, el ministerio de Inmigración, la Real Policía Montada, la Cruz Roja y las Fuerzas Armadas canadienses.
Con respecto a las inquietudes de residentes aledaños a uno de los campamentos de refugiados levantados en la frontera, Bibeau sostuvo que cada emigrante pasa por un proceso de investigación muy riguroso y que esas personas no representan absolutamente ningún riesgo para la seguridad nacional.
Por el momento, grupos de activistas y organizaciones como Solidarité sans Frontiéres han organizado acciones para pedirle a quebequenses y canadienses que sean solidarios con los recién llegados.
Sabemos que en pocos años habrá un beneficio neto debido a la llegada de estas personas, a través de una variedad formas como la cultura, sus contribuciones a través del trabajo. Sabemos que las poblaciones inmigrantes han favorecido a esta sociedad en el pasado, valoró el activista local Jaggi Singh.
El propio alcalde de Montreal, Denis Coderre, declaró mediante las redes sociales que la urbe da la bienvenida a los refugiados. “Pueden contar con todo nuestro apoyo”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.
Valoró asimismo que esta situación era “otra de las consecuencias de la política de inmigración de Donald Trump”.
Luis Brizuela Brínguez/Prensa Latina
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